Israel levanta otra barrera a la reunificación familiar palestina

Por Carol Daniel Kasbari para Middle East Institute

Casamiento palestino en Beit Jala. [G. Eric and Edith Matson Photograph Collection/Wikimedia Commons]

El 10 de marzo, el parlamento israelí promulgó un proyecto de ley que niega la naturalización de palestinos cisjordanos y gazatíes que se casan con ciudadanos israelíes. Esta legislación reemplazó una orden provisional similar aprobada en 2003 en medio del levantamiento palestino y renovada anualmente hasta su vencimiento el pasado julio.

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Si bien la mayoría de los extranjeros que se casan con israelíes pueden vivir en Israel y eventualmente convertirse en ciudadanos, los palestinos y algunos otros árabes no pueden. La ley prohíbe la unificación de ciudadanos israelíes o residentes y cónyuges de “estados enemigos” como ser Líbano, Siria e Irán. Sin embargo, la ley afecta principalmente a mujeres y niños palestinos.

El verano pasado, la Knesset no logró renovar la ley porque carecía del apoyo de los miembros árabes y de izquierda de la coalición gobernante. La oposición, encabezada por el ex primer ministro Benjamin Netanyahu, apoya el proyecto de ley pero no lo votó en julio para avergonzar al gobierno.

Sin embargo, esta vez la ministra del Interior, Ayelet Shaked, miembro del partido Yamina de extrema derecha liderado por Naftali Bennett, trabajó incansablemente tanto en la coalición como en la oposición para garantizar el resultado positivo de la votación. Esto derivó que sólo 15 miembros de los 120 miembros de la Knesset votaron en contra de la nueva prórroga por un año. Si bien los laboristas se abstuvieron de votar, solo los dos partidos árabes (Ra’am y la Lista Conjunta) y Meretz votaron en contra.

Shaked y otros funcionarios admitieron que el proyecto de ley está motivado principalmente por el deseo de preservar la mayoría judía de Israel. Un mes antes de la votación, el 9 de febrero, la ministra del Interior dejó claras sus intenciones en una entrevista con el periódico Yedioth Ahronoth. En aquella ocasión Shaked dijo: “No necesitamos andar con rodeos, la ley también tiene razones demográficas”. Además, la ministra agregó: “La ley quiere reducir los motivos para la inmigración a Israel. Principalmente por razones de seguridad, y luego también por razones demográficas”. A lo que agregó, la ley tiene toda la intención de evitar un “derecho de retorno progresivo”.

Los partidarios del proyecto de ley también lo defienden por motivos de seguridad, afirmando que los militantes palestinos pueden utilizar el matrimonio para entrar a Israel. Sin embargo, la agencia de seguridad interna de Israel, Shin Bet, manifestó que desde principios de 2018 “ningún beneficiado por la reunificación familiar ayudó a planificar o llevar a cabo un ataque terrorista. Sin embargo, varios de sus descendientes sí lo hicieron”. La agencia considera como ‘asaltantes’ a seis personas, a cinco como ‘involucrados’ y a otras tres como ‘cómplices’.

Mientras tanto, nadie en Israel se sorprendió de que esta legislación fuera aprobada dado que todos los partidos sionistas, independientemente de su afiliación, creen que Israel es exclusivamente un Estado judío. Además, las autoridades israelíes ocasionalmente reconocen públicamente, como lo hizo Shaked, que los factores demográficos están en el centro del corazón de esta legislación.

Por ejemplo, en julio pasado el canciller Yair Lapid expresó que “No debemos ocultar la esencia de la Ley de Ciudadanía. Es una de las herramientas destinadas para garantizar una mayoría judía en el Estado de Israel”. En realidad, la demografía fue fundamental para la ley desde su creación en 2003 y hasta el veredicto de la Corte Suprema que la mantuvo en 2012.

De hecho, Shaked celebró la aprobación de la legislación el 10 de marzo tuiteando que era una victoria para “un estado judío y democrático”, y una derrota para “un Estado representativo de todos sus ciudadanos”. Esta última expresión es comúnmente utilizada por los ciudadanos palestinos de Israel que representan el 21% de la población, para enfatizar su deseo de igualdad civil y nacional.

