Por Kareem Chehayeb para TIMEP
La economía libanesa continúa en una espiral negativa que ya lleva 18 meses desde que la crisis monetaria provocó un levantamiento popular y el desmoronamiento de su frágil estructura económica basada en servicios.
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El Banco Central del país, Banque du Liban (BdL), subsidia combustible, trigo, medicinas, y a partir del verano pasado, alimentos básicos. Estos productos se mantienen al tipo de cambio fijo del país de 1.507 liras libanesas por dólar estadounidense.
Sin embargo, recientemente se informó que este costoso programa de subsidios está en sus últimas etapas, justo en un momento en que el desempleo y la pobreza se dispararon y el valor de la moneda disminuyó aproximadamente un 85%. El gobierno libanés y la entidad monetaria, con problemas de liquidez, se están quedando sin recursos para mantener los subsidios, pero eliminarlos por completo agravaría la alarmante hiperinflación del país.
Líbano importa el 80% de sus productos y gran parte depende de bienes subsidiados para sobrevivir. Según el ministro de Finanzas interino, Ghazi Wazni, el programa cuesta USD 500 millones cada mes, la friolera suma de USD 6.000 millones al año. En este sentido, el funcionario afirmó que ya no se puede continuar con el mismo ritmo y no tiene más remedios que quitar algunos alimentos y subir los precios de la gasolina para reducir los subsidios a los combustibles en un 5%.
El BdL originalmente mantuvo un umbral mínimo obligatorio de reserva extranjera de USD 17,5 mil millones, con los problemas de liquidez, es solo cuestión de tiempo antes de que se alcance ese umbral.
Aunque es inevitable, no está del todo claro cuánto tiempo le queda al Líbano antes de tener que levantar sus subsidios. A finales de agosto de 2020 —semanas después de que la explosión del puerto de Beirut desgarrara el corazón de la capital— parecía que el Banco Central sólo tenía reservas suficientes para seguir subvencionando durante tres meses. Una semana después, el presidente de la entidad, Riad Salameh, las fijó en USD 19.500 millones.
Sin embargo, tres meses después, en noviembre, el programa de subvenciones no se detuvo en seco. De hecho, parecía que los funcionarios y Salameh se habían reunido para discutir la posible reducción del índice de reservas obligatorias entre un 3% y 5%, lo que permitiría a las autoridades gastar más reservas del país en la política de subsidios.
En diciembre de 2020, algunos funcionarios señalaron que al país le quedaban reservas para dos meses, mientras que el primer Ministro interino Hassan Diab, subrayó que se podía llegar hasta medio año, en caso de que racionaran los productos subsidiados.
Parece que efectivamente se redujo el coeficiente de reserva obligatoria. A mediados de marzo, Wazni declaró que el Central todavía tiene aproximadamente USD 16.000 millones en sus reservas con solo USD 1.000 a 1.500 millones asignados para subsidios.
El Líbano ya está racionando el combustible y, a fines de marzo, cerró una de sus centrales eléctricas clave en la ciudad sureña de Zahrani durante una semana. Esta situación provocó cortes de energía más prolongados en todo el país, y muchos propietarios de farmacias y panaderías temen que pronto tengan que cerrar sus tiendas.
Mientras tanto, los clientes en las tiendas de comestibles están peleando por lo que queda de alimentos subsidiados y básicos, y se están abasteciendo de lo que puedan encontrar, ya que temen aumentos de precios adicionales.
El programa de subsidios tanto en la teoría como en la práctica resultó infructuoso.
Subsidios para ricos, pagados por pobres
El programa de subsidios del Líbano no solo es caro, sino también regresivo; los más ricos se benefician de los subsidios generales mucho más que los marginados económicamente. Esto se debe a que las clases adineradas tienen el mayor y más consistente acceso a bienes con su poder adquisitivo.
Incluso los hogares que tienen un poder adquisitivo moderado están limitados como resultado de la devaluación de la moneda nacional. Dada la dependencia excesiva del Líbano de los servicios sociales privados con fines de lucro y la falta de redes de seguridad social o servicios públicos viables, su carga económica ahora es aún mayor.
Un análisis de UNICEF y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló que solo el 20% de los subsidios benefician a la mitad más pobre de la población libanesa.
Esto es especialmente preocupante si se considera la desigualdad económica generalizada del Líbano. Según los registros fiscales de 2005 a 2014, el 25% del ingreso nacional se destina al 1% más rico, una proporción mayor que en países como Estados Unidos y Francia. El 0,1% con mayores ingresos gana tanto como el 50% inferior. Sin embargo, mucho cambió desde 2014, especialmente, con la crisis monetaria, explosión del puerto de Beirut y los efectos de la pandemia.
En agosto de 2020, la Comisión Económica y Social de Naciones Unidas para Asia Occidental (CESPAO) informó que la tasa de pobreza casi se cuadriplicó, con más de la mitad de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza. El deterioro de la calidad de vida de las clases con menores ingresos y la erosión de las capas medias indican que el poder adquisitivo se volvió aún más limitado para la mayoría de los habitantes.
Bajo este panorama, casi la mitad de la población está preocupada por el acceso a los alimentos, y casi una cuarta parte padece de inseguridad alimentaria, mientras que un tercio de los refugiados palestinos y la mitad de los sirios tienen dificultades para comprar alimentos.
