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El Interprete Digital

Qué pasa cuando Egipto no reconoce a las minorías religiosas no oficiales

Por Ishak Ibrahim para The Tahrir Institute for Middle East Policy

Centro Mundial Bahá’í, Haifa. [Embajada de Estados Unidos en Israel/ Creative Commons]

Algunas minorías religiosas no son reconocidas oficialmente por las instituciones egipcias. Como resultado, estas minorías no reciben un conjunto de derechos constitucionales básicos, sobre todo los de libertad de religión, de creencias, de opinión y de expresión. Asimismo, sus seguidores están sujetos a una vigilancia y persecución continuos bajo el pretexto de que cometen actividades ilegales.

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Vale la pena mencionar que Egipto es un país con una enorme diversidad religiosa. Además de la mayoría musulmana, y los cristianos y judíos reconocidos, hay otras comunidades minoritarias no reconocidas, incluidos los bahá’ís, los testigos de Jehová y algunas minorías musulmanas, incluidos los chiítas, los coránicos y ahmadies, que no son reconocidos por instituciones oficiales y religiosas.

Los bahá’ís son el grupo religioso independiente más grande que no es reconocido. La difusión de la fe bahaí en Egipto se remonta a principios del siglo XX y las principales conversiones se dieron en diciembre de 1924. La comunidad celebraba asambleas religiosas en edificios designados y publicaba y distribuía literatura a través de su propia editorial. Por su parte, la presencia de los testigos de Jehová en Egipto se remonta a la década de 1930, cuando pudieron registrarse legalmente en las gobernaciones de El Cairo y Alejandría.

Las dos comunidades enfrentaron importantes reveses desde 1960, cuando se emitió un decreto presidencial que ordenó cerrar los foros y centros de los bahá’is, cancelar sus actividades y confiscar sus propiedades. Asimismo, Egipto también puso fin al reconocimiento oficial de la secta de los testigos de Jehová por acusaciones de apoyar al sionismo. 

Por otro lado, el movimiento coranista, que representa a una de las minorías musulmanas del país, surgió en Egipto en la década de 1970. Sus seguidores creen que el Corán es la única fuente de la Sharia y la única referencia religiosa, es decir,  sin necesidad de recurrir a otras fuentes, como los Hadices o la Sunna. El Dr. Ahmed Subhy Mansour es el padre espiritual de este movimiento. Fue expulsado de la Universidad de Al Azhar en 1987 y encarcelado durante dos meses a fines del mismo año acusado de negar la Sunna. Actualmente, vive en Estados Unidos, donde estableció el sitio Ahl Alquran.

Marco legal que regula las libertades religiosas en Egipto

En teoría, el sistema legal egipcio garantiza la igualdad y la libertad de creencias para todos los ciudadanos. Sin embargo, este derecho no está garantizado para todas las sectas religiosas y está sujeto a ciertas consideraciones que pueden socavar estos derechos. El sistema legal reconoce sólo las tres religiones abrahámicas: el islam, el cristianismo y el judaísmo. Los ciudadanos no pueden elegir otras religiones que no sean estas. La Constitución también define al islam como la religión del Estado y a los principios de la ley islámica como la principal fuente de legislación. Es más, en el artículo nº 7, la Constitución egipcia obliga a la misma mayoría musulmana a seguir una doctrina y una interpretación exclusiva del islam por parte de la institución religiosa oficial: Al Azhar. Este artículo constitucional se utiliza para justificar las graves violaciones contra ciudadanos egipcios que no son seguidores de esta doctrina institucional.

Por otro lado, el artículo nº 64 de la Constitución establece que la libertad de creencia es absoluta. Sin embargo, conlleva dos restricciones. La primera es que este derecho está garantizado únicamente a los seguidores de las tres religiones abrahámicas. En segundo lugar, el artículo establece que la realización de rituales religiosos y la construcción de lugares de culto están regulados por la ley, lo que abre la puerta a la prohibición de reuniones de ciudadanos en ocasiones religiosas o sociales con el pretexto de que se estaría violando la ley. De hecho, cualquier grupo religioso que desee obtener el reconocimiento oficial debe presentar una solicitud al Departamento de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, que decide si ese grupo representa alguna amenaza para la unidad nacional o la paz social. Al mismo tiempo, se consulta a las principales instituciones religiosas existentes como parte de esta decisión.

