Por Amal Kandeel para Middle East Institute (MEI)
Poseer recursos económicos es fundamental para ejercer agencia y garantizar la seguridad humana necesaria para vivir sin miedo, miseria y humillación. En las sociedades agrarias, la tierra y sus recursos naturales son fundamentales para el bienestar financiero, psicológico y físico. Sin embargo, en la mitad del mundo, la posibilidad de posesión de las tierras está fuera del alcance de la mayoría de las mujeres.
[Se prohíbe expresamente la reproducción total o parcial, por cualquier medio, del contenido de esta web sin autorización expresa y por escrito de El Intérprete Digital]
En Medio Oriente y Norte de África (MENA), existe una enorme brecha de género en las tenencias de tierras agrícolas, incluso donde la agricultura es una fuente vital de sustento. En Egipto, Marruecos, Sudán, Túnez y Jordania, la mayoría de las mujeres, independientemente de su educación o condición socioeconómica, no poseen tierras. Las desigualdades basadas en el género a menudo se originan en normas culturales que permiten y exacerban los patrones de discriminación contra las mujeres dentro de la familia y en las transacciones económicas. Estas actitudes discriminatorias superan las consideraciones humanas y morales: crean y refuerzan la desigualdad. La discriminación contra las mujeres en la posesión de los recursos tiene implicancias de gran alcance para sus vidas, sus familias y su sociedad. Es imperativo combatir esta práctica regresiva para garantizar una vida digna para todos.
La posesión femenina de las tierras en MENA
La agricultura es una fuente esencial de sustento para millones de personas, particularmente mujeres, en Egipto, Sudán, Marruecos y Túnez. En Egipto, más de la mitad de la población vive en zonas rurales. Dos tercios de la población de Sudán y un tercio de la población tanto de Marruecos como de Túnez viven en zonas rurales. El cultivo genera alrededor de una décima parte del Producto Interno Bruto (PIB) en Egipto, Marruecos y Túnez, y dos tercios del PIB de Sudán. Esta actividad emplea a un tercio de las trabajadoras en Egipto, más de la mitad en Marruecos y Sudán, y una décima parte en Túnez.
En estos países, la propiedad de la tierra asegura ingresos, alimentos, vivienda y acceso a préstamos. Asegurar estos recursos significa mejor salud, educación y seguridad humana. Sin embargo, en estos países, la mayoría de las mujeres, que son la mitad de la población, no poseen tierras. En Egipto, uno de los países agrícolas más antiguos del mundo, las mujeres constituyen solo alrededor del 5% de todas las personas que tienen acceso a tierras agrícolas. En Marruecos, Túnez y Jordania, las mujeres representan solo el 4,4, el 6,4 y el 3,4 por ciento del total, respectivamente. No obstante, la proporción de mujeres que son propietarias de tierras es incluso menor, puesto que la propiedad de la tierra es solo una forma de acceso a la misma.
En estos países, millones de mujeres trabajan en tierras agrícolas. Sin embargo, como indica la tasa de falta de posesión de tierra en manos de mujeres, ellas trabajan en tierras que no les pertenecen. En cambio, suelen ser contratadas como mano de obra estacional sin ingresos estables. Con estos acuerdos de trabajo informal, su seguridad se ve gravemente comprometida.
Sin acceso a la propiedad de la tierra, millones de mujeres tienen muchas menos posibilidades de garantizarse sustento de forma independiente. En consecuencia, son más propensas a caer en la pobreza y la inseguridad.
La mayoría de los pobres del mundo son, de hecho, mujeres y en MENA en general, viven en áreas rurales. En Egipto y Marruecos, la pobreza afecta más a las mujeres que a los hombres. Además, dos tercios de los pobres en Egipto y casi cuatro quintos en Marruecos viven en zonas rurales. En Sudán, la pobreza es tres veces más común en las zonas rurales que en las urbanas.
En países como Egipto, Marruecos y Sudán, escapar de la pobreza sin acceso a los recursos naturales es un desafío descomunal debido al papel central que ocupan en las economías rurales. Las mujeres, en particular, tienen menos posibilidades de acceder a fuentes alternativas de mantención debido a otras normas restrictivas de género y a prácticas discriminatorias, a la falta de opciones de trabajo rural adecuadas y a las responsabilidades de cuidado de los niños o de la familia. Para muchas mujeres, especialmente las de bajos ingresos y las que habitan en áreas rurales, el analfabetismo es otro obstáculo para asegurar un medio de vida independiente. En MENA, la brecha de alfabetización basada en el género es mayor en Marruecos y la tasa general de alfabetización femenina es más baja en Sudán. Una de las consecuencias de esto es la extremadamente baja tasa de participación de las mujeres en la fuerza laboral, lo que decanta en la falta de acceso a fuentes de ingresos independientes.
