La campaña para remodelar los paisajes urbanos de Egipto

Por Ian Wallace para Jadaliyya

El Cairo. [wili_hybrid/Creative Commons]

Desde el comienzo de la pandemia, el gobierno de Egipto demolió barrios enteros no planificados, comúnmente conocidos como ashwa’yat, y reubicó a miles de sus ciudadanos. La decisión de demoler se justificó en aras del desarrollo, que ha variado desde la construcción de autopistas hasta el embellecimiento de áreas para el turismo.

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La demolición de asentamientos informales ha sido durante mucho tiempo una política seguida por los regímenes egipcios, aunque en 2020 el gobierno comenzó a permitir que los propietarios de propiedades informales solicitaran y pagaran para formalizar o ‘reconciliar’ sus residencias o arriesgarse a su demolición.

El gobierno estableció una fecha límite inicial para solicitar la regularización de su residencia en septiembre de 2020. No obstante,  el enfoque de mano dura provocó un descontento significativo que lo obligó a retroceder y extender el plazo hasta finales de marzo de 2021. Las autoridades siguen retrasando acciones decisivas sobre esta política destructiva.

A fines de diciembre de 2018, el Ministerio de Vivienda declaró que Egipto estaría ‘libre de barrios marginales’ para fines de 2019, aunque, posteriormente, el gobierno revisó su objetivo de eliminar los asentamientos para 2030, y parece decidido a cumplir este objetivo.

El gobierno tiene varias motivaciones clave para eliminar los asentamientos informales. Primero, éstos no se ajustan a la visión que se intenta presentar de Egipto, ya sea que eso signifique que los proyectos en desarrollo necesitan su destrucción o porque alteran estéticamente el paisaje urbano deseado por el estado. Además, crean peligros para la seguridad pública ya que los edificios a menudo no se adhieren a los códigos de infraestructura actuales, por ende, los derrumbes son una preocupación constante.

Junto a lo mencionado en el párrafo anterior, los gobiernos lucharon por recaudar ingresos de los asentamientos informales, de hecho, tradicionalmente fueron lugares clave para el robo de agua y electricidad. La decisión de permitir que las personas paguen para formalizar su residencia agrega un componente financiero definitivo.

Los funcionarios declararon que las tarifas recaudadas de las conciliaciones se reutilizarán para respaldar proyectos de desarrollo. Por último, los recursos limitados de la tierra complican los intentos gubernamentales de remodelar los paisajes urbanos del país. Esto se debe al rápido crecimiento de la población de Egipto, que suma alrededor de un millón de personas cada seis meses, creando una competencia cada vez más intensa entre la agricultura y la expansión urbana.

Aunque el gobierno tiene interés en eliminar los asentamientos informales, la decisión puede remodelar el uso de la tierra en Egipto y amenazar la estabilidad del país. Se estima que el 40% de la población en la capital vive en asentamientos informales y el 75% de las áreas urbanas no están planificadas. 

Según el Observatorio del Medio Ambiente y la Construcción, 8,2 millones de unidades de viviendas se edificaron sin permisos entre 2008 y 2018. Este tipo de asentamientos se constituyeron en una solución para las familias de menores ingresos en zonas urbanas ante la incapacidad gubernamental de proporcionarles una vivienda adecuada y asequible (32,5% de la gente vive por debajo de la línea de pobreza).

Los asentamientos informales persistieron en parte debido a su ubicación central, las alternativas a menudo no son tan ventajosas o accesibles.

Los intentos de eliminar los asentamientos informales datan de varias décadas en Egipto y el último impulso para eliminarlos refleja de cerca las represiones anteriores. El gobierno de Hosni Mubarak intentó integrar y regularizar la situación. Una ley de 1984 permitió a los colonos comprar sus parcelas, aunque solo el 5% de la población elegible presentó una solicitud.

