Movimiento obrero, salario digno y legislación laboral en Irán

Por Fruzan Afshar para Middle East Research and Information Project (MERIP)

Trabajo o bendición. [Azadeh Bahramji-UNESCO/Creative Commons]

El 8 de abril de 2020, los representantes del gobierno iraní junto a al empresariado y los trabajadores reanudaron un proceso de negociación —estancadas desde hace mucho tiempo— con la intención de revisar el salario mínimo nacional. Frente a una economía muy golpeada por la pandemia y las devastadoras sanciones impuestas por Estados Unidos (EEUU), las perspectivas de un aumento salarial con apoyo del gobierno y el empresariado son escasas.

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Desde el lado de la mesa de negociaciones de los trabajadores, el aumento del 15% propuesto por el gobierno y respaldado por los empleadores, fue magro cuando se lo comparado con la inflación que durante años ha socavado sustancialmente el poder adquisitivo de los salarios. Esta cifra también estuvo por debajo de las expectativas sociales que los propios sindicatos promovieron, sobre todo al exigir aumentos salariales superiores a lo que probablemente concederían sus contrapartes. [1] Si bien los empleadores inicialmente buscaron congelar los salarios, los representantes sindicales insistieron en que incluso un aumento del 45% apenas comenzaría a compensar la caída en el nivel de vida de los trabajadores. De hecho, algunos dirigentes sindicalistas exigieron aumentos de hasta el 60%. Si los sindicatos acordaban aumentos menores, ¿cómo hubiera afectado a su reputación?

Una nueva ley de salario mínimo se aprobó alrededor de la medianoche, aunque nunca se llegó a un acuerdo. En una decisión poco común, los representantes laborales se retiraron del recinto en señal de protesta, y dejaron que el gobierno y las empresas ratifiquen el aumento del 21% con una mayoría de votos. Dos días después, más de 6.000 trabajadores y activistas laborales, entre ellos intelectuales y periodistas, emitieron una comunicado objetando la «violación del tripartidismo», al tiempo que elogiaron a los representantes del sector por negarse a ratificar negociación «injusta».

Al declarar ilegal el nuevo salario mínimo, los demandantes pidieron que se revocara y se reiniciaran las negociaciones, para aumentar aún más las tasas salariales e igualar la tasa de inflación anunciada por el gobierno. Así, se podría cumplir con el salario básico medido, formalizado e informado por el Estado a través del mecanismo Canasta Básica Alimentaria (CBA). La CBA es un proceso institucionalizado para recopilar datos sobre los gastos de los hogares con el fin de estimar el costo de vida promedio, el cual según la legislación laboral iraní es, junto con la tasa de inflación, el criterio para establecer el salario mínimo.

Pero ¿por qué los opositores y disidentes políticos apelaron esta figura en una demanda de protesta? ¿Por qué los disidentes deben optar por tomar la palabra del Estado? ¿Por qué no apuntar a una cifra de salario digno más generosa —hay disponibles más de una docena— aunque sea ignorada por el gobierno cuando los datos oficiales son cuestionados por se sesgo? Por ejemplo, en 2020, el Sindicato Libre de Trabajadores Iraníes exigió un salario mínimo de más de nueve millones de tomanes cuando el salario digno estimado por el gobierno no superaba los cinco millones. [2]

Sin embargo, el uso de datos elaborados por el gobierno no es un hecho aislado; es una táctica clave del movimiento obrero iraní. Si bien el desafío abierto a las leyes formales y al discurso oficial, a menudo, atrae la atención de los medios y militantes opositores, la movilización obrera también puede adoptar formas más sutiles. Enfrentando importantes desafíos para la organización, un segmento cada vez mayor de los representantes laborales iraníes está utilizando la ley como un recurso simbólico, para evitar el ostracismo político y asegurar una plataforma. Sacando provecho de la complejidad de las normas y principios del derecho laboral, este grupo innovador puede volver el lenguaje estatal en contra de sí mismo y promover los intereses de los trabajadores.

El movimiento obrero está utilizando la ley de forma innovadora y estratégica, no necesariamente con el objetivo de hacerla cumplir, sino para ganar legitimidad, comunicar un mensaje, promover la movilización y esquivar la represión.

La definición de la CBA

Después de que se introdujera la legislación laboral vigente en 1990, la tasa de inflación publicada por el Banco Central recibió mayor atención durante las negociaciones del salario mínimo. Sin embargo, la cuestión del costo de vida se dejó en un segundo plano, porque antes de 2017 no había acuerdo sobre la metodología para su estimación. El Estado tardó casi tres décadas en desarrollar un mecanismo institucional específico que traduzca una vaga obligación legal en cifras concretas.

