Por Nora Noralla para The Tahrir Institute for Middle East Policy
Las personas transgénero, cuyo sexo asignado al nacer no coincide con su identidad de género, se enfrentan a una cruda realidad en gran parte de la región de Medio Oriente y el Norte de África, que incluye los enormes obstáculos para el reconocimiento legal de su género.
Para conocer mejor estos obstáculos, revisé los marcos jurídicos y la jurisprudencia existentes y realicé entrevistas en Egipto, el Líbano y Túnez, hablando con activistas y expertos, así como con personas transgénero sobre sus experiencias. Basándome en las investigaciones existentes sobre la violencia y la discriminación contra las personas transgénero en la región, este análisis resume brevemente lo que advertí.
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El reconocimiento legal del género para las personas transgénero se refiere al reconocimiento oficial de su identidad de género, el género con el cual se sienten más cómodas cuando se les da a elegir, lo que incluye la posibilidad de cambiar su nombre y el marcador de género en los documentos de identidad para reflejar su propia identidad de género. Cuando se les niega el reconocimiento legal de su identidad de género, las personas transgénero se ven sistemáticamente marginadas y su existencia misma basada en su identidad de género se ve socavada.
Egipto, el Líbano y Túnez carecen de vías claras para que las personas transgénero obtengan el reconocimiento legal de su género, lo que aumenta su vulnerabilidad a los abusos de las fuerzas de seguridad, como las detenciones arbitrarias, y a la discriminación sistémica en la atención sanitaria, la vivienda y el empleo. Las autoridades médicas y judiciales de estos países restringen arbitrariamente el acceso al reconocimiento legal de género basándose en perspectivas mal informadas que ven a las identidades transgénero como patológicas.
A falta de los marcos jurídicos y normativos necesarios para conceder dicho reconocimiento, las autoridades judiciales de estos tres países se encargan de revisar las solicitudes individuales de reconocimiento de género presentadas por personas transgénero. Cargado de obstáculos, este proceso es prolongado (puede durar de tres a diez años), costoso e inaccesible para la mayoría de las personas transgénero. Debido a la ausencia de marcos legislativos para conceder el reconocimiento legal de género, corresponde a los jueces de cada país tomar decisiones basadas en su interpretación de la ley. Las autoridades judiciales suelen exigir a las personas transgénero solicitantes que completen todas las intervenciones quirúrgicas y hormonales antes de revisar sus casos. Las autoridades médicas forenses judiciales suelen encargarse de examinar a esas personas para asegurarse de que cumplen este requisito. Las personas transgénero se enfrentan a importantes obstáculos para recibir asistencia sanitaria que afirme su género en los tres países.
Aunque ninguno de los tres países criminaliza las identidades transgénero, las fuerzas de seguridad suelen confundirla con la orientación sexual, percibiendo a las mujeres transgénero como hombres homosexuales y a los hombres transgénero como mujeres lesbianas, que son perseguidos en virtud de diversas leyes. La discrepancia entre los documentos oficiales de las personas transgénero y su expresión de género las hace vulnerables a los abusos policiales, como el acoso y las detenciones arbitrarias. Las personas transgénero detenidas en Egipto y el Líbano suelen ser recluidas en celdas que no reflejan su identidad de género o en régimen de aislamiento por la falta de alternativas. En estos centros, las personas transgénero sufren malos tratos que pueden equivaler a tortura, como exploraciones anales forzadas, una práctica desacreditada para ‘probar’ la actividad sexual entre personas del mismo sexo.
En los apartados que siguen sobre Egipto, el Líbano y Túnez se resumen los obstáculos al reconocimiento legal del género en cada país a partir del examen de leyes y casos judiciales, tres fatwas (sentencias religiosas) sobre el reconocimiento legal del género y entrevistas realizadas en 2021 a personas transgénero, activistas y expertos jurídicos.
Entrevisté a 16 personas transgénero: cinco de Egipto, seis del Líbano y cinco de Túnez, cuatro de ellas activistas. También entrevisté a dos juristas egipcios, un abogado libanés y otro tunecino. Analicé cuatro casos judiciales de Egipto, dos de Túnez y dos de Líbano, así como tres fatwas (resoluciones religiosas) sobre el reconocimiento legal del género. Me referiré a algunos de los entrevistados con seudónimos para protegerlos.
