Por Jinan Bastaki para Mondoweiss
Hoy en día, la gran mayoría de la gente recuerda la era del apartheid en Sudáfrica (1948-1990) con desdén y horror. La condena de las injusticias del apartheid hoy es inequívoca. Sin embargo, actualmente las prácticas de apartheid en Israel, a pesar del trabajo de muchas organizaciones y activistas de derechos humanos, todavía se consideran controvertidas o incluso discutibles en la corriente principal. Por lo tanto, es fundamental comprender qué es el apartheid, su implementación en Sudáfrica y que ayudó a ponerle fin. La comparación no quiere decir que los sistemas fueran idénticos, a pesar de muchas similitudes, sino más bien mostrar cómo cada uno de ellos entra dentro de la definición del crimen de apartheid.
[Se prohíbe expresamente la reproducción total o parcial, por cualquier medio, del contenido de esta web sin autorización expresa y por escrito de El Intérprete Digital]
El apartheid es un sistema de separación en el que “se cometen actos inhumanos con el fin de establecer y mantener la dominación de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo racial de personas y oprimirlos sistemáticamente” (Artículo II, Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid). En Sudáfrica, el sistema de apartheid se afianzó a través de una serie de leyes y medidas que aseguraron que las ‘razas’ —blancos, negros y mestizos— no solo estuvieran separadas, sino que le negaba los derechos básicos a las personas no blancas y a las blancas se las privilegiaba en todas las esferas. Por ejemplo, se prohibieron los matrimonios y las relaciones sexuales entre blancos y otras razas. Las leyes de tierras aseguraron que más del 80 por ciento de la tierra del país se reservara para sus ciudadanos blancos minoritarios. El gobierno también aprobó la Ley de Ciudadanía de la Patria Bantú de 1970 —los bantustanes eran enclaves para los sudafricanos negros separados por tribus para garantizar que los negros no formaran una mayoría— lo que despojó a los sudafricanos negros de su ciudadanía. Fueron declarados ciudadanos de los respectivos bantustanes, privándoles de lo que les quedaba de sus derechos en Sudáfrica propiamente dicha. De 1961 a 1994, más de 3,5 millones de personas fueron expulsadas a la fuerza de sus hogares y depositadas en estos bantustanes. Estos territorios fueron consideradas patrias separadas para los sudafricanos negros, afianzando el sistema de separación y diferenciación. Para salir de los bantustanes y entrar en una zona ‘blanca’ o en la designada para otra raza se necesitaban permisos
Las sanciones por violar estas leyes fueron severas, entre ellas las multas, el encarcelamiento y los azotes. Además del sistema legal, eran habituales los asesinatos de activistas contra el apartheid, la censura de los medios y la tortura. Quizás lo más notorio es que en 1960 la policía disparó contra un grupo desarmado de sudafricanos negros y mató a más de 67 e hirió a 180. Esta fue la infame Masacre de Sharpeville. Si bien el Congreso Nacional Africano (CNA) dirigido por Nelson Mandela, había abogado anteriormente por la resistencia no violenta, la masacre llevó a la formación de un ala paramilitar para participar en la guerra de guerrillas contra el gobierno del apartheid. Mandela fue arrestado varias veces entre 1961 y 1964, y finalmente fue condenado a cadena perpetua en 1964.
La comunidad internacional no ignoraba lo que estaba sucediendo. El apartheid fue condenado anualmente por la Asamblea General de la ONU desde 1952 hasta 1990; también fue condenado regularmente por el Consejo de Seguridad después de 1960. En 1962, la Asamblea General adoptó una resolución solicitando a los Estados miembros romper relaciones diplomáticas, comerciales y de transporte con Sudáfrica, y nuevamente en 1968 solicitaron la suspensión de todas las actividades culturales, educativas e intercambios deportivos, todo en un esfuerzo por presionar a Sudáfrica para que derogue sus leyes de apartheid. En 1966, la Asamblea General calificó el apartheid como un crimen contra la humanidad y, en 1973, la Convención del Apartheid fue adoptada por la Asamblea General declarando el apartheid como un crimen internacional. Solo cuatro Estados votaron en contra de la Convención: Portugal, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos. Actualmente hay 109 Estados que la conforman.