Los esfuerzos previos no lograron frenar la presencia de comunidades informales en los principales centros de población de Egipto, especialmente, debido a la resistencia local. Los residentes no quieren la eliminación de estos asentamientos porque las viviendas alternativas a menudo están lejos de las oportunidades de empleo y tienen servicios públicos deficientes. Cambiar esta situación, puede significar el desplazamiento de cientos de miles y dar lugar a grandes movimientos de protesta. Los avances en la política de uso de la tierra determinarán la forma futura de la sociedad.

El gobierno de Abdel Fattah al Sisi ahora persigue una estrategia doble: además de demoler barrios enteros no planificados para proyectos de desarrollo —o lujo—, está permitiendo que los egipcios registren sus residencias y eviten la demolición por una tarifa. Es poco probable que el esfuerzo actual tenga éxito en eliminar o formalizar todos los asentamientos del país, pero afectará a grandes segmentos de la sociedad, incluidos muchos que pagarán sus tarifas y servicios públicos por primera vez.

Por otra parte, las autoridades demostraron que están dispuestas a persistir en sus planes de demoler los barrios a pesar de la resistencia popular. Por ejemplo, en el año 2017, Sisi apuntó a la Isla Warraq, que alberga casi 100.000 residentes al norte de El Cairo. El gobierno había contratado a una empresa emiratí-singapurense para desarrollar la isla como modelo para el futuro nacional. 

Durante esa ocasión, los residentes informaron que, sin previo aviso, las fuerzas de seguridad comenzaron a demoler casas con ocupantes aún dentro —julio de 2017—. La gente se enfrentó con los uniformados, sufriendo una muerte, diecinueve heridos civiles, y treinta de las fuerzas. 

Las protestas de los residentes finalmente no lograron detener los planes de desarrollo gubernamentales. En julio de 2020, el Consejo Supremo de Planificación y Desarrollo Urbano aprobó un decreto que categorizó la isla Warraq como sujeta a un proceso de replanificación para frenar los asentamientos informales.

La “Ley de Reconciliación en ciertos Delitos de Construcción y Legalización de su Estatus” aprobada en 2019, establece una vía para que los egipcios se ‘reconcilien’ y legalicen la construcción sin licencia, representando el último impulso para eliminar los asentamientos informales. A su vez, está destinada, oficialmente, a mejorar la infraestructura, mitigar la construcción insegura y detener la invasión de tierras cultivables. Junto a ello, proporciona la base para el establecimiento de una vía que permita la formalización de su propiedad a cambio de una tarifa.

En este sentido, las tarifas recaudadas a través del proceso de conciliación se utilizarán para financiar proyectos de infraestructura, de desarrollo y organismos encargados de manejar las infracciones de construcción. En un discurso, Sisi calificó esta campaña como una forma de detener la expansión urbana descontrolada, reafirmar su propia autoridad en la construcción y el desarrollo y recaudar ingresos; acabando con 20 años de retraso en la materia.

La situación se volvió tensa a medida que el Estado continuó con su compromiso de eliminar viviendas informales y reubicar a sus residentes. En mayo de 2020, el gobierno ordenó prohibir los permisos de construcción para viviendas privadas, incluidas las informales, sin afectar las obras públicas. Este congelamiento dejó hasta 5 millones de trabajadores desocupados. 

Al igual que en la Isla de Warraq, la campaña incitó a manifestaciones en todo el país, por ejemplo, en Alejandría, las fuerzas de seguridad dispararon gas lacrimógeno contra los manifestantes el 17 de julio de 2020, quienes reclamaban contra las órdenes estatales de evacuar sus casas para la demolición. La gente coreaba “no saldremos” y “no nos iremos”. 

Según los informes, las autoridades estaban en conversaciones sobre la construcción de miles de viviendas en la zona. Los residentes también expresaron su escepticismo con respecto a las intenciones de los funcionarios, al señalar que están buscando implementar planes de inversión para beneficiar al régimen a expensas de la gente. La represión resultó en 42 arrestos y la muerte de un bebe recién nacido.