Todas las citas incluidas a continuación proceden de mis entrevistas. Los relatos y comentarios individuales no pretenden ser representativos de todas las personas transgénero en los tres países, sino que se ofrecen como ilustración de los problemas comunes a los que se enfrentan las personas transgénero y son coherentes con lo que se informa en otros lugares.
Egipto
En Egipto, las personas transgénero se enfrentan a la falta de marcos legislativos o de procedimiento que les permitan obtener asistencia sanitaria que afirme su género y el reconocimiento legal de su sexo. En 2003, el Ministerio de Sanidad egipcio creó un comité de revisión dentro del Sindicato Médico para las personas que quisieran someterse a “cirugías de reasignación de sexo”. Sin embargo, el comité, que era voluntario, se reunía de forma irregular, carecía de autoridad legal y debía incluir a un representante del organismo de supervisión islámico de Egipto, Dar Al Ifta.
En 2020, el jefe del comité indicó que “entre 2014 y 2017, se habían aprobado 87 casos por razones físicas”, pero ninguno basado en un “trastorno de identidad de género”. Esta postura médica está influenciada por la sharía islámica, ya que según algunas interpretaciones, existe una distinción entre “cambio de sexo”, referida a la cirugía de afirmación del género para personas transgénero, y “reasignación de sexo”, referida a la cirugía en personas con características intersexuales, permitiéndose solo esta última según dichas interpretaciones.
A falta de una asistencia sanitaria patrocinada por el gobierno que afirme la identidad de género, surgió una peligrosa y costosa industria médica clandestina que ofrece tratamientos no supervisados en centros sin licencia, sin vías para la rendición de cuentas. A muchas personas transgénero egipcias que desean someterse a una intervención quirúrgica no les queda más remedio que correr este riesgo. El 26 de agosto de 2021, Ezz Eldin, un hombre transexual egipcio de 26 años, murió desangrado tras recibir el alta prematuramente después de una intervención quirúrgica en una clínica clandestina para afirmar su género.
Salma, activista egipcia transgénero de 27 años, comentó: “el comité de reasignación de sexo del Sindicato Médico dejó de dar aprobaciones, y las personas transgénero que quieren someterse a cirugías no tienen más remedio que hacerlo en un hospital clandestino. Incluso antes, Al Azhar [autoridad religiosa egipcia] se interponía en el camino de las personas transgénero para obtener la aprobación aunque tuvieran todos los documentos médicos necesarios, ya que en su opinión sólo las personas intersexuales deben someterse [a cirugía de reasignación de sexo]”.
Nada, una mujer transgénero egipcia de 28 años, habló de su experiencia al operarse en una clínica clandestina: “para estos médicos privados, no es más que un negocio. Me cobraron unos 7.000 EGP [445 dólares] por la primera operación y la experiencia fue muy dura y dolorosa para mí. Los médicos no eran amables, y tuve que marcharme antes de siquiera recuperarme”.
El vacío legislativo en lo que respecta al reconocimiento legal del género en Egipto llevó a algunos jueces a basarse en principios de la sharía islámica para orientar sus sentencias. Un tribunal administrativo egipcio declaró en un caso de 2016: “según los principios de la sharía islámica, las cirugías de reasignación de sexo están permitidas para las personas intersexuales. El cambio de sexo, por otro lado, para las personas que sufren trastorno de identidad de género (TIG), se trata mejor con medidas psiquiátricas, no con cirugías o intervenciones hormonales”. En esa misma sentencia, que rechazaba la petición de un varón transgénero de cambiar sus documentos personales, el tribunal afirmaba: “las libertades personales no son absolutas y están sujetas a los principios de la sharia islámica y a los valores sociales tradicionales egipcios. El demandante quebrantó esos valores y la sharía al someterse a una operación de cambio de sexo para tratar su enfermedad psiquiátrica”.
Aunque en Egipto no existen leyes que penalicen el hecho de ser transgénero, los organismos de seguridad recurren a menudo a leyes que penalizan la “indecencia pública” y la “sodomía” para detener y hostigar a las personas transgénero. Durante su detención, suelen ser recluidas en celdas que no se corresponden con su identidad de género y son sometidas a malos tratos que pueden equivaler a torturas, como violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad y otros detenidos, confinamiento en celdas de aislamiento durante periodos prolongados y exploraciones anales forzadas.