¿Cómo es posible entonces que el apartheid haya durado desde 1948 hasta 1990, es decir 42 años? Sudáfrica es importante para ciertos Estados tanto desde el punto de vista estratégico como financiero. Estratégicamente, ya que coincidió con la era de la Guerra Fría, Sudáfrica capitalizó el miedo occidental al comunismo y mantuvo su papel como parte de la alianza que lo combatió. Financieramente, era la fuente de importantes materias primas como el oro y el carbón, y también era un mercado para los productos occidentales.
Además, el gobierno sudafricano participó en una campaña de propaganda mediática internacional, reservando unas decenas de millones de dólares para comprar influencia mediática internacional, incluido el lanzamiento de una publicación en inglés a favor del apartheid, llamada Citizen (El Ciudadano).
¿Cómo terminó finalmente el apartheid?
A pesar de estos esfuerzos, la mayoría de los medios de comunicación internacionales no estaban convencidos y, de hecho, eran extremadamente críticos con las acciones del gobierno del apartheid. También hubo algunos momentos decisivos: además del arresto de Mandela, el levantamiento de Soweto de 1976, y el posterior arresto y la trágica muerte del activista sudafricano Steve Biko, provocaron un cambio adicional en la opinión pública mundial.
En 1976, inspirados por el Movimiento de Conciencia Negra de Steve Biko, miles de estudiantes negros sudafricanos protestaron por el uso forzado del afrikáans en sus escuelas. Marcharon pacíficamente, eventualmente acercándose a las barricadas policiales, y algunos les arrojaron piedras. La policía abrió fuego contra los jóvenes desarmados y los roció con gas lacrimógeno. Los disturbios que siguieron resultaron en la muerte de más de 661 personas, la gran mayoría negras. Si bien hubo intentos de censurar a los medios, el incidente se informó en todo el mundo. Steve Biko y otros líderes del movimiento fueron arrestados. Biko murió en prisión, con pruebas de tortura que el gobierno sudafricano trató de ocultar y, de hecho, acosó a los periodistas para que no las revelaran.
Fue en este año que el Consejo de Seguridad de la ONU finalmente votó para imponer un embargo obligatorio a la venta de armas a Sudáfrica. En 1985, el Reino Unido y Estados Unidos impusieron sus propias sanciones económicas al país, a pesar de votar en contra o abstenerse de votar sobre la imposición de sanciones a Sudáfrica en la década de 1960. En 1985, el Consejo de Seguridad pidió a los Estados miembros que aprobaran medidas económicas más extensas contra Sudáfrica. Sin embargo, en 1988, el Reino Unido y Estados Unidos vetaron un proyecto de resolución de sanciones selectivas.
Sudáfrica se estaba volviendo cada vez más aislada en el escenario mundial e intentó derogar algunas leyes del apartheid a mediados de la década de 1980, así como la liberación condicional de Nelson Mandela. Aún así, la mayor parte de la estructura del régimen del apartheid permanecería intacta, con los sudafricanos negros en gran parte excluidos. Esto dio lugar a más manifestaciones, que se encontraron con más violencia por parte del Estado. Finalmente, F.W. de Klerk, el Primer Ministro de 1989, se reunió con el CNA anteriormente prohibido, y en febrero de 1990, Mandela fue liberado. El apartheid finalmente cayó en 1990, con la redacción de una nueva constitución.
¿Por qué importa todo esto ahora?
La violencia por parte del Estado, el desplazamiento forzado, la desnacionalización, un sistema de identificación que determina el acceso, la puesta a disposición de la tierra solo para un grupo de ciudadanos, el despojo de todo un pueblo y la separación basada en la raza se consideran hoy inequívocamente reprobables. Sin embargo, esto es exactamente lo que está sucediendo en el actual Israel y el territorio palestino ocupado. El gobierno israelí tiene actualmente el control de toda el área que fue la Palestina histórica e instauró un régimen diferente para cada área. No obstante, todas las políticas están diseñadas para garantizar la dominación de un grupo, los judíos israelíes, sobre otro grupo, los árabes palestinos. En abril de 2021, Human Rights Watch publicó un informe que detalla las políticas y prácticas que equivalen a los crímenes internacionales de persecución y apartheid. Esto no es nuevo para los activistas y académicos palestinos de derechos humanos, que sonaron la alarma durante décadas. Vale la pena ver los paralelismos entre el apartheid sudafricano y el apartheid en Palestina-Israel en la actualidad.
