Por Islam Barakat para The Tahrir Institute for Middle East Policy
“Actualmente, no hay libertad, especialmente en lo relativo a la libertad de religión. El Ministerio de Asuntos Religiosos no permitirá que clérigos sin licencia den sermones en las mezquitas. Somos la única autoridad competente para decidir sobre este asunto”. Esta fue la respuesta de Muhammad Abdel Razeq, exsubsecretario del Ministerio de Asuntos Religiosos, en réplica a una pregunta sobre permitir o no que clérigos salafistas pronuncien sermones en las mezquitas.
[Se prohíbe expresamente la reproducción total o parcial, por cualquier medio, del contenido de esta web sin autorización expresa y por escrito de El Intérprete Digital]
Tal respuesta no fue impactante en el sentido de que se trataba de una declaración no muy ajena a la realidad legislativa. Según la Ley nº 157 de 1960, relativa al Ministerio de Asuntos Religiosos, menciona que este (Al Azhar) “asume la gestión de todas las mezquitas, ya sean activas o en cesación de labores/actividades, siempre que estas mezquitas se entreguen en un plazo máximo de diez años a partir de la fecha de vigencia de esta ley. El Ministerio supervisará la gestión de estas mezquitas hasta su entrega, como también supervisará la gestión de las zawiyas (N.d.T.: salas de oración) cuya renovación se emita por decisión del Ministro de Asuntos Religiosos y ordenará a los responsables de las mismas que realicen debidamente sus funciones religiosas”.
Aquella respuesta puede considerarse como la perspectiva oficial estatal -a través de la autoridad religiosa referente en el país, como lo es Al Azhar- en el desenvolvimiento de las libertades religiosas en Egipto desde su independencia. Esto puede referirse a las libertades religiosas como las prácticas o actividades de enseñanza dentro de las mezquitas o la expresión de diferentes opiniones religiosas dentro del sunismo. En cuanto a este último punto, Al Azhar no está completamente satisfecha en su capacidad real, que se basa en el artículo nº 7 de la Constitución egipcia, donde se la califica como “la principal referencia en las ciencias religiosas y todo los asuntos islámicos”. Pero también puede referirse a las libertades religiosas por fuera del sunismo, como en lo concerniente a las comunidades chiitas. Posteriormente se discutirá cómo Al Azhar percibe a diferentes religiones como los bahá’ís y cómo el poder judicial se basó en las opiniones de sus eruditos de Al Azhar para restringir las libertades religiosas de los seguidores de otras corrientes dentro del islam.
“No es posible que este pensamiento -no digo religión, estoy diciendo pensamiento, textos e ideas-, que durante cientos de años hemos considerado sagrado, se haya vuelto casi imposible de cambiar, algo que está resquebrajando a la comunidad”. Esto comentó el presidente Abdel Fattah Al Sisi en la celebración del cumpleaños del Profeta Muhammad en 2015. Allí insistió en apelar a la renovación del discurso religioso: “Necesitamos urgentemente una revolución religiosa. Estoy diciendo estas palabras aquí, en Al Azhar, ante esta asamblea de eruditos y clérigos: ‘Dios Todopoderoso sé testigo de tu verdad en el Día del Juicio Final sobre mis palabras’”
Luego, el presidente se dirigió al Sheij Ahmed Al Tayeb, Gran Imán de Al Azhar: “Ustedes los imanes son responsables ante Dios”. Estas palabras insinúan la visión del Estado, representado por su presidente, sobre la libertad de expresión en la religión, donde las autoridades competentes y los académicos asumirán esta responsabilidad.