Las manifestaciones aumentaron a medida que el país se acercaba a la fecha límite original para presentar una solicitud de reconciliación establecida por el gobierno para el 30 de septiembre de 2020. Un portavoz oficial advirtió que el Estado cortaría la electricidad y el agua de la gente que no se acopló a la propuesta. 

El 9 de septiembre, el Ministerio del Interior compartió a través de una publicación de Facebook que la policía arrestó a 234 personas por violar las regulaciones agrícolas y de propiedad. El video de una aldea donde las autoridades demolieron veintidós edificios mostraba a residentes arrojando piedras a la excavadora y a las fuerzas de seguridad. 

La campaña para demoler viviendas no planificadas instigó una protesta en Giza cuando, según informes, un hombre murió en una disputa con la policía. Su madre y hermana afirmaron que la policía lo mató después de que rechazó una orden de evacuar su residencia porque violaba las regulaciones estatales. 

El 20 de septiembre, cuando estallaron las manifestaciones en todo Egipto, los manifestantes indignados por la demolición de edificios por parte del Estado volcaron un coche de policía y le prendieron fuego en al-Kuddaya, una aldea al sur de El Cairo. 

Las manifestaciones contra la iniciativa del Estado de demoler edificios y asentamientos informales no se limitaron a una región ni a los centros urbanos. Más bien, se extendieron por todo el país. Tadamun, una iniciativa urbanista, publicó recientemente un informe sobre la injusticia y la desigualdad en las políticas de planificación urbana de Egipto, fue una de las organizaciones de la sociedad civil más destacadas en criticar el desplazamiento de habitantes de áreas informales. 

Aunque los egipcios protestaron en contra de las demoliciones de viviendas en el pasado, la combinación de una pandemia, una crisis económica mundial y la represión de la sociedad civil crea una situación excepcionalmente tensa: la iniciativa del Estado representa una seria amenaza para la estabilidad del país.

El gobierno se dio cuenta de la grave amenaza que representaba la rápida implementación de la política y desde entonces pospuso el plazo para solicitar la reconciliación en varias ocasiones. 

El aplazamiento de la implementación hasta marzo redujo el impacto que habría producido la fecha límite de septiembre de 2020. Sin embargo, el proceso para solicitar la reconciliación es costoso y complicado. Para solicitar, los residentes deben presentar su tarjeta de identificación nacional, una prueba del estado del solicitante con respecto a la infracción del edificio, una prueba de que la infracción en cuestión ocurrió antes de un plazo específico, dos copias de los planos arquitectónicos del edificio aprobados por un ingeniero o una oficina de ingeniería, una copia de los bocetos adjuntos al permiso de construcción y un recibo de la tarifa de examen del edificio. 

Las tarifas variaron entre LE 50 [libra egipcia] y LE 2000 por metro cuadrado, un precio prohibitivamente caro para muchos egipcios que viven en viviendas informales, aunque los funcionarios del gobierno subrayaron que las tarifas se redujeron en diversos grados según las gobernaciones del país; trabajando en conjunto con las ONG que brindaron algo de asistencia para los sectores de menores ingresos.

El Estado tiene la intención de reubicar a los residentes desplazados por las demoliciones en nuevas comunidades urbanas. Tadamun se refirió al desplazamiento de áreas informales por proyectos públicos o de seguridad como una de las principales fuentes de conflicto entre los habitantes y el Estado

En preparación para la posible reubicación de cientos de miles de familias, el gobierno está construyendo viviendas financiadas por el Banco Mundial. Fares Gomaa, quien regresó a su vecindario después de ser reubicado en una nueva comunidad urbana, contó que ahora paga un alquiler mensual mientras que antes era dueño de su propiedad y cobraba el alquiler de los inquilinos. 

Mientras tanto, el Ministerio de Transporte elevó los precios de las tarifas del metro en 2020, lo que afectó aún más la capacidad de los residentes desplazados para acceder a empleos y servicios. Assem al-Gazzar, Ministro de Vivienda, Servicios Públicos y Comunidades Urbanas, anunció que se espera que algunos reubicados en viviendas públicas obtengan una hipoteca para la unidad. El desplazamiento de áreas informales establecidas conlleva enormes costos económicos y sociales.