La discriminación contra las mujeres que las priva de sus derechos a propiedad de la tierra evita que millones puedan salir adelante en la vida. La degradación de la capacidad de agencia y de la seguridad de las mujeres aumenta su vulnerabilidad ante la explotación. En su forma más extrema, la vulnerabilidad facilita las condiciones propicias para el tráfico de personas, cuyas víctimas son, en su mayoría, mujeres. La pobreza, la marginación y las normas discriminatorias basadas en el género forman una combinación tóxica que arrastra a las mujeres, sus familias y sus sociedades. Las encadena a todas y las priva de las oportunidades para progresar y evolucionar.
Los principios islámicos, fuente de jurisprudencia en muchos países de MENA, apoyan los derechos a la tierra de mujeres, niños, minorías y otros grupos potencialmente marginados. En Egipto, Marruecos, Jordania y otros países MENA, las leyes estatales consagran los derechos de propiedad de las mujeres. Pero lo que pasa en el territorio es diferente.
En la práctica, la tenencia de tierra por parte de las mujeres no solo es limitada, sino también precaria. Las normas sociales a menudo consienten el despojo de tierras y otras propiedades a las mujeres, lo que lleva a violaciones abiertas o encubiertas de sus derechos. Los hombres pueden coaccionar a sus parientes femeninas para que cedan su tierra u otra propiedad, o directamente adquirirla y disponer de ella sin su conocimiento. Esto ocurre a menudo con el consentimiento de otras mujeres de la familia, especialmente si son analfabetas o no comprenden plenamente sus derechos legales, o si las normas discriminatorias están tan arraigadas que es inútil o peligroso denunciarlas.
Registro de la propiedad: de un obstáculo a una solución
El registro de la propiedad en MENA es generalmente un proceso difícil. Los procedimientos arduos y costosos que conlleva agravan los desafíos que enfrentan las mujeres, particularmente las pobres y analfabetas, cuando intentan obtener títulos de propiedad. En estas condiciones, las prácticas sociales discriminatorias pueden despojar fácilmente a las mujeres de su tierra y, con ello, de su agencia y perspectivas de una —aunque sea modesta—seguridad financiera.
Cuando las normas culturales triunfan sobre las leyes establecidas y dañan a millones de mujeres hasta su despojo, se hace necesaria la intervención de políticas públicas prudentes. Estas intervenciones deben reconocer las prácticas que despojan a las mujeres como una forma de abuso económico y corrupción, y deben enfocarse en las debilidades de los sistemas existentes. Parte de la solución es desarrollar un registro de la propiedad ampliamente accesible que pueda almacenar información sobre derechos y transacciones de la tierra. Esto podría producir un impacto positivo en la vida de millones.
Las formas de abuso económico que despojan a las mujeres podrían ser prevenidas por un registro de la propiedad que haga más transparentes la propiedad y los derechos a la tierra. Unos registros de propiedad privada ampliamente accesibles, en los que se mantengan historiales abiertos de todas las transacciones y que puedan recuperarse rápidamente, pueden asegurar los derechos de una mejor manera. Si las transacciones son fácilmente detectables y rastreables, las actividades fraudulentas resultan mucho más riesgosas. Sistemas como este fueron desarrollados en países como Canadá —hogar del primer registro público electrónico del mundo—, Mauricio e India.
Se podría introducir un registro público electrónico a través de oficinas gubernamentales especializadas. Este sistema podría descentralizarse y hacerse abiertamente accesible al público a medida que se desarrolle y mejore la infraestructura necesaria. Asimismo,el proceso de registro debe simplificarse para que sea inclusivo. Los Estados, además, deben ejercer una gran diligencia para evitar la legalización de la propiedad ilegal y los registros electrónicos deben auditarse periódicamente para evitar manipulaciones y fraudes.
La protección de los derechos de todos los ciudadanos a asegurar la propiedad de la tierra y de otras propiedades produciría enormes beneficios, incluida una reducción de la pobreza en las zonas rurales y entre las mujeres, unas relaciones de género más justas, una mayor prosperidad y un desarrollo sostenible más amplio. Estos saludables resultados sanarían a las sociedades y harían avanzar a los países.
[Se prohíbe expresamente la reproducción total o parcial, por cualquier medio, del contenido de esta web sin autorización expresa y por escrito de El Intérprete Digital]
Amal A. Kandeel es escritora y consultora internacional para entidades gubernamentales, internacionales y privadas sobre políticas económicas y públicas, recursos naturales y desarrollo sostenible, y cuestiones de conflicto/paz y seguridad humana.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por MEI el 20 de diciembre de 2020.
