Por Lorenzo Kamel para The Cairo Review of Global Affairs
Existen diferentes y variadas opiniones sobre la Resolución 181, pero un hecho no se puede negar ni pasar por alto: no fue una solución nacida de los países “libres y soberanos” de la época.
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La resolución 181, aprobada por la Asamblea General de la ONU (AGNU) el 29 de noviembre de 1947, sugirió la creación de dos estados, uno judío y otro árabe. El plan de partición de Palestina habría establecido el estado judío en un área de aproximadamente 14.100 kilómetros cuadrados o el 56.47% del territorio, para ser habitada por quinientos mil judíos, cuatrocientos mil árabes palestinos y noventa y dos mil beduinos (en el desierto de Negev). Es decir, se esperaba que el estado judío albergara un número casi igual de judíos y árabes palestinos. En ese momento, en el área entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, los judíos representaban alrededor del 30% de la población total y poseían aproximadamente el 6.7% de la tierra (“la propiedad de la tierra” no era común en la región: por ejemplo, en Irak en 1951, solo el 0.3 por ciento de la tierra registrada estaba calificada como “propiedad privada”).
En cuanto al estado árabe previsto por la AGNU, habría cubierto aproximadamente 11.500 kilómetros cuadrados (42.88% del total), con diez mil judíos y ochocientos mil árabes-palestinos. Por otro lado, se esperaba que Jerusalén estuviera sujeta a un Régimen Internacional Especial bajo el control de la ONU.
El Plan de Partición provocó reivindicaciones territoriales, demográficas y existenciales. Por ejemplo, los árabe-palestinos se quejaron que, a pesar de la política de inmigración de Gran Bretaña a Palestina a fines de los años 30 y 40, un gran porcentaje de la población judía estaba compuesta por nuevos inmigrantes y que, solo cuatro décadas antes, a principios del siglo XX , los árabes-palestinos representaban alrededor de 90% de la población total. Esta mayoría local incluía sólo un pequeño porcentaje de nuevos inmigrantes provenientes de áreas vecinas (no de otros continentes), lo que en gran medida compensó una ola de migración hacia el exterior. En la segunda mitad de la década de 1930, debido a la inestabilidad reinante, Palestina experimentó un importante movimiento de salida de árabes palestinos, principalmente hacia América del Sur, territorio que alberga la mayor cantidad de palestinos fuera del mundo árabe.
Por otro lado, el liderazgo sionista afirmaba que el futuro estado judío incluía el desierto de Negev (conocido como Naqab en los textos egipcios antiguos), un territorio inhóspito que solo podía ser provechoso luego de realizar grandes inversiones de capital y donde los judíos constituían alrededor del 1 por ciento de la población total de la época. Asimismo, los judíos sionistas se opusieron fuertemente a la exclusión del área al este del río Jordán (Transjordania) y algunos de ellos afirmaron que “Gran Bretaña robó al pueblo judío tres cuartas partes de su país”.
La mayoría de los líderes sionistas estaban convencidos de que el Mandato para Palestina, confiado a Gran Bretaña por la Sociedad de Naciones para administrar Palestina, abarcaba tanto el área al oeste del río Jordán como Transjordania. En su opinión, Transjordania estaba incluida en el “hogar nacional judío”, aunque no contenía ninguna comunidad judía en ese momento.
Sin embargo, la opinión mencionada en el párrafo precedente, que todavía es popular entre una minoría de académicos, pasa por alto el hecho de que el Libro Blanco británico de junio de 1922, que excluía a Transjordania de Palestina, fue solicitado y recibido por la Sociedad de Naciones antes de que se confirmara el Mandato en julio de 1922. En palabras del futuro primer presidente del Estado de Israel, Chaim Weizmann: “Se nos dejó claro que la confirmación del Mandato estaría sujeta a nuestra aceptación de las condiciones tal como se interpretan en el Libro Blanco (de 1922) y mis colegas y yo tuvimos que aceptarlo, lo cual hicimos, aunque con algunos reparos”.