Actualmente, el gobierno está ampliando la Circunvalación, una importante autopista que rodea el Gran Cairo. Hasta ahora, está obra implicó la demolición de seis vecindarios en la Capital. El gobernador informó que 5883 familias habían recibido una compensación por la reubicación. Sin embargo, no especificó si los desplazados habitaban residencias informales, solicitaron la reconciliación o vivían en propiedades formales. Finalmente, prometió que los desplazados por la construcción serán compensados, aunque su historial no los acompaña al respecto.

Egipto superó el plazo final para presentar una solicitud de reconciliación de edificios el 31 de marzo de 2021. Un portavoz del Ministerio de Desarrollo Local detalló que el Estado había recaudado LE 17.700 millones de las solicitudes de reconciliación y que el gobierno tiene como objetivo recaudar más de LE 70.000 millones una vez finalizado el proceso. 

Al 30 de marzo de 2021, el gobierno recibió más de 2,8 millones de solicitudes de reconciliación. Las tarifas funcionan como un impuesto sobre las personas que presentan solicitudes, ya que los fondos recaudados a través de la reconciliación supuestamente están destinados a apoyar el desarrollo. Un comité formado en marzo para determinar el castigo por no haber presentado una solicitud de reconciliación aún no ha publicado su recomendación al momento de escribir este artículo.

Las demoliciones llevadas a cabo por el gobierno eliminan comunidades enteras, muchas de las cuales tienen décadas de antigüedad. El traslado forzoso de personas de viviendas informales a nuevas comunidades urbanas interrumpe el sustento de esas personas y la capacidad de acceder al trabajo, ya que la vivienda alternativa a menudo está lejos de las oportunidades de empleo. 

La campaña reafirma la autoridad del gobierno sobre la vivienda y la construcción, a expensas de las comunidades que la habían invadido silenciosamente. La reconciliación también actúa como un impuesto sobre las personas en viviendas informales, cuyos fondos, según se informa, se prometieron a inversiones en desarrollo urbanístico. 

Además, los esfuerzos estatales para demoler vecindarios y reubicar a sus habitantes se enfrentan repetidamente a protestas. La continuación de las acciones actuales del Estado amenaza la estabilidad de Egipto a corto plazo y crea resentimiento a largo plazo. 

Es probable que el rápido crecimiento de la población de Egipto complique y detenga aún más los esfuerzos del Estado para eliminar permanentemente los asentamientos informales. Las políticas gemelas de demolición y reconciliación, si se aplican en su totalidad, tienen el potencial de remodelar y desestabilizar la sociedad egipcia. 

Si el precedente pasado es una señal, la campaña actual del gobierno de Egipto para eliminar la vivienda informal no tendrá éxito. Sin embargo, no lograr el objetivo de la iniciativa no significa que la última incursión del gobierno en la reforma del uso de la tierra no tenga consecuencias de gran alcance para la sociedad.

Desde marzo, el gobierno demoró en proceder con los próximos pasos políticos, evitando tomar medidas decisivas contra las personas que no solicitaron conciliar su residencia. Quedan varias preguntas clave sobre cómo procederá la política de reconciliación; ¿Qué hacer con las propiedades multifamiliares donde no todos los residentes se sumaron a esta iniciativa? ¿Se protegerá a quienes solicitaron la reconciliación de proyectos como la ampliación de la carretera de circunvalación?

Justamente, son los impactos sociales y económicos a largo plazo de la política de reconciliación lo que no permite el avance en la materia, y cuál será la reacción pública cuando el gobierno tome medidas punitivas contra quienes no la solicitaron.

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Ian Wallace es  Junior Fellow en el Programa de Medio Oriente, Carnegie Endowment for International Peace. También es candidato a Ph.D en Sociología por la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill.

N.d.T.: El artículo original fue publicado por Jadaliyya el 24 de mayo de 2021.