Masha, una mujer transgénero de 34 años que fue detenida en Egipto y condenada en 2020 a tres años por “incitar y practicar la indecencia/libertinaje”, habló de su confinamiento en una celda de aislamiento improvisada dentro de una comisaría de El Cairo durante casi un año: “tuve que soportar abusos interminables por parte de la policía. Me violaron varias veces. Para la policía, merecíamos ser violados como parte del castigo”.
El Líbano
El Líbano no cuenta con programas oficiales que ofrezcan atención sanitaria de afirmación del género a las personas transgénero y carece de una vía legal clara para el reconocimiento del género, dejando la decisión a la discreción de cada juez.
Un tribunal civil libanés declaró en una sentencia de 1992: “permitir al solicitante el reconocimiento legal de su género supondría una alteración del tejido social. Por el bien de la sociedad, no podemos permitir el cambio de sexo por una razón psiquiátrica, ya que no lo consideramos una necesidad”.
En enero de 2016, un tribunal de apelaciones del Líbano dictó una sentencia que permitía a un hombre transgénero cambiar su nombre y sexo en sus documentos de identidad, anulando la decisión de un tribunal inferior y obligando al gobierno a cambiar los documentos. El tribunal consideró que la cirugía de reafirmación de género no debe ser un requisito previo para el reconocimiento de la identidad de género. A pesar de este precedente positivo, los obstáculos procesales, como las elevadas tasas, la reticencia a participar en procedimientos judiciales prolongados y la falta de asistencia jurídica, impiden que las personas transgénero soliciten sentencias judiciales para cambiar sus marcadores de género.
La atención médica de reafirmación de género es en gran medida inaccesible en Líbano. Nasser, un varón transgénero libanés de 36 años, me habló de las dificultades a las que se enfrentó cuando buscó atención médica de reafirmación de género y reconocimiento legal de su sexo. A los 24 años, consultó a un psiquiatra del Centro Médico de la Universidad Americana de Beirut, que le diagnosticó disforia de género tras seis meses de tratamiento. Al año siguiente, fue derivado a otro médico para empezar a recibir terapia hormonal sustitutiva. Durante este periodo, según dijo Nasser, le negaron trabajos debido a la discrepancia entre sus documentos oficiales y su expresión de género, lo que le obligó a gastar todos sus ahorros y a pedir dinero prestado a amigos para pagar su tratamiento.
Nasser inició el proceso de reconocimiento legal de género en 2016 en el Líbano. Dijo que las autoridades judiciales exigían una cirugía de afirmación de género como condición previa para el reconocimiento legal de género, y terminó viajando a Tailandia, donde pagó 13.000 dólares para someterse a tres operaciones en el Hospital Yanhee, en Bangkok. Además, Nasser pagó unos 7.000 dólares en honorarios legales desde que inició el proceso de reconocimiento legal.
Nasser también habló del impacto de la actual crisis económica en Líbano sobre el costo del tratamiento hormonal: “la escasez de medicamentos redujo el suministro de hormonas en las farmacias y el precio subió de 3.000 libras libanesas (1,96 dólares) por una inyección a 100 dólares por tres inyecciones”. Nasser afirmó que sufrió acoso por parte del médico forense designado por el tribunal para examinarle. “El médico forense fue muy grosero, transfóbico y no entendía mi identidad. Me hizo preguntas inapropiadas como: ¿Te has acostado antes con un hombre? o ¿Cómo crees que serás capaz de dar placer sexual a tu futura esposa?”.
A pesar de que el tribunal falló a su favor en 2021, permitiéndole cambiar sus documentos, Nasser dijo que aún espera la implementación de la decisión por parte de las autoridades libanesas.
Mona, una mujer transgénero libanesa de 37 años, también hizo hincapié en los elevados costos de la cirugía necesaria para el reconocimiento legal del género: “pagué unos 3.500 dólares por mi operación principal [aumento de pecho] con un cirujano plástico en el Líbano. La operación de cambio de sexo cuesta al menos 16.000 dólares. Y eso no me lo puedo permitir”.
El acceso a la terapia de tratamiento hormonal también es limitado en el Líbano e incluso si las personas transgénero pueden recibir la terapia sigue siendo difícil encontrar una supervisión médica adecuada para los cuidados posteriores necesarios. Esto llevó a algunas personas transgénero a acceder a la terapia hormonal de manera informal, lo que en algunos casos provoca complicaciones médicas.
