La ley turca protege a los abusadores y niega a las mujeres el derecho a la justicia

Por Deniz Yuksel para The New Arab

Mujeres turcas protestan con un cartel que dice “haremos cumplir la Convención de Estambul”. [Hilmi Hacaloğlu/Wikimedia Commons]

Una mezcla tóxica de misoginia generalizada y políticas que hacen retroceder las protecciones básicas ha hecho que el estado de los derechos de las mujeres en Turquía entre en caída libre, escribe Deniz Yuksel.​​

Mientras Turquía enfrenta una crisis de femicidios en todo el país, el gobierno reducie las protecciones mínimas y ataca a las mujeres por hablar.

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Las organizaciones de derechos de las mujeres dicen que la tasa de femicidios se duplicó aproximadamente entre 2011 y 2019. En la raíz de esta violencia está la misoginia generalizada, pero el reciente aumento de incidentes es el resultado de políticas gubernamentales que no protegen los derechos de las mujeres y dejan a los perpetradores libres. El gobierno turco no publica estadísticas oficiales completas sobre la violencia de género, pero los monitores independientes revelan una realidad desgarradora. Casi 3.500 mujeres fueron asesinadas en Turquía desde 2008, según el sitio en línea Monument Counter  que documenta los casos de violencia contra las mujeres y conmemora a sus víctimas. El sitio registró 66 muertes en 2008. Esa cifra está aumentando constantemente desde entonces y alcanzó un máximo de 421 muertes en 2019.

Sin embargo, en lugar de proteger los derechos de las mujeres y las niñas, el gobierno turco las está privando de un instrumento fundamental para combatir la violencia de género. El 20 de marzo, el Presidente Recep Tayyip Erdogan emitió un decreto presidencial a media noche para retirar a Turquía del Convenio del Consejo de Europa (CdE) para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, más conocido como el Convenio de Estambul.

La Convención de Estambul es el tratado internacional de mayor alcance que aborda la violencia contra las mujeres. Las partes de la Convención están obligadas a seguir las normas del tratado sobre la prevención y el enjuiciamiento de la violencia de género y establecer servicios de apoyo como refugios y asistencia médica.

Turquía fue el primer país en ratificar el Convenio de Estambul en 2012, con el firme apoyo del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) del Presidente Erdogan y de grupos de mujeres. Tras la ratificación, el gobierno aprobó una serie de leyes nacionales que garantizaban los derechos de las supervivientes de la violencia de género.

Luego, en 2020, bajo la presión de una ruidosa minoría de conservadores religiosos, los miembros del AKP comenzaron a amenazar con abandonar la Convención. Quienes se oponían al tratado comenzaron a derribarlo con argumentos enraizados en la misoginia y la homofobia. Cuando el gobierno anunció su retiro del tratado, intentó justificar esta decisión  alegando que la Convención se está utilizando para «normalizar la homosexualidad» y que es «incompatible con los valores sociales y familiares de Turquía».

La retirada de Turquía de la Convención de Estambul es un movimiento trágico que pone en riesgo vidas y envía un mensaje peligroso a los abusadores violentos de que el Estado está de su lado. Este anuncio es especialmente preocupante dado el aumento en los incidentes de violencia doméstica desde el inicio de la pandemia de COVID-19.

Como lo demuestra la propia admisión del gobierno, detrás de esta decisión se esconde un fundamento misógino y homofóbico y un profundo desprecio por los derechos de las mujeres, las niñas y las personas LGBTIQ.

Pero el anuncio no fue una sorpresa. Desde hace casi una década, las organizaciones de derechos humanos  denuncian que el gobierno no hace cumplir las leyes nacionales establecidas para aplicar el Convenio de Estambul ni publica estadísticas precisas sobre la violencia de género  Los sobrevivientes de abuso dicen que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se niegan a creer en sus testimonios y niegan sus peticiones de protección. Una mujer presentó 23 denuncias a la policía contra su ex marido antes de que él la matara, en enero de 2021. Una investigación sobre la negligencia policial sobre este caso concluyó rápidamente sin encontrar culpables.