El rol de la ONU y su Resolución 181 desencadenó varias demandas y contrademandas. Se argumentó, por ejemplo, que la ONU asignó al estado judío una importante porcion de territorio que nunca había sido parte integral de ningún antiguo reino israelita (incluida la llanura costera entre Ashkelon y Ashdod) y que, por otro lado, asignó a los árabes-palestinos varias áreas que formaban parte de los antiguos reinos israelitas. Además, según los árabe-palestinos, la ONU no tuvo en cuenta sus necesidades económicas y sociales: de hecho, se les impidió tener un puerto estratégico en el Mar Rojo o una ruta de comunicación directa con Siria. Esto se suma al hecho de que alrededor de una quinta parte de la tierra cultivada con trigo y toda el área cultivada con cítricos, fue asignada al estado judío. En palabras del entonces secretario de la oficina de la Liga Árabe en Londres, Edward Atiyah (1903-1964):
“No solo se les dio a los judíos […] la parte más grande y más fértil del país con el territorio más productivo de la llanura costera y el único buen puerto, quedando los árabes casi privados de comunicaciones marítimas efectivas, sino también 500.000 árabes (o casi la mitad de la población árabe) se quedarían en el estado judío. Un gran número de ellos eran habitantes de Jaffa, la ciudad completamente árabe más grande de Palestina y el principal puerto marítimo de los árabes”.
¿Quién votó por el Plan de Partición?
La Resolución 181, aprobada el 29 de noviembre de 1947, tuvo las repercusiones internacionales más significativas en la historia de la ONU. Sin embargo, es importante señalar que la resolución no fue discutida en una Asamblea General integrada por los 193 países que hoy la componen. De hecho, la Asamblea General estaba compuesta por sólo 56 estados, lo que representa aproximadamente una quinta parte de la población mundial. La resolución fue aprobada por treinta y tres países, trece expresaron su oposición y diez se abstuvieron.
De los 56 estados miembros, los votos de 37 países habrían sido necesarios para alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria para su aprobación. Sin embargo, debido a que los estados que se abstuvieron fueron excluidos del conteo general, la resolución pudo aprobarse con solo el voto a favor de treinta y tres estados miembros. Si se hubieran contado los estados que se abstuvieron, como fue el caso con otras resoluciones, es posible que la resolución no se hubiera aprobado.
Los países que no participaron en la votación por no ser todavía estados miembros fueron Suiza, Suecia, Malta, España, Portugal, Irlanda y por supuesto, los principales perdedores de la Segunda Guerra Mundial: Alemania, Italia, Japón, Austria y Rumania. También quedó excluida casi toda África, cuyos países aún estaban bajo el dominio o la influencia directa de potencias coloniales como Gran Bretaña, Francia, Holanda, Bélgica y España. Además de Etiopía (“liberada” por los británicos en 1941), Liberia (establecida sobre la base de “los principios políticos de la Constitución de los Estados Unidos”) y Egipto (que votó en contra de la partición), el único estado africano no árabe admitido a la asamblea general fue Sudáfrica (aún bajo el régimen del apartheid).
La situación en Asia no era diferente, basta con mencionar que la figura elegida por las potencias occidentales para representar a China fue Chiang Kai-Shek, un líder despótico anticomunista fuertemente apoyado y financiado por Estados Unidos y sus aliados. Incluso en los años y décadas siguientes, las potencias occidentales continuaron brindando apoyo incondicional a Chiang Kai-Shek y cuando este último se vio obligado a exiliarse en la pequeña isla de Taiwán (1949), la mayoría de los gobiernos occidentales lo reconocieron como el único representante del país más poblado del mundo. A pesar de no tener control ni soberanía sobre casi la totalidad del país, la “República de China” de Chiang Kai-Shek siguió representando a toda China en la ONU hasta 1971.
Los países que votaron a favor de la Resolución 181 incluyeron los estados de América Central y del Sur, que en ese momento eran poco más que países satélites de los Estados Unidos, económicamente dependientes de Washington. Otros países que aprobaron la resolución incluyeron estados que, en el mejor de los casos, tenían una soberanía limitada, como Polonia, Checoslovaquia y los demás países que habían sido liberados por las dos superpotencias emergentes: Estados Unidos y la Unión Soviética. En relacion a la Union Soviética, Bernard Lewis señaló que Stalin “veía en la migración judía a Palestina y la lucha por un estado judío una situacion conveniente para debilitar y eventualmente eliminar el poder de Gran Bretaña que, hasta entonces, todavía constituía su principal rival occidental en el Medio Oriente”. Daniel Pipes fue un paso más allá y afirmó que “Stalin aparentemente creía en un poder judio con mucho alcance y que, aliado con el británico, se impondría a el soviético”.