Estado del poder judicial sobre las sectas religiosas no reconocidas

Los fallos judiciales apoyaron las decisiones de los funcionarios de revocar el reconocimiento de los bahá’ís y los testigos de Jehová y restringir el reconocimiento de nuevas sectas religiosas, como fueron los casos de desaprobación a reconocer la Secta de San Pablo Apóstol y la Iglesia de San Atanasio de la Iglesia Ortodoxa. Los tribunales egipcios se basaron en el concepto de orden público para proteger los intereses de las religiones divinas —especialmente el islam y el cristianismo en menor medida— y limitar el reconocimiento de los grupos religiosos que se escinden o emergen de ellos. 

Por ejemplo, en 1975 el Tribunal Constitucional Supremo ratificó el cierre de las reuniones bahá’ís. El fallo declaró que la fe bahaí no era parte de alguna de las religiones aprobadas por Dios, con lo que quedaba fuera del alcance del islam y, por lo tanto, no estaba protegida por la Constitución.

Paralelamente, el Tribunal Administrativo se negó a incluir la mención de la fe bahaí en documentos oficiales o documentos de identidad, ya que representa una “violación del orden público”. En cambio, se incluye el signo (-) en los documentos de identidad en el campo de la religión sólo para los bahá’ís, una medida que no se aplica a las demás religiones no reconocidas. 

En este contexto, el mismo Tribunal Administrativo rechazó la apelación interpuesta por un seguidor de la comunidad de los testigos de Jehová contra la decisión del Gobierno que incluía la prohibición en las oficinas notariales de los Testigos de Jehová. Según esta prohibición, las oficinas notariales no pueden certificar ningún contrato de matrimonio en el que uno o ambos cónyuges sean declarados testigos de Jehová. Además, no está permitido que las oficinas notariales acepten ninguno de los procedimientos para autenticar firmas o documentos emitidos por la ‘Watch Tower Bible’, ‘Tract Society’, o la misma Asociación de Testigos de Jehová.

Un miembro de la comunidad había solicitado establecer una asociación llamada ‘Asociación Cultural Cristiana de Testigos de Jehová para el Desarrollo Comunitario’, pero la Autoridad de Registro Nacional y el Registro Nacional de Bienes Raíces se negó a acreditar la fecha del contrato de alquiler de un departamento a nombre de la asociación, que se encuentra en proceso de constitución, por lo que archivó el caso.

Perspectiva de las instituciones religiosas oficiales

Aunque la fe y los rituales bahaís difieren claramente del islam, ya sean sunitas o chiítas, la mayoría de los juristas musulmanes consideran que los bahá’ís son un grupo disidente del islam. Sus seguidores, por tanto, son considerados apóstatas y sus rituales representan una amenaza para el orden público. Las instituciones religiosas en Egipto, como Al Azhar y Dar Al Iftaa (organismo oficial para emitir opiniones jurídicas islámicas), emitieron variadas fatwas oficiales contra la fe bahaí, en las que consideraron apóstatas a sus seguidores y advirtieron contra ellos a la comunidad nacional. En una fatwa emitida por Dar Al Iftaa, la fe bahaí fue considerada una de las sectas subversivas del islam, por lo que la gente debería tener cuidado y prestar atención a sus “males, artimañas y corrupción”. Es más, el Ministerio de Dotaciones Religiosas del Gobierno también organizó varios talleres durante 2015 para “revelar los peligros bahá’ís”.

En un contexto relacionado, se emitió una fatwa oficial sobre la posición de la ley islámica en la comunidad musulmana Ahmadía. Dar Al Iftaa declaró que, “el Qadyaniyya o el Ahmadiyya no son más que un movimiento subversivo y un malicioso juego colonial que no tiene nada que ver con el islam y no es parte de él. Más bien, es una religión independiente y una creencia corrupta e infiel. De ahí que lo que creen sus seguidores se considera una obvia blasfemia. Por lo tanto, abrazarlo, adoptarlo a sabiendas y voluntariamente por los musulmanes se considera una apostasía de la religión del islam, y el Poder Judicial es el que se encargado de actuar”.

Naturalmente, la Iglesia copta ortodoxa considera herejes a los seguidores de los testigos de Jehová y advierte que no se acerquen a ellos. Anba Botros, el obispo general y supervisor del canal satelital de la Iglesia Aghapy TV, formó un equipo de jóvenes llamado “sala de operaciones críticas para resistir la expansión del evangelismo y los testigos de Jehová”. Algunos reportajes televisivos presentados en el canal también revisaron la historia del grupo bajo el nombre de ‘Little Foxes’ (pequeños zorros). De hecho, el difunto Papa Shenouda declaró varias veces que el grupo está prohibido por la ley egipcia.

