Por Dalia Ghanem para Middle East Institute (MEI)
El 26 de enero, una periodista argelina del canal público TV4 Tamazight, Tinhinane Laceb, fue asesinada por su esposo. Sólo dos días antes, el 24 de enero, Warda Hafedh, una madre de cinco hijos de 45 años, fue asesinada por su cónyuge. Warda recibió tres golpes en la cabeza con un martillo y cinco puñaladas en el corazón. El ataque sucedió frente a su hija de seis años.
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Tinhinane y Warda son sólo dos víctimas entre muchas. El octubre pasado, la historia de Chaïma, una joven de 19 años que fue secuestrada, violada, golpeada y quemada viva en el pequeño pueblo de Thénia, fue noticia. El conmovedor video de la madre de Chaïma pidiendo al Presidente Abdelmadjid Tebboune que ordene la pena de muerte contra el asesino de su hija suscitó un debate en las redes sociales sobre su aplicación. La pena de muerte sigue vigente en Argelia, pero está suspendida desde 1993 tras una moratoria. Según los medios de comunicación locales, el presidente Tebboune pidió la aplicación de una “pena máxima sin posibilidad de alivio o indulto”.
El asesinato de Chaïma y otros asesinatos recientes provocaron indignación en Argelia. Muchos argelinos expresaron su enojo en las redes sociales por esta peligrosa tendencia de violencia contra las mujeres, con el hashtag #WeLostOneOfUs como tendencia en Twitter. En Argel, Béjaïa, Constantine y Orán, cientos de mujeres desafiaron las restricciones de bloqueo pandémico para protestar y expresar su enojo por el aumento de feminicidios en el país y la inercia del Estado.
El femicidio y otras formas de violencia de género se están convirtiendo en una verdadera crisis de salud pública. No se dispone de estadísticas completas sobre la violencia de género y el femicidio en Argelia. Sin embargo, las cifras publicadas anualmente por la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) y la Gendarmería son preocupantes ya que representan sólo la punta del iceberg. Las estadísticas recientes de la policía, recogidas por los medios de comunicación argelinos, informan que en 2018 se registraron más de 7.000 casos de violencia contra las mujeres. En cuanto al femicidio, según el único recurso disponible, “feminicides-dz“, un sitio web creado por dos activistas feministas que rastrean el fenómeno y cuyo objetivo es dar a conocer los rostros y las historias de las víctimas, 75 mujeres de todos los orígenes y edades —hasta 80 años— murieron en manos de sus parejas íntimas, padres, hermanos, cuñados, hijos o extraños en 2019, y otras 54 en 2020.
Si bien el Estado argelino aplica desde 2014 reformas jurídicas e institucionales que llevaban mucho tiempo pendientes para promover y proteger los derechos de las mujeres, estas medidas no protegen a las mujeres contra la violencia en general y la violencia doméstica en particular. El castigo corporal de las mujeres por parte de sus maridos o parientes varones está generalizado y aceptado en la sociedad como método de disciplina. Además, la estigmatización y la hostilidad de la sociedad y la policía hacia las mujeres que se quejan o denuncian la violencia doméstica, también son obstáculos graves para la protección de las mujeres. Los sucesivos gobiernos fracasaron en dos frentes: por un lado, en la elaboración de una ley integral para mejorar la protección de las mujeres y prevenir la violencia doméstica, y por el otro, en brindar servicios de apoyo adecuados a las sobrevivientes y sus hijos.
Las leyes y sus defectos
Para proteger mejor a las mujeres, en 2015 la legislatura argelina promulgó una ley que penaliza el acoso sexual, amplía su alcance y fortalece las penas por dicho crímen. La ley también modificó el código penal para tipificar como delito la violencia doméstica. Por primera vez en Argelia, tras la aplicación de la ley de 2015, la violencia en el seno de la familia puede ser perseguida en virtud de los artículos 264 a 276 del código penal, que prescriben penas que van desde las multas hasta la prisión. Esta ley castigó la agresión al cónyuge con hasta 20 años de prisión por lesiones y con cadena perpetua por lesiones con resultado de muerte (artículo 266 bis). Sin embargo, por varias razones, esta ley no protege plenamente a las mujeres ni pone fin a la violencia contra ellas.