Para ver estos paralelos, debemos volver a 1948. En mayo de ese año, el recién creado Estado de Israel controlaba el 77% de lo que era la Palestina histórica, mucho más de lo que el Plan de Partición de la ONU había asignado al Estado judío. Con la creación del estado israelí, más de 750.000 palestinos fueron desplazados por la fuerza de sus hogares y se les impidió regresar. Como ciudadanos y residentes habituales del Mandato Palestino, estos refugiados tenían el derecho a regresar y, de hecho, a ser considerados automáticamente ciudadanos de Israel según las leyes de sucesión de Estados. Aún así, Israel prohibió su regreso y finalmente aprobó la Ley de Nacionalidad de 1952, que desnacionalizó a los refugiados. Al mismo tiempo, los judíos de todo el mundo tenían derecho a inmigrar a Israel y obtener la ciudadanía. Esto fue para asegurar una mayoría judía. Luego, Israel aprobó una serie de leyes elaboradas con el propósito de confiscar toda la propiedad privada de los refugiados de 1948 para dar a los judíos acceso casi exclusivo a las mismas. Los inmigrantes judíos se establecieron en las casas y en las tierras de los palestinos desplazados.
Los palestinos que pudieron permanecer —unos 150.000— fueron mantenidos bajo el gobierno militar hasta bien entrada la década de 1960, lo que les impidió abandonar el área en la que se encontraban excepto mediante permisos. Las mismas leyes utilizadas para confiscar la tierra de los refugiados palestinos se utilizaron para expropiar las propiedades de los palestinos desplazados internos que se convertirían en ciudadanos de Israel. Se estima que entre el 40 y el 60 por ciento de la tierra que pertenecía a los palestinos desplazados internos —debe enfatizarse, los ciudadanos de Israel— fue confiscada, y los ciudadanos palestinos de Israel en la actualidad todavía tienen restringido el acceso a la tierra que les fue confiscada. De hecho, la legislación israelí permite que las ciudades prohíban el acceso a ciertos posibles residentes por supuesta incompatibilidad, lo que afecta en gran medida a los ciudadanos palestinos. Esta discriminación no es simplemente en lo que respecta a la tierra y a los derechos de residencia. Por ejemplo, la Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel de 2003 —orden temporal— prohíbe otorgar la ciudadanía israelí o un estatus legal a largo plazo a los palestinos de Cisjordania y Gaza que se casan con ciudadanos o residentes israelíes. Esto afecta casi exclusivamente a los ciudadanos palestinos de Israel, ya que es más probable que se casen con un palestino de Cisjordania o Gaza. Sin embargo, cualquier otro ciudadano extranjero no judío casado con un ciudadano israelí puede ser elegible para la ciudadanía. Estas políticas están diseñadas para garantizar el dominio de los judíos israelíes.
En 1967, Israel ocupó Cisjordania y Gaza. A finales de julio de 1967, la ONU estimó que había más de 200.000 refugiados en Jordania. Sólo se le permitió regresar a 14.000. A pesar de la condena del Consejo de Seguridad de la ONU y la afirmación del principio de la inadmisibilidad de ganar territorio mediante la guerra, Israel trató de alterar el paisaje tanto de Cisjordania como de Gaza, y anexó oficialmente Jerusalén Oriental. Comenzó a construir asentamientos solo para judíos tanto en Cisjordania como en Gaza, expropiando propiedades y expulsando a los palestinos de sus hogares. Hoy en Cisjordania, Israel somete a los palestinos a la ley militar, mientras que la ley civil se aplica a los asentamientos ilegales hechos exclusivamente para colonos judíos israelíes. También se expropian tierras para hacer carreteras de circunvalación exclusivas para judíos. Estos asentamientos ilegales están construidos en territorio palestino y violan el Cuarto Convenio de Ginebra. A los palestinos se les prohíbe en gran medida la entrada a estos asentamientos, lo que afianza esta división y despojo, mientras se les niegan los permisos de construcción donde residen. A través de diversos medios, que incluyen la demolición de casas, las deportaciones, los desalojos y razones generales relacionadas con el conflicto, más de 800.000 palestinos fueron desplazados por la fuerza desde 1967.