De igual forma, el espacio televisivo fue ejemplo de la misma controversia, puesto que en Ma’a Islam (“Con el Islam”), presentado por el reformador e intelectual Islam Al Behairy, criticó la herencia islámica y las centenarias interpretaciones de la Gran Mezquita. De ahí que los eruditos de Al Azhar acusaron a Behairy de insultar al islam, y, en abril de 2015, presentaron una denuncia ante la Autoridad General de Inversiones pidiendo la prohibición del programa. En esta denuncia, preparada por la Academia de Investigación Islámica Azhar (AIRA), se objetaron las repetidas acusaciones de Behairy de que la religión no es una ciencia y que la sharia es comprendida por todas las personas y está dirigida a todas las personas. Behairy afirmó en su programa que todos tienen derecho a entender la religión de acuerdo con sus puntos de vista e inclinaciones personales. La demanda consideró que las declaraciones de Behairy eran un llamado a confundiar a la población, a malinterpretar textos jurídicos y producir desviaciones dentro del islam. Agregaba, además, que todas las religiones y leyes jurídicas tienen restricciones y que Behairy se equivoca al pedir que se eliminen o modifiquen en el islam. El controversial caso se cerró cuando el programa de televisión fue suspendido y Behairy fue encarcelado durante un año por cargos de blasfemia, en diciembre de 2015.
En la misma línea, el Ministro de Asuntos Religiosos y miembro de AIRA, Mokhtar Gomaa, expresó en su libro Toward the Renewal of Religious Discourse (Hacia la renovación del discurso religioso) de 2015, que la renovación del discurso religioso “no debe dejarse en manos de predicadores o blasfemos no calificados o no especializados que buscan sacudir los fundamentos islámicos con el pretexto de una renovación”. De este modo, Gomaa describió el período actual como crítico y enumeró importantes desafíos internos y externos en el país. El funcionario añadió: “Cuando un especialista calificado se esfuerza por aplicar su razonamiento y se equivoca, tendrá una recompensa. Cuando un especialista calificado se esfuerza por aplicar su juicio y tiene razón, tendrá dos recompensas. Sin embargo, aquellos que dan una fatwa sin conocimiento y son correctos incurren en un pecado, y los que dan una fatwa sin conocimiento y están equivocados incurren en dos pecados: primero, el pecado de aconsejar sobre un tema en particular sin calificación y el segundo es de aquellos que los siguen. Las fatwas dadas sin discernimiento propician el mal camino y resultan en la ruina de la sociedad”.
Esto, a su vez, subraya el acuerdo entre Al Azhar y el aparato estatal sobre la restricción a la libertad de discutir opiniones religiosas y, particularmente, fatwas. De ahí que la opinión de Gomaa, como académico, inicie con las enmiendas a la Ley nº 13 de 2012 y algunas disposiciones de la Ley nº 103 de 1961 sobre la reorganización de las instituciones religiosas de la Gran Mezquita. El artículo n° 2b de esta última ley estableció: “Al Azhar es la principal referencia para los asuntos, las ciencias y el patrimonio islámicos, la interpretación de los principios y la jurisprudencia islámica”.
Por otro lado, no es de extrañar que los principales eruditos de Al Azhar vean otras interpretaciones dentro del islam, como la comunidad chiíta, lejos de su disposición sobre la pluralidad de opiniones dentro de la comunidad sunita. En primer lugar, los chiitas tienen prohibido practicar u observar rituales. En noviembre de 2013, unos días antes del Día de Ashura, que marca el aniversario del martirio del Imam Hussein, el Ministerio de Asuntos Religiosos dijo que cerraría todas las mezquitas “para frenar cualquier ritual chiita”. Incluso, el Ministerio de Asuntos Religiosos solicitó al Ministerio del Interior que tomase las medidas de seguridad necesarias para resguardar esta disposición, una solicitud que viola el artículo nº 64 de la Constitución egipcia, que no restringe la libertad de creencia o práctica de rituales para todos los seguidores de “religiones del libro”.