Souad, una mujer transgénero libanesa de 27 años, recordó: “tomé hormonas por mi cuenta y se me infectó la pierna porque no estaba bajo [supervisión médica], así que tuve que ir al hospital durante meses y me sentí muy humillada. Al principio no me admitían en el hospital por la falta de correspondencia entre mi documento de identidad y mi expresión de género, ni siquiera me dejaban entrar en el edificio, hasta que llamé a mi tío, que les dio dinero para que me dejaran entrar”.
Las personas transgénero entrevistadas hablaron en repetidas ocasiones sobre las limitaciones para acceder a servicios básicos a las que se enfrentaban debido a la discrepancia entre sus documentos oficiales y su expresión de género. Mona describió su experiencia con su vivienda en 2019: “cuando [los dueños de la vivienda] se enteraban de que soy trans, se negaban [a alquilarme la casa]. Un propietario me dijo que puedo alquilar con el DNI de otra persona si tengo un hermano, pero no con el mío”.
Las mujeres transgénero también se enfrentan a la violencia de las fuerzas de seguridad en el Líbano debido a estas discrepancias. Diana, una mujer transgénero libanesa de 27 años, contó que las Fuerzas de Seguridad Interna (FSI) la detuvieron arbitrariamente en 2018 debido a su expresión de género y luego la maltrataron durante su detención y la obligaron a firmar una confesión:
“Iba de camino a casa y un oficial [de las FSI] me paró y me preguntó adónde iba. Le dije que vivía aquí, me dijo que era mentira porque no me había visto antes. Luego me miró y me dijo: Ah, tú también eres maricón. Lo maldije y sostuve que no era asunto suyo y que, efectivamente, era ‘maricón’. Entonces, denunció que yo ‘me estaba acercando a él [para conseguir] que se acostara conmigo’. Me citaron para una investigación e intentaron coercionarme para que firmara un documento en el que decía que había seducido al agente. No paraban de asustarme con la pistola eléctrica y amenazaban con electrocutarme si no firmaba. Me interrogaron de 6 de la mañana a 7 de la tarde, y me obligaron a firmar el documento para que me dejaran marchar. Al cabo de tres meses, me remitieron al tribunal militar, donde me declararon culpable y me acusaron de ‘agresión a un oficial’, y tuve que pagar una multa de 300.000 libras libanesas [unos $200 dólares]”.
Túnez
En Túnez, las personas transgénero que desean recibir atención sanitaria que afirme su género suelen viajar al extranjero, ya que tanto el sector médico público como el privado no les proporcionan la atención sanitaria que necesitan. Además, no existe un proceso claro para obtener el reconocimiento legal del género.
Según un estudio de 2018 de la Fundación Heinrich Böll, el poder judicial tunecino rechaza sistemáticamente las solicitudes de cambio de marcadores de género en los casos en que las personas se sometieron a cirugía de reasignación de sexo debido a un trastorno de identidad de género, citando diversas fuentes del Corán, así como el posicionamiento cultural de Túnez en el mundo árabe-musulmán, como fundamento de sus decisiones. El mismo estudio indica que el poder judicial es más proclive a permitir el reconocimiento legal del género a las personas intersexuales que a las transgénero.
La confianza de las autoridades judiciales en la errónea patologización de las identidades transgénero obliga a las personas transgénero que solicitan el reconocimiento legal de su género a someterse a humillantes exámenes médicos por parte de las autoridades forenses judiciales. Las autoridades judiciales también exigen a las personas transgénero que se sometan a todos los tratamientos quirúrgicos y hormonales antes de revisar sus solicitudes.
En 2018, un tribunal tunecino concedió reconocimiento legal de género a un hombre transgénero que recibió atención médica de afirmación de género en Alemania, anulando el veredicto de un tribunal inferior. El tribunal citó el diagnóstico de trastorno de identidad de género del hombre como motivo de su decisión, tras consultar a psiquiatras y médicos forenses para determinar si el demandante se sometió a la tratamiento de reafirmación de género por necesidad médica.
Las opciones quirúrgicas son más limitadas en Túnez. Las personas transgénero entrevistadas me contaron que tenían que viajar al extranjero para recibir la atención médica que necesitaban. Ahmed El Tounsi, un activista transgénero tunecino de 37 años del grupo transgénero Outcasts, con sede en Túnez, comentó: “no existen médicos que puedan hacernos las cirugías aquí, tal vez algunos cirujanos plásticos harían la cirugía superior [aumento o extirpación de senos], pero es muy costoso. Viajé a Egipto en 2015 después unos amigos de allí me pusieron en contacto con médicos que me hicieron la operación en su clínica privada”.