El Consejo Supremo del Trabajo, organismo encargado de revisar el salario mínimo, está formalmente integrado por representantes sindicales, gubernamentales y empresariales. Debido a que los miembros sindicales carecen de recursos políticos y movilización importantes, éstos optaron por fortalecer su posición a través del uso estratégico del hasta entonces ignorado marco legal. Una estrategia posible fue identificada en las disposiciones del artículo 41 de la ley laboral. El mismo estipula que el salario mínimo debe estar ligado a la CBA «independientemente de las capacidades físicas e intelectuales de los trabajadores y las características del trabajo en cuestión». Sin embargo, la legislación no dice qué institución es responsable de definir este requisito y cómo debe calcularse. Por progresiva que parezca la cláusula, en la práctica, era poco más que una mancha de tinta sobre el papel que sugería cifras radicalmente diferentes para el salario digno según las percepciones e intereses de los diferentes actores.

Ya en la década de 1990 los sindicatos oficialmente sancionados comenzaron a presionar al gobierno para que el cálculo resulte en un salario digno o, al menos, se les proporcione acceso a datos con los cuales calcular su propio índice de salario digno. [3] Esta demanda cobró un nuevo impulso en 2004 cuando se creó el Ministerio de Bienestar y Seguridad Social; institución a la cual se le asignó la responsabilidad de participar en el cálculo de una línea de pobreza oficial. Sin embargo, las demandas un salario mínimo oficial no fueron atendidas, porque el ministerio consideró que esa información era sensible y confidencial. Algunos de los representantes sindicales que entrevisté manifestaron haber solicitado los datos, e incluso esperaron horas en vestíbulo del ministerio, sólo para irse con las manos vacías.

Debido a la inacción del Estado en la determinación del salario digno, los sindicatos comenzaron a construir su propio índice para la línea de pobreza utilizando datos recogidos de forma independiente a través de encuestas de hogares. [4] En 2012, el Consejo Supremo de Asociaciones de Gremios Laborales creó el Comité Especial para el Relevamiento de los Precios de Mercado con el fin de monitorear las fluctuaciones de precios de diferentes artículos de consumo doméstico. [5] Aunque los sindicatos continuaron sus intentos para calcular un salario digno, el gobierno y algunos gremios cuestionaron el índice construido por considerarlo defectuoso y poco científico. Mientras tanto, estos últimos ignoraron los pedidos para el establecimiento del mecanismo acordado para la construcción de un índice de salario mínimo oficial. Siendo que la definición de un valor para el salario mínimo no garantiza su adopción, los sindicatos esperaban que la cifra pudiera utilizarse como moneda de cambio durante la negociación con el gobierno y el sector privado. [6]

Como señaló la representante sindical Alireza Heidari en 2016, «el cálculo del salario digno crea una serie de compromisos para el gobierno y los empleadores que, incluso si no se cumplen de inmediato, pueden servir como modelo para la formulación de demandas por parte de los sindicatos». [7] En una entrevista con el sitio de noticias Ilna, Ali Khodaei, representante de los trabajadores en el Consejo Supremo del Trabajo, explicó que «la institucionalización del costo de vida tiene la ventaja de que el gobierno y los empleadores reconocieron que los trabajadores tienen derecho a mucho más de lo que se les paga. Además, los miembros laborales del Consejo utilizaron la tarifa de la Canasta como moneda de cambio en las negociaciones de 2019 y 2020». [8]

Aunque los sindicatos continuaron presionando para que se establezca un índice y metodología para el cálcuo del salario mínimo, el único avance en este sentido se produjo con la elección del presidente Hassan Rouhani en 2013. Bajo la gestión de su antecesor, Mahmoud Ahmadinejad, la Casa del Trabajo (la confederación sindical nacional iraní) tuvo una relación conflictiva con el presidente. [9] Por su parte, la administración de Rouhani asignó a Ali Rabiei, un funcionario de alto rango dentro de la Casa del Trabajo, como Ministro de Trabajo. Ansioso por preservar el respaldo político de los sindicatos, Rabiei demostró ser fundamental en la creación de un índice de salario mínimo. Además, durante su gestión y bajo la esfera del Consejo Supremo del Trabajo se conformó un comité tripartito encargado de proporcionar, mantener y publicar datos sobre el costo de vida.