Primero, la ley se aplica sólo a los cónyuges y ex cónyuges que viven en la misma residencia o en residencias separadas, pero no se aplica a parientes, parejas no casadas u otros miembros del hogar. Las disposiciones sobre agresión y violencia psicológica o económica no se aplican a un individuo en relaciones íntimas no matrimoniales ni a miembros de la familia o miembros del mismo hogar.
En segundo lugar, en el artículo 264, existe una pena de uno a cinco años de prisión y una multa por actos violentos que provoquen enfermedad o incapacidad laboral durante más de 15 días. Sin embargo, se requiere un certificado médico para demostrarlo, lo que dificulta el acceso de las sobrevivientes a la justicia y, por extensión, al enjuiciamiento de sus autores. Además, los actos violentos que no incapaciten a la víctima por más de 15 días se consideran delitos menores, excepto si son premeditados —es decir, una emboscada— o si se utiliza un arma (artículo 266).
En tercer lugar, la ley no prohíbe la mediación y la conciliación; además, un perpetrador puede incluso recibir una pena reducida o evitar el castigo por completo si es indultado por un cónyuge (n° 15-19, 2015: artículo 266 bis, 266 bis 1, 330 bis). A menudo, existe una considerable presión social y familiar sobre la víctima para que perdone a su agresor y esto puede disuadirla de buscar recursos judiciales en el futuro. Otro obstáculo con el que se encuentran las mujeres, además de la presión social, es el pésimo trato por parte de la policía, que muchas veces las desestima, las disuade de presentar denuncias y carece de la debida diligencia y seguimiento a la hora de realizar una investigación —si es que la hay.
Asimismo, no existe ninguna disposición para una orden de protección, conocida como orden de restricción, para proteger a la víctima y mejorar el enjuiciamiento de su caso. Tampoco existen disposiciones que impidan que un presunto abusador llame a la víctima o le exija que permanezca a cierta distancia de ella o, incluso, que se mude de una residencia compartida. Como resultado, la víctima puede ser objeto de acoso en el mejor de los casos y de represalias en el peor.
“Ahora sí hay una ley sobre la violencia doméstica, pero no es suficiente. Llevamos tiempo pidiendo mecanismos de protección, órdenes de protección, así como un mostrador especial dedicado a las víctimas desde que llegan a la comisaría hasta que se marchan, e incluso la posibilidad de alojarlas (en un centro de acogida) inmediatamente si es necesario” explicó en comentarios enviados por correo electrónico, Nadia Aït Zai, activista feminista y fundadora del Centro de Información y Documentación sobre los Derechos del Niño y la Mujer (CIDDEF, por sus siglas en inglés).
En cuarto lugar, el código penal reconoce el “crimen pasional” y el artículo 279 establece que una persona que mata o lesiona a su cónyuge se beneficia de circunstancias atenuantes si su cónyuge fue sorprendido en el acto de adulterio.
Finalmente, si bien las mujeres pueden divorciarse de sus maridos si son violentos con ellas, no se reconoce la violación conyugal. La ley de violencia intrafamiliar no lo menciona, aunque las cifras son alarmantes. Una encuesta nacional publicada en 2005 informó que el 10,9% de las mujeres argelinas entrevistadas dijeron haber sido sometidas a relaciones sexuales forzadas por parte de sus parejas íntimas. Esta cifra subió al 14% en un estudio de 2013 realizado por la red Balsam, una red nacional de centros de escucha para mujeres víctimas de violencia.
El Parlamento debería abordar urgentemente estas deficiencias jurídicas mediante una nueva legislación.
Dame refugio
Los mecanismos institucionales como el Ministerio de Solidaridad Nacional, Familia y Condición de la Mujer y el Consejo Nacional de la Familia y la Mujer son ejemplos que ilustran el compromiso del Estado con el cumplimiento de sus obligaciones de debida diligencia en las áreas de igualdad de género y no discriminación. Bajo la coordinación del Ministerio, en 2007 Argelia lanzó la Estrategia Nacional de Lucha contra la Violencia contra la Mujer. La estrategia requería la creación de unidades especiales para ayudar a las sobrevivientes de la violencia a encontrar refugios a largo plazo, sin cubrir el establecimiento real de estos refugios. En la actualidad, hay dos refugios estatales nacionales —Bousmail y Mostaganem— y cinco centros de alojamiento temporal —Argel, Constantine, Oran, Skikda y Ouargla.