Las prácticas abusivas también limitan el acceso de las personas transgénero a otras formas de atención sanitaria. Varios entrevistados aseguraron que se les negó atención médica general o que fueron acosados por profesionales de la medicina debido a su identidad. Nader, un varón transgénero tunecino de 34 años, recordó: “cuando me enfermo, prefiero dormir que ir al hospital. Cada vez que voy se burlan de mí o me insultan y a menudo ni siquiera recibo el tratamiento que necesito”.
La discriminación derivada de la falta de coherencia entre los documentos de identidad y la identidad de género de las personas transgénero repercute en todos los aspectos de sus vidas, entre ellos el acceso a la vivienda y al empleo. Nader agregó: “para mí, el mayor problema es la falta de correspondencia entre mis documentos y mi identidad de género. No puedo conseguir trabajo, y esto repercute en todos los demás aspectos de mi vida. La base de nuestros problemas es la falta de capacitación económica. Si conseguimos trabajo, podemos ganar dinero y luego someternos a las operaciones o viajar al extranjero”.
Conclusiones y recomendaciones
Las políticas y prácticas descritas anteriormente discriminan a las personas transgénero en los tres países examinados. Esta discriminación viola sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la asistencia sanitaria, a la educación, al empleo, al disfrute de la vida, a la integridad corporal, a la protección contra el trato inhumano y degradante y la tortura, así como su derecho a la no discriminación y a la protección ante la ley.
Egipto, el Líbano y Túnez son Estados partes en tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que hacen hincapié en la protección de los derechos humanos independientemente de la identidad de género o la orientación sexual. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vigila el cumplimiento del PIDCP, y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dejaron en claro que los países tienen prohibido discriminar por motivos de orientación sexual o identidad de género a la hora de defender los derechos establecidos en los respectivos tratados. La Observación general Nº 14 del PIDESC afirma que el derecho a la asistencia sanitaria es fundamental y pide a los Estados miembros que garanticen el acceso a la asistencia sanitaria sin discriminación. La Observación General Nº 4 del PIDESC hace hincapié en el derecho a una vivienda adecuada y segura.
Egipto y Túnez también están obligados por la Carta Africana de Derechos Humanos a proteger a las minorías sexuales y de género, tal y como estipula la resolución 275 de 2014 de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que condena los ataques sistemáticos y las violaciones de derechos humanos basadas en la identidad de género y la orientación sexual y afirma que los gobiernos deben aprobar nuevas leyes para hacer frente a estas violaciones.
Las autoridades de Egipto, el Líbano y Túnez deben atender las necesidades de sus ciudadanos transgénero en pie de igualdad con los demás ciudadanos ante la ley. Las personas transgénero tienen derecho a acceder a la atención médica y al reconocimiento legal de su género sin temor a sufrir violencia, discriminación o pérdida de sus medios de vida.
Por último, las conclusiones ponen de relieve la necesidad de que los parlamentos de Egipto, el Líbano y, en el caso de Túnez cuando el parlamento suspendido vuelva a reunirse, introduzcan legislación que permita el cambio de nombre y de marcador de género mediante un sencillo procedimiento administrativo basado en la autodeclaración. Los países deben aprobar una amplia legislación contra la discriminación, también por motivos de identidad de género y orientación sexual.
Los ministerios de salud y las autoridades médicas forenses deben garantizar que el sistema público proporcione asistencia sanitaria que afirme la identidad de género o, si no la proporciona, garantizar que los costos estén cubiertos o sean reembolsables por los sistemas de seguridad de salud públicos y privados.
En vista de la violencia documentada a la que se enfrentan las personas transgénero por parte de las fuerzas de seguridad, las autoridades de Egipto, el Líbano y Túnez deben garantizar que las personas transgénero tengan igualdad de acceso a la protección jurídica y a los mecanismos de reclamo para denunciar las violaciones cometidas contra ellas.
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Nora Noralla es Magíster en Derechos Humanos por la Universidad Centroeuropea e investigadora y asesora sobre cuestiones de libertades sexuales y corporales en Medio Oriente y el Norte de África.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por The Tahrir Institute for Middle East Policy el 7 de abril de 2022.
