Por Emad Moussa para The New Arab
Israel puede intentar sabotear la investigación de la CPI, pero someterla a las herramientas legales de la comunidad internacional desbarata la idea del excepcionalismo, escribe Emad Moussa.
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Un resultado largamente esperado de una extensa y a veces poco metódica diplomacia legal palestina, la CPI determinó oficialmente este mes que tiene jurisdicción sobre los territorios ocupados por Israel en 1967, allanando el camino para la investigación de posibles crímenes de guerra en la región.
Aclamado por los grupos de derechos como un ‘avance histórico’, no se sabe cómo se desarrollará la investigación, sobre todo teniendo en cuenta que la fiscal Bensouda va a ceder el puesto a Karim Khan en junio de este año, y especialmente porque es poco probable que Israel —con el apoyo de Estados Unidos— coopere.
Israel ya ha rechazado la jurisdicción de la CPI, calificando al tribunal de herramienta política para los palestinos y de “antisemitismo sin matices“. No se permitirán las investigaciones de campo y el lobby detrás de escena será la principal contraestrategia de Israel para frustrar los esfuerzos palestinos por liberarse de la actual intransigencia.
Una sentencia contra Israel o la falta de ella puede tardar años. La AP podría incluso no seguir adelante —como hizo con la investigación sobre la muerte de Arafat— o sucumbir a la presión internacional liderada por Estados Unidos. Con la creciente importancia de la ‘amenaza iraní’, junto con las recientes olas de normalización, la presión podría venir también de ciertos estados árabes.
Hay enormes probabilidades, sin duda, pero apenas representa un cambio en la trayectoria general de la lucha palestina desde el primer día. No es ni debe ser un obstáculo para el proceso.
Lo que importa en este momento es el propio proceso de enjuiciamiento legal, que —oficialmente— pone a Israel en el estrado como Estado sospechoso. Ya no se trata de condenas políticas cliché sobre las que Israel puede encogerse de hombros y volver a presentarlas como mero antisemitismo o consideraciones de seguridad.
La posibilidad de que se dicten órdenes de detención contra funcionarios israelíes ya se está dejando sentir en Israel. Contradiciendo todos los actos de valentía y desafío, y a pesar de todas las afirmaciones de inocencia y justo victimismo, la decisión de la CPI ha llevado a Tel-Aviv a informar a cientos de sus actuales y antiguos altos funcionarios de seguridad sobre el riesgo de ser procesados en el extranjero una vez iniciada la investigación. Así que, en teoría, Netanyahu o el ministro de Defensa, Benny Gantz, que dirigió el ataque a Gaza en 2014, podrían ser objeto de la investigación.
Dicho esto, el enfado de Israel con la CPI puede tener menos que ver con las consecuencias inmediatas, posiblemente manejables, de la decisión del tribunal, como las detenciones de altos oficiales del ejército, y más con el temor por los cimientos del propio Estado israelí. Cuando Netanyahu describe la decisión de la CPI como un “ataque” a Israel, se refiere principalmente a que el fallo del tribunal puede poner en peligro las creencias que Israel tiene desde hace tiempo sobre su legitimidad, por lo que también es “antisemita”.
Esta lógica se deriva de la noción de excepcionalismo israelí. A diferencia del conocido excepcionalismo estadounidense, que se basa en el optimismo, el de Israel se basa en la historia de los judíos como pueblo perseguido y, por tanto, en el sionismo como movimiento de emancipación judía. La emancipación otorga al sionismo un halo de santidad, y con esa santidad viene la rectitud y un sentido único de derecho.
El resultado —especialmente cuando lo articula un gobierno de derechas y etnonacionalista— es una ideología que considera que cualquier crítica, por no decir cuestionamiento, del Estado israelí es un ataque a los judíos y a su derecho a existir. Israel se presenta como un país con una misión única y que vive solo en circunstancias especiales, a menudo existenciales.
Someter a Israel a las herramientas legales de la comunidad internacional derriba esta idea de excepcionalidad.
Convierte a Israel en un Estado normal con responsabilidades normales y sujeto a la responsabilidad internacional. Desde 1948, Israel en la comunidad internacional —citando al psicólogo israelí Ofer Grosbard— ha sido el miembro con “trastorno de la personalidad”. Es decir, “el miembro que se sienta en el grupo y todo el mundo se mete con él, y todo el mundo tiene que tratar con él, y cree que siempre tiene razón y es inocente”.
Ser un Estado normal implica asumir la realidad geopolítica, en lugar de esconderse detrás de una ideología. Esto lleva inevitablemente a exponer a Israel a su yo negativo, al hecho aterrador de ser un perpetrador.
Incluso para los llamados sionistas liberales y de izquierdas, los autoproclamados defensores de los derechos humanos de los palestinos y de la solución de los dos Estados, la idea es demasiado difícil de soportar. Se podría pensar que la investigación de la CPI daría a los sionistas liberales un lugar en el que apoyarse. Pero ninguno de los principales grupos sionistas liberales, J Street entre ellos, ha dado la bienvenida a la CPI. Han emitido declaraciones vacilantes diciendo que es un triste reflejo de la ocupación que se haya llegado a esto; pero no han llegado a respaldar a la CPI.
El líder del partido izquierdista israelí Meretz, Nitzan Horowitz, culpó a Netanyahu y a los colonos de “arrastrar a Israel a La Haya”; como si los crímenes de guerra de Israel empezaran y terminaran con los ataques a Gaza, o como si la ocupación y la expansión de los asentamientos no hubieran sido una agresión continua desde el principio, ya sea bajo gobiernos de izquierda o de derecha.
Además, en contra de los esfuerzos de Israel, la decisión de la CPI corrobora la condición de Estado de Palestina.
Haaretz señala correctamente que el fallo de los jueces no dependía de las fronteras de Palestina ni de cuestiones relativas a la búsqueda de una solución al conflicto palestino-israelí. En cambio, consideraron el reconocimiento de Palestina por parte de la Asamblea General de la ONU y el hecho de que la AP se uniera a la CPI en 2015, y juzgaron que estos eran motivos suficientes en virtud del Estatuto de Roma, que determina quién está autorizado a solicitar reparación a la corte.
La decisión de la CPI ha demostrado que la batalla de Israel contra el reconocimiento del Estado de Palestina, aunque tenaz, es improductiva. Al conceder a Palestina un estatus legal, la CPI resta importancia indirectamente al marco israelí del conflicto como uno sobre ‘territorios disputados’, y en su lugar subraya la realidad de Israel como potencia ocupante con una dimensión imperialista.
Esto por sí solo puede facilitar otras batallas legales, debilitando posiblemente —aunque sea de forma acumulativa— la posición de Israel en la comunidad internacional.
Dicho esto, hasta que no se produzca un cambio de poder significativo en Oriente Medio, o hasta que Israel deje de ser útil, no se tomarán contra Israel medidas similares a las adoptadas contra la Sudáfrica del apartheid.
Al final, atacar a la CPI y negarse a cooperar no absolverá a Israel si es culpable de crímenes de guerra.
Para los palestinos, el único crimen que podrían cometer es no seguir con diligencia a la CPI y seguir escalando. La opresión eterna no es una opción.
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Emad Moussa es Doctor en psicología social por la Universidad de Bournemouth. Actualmente se desempeña como investigador y escritor especializado en la política y la psicología sociopolítica de Palestina/Israel.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por The New Arab el 18 de marzo de 2021.
