Por Editorial Policy Aanalysis #8 para IMEU
Estados Unidos (EEUU) sigue adelante con sus planes de construir una nueva embajada en Jerusalén en terrenos que Israel robó a refugiados y desplazados internos palestinos, incluidos palestinos estadounidenses.
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¿Por qué es importante este asunto?
- Construir una embajada en Jerusalén en tierras robadas por Israel a los refugiados palestinos viola los derechos de propiedad privada de los ciudadanos estadounidenses y de otros palestinos. Los palestinos tienen títulos claros sobre esta tierra, que fue expropiada ilegalmente por Israel.
- Este plan socava la posición declarada por EEUU en oposición al continuo robo de tierras palestinas por parte de Israel para la colonización ilegal. La administración Biden no puede oponerse de forma creíble a la expropiación de tierras palestinas por parte de Israel mientras hace lo mismo para construir un recinto diplomático en Jerusalén.
- Este plan refuerza las imprudentes medidas políticas de la administración Trump para reconocer la soberanía de Israel sobre Jerusalén y trasladar allí la embajada estadounidense. La administración de Biden no debería dar más pasos para consolidar la peligrosa marcha atrás de 70 años de política bipartidista estadounidense de no reconocimiento de las reclamaciones soberanas sobre Jerusalén, efectuada por la administración anterior.
- Además, el presidente Biden sigue sin cumplir su promesa electoral de reabrir el consulado de EEUU en Jerusalén, que sirvió como un importante vínculo diplomático entre EEUU y el pueblo palestino durante más de 150 años antes de que la administración Trump lo cerrara.
(Para más detalles, véase La importancia de reabrir el consulado de EE.UU. en Jerusalén | IMEU Policy Analysis #1, 14 de noviembre de 2021).
¿Qué debería hacer el Congreso al respecto?
- Los miembros del Congreso deben expresar su oposición en las redes sociales a los planes de EEUU de construir una embajada en Jerusalén en tierras palestinas robadas.
- Los congresistas deben escribir una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, y al embajador de EEUU en Israel, Tom Nides, pidiéndoles que cancelen inmediatamente estos planes y se reúnan con los ciudadanos estadounidenses cuyos derechos de propiedad están siendo violados.
- Los miembros del Congreso deberían considerar la posibilidad de una legislación que prohíba la financiación de la construcción de complejos diplomáticos, por parte de EEUU, en terrenos donde violan los derechos de propiedad de ciudadanos estadounidenses sin su consentimiento.
Antecedentes
El 7 de noviembre, el Comité de Planificación y Construcción del Distrito de Jerusalén publicó un plan detallado, presentado por la Embajada estadounidense en Israel, para la construcción de un recinto diplomático de EEUU en Jerusalén en el lugar conocido como el Cuartel Allenby. Este emplazamiento está situado en la esquina de Hebron Road y Daniel Yanovski Street, ligeramente al oeste de la línea de armisticio israelí-jordana de 1949 en aquella ciudad.
Es importante señalar que EEUU tomó la iniciativa y está liderando este proceso diseñando y presentando los planos para construir una embajada en esta propiedad a pesar del conocimiento detallado del hecho de que casi toda la propiedad en cuestión fue robada por Israel a los refugiados palestinos y a los desplazados internos, incluidos ciudadanos estadounidenses.
El 10 de noviembre, Adalah – Centro Jurídico para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel y el Centro de Derechos Constitucionales enviaron una carta al Secretario de Estado Antony Blinken y al Embajador de EEUU en Israel Tom Nides, en la que pedían a EEUU que cancelara estos planes y se reuniera con los ciudadanos estadounidenses cuyos derechos de propiedad están siendo violados. La carta incluye documentación de archivo sobre la propiedad casi exclusivamente palestina de este lugar, y sobre el hecho de que el gobierno británico pagaba alquileres a los legítimos propietarios palestinos de la propiedad hasta por lo menos la década de 1950.
Israel confiscó ilegalmente esta propiedad a los palestinos a través de su Ley de Propiedad de Ausentes de 1950.
En 2018, la administración Trump trasladó imprudentemente la embajada de EEUU en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén, revocando 70 años de política bipartidista estadounidense que anteriormente había reconocido a Jerusalén como un corpus separatum, negándose a reconocer la reclamación de soberanía de cualquier Estado sobre la ciudad y a prejuzgar el estatus de la ciudad antes de la conclusión de las negociaciones israelí-palestinas sobre su estatus permanente.