Todo esto nos muestra que la Unión Soviética, las potencias occidentales (con excepción de Gran Bretaña, que se abstuvo en la Resolución 181) y sus “países subordinados” sugirieron una solución a favor de sus intereses particulares y que tenía un apoyo internacional muy limitado.
Mientras que algunos pueden considerar la Resolución 181 como un acto de justicia a favor de un pueblo perseguido y/o la única solución práctica posible, otros pueden considerarla como una imposición injusta e inaceptable sobre cientos de miles de seres humanos y parte de un proceso que fomentó las “categorias raciales”. De hecho, esto podría ser correcto. Sin embargo, un aspecto es cierto más allá de toda duda: de ninguna manera fue una solución nacida del juicio sin prejuicios de los estados mundiales “libres y soberanos” de la época. Esta posibilidad parece aún más clara a la luz de las palabras escritas por un protagonista de esa etapa histórica (y de las décadas que siguieron), el escritor y político israelí Uri Avnery:
“Nadie les preguntó a los árabes palestinos si aceptaban o rechazaban lo propuesto. Si se les hubiera preguntado, probablemente habrían rechazado la partición, ya que, en su opinión, entregaba una gran parte de su territorio ancestral a los extranjeros. Los gobiernos de los estados árabes rechazaron la partición, pero ciertamente no representaron a los árabes palestinos, que en ese momento todavía estaban bajo el dominio británico (como nosotros)”.
¿Quiénes y qué rechazaron?
En los ocho meses que siguieron a la aprobación de la Resolución 181, las fuerzas israelíes arrasaron unas 450 aldeas palestinas. Hasta 770 mil personas, incluidos unos veinte mil judíos expulsados por las milicias árabes de Hebrón, Jerusalén, Jenin y Gaza, fueron desalojadas en cuestión de días y luego se les permitio regresar. Algunos de ellos huyeron por miedo, a menudo después de presenciar el trágico destino de sus familiares y amigos y la “toma organizada” de sus propiedades. Un ejemplo de ello es la expulsión masiva de palestinos de las ciudades de Lydda y Ramle en julio de 1948, que representó una décima parte del éxodo total árabe-palestino. La mayoría de los cincuenta a setenta mil palestinos que fueron expulsados de las dos ciudades lo hicieron bajo una orden de expulsión oficial firmada por el entonces comandante de la Brigada Harel Yitzhak Rabin: “Los habitantes de Lydda”, aclaró Rabin, “deben ser expulsados rápidamente sin importar su edad”. Varios cientos de ellos murieron por agotamiento y deshidratación durante el éxodo forzado.
Una serie de estudios recientes, incluido “Querida Palestina” de Shay Hazkani, han proporcionado una gran cantidad de fuentes primarias que han expuesto las declaraciones del fundador de Israel David Ben-Gurion y del primer ministro de agricultura de Israel, Aharon Zisling, en las que expresaron: “Debemos aniquilarlos (refiriendose a los pueblos palestinos) ” y “perdonar los casos de violación” contra las mujeres palestinas. Por otro lado, los líderes y comandantes árabes locales advirtieron explícitamente que “las casas y los pueblos vaciados por sus habitantes (árabe-palestinos) en violación de estas órdenes serían objeto de demolición y destrucción”.
Durante los siguientes setenta años, una gran cantidad de observadores y académicos relacionaría el comienzo del problema de los refugiados palestinos y más generalmente el conflicto árabe-palestino israelí, con el “rechazo árabe” de la partición de Palestina, en el marco de la ONU en 1947. Aunque a primera vista esta opinión parece tener sentido, la realidad sobre quiénes y qué se rechazó en la década de 1940 es más complicada.
Desde la perspectiva de los árabes palestinos, que a principios de siglo constituían alrededor del 90 por ciento de la población, los años 1947/8 no marcaron el comienzo de la lucha, sino que coincidieron con el capítulo final de una guerra que comenzó con la implementación de una serie de políticas y estrategias de rechazo contra los palestinos.
