Por Noor Hamadeh para TIMEP
Los activistas de derechos humanos (DDHH) y actores de la sociedad civil que abogan por este tema en todo Medio Oriente generalmente lo hacen involucrando a gobiernos, organizaciones internacionales y legisladores. Sin embargo, el sector privado es un jugador clave que a menudo se pasa por alto en estas conversaciones. Las empresas desempeñan un papel importante, tanto en la violación de los derechos humanos como en la garantía del cumplimiento de estos. Un informe reciente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos describe estos roles contrastantes que los actores del sector privado pueden desempeñar y desempeñan en toda la región.
[Se prohíbe expresamente la reproducción total o parcial, por cualquier medio, del contenido de esta web sin autorización expresa y por escrito de El Intérprete Digital]
Uno de los factores relacionados con las empresas y los derechos humanos más universales en Medio Oriente, y uno que permite que continúen otros abusos, es el entorno empresarial en sí. Diferentes profesionales del mundo de los negocios y activistas anticorrupción, señalaron que los abusos relacionados a las empresas han persistido debido a los entornos en los que tienen lugar, en los que el cumplimiento de las normas no es una prioridad.
Este contexto es producto de varios elementos. Principalmente, muchas empresas en Medio Oriente operan dentro de economías débiles donde buscan priorizar su propia supervivencia sobre el cumplimiento de las normas internacionales de los derechos humanos. Las empresas que eligen adherirse a dichos estándares se encuentran en desventaja, porque dedicar más recursos a mejorar las condiciones significa destinar menos recursos a la competencia económica y el desarrollo empresarial.
La falta de cumplimiento entre los bancos de Medio Oriente de los Principios Rectores de las Naciones Unidas (PRNU) pone de relieve este problema. Un estudio realizado por ImpAct Internacional encuestó a 42 bancos en la región, y encontró que sólo tres habían demostrado un esfuerzo mínimo para implementar estos principios. El 80% de los bancos no había tomado ninguna medida sustancial para garantizar que las inversiones no contribuyan a los abusos de los derechos humanos, ya sea con la debida diligencia en materia de DDHH, la consulta a las poblaciones afectadas o las evaluaciones de impacto.
Por otra parte, ninguno de los bancos encuestados disponía de procedimientos para cuando se determinaba que las inversiones habían contribuido a abusos contra los derechos humanos. Esto demuestra hasta qué punto el entorno empresarial en el sector no tiene en cuenta posibles impactos sobre la vida de las personas.
Con la corrupción desenfrenada en toda la región, los bancos, probablemente, tendrían que destinar grandes recursos a identificar a los clientes involucrados en este flagelo o en abusos de los derechos humanos, las mismas medidas que harían a estas instituciones perder clientes con altas ganancias. Tales esfuerzos pondrían a cualquier banco en una situación de desventaja competitiva frente a otros en la región, no preocupados por la calidad de vida de la población.
Además, las empresas en Medio Oriente (MENA) operan bajo estados que no han regulado la actividad empresarial ni abordaron la corrupción y evitaron los abusos de los DDHH relacionados con las empresas. En este esquema, los gobiernos no han pensado en los principios establecidos por PRNU ni fomentaron un entorno que promueva el cumplimiento de las normas internacionales. Transparencia Internacional clasifica a la región como ‘altamente corrupta’, con pocos avances en el control de este delito.
La falta de regulación en muchos países del MENA crea un espacio para que las corporaciones multinacionales exploten estándares laborales y comerciales más precarios, incluso cuando sus estados de origen les imponen obligaciones más estrictas; por ejemplo, la empresa de construcción franco-suiza LafargeHolcim, junto con otras entidades cementeras, trabajaron con políticos libaneses para cobrar más de tres veces la tasa internacional de venta en Líbano, aumentando los ingresos por aranceles e impidiendo que otras empresas extranjeras ingresen al mercado nacional.
Muchas economías de Medio Oriente y el Norte de África se basan en sistemas de corrupción y capitalismo de compinches, lo que significa que los empresarios y los funcionarios gubernamentales dependen del acceso privilegiado a los recursos y oportunidades basados en lazos personales y políticos, así como en el patrocinio.
Aquellos en posiciones de liderazgo que controlan gran parte de las economías de la región son los que se benefician de este sistema y, a menudo, el acceso a los servicios sociales básicos, los documentos gubernamentales necesarios y las oportunidades de empleo, solo están disponibles para aquellos que tienen las conexiones adecuadas.
Las empresas involucradas en la corrupción contribuyen al abuso de los derechos humanos al limitar la ‘disponibilidad, calidad y accesibilidad’ de bienes y servicios básicos. Además, existen vínculos claros entre la corrupción y los abusos contra los DDHH, ya que la primera a menudo permite que los actores empresariales sigan perpetrando abusos con total impunidad.
