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El Interprete Digital

Por qué Sudán aún no está fuera de peligro

Por Hafed Al Ghwell para Arab News

Soldados estadounidenses apoyan evacuación en Sudán del Sur. [The U.S. Army / Creative Commons]

En el momento más álgido de las protestas que acabaron derrocando a Omar Bashir, Sudán se convirtió en un inesperado faro de esperanza en una región plagada de enconados fracasos de democratización tras los levantamientos árabes de 2011. El estancamiento de los procesos políticos, la guerra civil y los movimientos contrarrevolucionarios ahogaron las esperanzas de los árabes para liberarse por fin de décadas de autoritarismo. 

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Sudán se atrevió a ser diferente

El movimiento de protesta tuvo que hacer lo imposible y capitalizar el impulso de sus triunfos para evitar una reincidencia conocida. Un consejo de militares golpistas intentó dominar el período de transición de dos años tras la remoción de Bashir. Sin embargo, cualquier oportunidad de democratizar el país habría fracasado si el movimiento de protesta se retiraba. 

Por otra parte, un gobierno militar sin control sólo iba a alimentar a otro Bashir, mientras que la ilegalización de la participación en la Junta garantizaba el despliegue de violentas medidas de represión y ponía en peligro a todo el movimiento. La única manera de lograr la democratización completa de Sudán y, de paso, solucionar los antiguos males que perjudicarían a un futuro Estado nacional estable, era que este período de transición, que tanto costó conseguir, iba a necesitar de la máxima participación civil.  

El próximo mes, Sudán cumplirá el segundo aniversario de la destitución de Bashir. En esos dos años, el gobierno transicional cívico-militar permaneció intacto, a pesar de algunas ocasiones donde los líderes civiles amenazaron con retomar las protestas para contrarrestar la intransigencia de los militares. Las autoridades de transición, lideradas por el Primer Ministro Abdalla Hamdok, pudieron navegar las aguas turbias de la política para acelerar las reformas económicas, impulsar la paz y colocar a Sudán en el camino hacia la democracia. Estos esfuerzos fueron recompensados por la comunidad internacional que trabajó a la par del gobierno de Hamdok. 

Estados Unidos removió a Sudán de la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo que habilitó al Banco Mundial organizar un fondo fiduciario para canalizar la ayuda internacional, junto con el programa de asesoramiento estructurado del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la reforma de las subvenciones.  Sin una financiación externa seria, el endeudamiento extremo amenazaba con derribar el incipiente Sudán post-Bashir, donde la economía ya enfrentaba notables dificultades debido al COVID-19. Además, Sudán aún no se había recuperado de la pérdida de la mayor parte de los mayores yacimientos petrolíferos del país, luego de que la independencia de Sudán del Sur los pusiera en manos de un país extranjero.

Junto con los elevados niveles de deuda acumulados durante la era Bashir, una economía dilapidada habría socavado cualquier beneficio político derivado de la resolución de los numerosos conflictos locales de Sudán. También, habría puesto en peligro la democratización en un Estado que aún arrastra las cicatrices de los ciclos de revoluciones, golpes militares y salpicaduras de gobierno democrático desde su independencia hace 65 años.

Sin embargo, como siempre, el peso de estas reformas económicas recaen en el pueblo sudanes cada vez más exasperado, cuyas aspiraciones a un gobierno civil aparecen subordinadas a las disputas entre los nuevos grupos dominantes. Hasta ahora, los recortes en subsidios y la devaluación de la moneda provocaron que la inflación de los productos básicos supere el 340%.

Las políticas habituales de la reforma económica colocaron a las organizaciones civiles sudanesas, las más críticas, en una situación dificultosa. Si se rehusaban a participar, el pueblo sudanés perdería su voz en las deliberaciones críticas sobre la política económica. Sin embargo, seguir participando en el proceso de reforma económica significaba que no había otra opción que consentir un programa de reforma respaldado por el FMI. Actualmente, Sudán se enfrenta a una recesión económica producto del colapso de la moneda, la pérdida de poder adquisitivo y el declive de la productividad profundizado por el COVID-19. 