Sin embargo, la regulación no se aplica a los aproximadamente 500.000 residentes judíos ilegales de Cisjordania que viven en las “áreas hostiles” y tienen ciudadanía israelí. Por lo tanto, esta ley ejemplifica el ascenso del supremacismo judío en Israel y lo convierte en un Estado judío en lugar de democrático.

La mayoría de los palestinos ven la política como otra ley discriminatoria y racialmente impulsada que es, como lo expresó Amnistía Internacional en un informe de febrero de 2022, parte de un régimen de apartheid en el cual “los palestinos son tratados como un grupo racial inferior y sistemáticamente privados de sus derechos”.

Según el periodista israelí Gideon Levy, “Esta ley es una prueba definitiva del hecho de que no solo hay prácticas sino además hay leyes de apartheid. Es mejor no evitar la verdad: su existencia en los libros de leyes hace que Israel sea un estado de apartheid”,  escribió el editor del diario Haretz, Amos Schocken, en 2008.

Esta fue una pesadilla para decenas de miles de familias palestinas tanto dentro como fuera de la Línea Verde, incluida la mía. Durante 15 años, desde 1998 a 2013, tuve que vivir temporalmente con mi cónyuge palestino nacido en Cisjordania, porque no pudo obtener la residencia para vivir conmigo en Jerusalén. Tampoco pudo abrir una cuenta bancaria, conducir un automóvil, alquilar o comprar una casa u otra propiedad, y ni siquiera pudo viajar libremente entre la casa de su familia en Ramallah e Israel o Jerusalén Este.

En el año 2000, durante las últimas semanas de mi embarazo me quedé en casa de mis padres en Nazaret para tener su apoyo. Cuando comenzó el parto me comuniqué con mi esposo por primera vez, a quien no había visto por semanas debido a que no podía ingresar a Israel sin un permiso.

Mi marido se vió obligado a viajar durante casi un día completo desde Ramallah a Nazaret en lugar de las tres horas que normalmente toma el viaje durante un diciembre muy frío. Parte del viaje fue a pie y requirió cruzar ilegalmente la Línea Verde. Debido a esto, él estaba aterrorizado de que los soldados israelíes lo descubrieran o le disparen. A lo largo del viaje, lo único que quiso evitar fue perderse mi parto y el nacimiento de su primogénito.

En verdad, la ley de reunificación familiar es sólo una de las docenas de leyes israelíes que discriminan a las personas en función de su raza, etnia, idioma u origen. Esta es una de las leyes más discriminatorias en contra de las familias palestinas. Es una violación racista de los derechos constitucionales fundamentales e impide que las familias y los niños se reúnan y disfruten de una vida normal, y prohíbe que los palestinos elijan el amor de sus vidas, vivan donde deseen, e incluso viajen libremente por ciudades y pueblos.

En palabras de Reut Shaer, abogada de la Asociación de Derechos Civiles de Israel, la ley “resulta más xenófoba o racista (que otras leyes) ya que no sólo otorga derechos y privilegios adicionales a los judíos, sino que también niega ciertos derechos básicos a la población árabe”.

La buena noticia es que varios grupos de derechos humanos, incluido Adalah, indicaron que impugnarán la ley ante la Corte Suprema de Israel. Si eso no funciona, las familias palestinas afectadas podrían decidir presentar una petición en contra, bloqueando el sistema judicial y haciendo que la situación sea insostenible para Israel en el largo plazo.

Esta ley no impedirá que los palestinos alcancen su pleno potencial humano. No les impedirá enamorarse y casarse con alguien del otro lado de la frontera, o de tener dos bodas, una en Cisjordania y otra dentro de la Línea Verde, como hice en 1998, o de vivir separados mientras colaboran en la crianza de sus hijos más allá de las fronteras.

Al final del día, es poco probable que las familias palestinas afectadas, como los palestinos de otros lugares, renuncien o entreguen sus derechos sin luchar. Esta es una realidad que hasta ahora los sucesivos gobiernos israelíes no han logrado comprender.

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Carol Daniel Kasbari es Doctora en Análisis y Resolución de Conflictos y cuenta con más de 20 años de experiencia en el diseño y liderazgo de programas en el campo de la mitigación de conflictos, la consolidación de la paz, la promoción y la resistencia no violenta. Es becaria no residente del Programa de MEI sobre Palestina y Asuntos Palestino-Israelíes.

N.d.T.: El artículo original fue publicado por MEI el 15 de marzo de 2022.