La periodización es, por supuesto, siempre arbitraria. Sin embargo, es históricamente correcto afirmar que en el año 1907, más que ningún otro, hubo ciertos hechos que actuaron como disparadores del conflicto. Ese año, el octavo Congreso Sionista creó en Jaffa una “Oficina de Palestina” (el “Departamento de Colonización Agrícola“), bajo la dirección de Arthur Ruppin, cuyo principal objetivo, en palabras de Ruppin, era “la creación de un ambiente netamente judío y de una economía judía cerrada, en la que productores, consumidores e intermediarios sean todos judíos”. De hecho, el “rechazo” ocupó un lugar muy destacado en la mentalidad de Ruppin.
El objetivo de una “economía judía cerrada” fue implementado parcialmente a partir de 1904 por los líderes de la segunda y tercera ola de inmigración judía a Palestina a través de políticas como el kibbush ha’avoda (conquista del trabajo) y la práctica de avodah ivrit (“trabajo judio”o la idea de que sólo los trabajadores judíos deben trabajar las tierras judías).
Si bien ambas políticas fueron diseñadas dada la necesidad de ofrecer mayores oportunidades laborales a los nuevos inmigrantes, se convirtieron en un sistema excluyente que bloqueó desde su inicio, principalmente a nivel ideológico, cualquier posible integración con la población árabe local.
Algunos investigadores han hecho hincapié en que la población árabe también tendía a evitar contratar judíos sionistas. Sin embargo, esto no tiene en cuenta el hecho de que los árabes tenían poco interés en emplear a una minoría de nuevos inmigrantes, ya que estos tenían una experiencia agrícola mucho más limitada y no hablaban el idioma utilizado por los habitantes nativos. La no contratacion de trabajadores judíos no fue parte de una campaña política organizada.
También cabe señalar que el “sistema de exclusión” y las dos estructuras sociales y económicas paralelas que surgieron como consecuencia, afectaron otros temas cruciales como el de la tierra y sus recursos. Por ejemplo, el Fondo Nacional Judío (KKL) se estableció con la tarea de comprar tierras en Palestina (y logró comprar el 90 por ciento del total de la tierra propiedad de compradores sionistas).
Las áreas del KKL se administraron de manera discriminatoria en relación a la población árabe. Los agricultores de KKL que fueran encontrados empleando trabajadores no judíos estaban sujetos a multas y/o expulsión. Tales políticas eran alarmantes, especialmente considerando cual era su objetivo, que el futuro primer presidente del Estado de Israel, Chaim Weizmann, describió en una carta a su esposa en 1907: “Si nuestros capitalistas judíos, digamos incluso solo los capitalistas sionistas, invirtiesen su capital en Palestina, aunque solo sea en parte, no hay duda de que la zona mas productiva de Palestina, toda la franja costera, estaría en manos judías dentro de veinticinco años”.
Las políticas de rechazo tuvieron un efecto inmensamente disruptivo en las relaciones intercomunales en Palestina. Una gran cantidad de fuentes primarias provenientes de actores locales de finales del siglo XIX y principios del XX confirman que, antes de la implementación de estas políticas y medidas, las relaciones entre diferentes comunidades eran mucho menos conflictivas.
Por ejemplo, un editorial sin firmar publicado en el diario árabe-palestino Filastīn el 29 de abril de 1914 sostenía: “Hasta hace diez años, los judíos constituían un elemento nativo de origen otomano que convivía fraternalmente. Vivían y se mezclaban libremente en armonía con otros elementos, entablaban relaciones de trabajo, vivían en los mismos sitios y enviaban a sus hijos a las mismas escuelas”.
Estas palabras, a pesar de su tono de disculpa, no estaban lejos de la verdad.
El erudito y autor Yaacov Yehoshua escribió en sus memorias, “Infancia en la antigua Jerusalén”, publicada en 1965, que en Jerusalén “había complejos de viviendas de judíos y musulmanes. Éramos como una familia (…) Nuestros hijos jugaban con sus hijos (musulmanes) en el patio y si los niños del vecindario nos lastimaban, los niños musulmanes que vivían en nuestro complejo nos protegían. Eran nuestros aliados”. En el mismo período, casi el 80 por ciento de los habitantes de Jerusalén vivían en barrios y zonas mixtas.
Lo comentado previamente, no supone la inexistencia de conflictos interreligiosos y/o confesionales. Han sido documentados desde la Edad Media. Sin embargo, su naturaleza y alcance son difícilmente comparables a los de épocas más recientes. Además, no reflejan la realidad de la mayor parte de la historia de la región.