Por lo tanto, lo que llegó a conocerse como la canasta básica alimentaria surgió de compromisos y disputas en las altas esferas de poder. La presión externa al gobierno para definir un salario mínimo no fue la principal fuerza impulsora. En todo caso, las organizaciones sindicales opositoras generalmente mostraron más interesadas en generar su propio índice que en exigir al Estado la definición del mismo. Por ejemplo, Nameh-ye-Mardom (Carta de la Gente), la principal publicación del partido socialista Tudeh, afirmó en 2017, «creemos que los trabajadores no deben permitir que los empleadores, el gobierno que sirve a sus intereses, y los llamados representantes laborales lideren la determinación del salario mínimo. Los comités salariales [deben constituirse] en las empresas para calcular el costo de vida de una manera precisa y objetiva». [10] Sin embargo, otros intelectuales socialistas percibieron a la constitución de la CBA a como un hecho positivo. [11]

Disidentes disfrazados

A pesar de todo su escepticismo frente al Estado, muchos representantes del movimiento obrero no se niegan a integrar el índice de la CBA a su discurso político, incluso cuando pueda hacerlos sonar contradictorio, ingenuo o sumiso. [12] Un amplio número de artículos académicos, publicaciones periodísticas, entrevistas y declaraciones políticas hacen referencia a la CBA, para denunciar el proceso de formulación de políticas gubernamental y exigir una mejora en la distribución económica para la clase trabajadora —incluso si pocos creen en la precisión del índice. Dada la amplia cobertura televisiva, el público en general también conoce la CBA y el valor del costo de vida. En el grupo de Telegram de la Casa de Trabajo que cuenta con más de 6.000 miembros, los trabajadores utilizaron la CBA para criticar el valor del salario mínimo. Un usuario escribió: «¿No te parece gracioso? Básicamente, están diciendo que un trabajador necesita cinco millones de tomanes para sobrevivir. Y luego dicen: ‘Bueno, ¡te vamos a dar 3 millones!'». Muchos iraníes ven a los datos oficiales como números inventados por el gobierno para confundir y desacreditar a los medios de comunicación independientes. De esta manera, la CBA es descartada como otra farsa para generar falsas esperanzas entre los trabajadores, así como para crear la apariencia un gobierno informado y competente. Por eso mismo, la sociedad en general asume que el salario mínimo real debe ser mucho más alto.

El gobierno y los sindicatos publicaron el mecanismo de la CBA como parte de un proyecto tecnocrático para cerrar la brecha entre el salario mínimo y el aumento del costo de vida. Sin embargo, desde un principio el gobierno afirmó que aumentar el salario mínimo hasta el valor del salario mínimo no era una «opción económicamente realista o viable». [13] De hecho, no se propuso plan de acción alguno ni la brecha entre las dos cifras mostró algún signo de disminución. Más, el valor de la CBA se ubica tres veces por encima del salario mínimo legalmente desde que se calculó por primera vez en 2017. Por su parte, los críticos afirman que este instrumento resultó, tal cual se sospechaba, en grandes promesas con pocos resultados. 

Aunque no es vinculante para los trabajadores, el Estado proporcionó un punto de partida legal a partir del cual evaluar el salario mínimo. Por eso, y a pesar de algunas dudas, muchos líderes sindicales encuentran un argumento válido en la CBA al exigir un salario mínimo más alto. Pese a que existen otras estimaciones más generosas, el uso del índice oficial brinda legitimidad e inclusividad a la demanda. Englobadas en un discurso legal y oficial, sus demandas atrae aliados porque reduce el temor de represalias por parte del gobierno. Como parte de la ley y, por ende, parte del Estado, los sindicalistas incorporan estratégicamente la CBA en su retórica política. [14]