Cuando las peticiones encuentran el favor de la policía y los fiscales, los tribunales bloquean los esfuerzos para garantizar la justicia. Los tribunales turcos tienen un historial notorio de liberar, absolver y dictar sentencias reducidas a hombres acusados ​​de femicidio. Las campañas en línea son prácticamente la única forma en que las personas pueden responsabilizar al sistema legal partidista de Turquía.

Tomemos un caso emblemático: cientos de miles de publicaciones con la etiqueta #SuleCetIcinAdalet (Justicia para Sule Cet) circularon en las redes sociales durante más de un año, después de que dos hombres violaran y asesinaran a Sule Cet en mayo de 2018.

En diciembre de 2019, la presión pública obligó a las autoridades a condenar a los responsables, que fueron liberados en tres ocasiones durante el proceso judicial. La falta de ejecución y los juicios indulgentes crearon una atmósfera de impunidad que empodera a los abusadores y niega a las mujeres el derecho a buscar justicia.

Para empeorar las cosas, los funcionarios turcos al más alto nivel están avivando las llamas del odio con declaraciones misóginas y anti-LGBTQI. Cuando un grupo de estudiantes comenzó a protestar pacíficamente en la Universidad Bogazici de Estambul, en enero de 2021, el gobierno respondió utilizando la homofobia contra los manifestantes.

«No escuche lo que estas lesbianas están diciendo», dijo el Presidente Erdogan, «las madres son el pilar de la familia». Las protestas continuaron a pesar de la violencia policial y de las detenciones. El Ministro del Interior, Suleyman Soylu, llamó a los detenidos «pervertidos LGBTIQ», en un tuit que Twitter catalogó como «conducta de odio».

La represión contra los estudiantes de Bogazici es parte de un patrón más amplio. Desde un intento fallido de golpe de Estado, en julio de 2016, las autoridades turcas obstaculizan cada vez más los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Las protestas se enfrentan con frecuencia con la violencia policial y los manifestantes son objeto de detenciones arbitrarias y enjuiciamientos por motivos políticos sobre la base de su activismo.

Las defensoras de los derechos humanos no se libraron. La indignación por las políticas gubernamentales generó el movimiento de derechos humanos de las mujeres más popular en la historia del país. Desde que el gobierno anunció su intención de retirarse del Convenio de Estambul, miles de personas salieron a las calles a protestar.

A pesar de que los funcionarios garantizaron que el Estado protegería los derechos de las mujeres, la policía obstruye las protestas feministas, a veces con violencia, y deteniene a mujeres defensoras de derechos humanos.

En lugar de tomar medidas enérgicas contra las mujeres por afirmar su derecho a vivir sin violencia, el gobierno turco debería comenzar a escuchar sus demandas. Las autoridades deben revertir la decisión de abandonar el Convenio de Estambul y trabajar para su plena implementación.

Los gobiernos de otros países, incluidos los miembros del CdE y los Estados Unidos, deberían seguir exigiendo al gobierno turco que revoque su devastadora decisión.Estos Estados deben garantizar que los derechos humanos están en la primera línea de su compromiso con las autoridades turcas.

Los funcionarios turcos deben abstenerse de hacer declaraciones de odio que empoderen a los perpetradores de violencia de género. Las autoridades también deben respetar el derecho a la protesta pacífica, detener la detención arbitraria de mujeres y activistas LGBTIQ e investigar el uso ilegal de la fuerza por parte de la policía durante las manifestaciones.

En ausencia de políticas que respeten, protejan y cumplan los derechos de las mujeres y las niñas, la crisis de femicidios en Turquía no muestra signos de desaceleración. El día en que Turquía declaró su retirada del Convenio de Estambul, se informó que al menos cuatro mujeres fueron asesinadas. Más morirán a menos que el gobierno actúe.

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Deniz Yuksel es especialista en defensa de Turquía en Amnistía Internacional EE. UU. Anteriormente, realizó una investigación sobre Turquía en el Washington Institute for Near East Policy y otros.

N.d.T.: El artículo original fue publicado por The New Arab el 9 de abril de 2021.