¿Un intercambio recíproco de refugiados?
Si la cuestión de los refugiados palestinos tiene poco que ver con el “rechazo árabe”, lo mismo puede decirse del intento de vincular a los refugiados palestinos con la expulsión de comunidades judías de algunos países árabes. La narrativa dominante sostiene que, al mismo tiempo que 750.000 palestinos “huyeron” de lo que hoy es Israel, un número casi igual —800.000 judíos que vivían en países árabes— se enfrentaron a un “desplazamiento masivo”. Por lo tanto, los palestinos deberían entonces aceptar que hubo un “intercambio de población” entre “refugiados árabes y judíos” y renunciar a sus demandas de retorno y/o compensación.
De hecho, miles de judíos en los países árabes sufrieron discriminación, opresión, amenazas y diversas formas de violencia. El ejemplo más conocido es Farhud, un pogromo de 1941 contra los judíos en el que más de 180 judíos fueron brutalmente asesinados en Bagdad. Según Hayyim J Cohen, “fue el único (evento de este tipo) recordado por los judíos de Irak, al menos durante sus últimos cien años de vida allí”. Independientemente de si estamos de acuerdo o en desacuerdo con las palabras de Cohen, los palestinos no fueron responsables de lo que sucedió en Bagdad o en cualquier otro lugar de Medio Oriente. Pueden ser árabes, pero no eran y no son las mismas personas que los iraquíes.
Los judíos que sufrieron discriminación y brutalidad en ciertos países árabes tienen reclamos legítimos; todas las formas de violencia son igualmente inaceptables y deben ser reconocidas y condenadas. Al mismo tiempo, cabe señalar que, a diferencia de los refugiados palestinos, muchos de los cuales fueron expulsados y/o huyeron por miedo, un gran porcentaje de judíos se fue por el deseo de unirse a su “Eretz Yisrael” (Tierra de Israel).
Una de las razones que se utiliza a menudo para justificar la supuesta responsabilidad moral de los palestinos por las condiciones de los judíos en los países árabes es la figura de Hajj Amin Al-Husayni, el “Gran Mufti de Jerusalén”.
Al-Husayni era partidario del primer ministro Rashid Ali Al-Gaylani en Irak, quien buscaba establecer lazos más fuertes con la Alemania nazi e Italia. A causa del colapso de los gobiernos de Al-Gaylani estallaron los disturbios en Bagdad y luego desencadenaron el Farhud.
En 1941, Al-Husayni se dirigió primero a Italia y luego a Alemania. Dos años más tarde, participó en la formación de una división nazi llamada Handschar, creada en colaboración con el comandante de las SS Heinrich Himmler, que luchó contra los partisanos comunistas en Yugoslavia y cometió varios crímenes contra la población local, incluidos muchos judíos. Dadas sus supuestas credenciales islámicas, se le encomendó la tarea de reclutar musulmanes bosnios y serbios, quienes, junto con algunos voluntarios católicos croatas, formaban el núcleo de la unidad.
No había palestinos alistados en Handschar; por el contrario, alrededor de 12 mil árabes palestinos se unieron al ejército británico para luchar contra las potencias del Eje en 1939.
Debido a su connivencia con el régimen nazi, Al-Husayni se usa a menudo como ejemplo de por qué el pueblo palestino era supuestamente responsable de su trágico destino. Sin embargo, como han demostrado estudios recientes, no era un representante legítimo del pueblo palestino y las autoridades británicas se lo impusieron para cumplir objetivos estratégicos específicos.
La cuestión de la “absorción”
Cuando muchos palestinos se vieron obligados a huir a los países árabes vecinos durante y después de 1947/8, a un porcentaje significativo de ellos se les prohibió (hasta hace muy poco) obtener la ciudadanía y se les prohibió ejercer ciertas profesiones. El sufrimiento de los refugiados palestinos ha sido y en algunos casos todavía lo es, explotado por los líderes de esos países para obtener ganancias políticas.