La CBA no es el único caso en el que el gobierno iraní proporciona munición retórica a la oposición. Los símbolos legales a menudo son invocados por la sociedad civil para denunciar las prácticas laborales auspiciadas por el gubernamental. Muchos activistas creen que tienen una mayor probabilidad de éxito si confrontan al Estado en sus propios términos y usan su propio lenguaje para argumentar que el gobierno mismo promueve contradicciones, transgresiones o hipocresía. Aunque producidos por una maquinaria estatal de la que desconfían profundamente, muchos activistas laborales no tratan a la ley estatal, el discurso oficial o los códigos legales como necesariamente ajenos, antagónicos o intrusivos. En lugar de simplemente resistirse a la autoridad del Estado, los activistas laborales se involucran, reorientan y tratan de movilizar al Estado en contra de sí mismo. Al igual que con las nociones universalistas de equidad y justicia o los convenios internacionales de organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo, los trabajadores y activistas unen los hilos del derecho con una retórica y estrategia flexibles. Al hacerlo, no están simplemente predicando la ley a un orden político. Más bien, buscan influir la percepción pública sobre la de equidad, legitimidad, riesgo u oportunidad política real o no. Aunque generalmente se interpreta a la distancia como un signo de consentimiento político, dichos usos de la ley son fundamentales para la movilización, reclutamiento y formación de alianzas impulsada por el movimiento obrero.

La política y el derecho

El 14 de abril de 2020, pocos días después de que se aprobara un aumento del 21% del salario mínimo, un grupo de trabajadores de la planta de caña de azúcar de Haft Tapeh realizó una protesta simbólica, para denunciar el incumplimiento del artículo 41 de la ley laboral por parte del Consejo Supremo del Trabajo. Uniéndose a la creciente ola de protestas contra el nuevo salario mínimo, los manifestantes entregaron en persona un volumen del Código Laboral en la oficina local del consejo con una nota adjunta en rojo que decía: «Esto es para recordarles que la ley no tiene importancia cuando los intereses de los empleadores están en juego». [15]

Mientras que los trabajadores y activistas recurren a la retórica legal para presionar por salarios más altos, cada actor realiza su propia interpretación de las leyes laborales. Si bien el artículo 41 se refiere claramente a la indexación de los salarios con la inflación no todos están de acuerdo. Por ejemplo, después de que se estableció el valor del salario mínimo en 2013, un bloque de sindicatos oficialistas presentó una demanda contra la decisión del consejo de aumentar el salario mínimo «solo un 25% cuando la inflación llegaba al 32%». Sin embargo, la corte rechazó la denuncia porque interpretó que el artículo implica prestar «atención a» la tasa de inflación pero no indexación. [16] Si se pretendiera que el salario mínimo aumentara automáticamente con la inflación, argumentaron algunos, el proceso de negociación que conduce a la determinación del salario sería redundante. [17] Aunque la redacción del artículo puede dar alguna credibilidad a esta interpretación, el fallo de la corte no logró desacreditar la interpretación dominante que proporciona motivos para los reclamos del movimiento obrero en torno al salario mínimo.

Las ambigüedades de la ley no son dilemas a resolver sino oportunidades para que los actores políticos interpreten creativamente las reglas y eleven demandas que sirven a sus propios intereses. Por ejemplo, según el estatuto del Consejo Superior de Trabajo, el establecimiento de un nuevo salario mínimo sólo requiere el voto positivo de una mayoría simple de los miembros del consejo. Por lo tanto, una vez que dos lados de la negociación acuerdan una cifra, no es necesario que el tercero se sume. Este mecanismo normalmente significa la marginación del movimiento obrero, porque el gobierno se alinea con el sector privado aunque afirma suscribir el principio del tripartidismo. Cuando la ley del salario mínimo fue ratificada en 2020 sin el consentimiento de los sindicatos, muchos activistas recordaron aspectos de la ley vigente como el tripartidismo para cuestionar su legalidad. Al igual que otros sistemas legales alrededor del mundo, la legislación laboral iraní no es completamente coherente. Más bien, la ley es un mosaico de reglas y principios que chocan entre sí, se superponen o aplican en paralelo y, por lo tanto, ofrecen argumentos para las demandas del movimiento obrero.

La negociación del salario mínimo en Irán a menudo se describe como un proceso guionado y sistemático. Por eso mismo, para muchos militantes de izquierda las negociaciones son una fachada para la falsa representación y participación de los trabajadores, mientras que las decisiones son consensuadas entre el gobierno y el sector privado. Sin embargo, se está desarrollando una política real y a través del mecanismo de negociación del salario mínimo. A pesar de su naturaleza no competitiva y controlada desde arriba, las instituciones tripartitas creadas por el Estado iraní no funcionan tan bien como lo suponen sus críticos. Por ejemplo, la CBA fue el resultado de disputas políticas, negociaciones y compromisos que tuvieron lugar dentro de la burocracia estatal en lugar de un diseño y planificación estrictamente dictados por el gobierno de turno.