En Jerusalén Este, existe un régimen legal diferente bajo la ley israelí ya que considera a este territorio, en contravención del derecho internacional, como parte de Israel propiamente dicho. Por lo tanto, considera a los palestinos nativos que resisten desde hace generaciones como “residentes” —al igual que a otros ciudadanos extranjeros— lo que condiciona su estatus legal a diferentes factores que no se les exigen a los israelíes judíos. De esta manera, se realizan desalojos forzosos, denegación de permisos de construcción y revocaciones de residencia. A más de 14.000 palestinos se les canceló la residencia desde 1967, lo que también constituye una violación del Cuarto Convenio de Ginebra.
Esto es independiente del bloqueo impuesto a Gaza desde 2007. Israel ‘se separó’ de Gaza en 2005, sacando a los colonos de allí por razones demográficas, pero todavía se considera la potencia ocupante ya que mantienen un control efectivo sobre toda el área, decidiendo qué puede y no puede importarse, y a qué parte de su mar territorial tienen acceso los pescadores de Gaza —menos de un tercio—. Casi dos millones de personas viven en la Franja de Gaza y la mitad de la población son niños menores de 18 años. Debido al bloqueo, entre el 90 y el 95% del agua en Gaza no es apta para beber, y se están modificando las restricciones sobre una amplia gama de importaciones, incluido el material de construcción básico. Cuando Gaza es objeto de ataques de Israel y se destruyen edificios, estos no se pueden reconstruir debido a las restricciones a la importación.
Aunque esto no es más que un breve resumen de las diferentes leyes y prácticas vigentes, los paralelismos son claros. Israel, que controla la totalidad de lo que fue la Palestina del Mandato, promulgó diferentes regímenes jurídicos que tienen un objetivo principal: la división, la desposesión y el desplazamiento de los palestinos, y el privilegio y la dominación de los judíos.
La Asamblea General aprueba resoluciones todos los años desde 1948 en las que pide “Una solución justa del problema de los refugiados palestinos de conformidad con su resolución 194 (III) de 11 de diciembre de 1948”, y desde 1967 “La retirada de Israel del territorio palestino ocupada desde 1967, incluida Jerusalén Este ”, que Israel ignora flagrantemente. El Consejo de Seguridad también adoptó una serie de resoluciones en las que insta a Israel a acatar el Cuarto Convenio de Ginebra, afirmando el principio de inadmisibilidad de la adquisición de territorio por la guerra y condenando la actividad de asentamientos, entre otros.
Al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad, debido a los vetos de Estados Unidos, nunca impuso sanciones a Israel, a pesar de las claras violaciones del derecho internacional ejercidas durante décadas. Los medios de comunicación internacionales, particularmente en los Estados Unidos, se alinearon en gran medida con Israel —con algunas excepciones recientes— tratando de igualar la potencia militar nuclear dominante con un pueblo desposeído y ocupado.
Con los eventos actuales en Sheikh Jarrah, la mezquita Al Aqsa y Gaza, personas de todo el mundo están presenciando eventos en tiempo real. A pesar de algunos intentos de censura en las redes sociales, la creciente evidencia es difícil de ignorar. Depende de la comunidad internacional garantizar que se respete el derecho internacional y que el apartheid vuelva a desaparecer.
[Se prohíbe expresamente la reproducción total o parcial, por cualquier medio, del contenido de esta web sin autorización expresa y por escrito de El Intérprete Digital]
Jinan Bastaki es un jurista y académico que se especializa en derecho internacional, derechos humanos y derecho de los refugiados.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por Mondoweiss el 27 de mayo de 2021.
