Por Zaid Al Ali y Yussef Auf para Al Bayan Center for Planning and Studies (ABCPS)
Las protestas del 1ro de octubre de 2019, volvieron a poner en debate el tema de las enmiendas constitucionales como parte fundamental de la reforma del sistema político iraquí, que alcanzó una etapa desafiante para la unidad del país y la armonía de su pueblo.
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La Constitución fue redactada en circunstancias extremadamente complicadas bajo la presión de los ataques terroristas, la presencia de la ocupación estadounidense, el boicot electoral de algunos componentes y el miedo de los políticos al fantasma del régimen dictatorial anterior. Sin embargo, la constitución cumplió importantes tareas formando el nivel mínimo de consenso entre el pueblo y dio inicio al proceso de construcción del Estado y de la nación iraquí. No obstante, la experiencia de los últimos años de trabajo legislativo y legal acumulado demostró que parte de la corrupción y esterilidad del sistema político para enfrentar desafíos internos y asuntos exteriores y su renuencia a brindar servicios a los iraquíes se deben a la constitución, sus interpretaciones y las leyes que de él se derivan. Por lo tanto, es necesario pensar más seriamente en la apertura de un diálogo nacional integral para enmendar la ley básica o incluso reescribirla nuevamente, lejos de las presiones que afectaron la Constitución en 2005.
La Constitución permanente de 2005 precedió a la Ley Administrativa Transitoria que enfatizaba la naturaleza representativa del estado iraquí con sus términos y regulaciones conocidos, como sistema federal, descentralización, armonía y una economía de libre mercado con un sistema de servicios y seguridad social. Sin embargo, sólo fue apoyada por los líderes que la redactaron, los miembros del Consejo de Gobierno de Transición en ese momento.
Después de la aprobación de la Ley Administrativa de Transición, se organizaron elecciones para formar el gobierno interino y el comité nacional de redacción de la constitución integrado por 28 chiítas, 15 kurdos, 15 laicos, 5 personas que representaban a minorías y 15 árabes sunitas, 2 de los cuales fueron elegidos solamente.
A pesar de lo rápido que se redactó, fue la primera experiencia desde el establecimiento del Estado en tener una constitución permanente redactada por iraquíes. Recibió una atención sin precedentes por parte de especialistas, académicos, organizaciones de la sociedad civil y fuerzas políticas.
Desde el principio quedó claro que las reivindicaciones chiítas, representadas en su mayoría por partidos islámicos, se centraban en los conceptos de mayoría y el papel del Islam y el estatus personal, pero estaban divididas en cuanto al apoyo al federalismo. Por su parte, las demandas kurdas, se centraron en el federalismo étnico, la distribución de los recursos de petróleo y gas, la armonía, una forma moderada de civilización, el sistema que garantiza las libertades públicas y los derechos de las mujeres. En cuanto a los árabes sunitas, sus demandas se centraron principalmente en la identidad del Estado árabe, rechazando el pluralismo del sistema, la des-baazificación, la descentralización y la distribución de recursos, pero no se opusieron al federalismo kurdo.
La experiencia de la Constitución de 2005 indicó el abandono de las condiciones de un sistema pluralista como el consensual, la supremacía de los acuerdos y los tratados internacionales, ya que tendía a ser la constitución de una mayoría temerosa de las experiencias pasadas. Por ejemplo, la experiencia práctica de implementar la Constitución demostró la imposibilidad de formar un gobierno sin consenso, a pesar de la falta de regulaciones, como el derecho de veto que fue abolido en la Constitución permanente luego de ser presentado en la Ley Administrativa Transitoria.
Los contextos en los que se redactó la Constitución iraquí y su uso de términos extraños para la jurisprudencia jurídica como los componentes, así como la experiencia aplicada, demostraron que el nuevo sistema político tiene en cuenta los intereses de los principales grupos —chiítas, sunitas y kurdos— y no los intereses de los ciudadanos alejados de sus afiliaciones e identidades subsidiarias, estableciendo las reglas de las cuotas de sectarismo y etnicidad, incluso de no adoptarlas explícitamente.
Además de eso, la experiencia aplicada de la Constitución demostró que quienes la redactaron no consideraron: el número de vicepresidentes de la república, la dimisión del Primer Ministro, o incluso el bloque que forma el gobierno si la presidencia está vacante, entre otros casos, reforzados por interpretaciones ambiguas del Tribunal Federal unas veces, y una extraña jurisprudencia constitucional otras, que parecía afectada por las complejas circunstancias psicológicas y políticas que rodearon la experiencia política iraquí desde 2003 hasta ahora.
La incapacidad del sistema político para promover y proteger actualmente la soberanía iraquí y brindar servicios a sus ciudadanos, y los inquietantes niveles de corrupción y extorsión en las diversas instituciones estatales, son acompañados de una mayor conciencia pública y el surgimiento de una nueva generación que rechaza los contextos en los que se redactó la Constitución permanente. La acumulación de protestas populares, de las élites y de los partidos desde el 25 de febrero de 2011 hasta hoy, revelaron la necesidad de un pensamiento serio para lograr un cambio fundamental que afecte los cimientos del sistema político actual, asegure un mayor porcentaje de representación en el ámbito político, una distribución equitativa de la riqueza y aplique una ley más integral por igual a todos los ciudadanos.
Luego de las recientes protestas, se formó un comité para revisar las disposiciones de la Constitución permanente iraquí, reforzado por llamados a la autoridad religiosa en Nayaf para formar enmiendas constitucionales con el consentimiento de todos los componentes, sin la lógica del dictado o imposición debido a la presión política inmediata.
El artículo en tus manos es producto de un trabajo de investigación de expertos especialistas en derecho constitucional y ciencias políticas. Indican claramente en su trabajo la necesidad de modificar el marco del actual sistema de gobierno para lograr una mayor armonía entre los diferentes poderes, fomentar el estado de derecho, mejorar las oportunidades de rendición de cuentas y otorgar a todos el derecho a participar en la formulación de una constitución que garantice una reforma fundamental del poder judicial, el sistema electoral, el gobierno federal y la relación entre un ciudadano individual y el Estado. Este cambio es extremadamente difícil debido a los complejos mecanismos de implementación de enmiendas establecidos por los redactores de la Constitución permanente.
El Centro Al Bayan de Planificación y Estudios se complace en presentar este esfuerzo a aquellos interesados, tomadores de decisiones y aquellos interesados en formular enmiendas constitucionales, con la esperanza de que contribuya a proporcionarles estudios discretos y lecturas en profundidad para lograr una Constitución sólida e impecable, alejada de interpretaciones erróneas o desviaciones por el camino de la representación adecuada de los ciudadanos y la supervisión estricta de las instituciones del Estado.
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N.d.T.: El artículo original fue publicado por ABCPS el 20 de enero de 2021.