Además, la transparencia empresarial en los países del MENA es mínima. Muchos estados de la región no cuentan con una legislación adecuada que requiera que las empresas y sus accionistas divulguen información financiera de accionistas y de propiedad y, como resultado, la corrupción y participación empresarial en abusos de derechos humanos pueden ocultarse fácilmente.
Desde la adopción de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos en 2011, el Grupo de Trabajo pidió a los estados que desarrollen planes de acción nacionales para implementarlos. Si bien Jordania y Marruecos expresaron su intención de desarrollarlos, ningún en la región aún lo hizo.
La pandemia de COVID-19 puso de relieve algunos de los costos que resultan de que los gobiernos no impongan obligaciones de derechos humanos a las empresas. Los costos del trabajo socialmente distante y el impacto que la pandemia ha tenido en la economía provocaron que las empresas no brinden protecciones adecuadas a sus empleados. Diferentes informes señalaron que los salarios se redujeron significativamente o que hubo trabajadores obligados a tomar una licencia sin goce de sueldo. Junto a ello, otros reportaron la falta de pago durante meses, así como el aumento de las horas laborales sin compensación. En Jordania, por ejemplo, en un día, 600 trabajadores migrantes de Bangladesh —en una sola fábrica de ropa— dieron positivo por el Covid-19.
Enfoque empresarial y conflictos: los casos de Siria y Yemen
Estas dinámicas se intensifican aún más en situaciones de conflicto. Aunque las empresas pueden parecer actores neutrales, sus actividades y asociaciones pueden tener impactos duraderos y significativos en la dinámica de los conflictos, así como en la situación de los derechos humanos sobre el terreno.
Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos destacan la importancia de la debida diligencia ‘intensificada’ en esta materia en el contexto de un conflicto. Además, destacan las formas en que las empresas han sido cómplices de delitos internacionales; esto es cierto tanto para las nacionales como para las extranjeras y multinacionales.
En Siria, el conflicto aumentó el riesgo de abusos de los derechos humanos relacionados con las empresas. Si bien el capitalismo de amigos y los abusos relacionados son anteriores a la guerra en Siria, el conflicto ha visto la creación y financiación de milicias progubernamentales, junto la confiscación de las propiedades de personas desplazadas por parte de empresarios con vínculos estrechos con el gobierno sirio.
Además, las empresas extranjeras presentes en Siria, como la cementera francesa Lafarge, se enfrentaron a desafíos relacionados con el conflicto. En 2017, los fiscales europeos abrieron una investigación en su contra por financiar al terrorismo, luego de que la empresa decidiera permanecer operativa en Siria hasta 2014, tres años después del inicio del conflicto.
Lafarge está acusada de comprar materiales de varios actores armados, incluido ISIS, para mantener sus operaciones y de proporcionar a este último hasta USD 15.5 millones en compensación financiera a cambio de un pasaje seguro para los empleados de la compañía. Estas presuntas actividades no solo resultaron en complicidad en crímenes internacionales, sino que también pusieron en peligro a los empleados en medio del conflicto.
Los actores humanitarios que operan en Siria a menudo han otorgado al estado sirio el control de la ayuda por temor a que se les niegue el acceso a las áreas necesitadas. De manera similar, en Yemen, los hutíes y otras autoridades han tomado el control de la ayuda para desviarla a sus socios y leales, en lugar de a quienes la necesitan. Incluso existen informes de empleados de Naciones Unidas que son cómplices de la desviación de fondos humanitarios. Este desvío, así como la recaudación de impuestos por parte de varios actores armados involucrados en el conflicto, se destinaron para financiar aún más el esfuerzo bélico.
El control y la desviación de la ayuda humanitaria ha dado lugar a que los empresarios sirios y yemeníes se beneficien de la guerra en ambos conflictos.
En ambas situaciones, el conflicto agrava las preocupaciones comerciales existentes. En julio de 2020, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, como parte de un proyecto de dos años, publicó un informe titulado ‘Empresas, derechos humanos y regiones afectadas por conflictos: hacia una mayor acción’.
Este informe identifica ‘señales de advertencia’ que requieren una mayor acción por parte de las empresas al inicio de un conflicto. Estos incluyen “la imposición de leyes de emergencia o medidas de seguridad extraordinarias; la suspensión de, o la interferencia con, instituciones estatales vitales… aumento de la politización de la identidad; y un aumento de la retórica inflamatoria o el discurso del odio dirigido a grupos o individuos específicos “.
Cuando una empresa identifica una de las ‘señales de advertencia’ mencionadas anteriormente, debe participar en una forma intensificada de DDHH, que, según el informe del UNWG, debe incluir un elemento de sensibilidad al conflicto. Las empresas deben identificar primero las causas fundamentales del conflicto y sus impulsores. En segundo lugar, deben mapear los principales actores del conflicto, sus motivos y capacidades, las partes interesadas involucradas en el conflicto y el papel que desempeñan o pueden desempeñar en el futuro. En tercer lugar, las empresas deben tener en cuenta sus propias actividades y los impactos que pueden tener en el conflicto o en la promoción de una resolución pacífica. Estas actividades deben ser continuas a lo largo de las actividades de las empresas en los casos en que se anticipe un conflicto, mientras el conflicto está en curso y durante una fase posterior al conflicto.