Dado que no existe un presupuesto dedicado explícitamente a hacer frente a la violencia de género, la viabilidad y accesibilidad de los albergues y centros de alojamiento para mujeres víctimas de la violencia sigue siendo un gran desafío. Esto parece ser un problema para la región MENA en general, ya que el número total de refugios en los Estados árabes no excede los 50. En Argelia, esto se traduce en servicios limitados e inadecuados como la asistencia jurídica, la asistencia sanitaria, el apoyo psicosocial y, sobre todo, los refugios. Estos servicios son prestados casi en su totalidad por organizaciones no gubernamentales (ONG), la mayoría de las cuales no reciben apoyo estatal.
Los refugios y centros de alojamiento carecen de recursos, fondos y espacio. Por ejemplo, en 2017, varios centros tuvieron que rechazar a las mujeres por falta de espacio. Muchas mujeres también fueron rechazadas porque no cumplían los criterios de los albergues o de los centros de alojamiento o porque existían restricciones para los menores de edad que las acompañaban. Además, las mujeres víctimas de abuso emocional no son aceptadas ya que estas instituciones reconocen sólo ciertas formas de violencia.
Por otro lado, muchos refugios y centros carecen de empleados y tienen que depender en gran medida de los voluntarios debido a sus fondos limitados. Hay pocos profesionales en estos refugios y la falta de un código de conducta sobre cómo interactuar y trabajar con las sobrevivientes dificulta el trabajo de los voluntarios. Sin embargo, estos centros cuentan con oficiales de reintegración para apoyar a las mujeres después de su estadía de hasta dos años, lo cual es fundamental para las sobrevivientes.
La mitad de los centros en Argelia incluyen servicios de reconciliación, lo que cuestiona los principios de seguridad y confidencialidad de las mujeres. La reconciliación puede ser extremadamente peligrosa y puede poner a las mujeres en un riesgo significativo. El enfoque de la reconciliación no considera el desequilibrio de poder entre la sobreviviente y el perpetrador, o la presión familiar y social sobre las mujeres para salvaguardar la familia a cualquier costo.
El patriarcado y la pandemia
El femicidio es un problema global que trasciende fronteras, culturas, religiones, clases y edades. Sin embargo, en el “cinturón del patriarcado clásico” del que forma parte la región MENA, las tasas de violencia sexual y de género continúan aumentando, especialmente desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Argelia no es una excepción a este respecto. Los datos de la DGSN muestran un aumento de la violencia física —71%— y un repunte de los femicidios. En los dos primeros meses de 2020, 6 mujeres fueron asesinadas por sus maridos, y otras 19 de marzo a octubre.
Mientras el Estado argelino, como muchos otros de la región, debate sobre la seguridad humana y la protección de los más vulnerables, es este mismo Estado el que pone en peligro a las mujeres y los niños. El Estado está implicado en la opresión de las mujeres y su reducción a objetos de control social masculino. A través de esta construcción ideológica, se justifica la violencia estructural y directa contra las mujeres. La división por géneros de la esfera privada es lo que hace del hogar un ámbito fuera de la influencia del Estado y bajo la regulación del hombre. A éste se le otorga el control de la defensa de la santidad de la casa y del cuerpo de la mujer. Mientras esta visión patriarcal prevalezca en el Estado y en la sociedad argelina, arrojará vergüenza y estigma sobre las mujeres víctimas de la violencia, las mujeres argelinas seguirán siendo asesinadas y sus autores alabados.
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Dalia Ghanem es Doctorada en Ciencia Política por la Universidad Versailles Saint Quentin, investigadora residente en el Carnegie Middle East Center en Beirut, y autora del libro Women in the Men’s House: The Road to Equality in the Algerian Military (Mujeres en la casa de los hombres: el camino hacia la igualdad en las Fuerzas Armadas de Argelia).
N.d.T.: El artículo original fue publicado por Middle East Institute el 8 de febrero de 2021.