Tampoco puede entender el pleno impacto de una ley a partir de su objetivo o diseño inicial. Si bien en un principio los sindicatos percibieron la CBA como una herramienta para fortalecer su poder de negociación frente a sus contrapartes negociadoras, la medida generó mayor escrutinio público y presión para que no solo afectara a sus oponentes sino también a sí mismos. Los sindicatos ahora pueden ser juzgados por sus propios estándares, y su historial no es precisamente ejemplar. Si bien la mayoría de los estudios sobre la regulación laboral y el discurso de la República Islámica de Irán se centraron en los efectos adversos sobre los derechos y el bienestar de los trabajadores, al mismo tiempo se le prestó poca atención a cómo se pueden articular las reglas y códigos sancionados oficialmente para mejorar las condiciones de trabajo. Ya sean demandantes sentados en la banca de un tribunal o trabajadores que llevan un folleto a la oficina de su representación laboral local, estos actores están involucrando y cuestionando el cuerpo formal de la ley, envolviéndola en una miríada de significados controvertidos, efectos imprevistos y luchas políticas.

[Se prohíbe expresamente la reproducción total o parcial, por cualquier medio, del contenido de esta web sin autorización expresa y por escrito de El Intérprete Digital].

Fruzan Afshar es investigadora independiente con base en Teherán, Irán.

N.d.T.: El artículo original fue publicado por MERIP el 9 de febrero de 2021.

Referencias:

[1]  “The Employers’ Representative at the Supreme Labor Council: We Still Propose a ‘Wage Freeze’ Until After Corona,” Tasnim, April 2, 2020. [Persian] “We Seek a 60 Percent Wage Increase,” Tasnim, March 7, 2020. [Persian]

[2] “The Statement of the Free Union of Iranian Workers Regarding the 2020 Minimum Wage,” Kayhan London, February 10, 2020.

[3] Interview by the author with a union representative, April 2020.

[4] “For Once Enforce the Article 41 of the Labor Law,” Karvakargar, December 4, 2012. [Persian] “The Working Household’s Cost of Living is Estimated to be Over One Million and 100 Thousands Tomans,” Karvakargar, January 14, 2013. [Persian]

[5] “The Special Committee for Discovering the Market Prices Starts Working,” Mehr News, December 11, 2012. [Persian]

[6] Interview by the author with a union representative, Tehran, November 2018.

[7] “The Rest of the Labor Representatives Should not Violate the Subsistence Basket,” ILNA, March 7, 2016. [Persian]

[8] “Merely Calculating the Subsistence Basket is Useless,” ILNA, December 19, 2020. [Persian]

[9] Farhad Nomani and Sohrab Behdad, “Labor Rights and the Democracy Movement in Iran: Building a Social Democracy,” Northwestern Journal of International Human Rights 10/4 (Summer 2012).

[10] “Toward a National Campaign in Defense of the Workers’ Wages,” Name-ye Mardom 1041 (December 25, 2017). [Persian]

[11] Fariborz Rais-Dana, Hamdeli Daily, March 5, 2017.

[12] Tudeh Party of Iran, April 2, 2018. Radio Zamaneh, April 10, 2020. “Why Are Pensioners’ Interests Not Served?” Name-ye Mardom 35 (July 20, 2020). “Bulletin of the Communist Party of Iran,” CPIRAN, September 2020. [All Persian]

[13] “The Labor Ministry’s Policy for Bridging the Gap Between the Wage and the Cost of Living Was Announced,” Mehr News, February 16, 2018. [Persian]

[14] “The Waves of Unemployment through Casualisation,” Payaam, June 29, 2019 [Persian]; Yashar Javid, “Enacting Slavery Wage for Workers,” Rahekargar, April 11, 2020 [Persian]; Rahkargar, April 26, 2020 [Persian]; “The Minimum Wage Enactment at Odds with Workers Interest,” Name-ye Mardom 5 (April 2, 2018) [Persian]; The statement by Free Union of Iranian Workers, Iranwire, April 11, 2020. [Persian]

[15] “Haft-Tappeh Workers Sent a Volume of Labor Law to the Labor Office,” Ilna, April 14, 2020. [Persian]

[16] For the full text of the verdict, see Divan-e Edalat, March 18, 2014.

[17] “Bahaadori Jahromi: The Workers’ Minimum Wage Can be Revoked in the Justice Tribunal” SNN, May 3, 2020. [Persian]

[18] “Shari’atmadaari: The Labor Issues Can be Resolved Through Tripartism,” IRNA, October 28, 2018. [Persian]