Sin embargo, una comparación entre los campos de refugiados palestinos en el Líbano o Siria y los maabarot, es decir, los campos de absorción de refugiados en Israel en la década de 1950, es en gran medida engañosa. La razón por la cual se cerró la última ma’abara en 1963 está parcialmente relacionada con el establecimiento de una serie de ciudades de desarrollo en Israel. Aún más importante, sin embargo, es el hecho de que muchos inmigrantes nuevos fueron absorbidos—en muchos casos luego de un proceso doloroso y violento—entregándoles casas palestinas vacías. Cualquier persona que haya visitado Ein Hod, Musrara, Qira y cientos de otros antiguos pueblos, barrios o ciudades palestinas sabe de la existencia de miles de casas que aún están intactas. La mayoría (si no todas) están hoy habitadas por familias de “olim” (inmigrantes). Los refugiados palestinos, por otro lado, no tenían casas vacías listas para acogerlos: esto no era un detalle menor.
Por lo tanto, no debería sorprender que, a la luz de las consideraciones antes mencionadas, muchos funcionarios israelíes hayan rechazado el término “refugiado”. Como señaló el presidente de la Knesset, Yisrael Yeshayahu, en 1975: “No somos refugiados. (Algunos de nosotros) vinimos a este país antes de que naciera el estado. Teníamos aspiraciones mesiánicas”.
El exmiembro de la Knesset, Ran Cohen, fue un paso más allá al decir: “Tengo que decir esto: no soy un refugiado. Vine a instancias del sionismo, por la atracción que ejerce esta tierra y por la idea de la redención. Nadie me va a definir como un refugiado”.
Los palestinos son los únicos refugiados que no pertenecen a la ACNUR y en cambio, tienen su propia agencia (UNRWA). Esto se debe a que la diferencia (en gran medida irrelevante) entre “refugiados derivados” y “descendientes de refugiados” tiene sus raíces en el pleno reconocimiento del alto precio pagado por los palestinos por las decisiones tomadas por la “comunidad internacional” en la década de 1940.
Analizando el presente
Estar al tanto de todo esto no pretende restar importancia a las afirmaciones de ninguno de los habitantes actuales de esta “Tierra de Corazones Rotos”. En cambio, es una forma de reconocer las muchas cicatrices que yacen debajo de este conflicto y de comprender el razonamiento más profundo que el líder sionista Vladimir Jabotinsky, un intransigente de su tiempo, escribió en julio de 1921: “Hoy los judíos son una minoría en Palestina. Dentro de veinte años, fácilmente podrían ser una gran mayoría. Si fuéramos los árabes, tampoco lo aceptaríamos”.
Un siglo después de las palabras de Jabotinsky, es cada vez más común escuchar a analistas y académicos afirmar que Israel pronto se verá obligado a elegir entre dos opciones: “la consolidación de una realidad de un solo estado, que luego lo obligaría a convertirse en un estado de apartheid o conceder a los palestinos la plena ciudadanía”. Estas y otras afirmaciones similares, sin embargo, ignoran o minimizan un tercer escenario que parece mucho más realista: Israel anexará el Área C de Cisjordania (mientras sella aún más la Franja de Gaza) y ofrecerá a los palestinos “autonomía con esteroides”. Tal escenario, propuesto por el actual Primer Ministro de Israel, Naftali Bennett, no requiere ninguna guerra ni la expulsión de la mayoría de la población que reside en el área: los relativamente pocos palestinos que en las próximas décadas aún podrán residir en el Área C tendrán la opción de recibir la ciudadanía israelí.
Fomentar una resolución del conflicto palestino-israelí basada unicamente en los derechos no es suficiente y no cambiará este escenario. Redefinir la lucha por la autodeterminación de los palestinos y desviar el foco de debate de la cuestión del Estado, es una apuesta arriesgada. En palabras del empresario palestino Sam Bahour, en el momento en que la lucha se convierte en “una lucha puramente por los derechos civiles, el juego termina, incluso si la lucha por la totalidad de derechos civiles dura otros cien años”. En última instancia y más aún a la luz de los acontecimientos históricos, nadie debería sentirse con derecho a decirles a los palestinos lo que pueden o deben hacer en su lucha por la autodeterminación.
[Se prohíbe expresamente la reproducción total o parcial, por cualquier medio, del contenido de esta web sin autorización expresa y por escrito de El Intérprete Digital]
Lorenzo Kamel es historiador y autor galardonado. Entre sus libros se encuentran The Middle East from Empire to Sealed Identities and Imperial Perceptions of Palestine: British Influence and Power in Late Ottoman Times, que recibió el Premio del Libro Académico de Palestina 2016.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por The Cairo Review of Global Affairs el 21 de marzo de 2022