Los DDHH sensibles a los conflictos probablemente darán lugar a resultados diferentes para todas las empresas en esos entornos. Las corporaciones multinacionales que operan en conflicto pueden decidir poner fin a sus operaciones si determinan que su presencia es demasiado peligrosa. Por otro lado, las empresas nacionales no tienen esa opción: deben adaptarse a la situación. El informe se refiere a estos últimos como negocios ‘cautivos’.
Durante los conflictos, es aún más importante que los estados regulen la actividad empresarial para garantizar el cumplimiento de los DDHH y evitar la complicidad en abusos. Además de la regulación estatal, es poco probable que las empresas den prioridad al cumplimiento de estos estándares sin incentivos gubernamentales para hacerlo. Esto podrían incluir aspectos fiscales, de inversión, así como recomendaciones para la implementación de los UNGP.
Los Estados de origen de las corporaciones multinacionales también deberían regular la actividad de las empresas en el extranjero para asegurarse de que no se aprovechen de una regulación débil en el exterior. Si bien algunos estados han implementado regulaciones sobre actividades comerciales en el extranjero, muchos tribunales, particularmente en los Estados Unidos, todavía dudan en aplicar regulaciones relacionadas con negocios a la actividad corporativa en el extranjero.
Las iniciativas de paz y seguridad de la ONU rara vez tienen en cuenta el papel que pueden desempeñar las empresas, ya sea para provocar conflictos o promover la paz. En la región MENA, los actores humanitarios, en particular las agencias humanitarias de la ONU desempeñan un papel importante en la prestación de apoyo financiero a las organizaciones locales con las que contratan. Es importante que estas agencias humanitarias implementen los Principios Rectores de la ONU dentro de sus operaciones, incluida la participación en el DRH cuando contraten empresas locales.
Además, los órganos de investigación y de derechos humanos de las Naciones Unidas deben tener en cuenta el papel que desempeñan las empresas tanto en los conflictos como en los abusos de los derechos humanos. Específicamente, los órganos de investigación y de derechos humanos de la ONU deben resaltar los elementos financieros de los crímenes internacionales y los abusos de los derechos humanos, ya sean las fuentes de financiamiento para crímenes internacionales o cómo la actividad empresarial podría afianzar los crímenes existentes.
Los problemas comerciales y de derechos humanos permearon las economías de todo Medio Oriente. La falta de implementación de un enfoque humanitario para la actividad empresarial en la región resultó en menos oportunidades económicas y una mayor explotación para las personas. A su vez, la falta de conciencia dio lugar a la complicidad en los abusos de los DDHH y contribuyó al financiamiento de regímenes represivos.
Muchos de los pasos descritos anteriormente son esenciales para que los actores del sector privado se comprometan a garantizar el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, en el contexto del conflicto, los roles de cada uno de estos actores se intensifican para enfrentar el mayor riesgo de abuso de los derechos humanos.
Sin embargo, hay una serie de factores que dificultan que los actores del sector privado en la región lo hagan. El entorno empresarial no da prioridad a los derechos humanos y, como resultado, las empresas no están incentivadas a hacerlo por sí mismas. Además, las economías débiles, corrupción y capitalismo de compinches llevaron a muchas empresas al borde de la supervivencia, limitando la capacidad que tienen las empresas para priorizar la protección de los DDHH.
A pesar de esto, hay pasos que los actores del sector privado pueden tomar para alterar este entorno. Los accionistas están comenzando a desempeñar un papel más importante en los negocios, utilizando sus posiciones para abogar por una mayor protección de los derechos humanos en las empresas.
Además, las instituciones financieras internacionales que financian proyectos en la región MENA podrían incluir requisitos relacionados con los derechos humanos o condiciones para la financiación a fin de impulsar mayores protecciones.
Por último, en el contexto del conflicto, los actores del sector privado, los estados y las agencias de la ONU tienen un papel importante que desempeñar para garantizar que las empresas sean conscientes de los derechos humanos y sensibles al conflicto. Si no se garantiza el respeto adecuado de los derechos humanos en las actividades comerciales en entornos de conflicto, se corre el riesgo de contribuir al conflicto, así como a la permeación de abusos de los derechos humanos.
[Se prohíbe expresamente la reproducción total o parcial, por cualquier medio, del contenido de esta web sin autorización expresa y por escrito de El Intérprete Digital].
Noor Hamadeh es Doctora en Derecho por la Universidad George Washington, copresentadora del podcast Branch 251, y miembro no residente de TIMEP. Previamente trabajó como Jefa de la Unidad de Negocios y Derechos Humanos en el Programa de Desarrollo Legal de Siria.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por TIMEP el 3 de marzo de 2021.