Desde entonces, EEUU reutilizó como embajada un antiguo edificio consular de la calle David Flusser, situado en la antigua “tierra de nadie” de Jerusalén, entre las líneas de armisticio de Israel y Jordania. Sin embargo, esta propiedad no es lo suficientemente grande como para albergar a todo el personal diplomático, por lo que EEUU propone ahora construir este nuevo recinto para que funcione la embajada.
EEUU estuvo arrendando el sitio propuesto para la construcción del nuevo edificio, en la esquina de Hebron Road y Daniel Yanovski Street, por un alquiler anual simbólico de 1 dólar, según los términos de un ‘Acuerdo de Compraventa y Arrendamiento de Terrenos’ firmado en enero de 1989 entre EEUU e Israel.
(Para más detalles, véase Traslado de la embajada de EEUU a Jerusalén: consideraciones históricas, legales y políticas, US Campaign for Palestinian Rights, p. 15.)
La reciente documentación de archivo publicada por Adalah, a la que se hizo referencia anteriormente, refuerza la afirmación anterior de que la mayor parte de este terreno es propiedad de refugiados palestinos. En el año 2000, el profesor Walid Khalidi publicó sus conclusiones donde mencionó que al menos el 70 por ciento del sitio es propiedad de refugiados palestinos, incluidos aproximadamente 90 herederos estadounidenses. Esta información fue presentada al Departamento de Estado por el Comité Americano para Jerusalén en 1999.
En otras palabras, el Departamento de Estado tuvo información detallada durante más de dos décadas de que el sitio en cuestión es en gran parte propiedad de refugiados palestinos, lo que desmiente las afirmaciones del Departamento de Estado de que lleva a cabo “una debida y exhaustiva diligencia como parte de nuestro procedimiento operativo estándar [sic] en todos los posibles sitios para las instalaciones de EEUU”.
En 1948, Israel expulsó (u obligó a huir) de sus hogares a unos 750.000 palestinos (tres cuartas partes de la población autóctona que vivía en las zonas de Palestina pasaron a estar bajo control israelí). Estos palestinos se convirtieron en refugiados e Israel se negó a permitirles regresar a sus hogares, violando el derecho internacional. Israel confiscó los bienes muebles e inmuebles de los refugiados palestinos y de los desplazados internos palestinos en un acto de desposesión a gran escala.
(Para más detalles, véase La Nakba y los refugiados palestinos | IMEU Policy Backgrounder, 4 de mayo de 2022).
La construcción de la embajada estadounidense en Israel en una propiedad robada a los refugiados palestinos contradiría anteriores posiciones y compromisos de EEUU sobre la expropiación de propiedades palestinas por parte de Israel. En diciembre de 1948, EEUU votó a favor de la Resolución 194 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual establecía que “debe permitirse a los refugiados que deseen regresar a sus hogares y vivir en paz con sus vecinos que lo hagan lo antes posible, y debe pagarse una indemnización por los bienes de quienes opten por no regresar y por las pérdidas o daños sufridos por los bienes que, en virtud de los principios del derecho internacional o de la equidad, deban ser reparados por los gobiernos o autoridades responsables”.
Sin embargo, ese mismo mes, el Cónsul General de EEUU en Jerusalén expresó su preocupación por el hecho de que la recientemente adoptada ‘Ordenanza sobre Propiedad de Ausentes de Israel’ socava esta resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Dicha Ordenanza permitiría a Israel “vender bienes adquiridos [y] proporciona [un] medio conveniente para [la] liquidación [de] bienes inmuebles de propiedad árabe dentro de las zonas controladas por Israel. La venta de propiedades árabes eliminaría hogares a los que podrían regresar los refugiados”. Por otro lado, el consulado también expresó su preocupación por que esta Ordenanza pudiera afectar negativamente a los derechos de propiedad de los ciudadanos estadounidenses.
En abril de 1949, el presidente Truman escribió al rey jordano Abdullah que EEUU “enfatizó ante el Gobierno israelí su esperanza de que no se adopte ninguna medida antes de las negociaciones previstas en la resolución [194 de la Asamblea General de la ONU] que pueda perjudicar… la cuestión del regreso de los refugiados a sus hogares y la restitución de las propiedades a sus propietarios”.
(Documentos de los Archivos Nacionales de Estados Unidos, disponibles previa solicitud).
La construcción de una embajada estadounidense en tierras robadas a los refugiados palestinos contradice las anteriores posiciones de EEUU en apoyo al derecho de retorno de los palestinos, la restitución de sus propiedades, y también violaría los derechos de propiedad de los ciudadanos estadounidenses.
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N.d.T.: El artículo original fue publicado por IMEU el 8 de diciembre de 2022