Conjuntamente, instituciones religiosas oficiales publicaron artículos que claramente incitan al odio y la discriminación contra los chiitas. Por ejemplo, el libro The Shiites Are Coming (Los chiitas se acercan) de Saeed Ismail, que fue publicado por la Fundación Akhbar Al-Youm con una introducción de Ahmed Al-Tayeb, imán de Al-Azhar. En mayo de 2015, Tayeb condenó más de una vez las prácticas y rituales religiosos por parte de los chiítas egipcios, describiendolos como “predicación chiita en los Estados sunitas”, en un comunicado publicado en el periódico oficial de la institución, Sout al-Azhar (La voz de Al Azhar). En el mismo periodo, Tayeb en su programa de televisión durante el Ramadán, abordó varios temas controversiales, incluida la opinión chiita sobre los compañeros del Profeta Muhammad, en donde describió a la versión chiita como una “blasfemia e insulto” hacia los compañeros del Profeta. Otros testimonios de la política religiosa del Estado hacia los chiítas fueron publicados en un informe de la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales titulado “La confinada diversidad religiosa estatal: el caso de la libertad religiosa de los egipcios chiítas”, donde se suma a otros testimonios sobre la política religiosa del Estado hacia esta minoría.
Del mismo modo, este monopolio estatal en la práctica del islam y la expresiones de ideas religiosas no sólo se dirigieron hacia los chiítas, sino también a los practicantes de otras religiones que no están clasificadas como “religiones del libro” según la Constitución egipcia. Esta clasificación hace que toda religión por fuera de la norma tenga escasa protección legal a la intervención estatal en comparación con las comunidades anteriormente mencionadas, puesto que son originalmente privadas de todo derecho constitucional. Por ejemplo, según el informe Forbidden Identities emitido por la Iniciativa Egipcia por los Derechos Individuales en 2007, el Estado egipcio trata con los bahá’ís desde una “política de la anulación” de acuerdo con la Ley nº 263 de 1960 que promulgó el expresidente Gamal Abdel Nasser. En virtud de esta ley, las comunidades y asociaciones bahá’ís se disolvieron y se confiscaron todas sus propiedades. De igual forma, en mayo de 2006 el Sheij Sayed Tantawi, Gran Imán de Al Azhar, expresó en una carta dirigida al abogado Mahmoud Abul Leil, Ministro de Justicia: “Los principales juristas islámicos acordaron por unanimidad que el bahá’ísmo no es una “religión del libro”, en respuesta a la pregunta de Abul Leil sobre “la legitimidad de la fe bahá’í y su vínculo con las religiones monoteístas”. La carta también citaba varios ritos bahá’ís y la decisión del Tribunal Constitucional Supremo del 1 de marzo de 1975, donde se expresó: “Aunque la libertad de creencias se hizo absoluta, la libertad de practicar ritos religiosos se condiciona al cumplimiento del orden público y la moralidad pública. La constitución prohíbe el establecimiento de estas comunidades, puesto que sus actividades no cumplen con el orden establecido de la sociedad, es decir, el orden público”.
En conclusión, el papel desempeñado por Al Azhar como guardianes de la identidad religiosa o el Ministerio de Asuntos Religiosos como autoridad responsable de la gestión de las actividades religiosas no se limita a la práctica del islam. Esto se suma al papel constitucional y legal de Al Azhar en la gestión de la libertad de religión y creencias en Egipto. Si existe una voluntad política real de potenciar la libertad de creencia, el papel de estas instituciones deberá ser revocado y adoptar una democracia que realmente favorezca la igualdad de derechos y libertades, en la que ninguna institución religiosa juegue un papel tan poderoso.
[Se prohíbe expresamente la reproducción total o parcial, por cualquier medio, del contenido de esta web sin autorización expresa y por escrito de El Intérprete Digital]
Islam Barakat es investigador sobre libertad de religión y creencias en la Iniciativa Egipcia por los Derechos Individuales. Asistente de investigación en el reporte State’s Islam and Forbidden Diversity Shia and The crisis of Religious freedoms in Egypt 2011-2016.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por The Tahrir Institute for Middle East Policy el 12 de julio de 2018.
