Por TIMEP contributor para The Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)
Rusia se esforzó en impedir la rendición de cuentas por los crímenes en Siria, utilizando su influencia ante organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional. Sin embargo, se iniciaron juicios en terceros estados por crímenes de guerra cometidos por individuos, utilizando el principio jurídico de la Jurisdicción Universal.
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El año pasado, en el décimo aniversario de la revolución siria, se presentó ante los tribunales rusos una denuncia contra la empresa militar privada rusa (PMC) Wagner, el primer caso presentado contra el grupo. Casi un año después, el tribunal determinó que el Comité de Investigación de la Federación Rusa, que tenía el poder de abrir una investigación sobre la tortura y el asesinato de un civil sirio por miembros del Grupo Wagner, no estaba obligado a tomar medidas.
El 9 de febrero de 2022, el Tribunal Municipal de Moscú confirmó la decisión adoptada por el tribunal inferior que resolvió que el Comité de Investigación no estaba obligado a iniciar una investigación sobre los crímenes de guerra (tortura), asesinatos y mercenarismo en Siria. La decisión marcó el final de la lucha en la búsqueda de justicia para los sirios a través del sistema judicial ruso, pero el caso sirve como un trampolín a nuevas instancias de justicia, a través de la utilización de métodos alternativos de resolución de conflictos, para que los perpetradores de crímenes internacionales y violaciones de derechos humanos en Siria rindan cuentas por sus crímenes.
Desde el inicio de las operaciones militares rusas en Siria en el año 2015, para defender el régimen de Bashar al Assad, el Estado ruso ha perpetrado crímenes internacionales contra los sirios, cometiendo masacres, atacando objetivos civiles, incluidas escuelas, hospitales e instituciones religiosas. Asimismo, dirigió sus ataques al personal médico, de los medios de comunicación, de la defensa civil y utilizó armas ilegales como municiones de racimo, lo que permitió al régimen sirio cometer una lista igualmente extensa de violaciones. Para cometer estas violaciones, también desplegó grupos mercenarios como el PMC Wagner. Inicialmente Rusia negó por completo la existencia de grupos como Wagner y en la actualidad, el grupo sigue sin estar registrado oficialmente en Rusia. En 2019, el presidente ruso Vladimir Putin finalmente reconoció la presencia del PMC en Siria, pero enfatizó que esta milicia no estaba relacionada con el Estado.
Rusia se esforzó en impedir la rendición de cuentas por los crímenes en Siria, utilizando su influencia ante organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional. Sin embargo, se han iniciado juicios en terceros estados por crímenes de guerra cometidos por individuos, utilizando el principio jurídico de la Jurisdicción Universal. La estructura del PMC bajo la cual funciona Wagner permite a Rusia controlar a Wagner, pero al mismo tiempo mantenerse separada, lo que hace que la búsqueda de responsabilidad por los crímenes de Wagner sea particularmente difícil. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que tiene competencia sobre las violaciones de los derechos establecidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (ratificado por la Federación de Rusia), exige que primero se agoten todos los recursos efectivos dentro de Rusia. En este sentido, resultaba necesario realizar una denuncia inicial, a pesar de la expectativa generalizada que el tribunal ruso se negaría a darle curso y a abrir una investigación sobre Wagner.
Un vídeo sale a la luz
En 2017, un vídeo publicado en línea por una fuente desconocida mostraba a cinco hombres con uniforme militar que hablaban ruso y golpeaban violentamente a un hombre sirio vestido de civil. El vídeo circuló ampliamente en 2019 después de que se publicará en línea una versión extensa que mostraba a los hombres torturando, decapitando y mutilando el cuerpo del civil sirio Mohammad Taha Ismail al Abdullah, más comúnmente conocido como Hamadi Bouta. Tras una extensa investigación, el grupo de medios independientes ruso Novaya Gazeta fue el primero en identificar a los autores del vídeo como miembros del Grupo Wagner. Sobre la base de las pruebas recopiladas en la investigación del grupo de medios, tres ONGs, el Centro Sirio para los Medios y la Libertad de Expresión (SCM), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Centro Memorial de Derechos Humanos, redactaron y presentaron una denuncia contra miembros del PMC Wagner encabezada por el hermano de Bouta en representación de la víctima.
La denuncia buscaba que una investigación penal comenzará, en base a presuntas violaciones del Código Penal ruso, que establece que un ciudadano ruso debe ser castigado penalmente en el país por delitos cometidos fuera del territorio ruso, incluidos asesinatos, crímenes de guerra y mercenarismo. Dado que ni los hombres identificados en el vídeo ni Wagner habían sido juzgados en Siria, la denuncia argumentaba que se debía llevar a cabo una investigación sobre el papel de Wagner en Siria en jurisdicción rusa. Tras varias denuncias, solicitudes de información y aplazamientos, el 18 de enero de 2022, el tribunal de Basmanny en Moscú anunció la desestimación de la denuncia, alegando que la falta de acción del Comité de Investigación en este caso estaba justificada. El tribunal afirmó que la denuncia no establecía elementos que configuraran un comportamiento delictual y que el argumento de que ciudadanos rusos estaban involucrados en el asesinato no era convincente. La decisión fue apelada ante el Tribunal Municipal de Moscú, que poco después la confirmópor razones similares.