Son estos mismos problemas los que desbarataron movimientos similares a favor de la democracia en sus vecinos del norte y los que ahora amenazan un modelo de asociación al que se aspiraba entre civiles y militares. La propia historia de Sudán, bastante reciente, ya predijo la probabilidad de que la democratización retrocediera. Un gobierno civil, a finales de la década de 1980, heredó una crisis económica imposible que provocó escasez, pérdidas de productividad, dificultades de importación y protestas desenfrenadas. La inestabilidad resultante y los persistentes y violentos conflictos localizados se convirtieron en un pretexto para que Bashir lanzara un golpe militar.

De manera alarmante, el general Abdel Fattah Abdelrahman Al Burhan, General del Ejército y actual Presidente del consejo de soberanía, amenazó el año pasado con una toma de posesión militar, y señaló a la parálisis económica y a las persistentes protestas como prueba de la ineficacia del gobierno civil de Hamdok. Lo único que impide un resultado así es que los militares aún necesitan la condonación de la deuda y el acceso a las finanzas internacionales, lo que sólo es posible si el periodo de transición permanece bajo control civil.

Por otro lado, no es sólo un relevo militar lo que amenaza con hundir los sueños sudaneses de una democracia estable y dirigida por civiles. Para resolver disputas de larga data y desarmar o integrar a numerosos actores armados no estatales en una infraestructura militar y de seguridad formal, varios grupos rebeldes firmaron el Acuerdo de Paz de Juba en octubre pasado. Aunque a corto plazo redujo la probabilidad de que regrese la violencia en algunas partes de Sudán, también añadió una dinámica extra al proceso de transición. Los representantes de los grupos rebeldes forman ahora parte del gobierno interino, lo que diluye la influencia civil y aumenta el riesgo de que se produzcan enfrentamientos entre los antiguos beligerantes: los militares y los rebeldes. Además, el Acuerdo de Paz de Juba puso a cero el reloj de lo que debía ser una transición de 39 meses, retrasando aún más la elección del primer gobierno plenamente democrático de Sudán.

Ahora un señor de la guerra, un economista y un incondicional partidario del régimen de Bashir son figuras centrales que pelean por poder e influencia, mientras se acercan las elecciones previstas para 2024. Mientras tanto, la antaño célebre coalición de líderes civiles se encuentra paralizada por la retirada de algunos de sus miembros, que se oponen a los últimos acontecimientos en el proceso político de Sudán. Los que permanecen, se encuentran maniobrando entre carteras ministeriales y compromisos gubernamentales. 

Hasta ahora, una calma superficial está previniendo el estallido de hostilidades entre las Fuerzas de Apoyo Rápido (N.d.T.: grupo paramilitar formado por decreto de Omar Bashir en 2013) y el Ejército, siendo que las primeras se resisten a los intentos de integración con los militares. Los grupos rebeldes, también retomaron el reclutamiento de combatientes, incluso en los campos de desplazados internos, violando los términos del acuerdo de paz firmado el año pasado. Los grupos que continúan involucrados en los enfrentamientos de la región de Darfur aún no firmaron el Acuerdo de Juba. El gobierno estima que costará 7.5 billones de dólares en diez años.

Los observadores externos, la comunidad internacional y los actores locales más optimistas, confían en que el progreso de la reforma económica y los efectos a corto plazo del Acuerdo de Paz puedan transformar a Sudán en un Estado desarrollista, políticamente estable y con una economía en crecimiento. El Primer Ministro Hamdok ya está familiarizado con el modelo etíope, debido a su participación en Naciones Unidas en Addis Abeba, y sus prioridades demuestran que está sentando las bases para ello. 

Sin embargo, sólo tendrá éxito con la cooperación de la comunidad internacional, un desempeño positivo de la economía y la estabilidad política de un proceso inclusivo que promueva la organización política, el diálogo y la participación. Teniendo en cuenta los recientes acontecimientos, esto será un acto de equilibrio imposible y, sin intervenciones urgentes o compromisos renovados de las partes interesadas en una transición pacífica, la guerra civil podría regresar mucho antes de las elecciones de 2024.

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Hafed Al Ghwell es socio senior del Instituto de Política Exterior de la Universidad John Hopkins de Estudios Internacionales Avanzados. También es asesor en la Consultora económica internacional Maxwell Stamp en la Asesora de Riesgo geopolítico Oxford Analytica, miembro del Grupo Internacional de Asesoría Estratégica en Washington DC y ex asesor de la junta del Banco Mundial. 

N.d.T.: El artículo original fue publicado por Arab News el 24 de Julio de 2021