Además de la ineficacia del programa de subsidios, el empeoramiento de la crisis económica junto con los temores de que se eliminen los subsidios provocó pánico en las compras, el acaparamiento e incluso el contrabando.
Más recientemente, el acceso a los medicamentos se vio extremadamente limitado y más de la mitad de estos productos no están disponibles. Las fuerzas de seguridad frustran rutinariamente los intentos de contrabandear medicamentos subsidiados desde el Líbano a países como Egipto e Irak. Mientras tanto, además de las ya mencionadas compras por pánico, los proveedores almacenan y las farmacias no pueden pagar productos.
Entre la espada y pared
El gobierno libanés solo está funcionando con una capacidad provisional limitada desde la renuncia del primer ministro Hassan Diab el 10 de agosto de 2020. Por su parte, la comunidad internacional está reteniendo la ayuda para el desarrollo y los préstamos hasta que las autoridades acuerden un plan de rescate económico y negocien con éxito un rescate del FMI (Fondo Monetario Internacional). Al respecto, no se puede firmar el acuerdo hasta que un nuevo gobierno asuma.
La inestabilidad del programa de subvenciones ya es evidente. En junio pasado, el precio del pan aumentó un 33%, luego de que las panaderías amenazaran con dejar de distribuir debido a pérdidas financieras. En febrero, ese precio se elevó aún más en 20%.
Sin embargo, levantar el costoso e ineficaz programa de subsidios será económicamente perjudicial. La inflación de alimentos por sí sola en Líbano se encuentra entre las más altas del mundo. Además, los servicios sociales públicos carecen de financiación suficiente o son prácticamente inexistentes y más del 80% de los hospitales del país son privados. Su principal programa de seguridad social implementó recortes presupuestarios en los últimos años y adeuda cuotas gubernamentales impagas.
El Líbano se está inclinando a pasar gradualmente de subsidios generales a específicos, utilizando un préstamo del Banco Mundial de USD 246 millones a tres años para ayudar a suavizar el impacto a través de su Proyecto de Red de Seguridad Social de Emergencia (ESSN).
Este programa proporciona, principalmente, a las familias vulnerables asistencia en efectivo. Sin embargo, en otros componentes tiene como objetivo ayudar a acceder a la educación, mejorar la capacidad en el Ministerio de Asuntos Sociales mal administrado del país y apoyar la “creación y fortalecimiento de sistemas de entrega de redes de seguridad social”. El parlamento votó para aprobar el préstamo en marzo.
Aunque este programa no se promueve como una alternativa de política a largo plazo, se enfrenta a desafíos para ejecutar incluso como una estrategia de mitigación limitada. La ESSN se apoyará en el Programa Nacional de Lucha contra la Pobreza (NPTP) del Ministerio de Asuntos Sociales, que fue criticado como un derroche financiero e ineficaz.
La asignación de asistencia a los libaneses vulnerables ha sido habitualmente un desafío para el Estado. El gobierno tardó meses en brindar asistencia en efectivo por única vez a las familias de menores ingresos para mitigar el impacto económico del cierre por la pandemia en el país, luego de que el Ministerio de Asuntos Sociales señalara que las listas contenían discrepancias.
Las listas fueron proporcionadas por otras ONG internacionales, que llenan un enorme vacío dejado por el estado libanés, así como NPTP. En aquel entonces, hace un año, alrededor del 75% de la población necesitaba ayuda, según el Ministro de Asuntos Sociales.
Además, la crisis monetaria y la política del Banco Central obstaculizan la eficacia del programa. Más de 160.000 familias, unas 800.000 personas, se beneficiarán de un pago en efectivo de 800.000 liras libanesas al mes durante un año. El Banco Mundial y BdL acordaron que el tipo de cambio sería de 6.240 liras por dólar estadounidense. Sin embargo, la tasa del mercado paralelo (dominante), duplica el valor actual.
La medida citada ha sido criticada como un esfuerzo del Central, con problemas de liquidez, para refinanciarse a sí mismo a través de un préstamo destinado a ayudar a los más pobres del país.
Por último, y lo que es más significativo, el programa de subsidios es uno de los muchos ejemplos de política derrochadora e injusta que, en última instancia, causa más daño para el bien social. Tras el fin de la guerra civil del Líbano en 1990, las autoridades desperdiciaron décadas confiando en las organizaciones no gubernamentales y el sector privado para llenar mágicamente un vacío. Éstos, en cambio, deberían haber construido el marco para programas sólidos de bienestar social y un sistema público de salud sólido.
El plan de recuperación económica que el Líbano finalmente pondrá en práctica deberá tener como prioridad la reestructuración y expansión de su frágil seguridad social y servicios. Por ahora, no parece haber una solución rápida a un problema que se remonta a décadas.
Incluso si los subsidios se eliminan gradualmente con un programa de mitigación específico, habrá un impacto negativo para una gran franja de la población que ya experimentó una fuerte disminución en su poder adquisitivo y condiciones de vida en general.
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Kareem Chehayeb es Licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Boston, y Magister en Economía Política del Medio Oriente, King’s College. Es periodista de investigación en The Public Source, una organización de medios independientes en Líbano, publicó trabajos en varias plataformas como The Washington Post, Foreign Policy, Middle East Eye y The Intercept.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por The Tahrir Institute for Middle East Policy el 30 de abril de 2021.