Consecuencias de la falta de reconocimiento

El hecho de no reconocer una comunidad religiosa da como resultado la falta de derechos legales pertinentes, por lo que las autoridades prohíben los lugares de culto para estas religiones, no reconocen su liderazgo religioso y las conducen a una incapacidad comunitaria para realizar sus rituales religiosos y oficiar matrimonios de acuerdo con sus creencias. Asimismo, sus seguidores pierden el derecho a obtener documentos oficiales en los que se registre su verdadera religión o creencia. En otras palabras, no pueden expresarse libremente, sin persecución.

Como resultado, los seguidores de estas minorías religiosas no oficiales están sujetos a restricciones de seguridad, vigilancia y citaciones que podrían implicar una condena a juicio por desprecio a las religiones divinas y amenaza a la paz social. Según los testigos de Jehová, las autoridades interrogaron a varios de sus miembros debido a su estatus no reconocido en las gobernaciones de El Cairo y Minya. Además, el Gobierno también prohíbe la importación y venta de publicaciones de los bahá’ís y los testigos de Jehová, y se confiscó su material religioso.

Por otro lado, ni los seguidores de las comunidades chiitas o ahmadi tienen lugares de culto oficiales en Egipto. Debido a las medidas de seguridad contra ellos, no suelen anunciar su adhesión a estas comunidades, a excepción de algunos líderes. Esto es así porque las instituciones religiosas islámicas los consideran cismáticos del islam. Cabe mencionar que Reda Abdel Rahman, bloguera e investigadora de ‘Pensamiento Coránico’, se encuentra detenida a espera de una investigación desde el 22 de agosto de 2020. 

Debido a los cambios políticos en Egipto desde 2011 y en los años anteriores, varios de los líderes de estas sectas no oficiales reclaman por los derechos de estas comunidades y piden que las instituciones oficiales se ocupen de ellos. Sin embargo, esta tendencia retrocedió en los últimos años, especialmente con el cierre de la esfera pública y el declive de los derechos personales en general.

Sin embargo, las declaraciones del Presidente durante la segunda edición del Foro Mundial de la Juventud en Sharm El Sheikh alentaban el respeto por la diversidad religiosa de estos ciudadanos. Esto fue respondido por Hatem Al Hadi, ciudadano bahaí, quien escribió un artículo titulado: “Sí, señor presidente, hay otras religiones en Egipto”, donde señalaba que existen problemas que obstaculizan el derecho de los bahá’ís a la ciudadanía en comparación con sus conciudadanos, incluidos los problemas relacionados con la Ley del Estado Personal y la falta de asignación de dominios para enterrar a sus muertos. Particularmente, estas necesidades deben ser atendidas antes de que la comunidad aspire a construir sus casas de culto.

El exdiputado Mohamed Fouad también presentó una solicitud para mayor información tanto al Presidente del Parlamento como al Primer Ministro sobre el derecho de los ciudadanos egipcios a realizar sus rituales religiosos. Afirmó que los bahá’ís enfrentan una larga lista de problemas, incluidos los relacionados con la autenticación de documentos oficiales o la Ley del Estado Personal, además de la negativa del Estado a asignarles tierras para sepultar a sus muertos y la ausencia de lugares de culto para ellos, así como para otras minorías.

La forma en que el Gobierno trata con las sectas religiosas nuevas o no oficiales se basa en varios criterios, el más importante de los cuales es proteger los intereses de las religiones establecidas y reconocidas, especialmente el islam y el cristianismo. Las instituciones oficiales religiosas de estas dos religiones abrahámicas desempeñan un papel destacado en determinar la forma en que las nuevas comunidades son tratadas. Lo más normal es que sean rechazadas porque son vistas como renegadas del marco religioso especificado por estas instituciones. Simultáneamente, los estereotipos de los seguidores de estas sectas se promueven como moralmente decadentes —como es popular entre los bahá’ís— o como personas que tienen agendas externas, en términos de una gran teoría conspirativa —como es el caso de los testigos de Jehová. En conclusión, estas políticas y prácticas violan el derecho de las personas a la libertad de creencias y conducen a la denegación de una amplia gama de derechos y libertades civiles y sociales.

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Ishak Ibrahim es investigador y activista especializado en temas relacionados con la libertad de creencias y las minorías religiosas en la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales. Es licenciado de la facultad de Economía y Ciencias Políticas de la Universidad de El Cairo.

N.d.T.: El artículo original fue publicado por The Tahrir Institute for Middle East Policy el 2 de junio de 2021.