La vía judicial existente para este caso particular dentro de Rusia se agotó y el proceso demostró que este tipo de casos probablemente no tendrán éxito. Sin embargo, teniendo en cuenta el objetivo más amplio de la denuncia de hacer avanzar el caso a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la decisión del tribunal ruso no fue inesperada. Como dijoIlya Novikov, uno de los abogados que presentó la denuncia: “Lo que nos digan los tribunales rusos no supone mucha diferencia para nosotros. De cualquier forma, nuestra conversación sobre el fondo del caso con las autoridades rusas pasará por Estrasburgo (TEDH)”.
Repercusiones
Las repercusiones de la denuncia van más allá de haber obtenido el derecho a recurrir ante el TEDH y así ilustrar la falta de voluntad del Estado ruso de enjuiciar a los responsables de estos crímenes. Dentro de Rusia, se ha utilizado para generar interés público sobre el tema de la intervención en Siria. El apoyo público a la intervención continúa disminuyendo, aunque no se ha manifestado en un movimiento contra la guerra, particularmente a la luz de la dependencia rusa de mercenarios en lugar de fuerzas estatales. La denuncia también ha hecho avanzar la incipiente conversación sobre el estatus no oficial de los grupos mercenarios en Rusia, considerando su creciente participación en intervenciones en el extranjero. Previamente, el discurso sobre el estatus de Wagner dentro de Rusia había estado dominado por ex mercenarios y sus familias que buscaban derechos similares, si no los mismos, otorgados a los combatientes oficiales del Estado en el exterior. Este caso agrega al debate sobre las milicias en Rusia la perspectiva de las víctimas sirias de abusos contra los derechos humanos a manos de los mercenarios.
A pesar del avance positivo que este caso conlleva, estas conversaciones dentro de Rusia siguen siendo relativamente limitadas, mientras se intensifica la represión de los activistas de derechos humanos y de disidentes políticos. El Centro Memorial de Derechos Humanos, la única ONG rusa de las tres que realizaron la denuncia, fue recientemente blanco de la Ley de Agentes Extranjeros. Una de las organizaciones de derechos humanos más destacadas de Rusia, se vio obligada a cerrar a finales de 2021. La problemática aquí expuesta pone en evidencia la terrible situación de los defensores de los derechos humanos y los disidentes políticos dentro de Rusia.
Con este caso, se intenta poner foco en la complejidad que supone responsabilizar a actores no estatales por violaciones de derechos humanos. La mayoría de los sistemas legales actuales no están diseñados para asimilar las constantes nuevas formas de hacer la guerra, que dependen cada vez más de agentes y fuerzas paramilitares. Sin lugar a dudas, responsabilizar a los perpetradores de crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, particularmente cuando estos aún permanecen en el poder, es un proceso difícil y limitado. La búsqueda de justicia en este caso y también en otros similares en toda Europa, ofrecen al menos un camino a seguir para abordar este tipo de crímenes. Al ser el primer caso con estas características, ha abierto la posibilidad no sólo de abordar la impunidad de la que disfrutan los mercenarios en el contexto sirio, sino también la impunidad que gozan en Chechenia, Libia, Ucrania y otros lugares.
El enjuiciamiento de los responsables no es la única vía para enfrentar la impunidad de las PMC. Las sanciones de Estados Unidos contra Yevegeny Prigozhin, un hombre de negocios vinculado al Kremlin, quien se cree financia a Wagner PMC, buscaban lograr precisamente eso. Si bien las sanciones de Estados Unidos fueron una respuesta a la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016, el caso sirio presentado en este análisis fue citado en la decisión de la Unión Europea de imponer sanciones al Grupo Wagner, junto con tres empresas y siete personas relacionadas con él, por graves abusos contra los derechos humanos. Más recientemente, el Reino Unido también sancionó al Grupo Wagner, ya que supuestamente se le había encomendado el asesinato del presidente ucraniano Zelensky.
Mirando hacia el futuro
Las ONGs y los abogados que presentaron la denuncia aún tienen que continuar con el proceso, con la mirada puesta en una comunidad que busca respuestas. Sin embargo, el Centro Sirio para los Medios y la Libertad de Expresión (SCM) ha dejado claro que seguirá buscando justicia para la familia de Bouta. Tras la decisión del tribunal, el fundador y director de SCM, Mazen Darwish, anunció: “Continuaremos nuestros esfuerzos para buscar justicia para (la) […] familia y todas las demás víctimas, a medida que se exploren más opciones legales, no necesariamente a través de los tribunales rusos”.
Si bien este caso no resultó en una investigación del Grupo Wagner por parte Rusia, fue un primer y necesario paso para responsabilizar a los culpables de la tortura y el asesinato de un civil. Para los sirios que buscan justicia, esto es sólo la punta del iceberg. Los sirios fueron objeto de tortura a manos de fuerzas dirigidas desde el exterior, actores no estatales (PMC, ISIL y otros) y el Estado sirio, no sólo durante este conflicto. Hay generaciones de sirios que aún no han recibido justicia por los crímenes cometidos bajo el régimen de Assad antes de la revolución siria y durante el gobierno de Hafez al Assad. Existen importantes obstáculos para la rendición de cuentas y esto es particularmente evidente en el caso de los mercenarios. Este caso ha demostrado que buscar que las PMC rindan cuentas por los crímenes cometidos, deberá incluir una gran dosis de creatividad y visión de futuro y deberá complementarse con herramientas y vías alternativas de resolución de conflictos.
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El Instituto Tahrir para la Política de Oriente Medio (TIMEP) es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para centrar a defensores y expertos de y en la región de Medio Oriente y Norte de África (MENA) en el discurso político para fomentar sociedades transparentes, responsables y justas.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por The Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP) el 28 de marzo de 2022.
