Por Noor Hamadeh y Kryistel Bassil para Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)
A pesar de la continuidad del conflicto, el gobierno de Asad insiste en la reconstrucción de Siria. No obstante el plan de reconstrucción del gobierno, diseñado para recompensar a sus aliados y castigar a las comunidades sirias, probablemente conduzca a grandes abusos contra los derechos a la vivienda, la tierra y la propiedad (VTP), sirviendo así como arma de guerra adicional. Esto ya se está poniendo de manifiesto con la puesta en marcha por parte del gobierno de proyectos de reconstrucción como Ciudad Marota, una urbanización de lujo que se está construyendo en el suroeste de Damasco.
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El modelo Marota, sin embargo, no es nuevo. Tiene un parecido sorprendentemente cercano al modelo ‘Solidere’. Esta fue una sociedad anónima libanesa a la que se le otorgó la reconstrucción del Distrito Central de Beirut después de la guerra civil. Dicho proceso llevó a la violación sistemática de los derechos de propiedad, la exclusión de comunidades y la especulación de los criminales de guerra. Aunque el contexto sirio es diferente, en el sentido de que el conflicto aún está en curso, hacer comparaciones entre el Solidere de Beirut y la ciudad de Marota en Siria arroja luz sobre la política de reconstrucción y cómo estos proyectos pueden resultar en más daños a la población civil.
El papel de Solidere en la reconstrucción de Beirut
En 1975, Beirut fue el epicentro de una guerra civil que duraría los siguientes 15 años. La guerra multifacética convirtió el corazón de Beirut en un campo de batalla. Solidere es el acrónimo francés de la empresa privada a la que el gobierno libanés le otorgó el derecho exclusivo de desarrollar y reconstruir el Distrito Central de la capital. Como consecuencia, violó los derechos VTP de un número significativo de antiguos residentes.
Orquestado por el entonces Primer Ministro Rafik Hariri, el proyecto estaba destinado a ser el catalizador del crecimiento económico. Sin embargo, se convirtió en el modelo de un plan de reconstrucción de posguerra privatizador que empoderó a las élites y promovió la cooperación entre facciones rivales. Por lo tanto, la política de reconstrucción fue motivada por la rentabilidad financiera y las oportunidades tácticas para impulsar una participación en el negocio de la reconstrucción.
La reconstrucción de Siria
Ya en 2012, el gobierno sirio adoptó leyes que darían forma al proceso de reconstrucción. Pero en lugar de beneficiar a la población, estas leyes sirvieron en gran medida para consolidar el poder entre las élites. Además, la implementación de proyectos de reconstrucción bajo estas normas dio lugar a más violaciones de derechos humanos contra la población, cuyas propiedades fueron afectadas. Las principales leyes responsables de tales violaciones son el Decreto 66, promulgado en 2012 con el pretexto de reconstruir asentamientos informales en todo Damasco; y la Ley 10, que amplía el Decreto 66 a toda Siria. Un proyecto de construcción infame ordenado por el Decreto 66 es el de la ciudad de Marota, en el barrio de Basateen Al Razi, en Damasco.
Desalojos forzados y expropiación de bienes
En 2004, debido a una combinación de rápido crecimiento y leyes de planificación urbana inadecuadas, aproximadamente el 40% de la población de Damasco residía en asentamientos informales. Los asentamientos informales en Siria, como Basateen Al Razi, a menudo están cerca de los centros urbanos y, por lo tanto, son valiosos. Debido a la informalidad de la titularidad de estas propiedades, también es mucho más fácil para el gobierno sirio realizar confiscaciones en áreas residenciales informales que en ubicaciones de propiedades legales. Con este fin, el gobierno adoptó el Decreto 66 como herramienta de explotación y expulsión.
Dicho decreto estipuló que los propietarios debían proveer una constancia de propiedad dentro de los 30 días posteriores a la promulgación de la ley o perderían sus derechos de propiedad. Tal prueba resultó particularmente difícil de proporcionar para los asentamientos informales, al no haber registros formales y por la dificultad para constatar la herencia de la propiedad. Además, las personas desplazadas y aquellas que buscaron refugio en el extranjero no pueden regresar para reclamar sus derechos. Como resultado, muchos ex residentes de Basateen Al Razi no pudieron demostrar la posesión de tales bienes y fueron desalojados por la fuerza de sus hogares.
Quienes pudieron demostrar la tenencia de sus propiedades recibieron acciones en los desarrollos de la ciudad de Marota. Sin embargo, hay muchos problemas con la forma en que se distribuyen, incluyendo la entrega a los antiguos residentes de acciones que valen una fracción del valor de sus propiedades originales. Por otro lado, la mayoría de las acciones no son suficientes para pagar viviendas alternativas en la misma área. Así, aproximadamente 50.000 antiguos residentes se vieron obligados a abandonar sus hogares y salir del centro de Damasco.
A través de este proceso, el gobierno sirio violó los derechos VTP de los ex residentes de Basateen A Razi. Como tal, los proyectos bajo el Decreto 66, y en particular la ciudad de Marota, produjeron más desplazamientos forzados y consolidaron la expulsión de aquellas personas que no pudieron reclamar sus propiedades por encontrarse ya desplazadas. Asimismo, a través de la expropiación de las propiedades de los antiguos refugiados y desplazados internos, proyectos como el de la ciudad de Marota y otros proyectos del Decreto 66 crean más obstáculos para el retorno de los sirios y, por tanto, violan el derecho voluntario de los refugiados a regresar.
De manera similar, en el Líbano de posguerra, el gobierno adoptó estrategias para expropiar y derribar las propiedades de los antiguos dueños. Esto supuso destruirlas físicamente o eliminar cualquier posible beneficio financiero de regresar a ellas. Es decir, haciendo económicamente inviable que los propietarios reconstruyan u obtengan ganancias de capital por el alquiler o la venta de sus propiedades.
EL Distrito Central de Beirut estaba densamente poblado por pequeñas empresas y oficinas que fueron desplazadas y reubicadas durante la guerra. Se produjeron muchos más desplazamientos como consecuencia de las demoliciones no oficiales —que se realizaron con el pretexto de limpiar la destrucción— y cuyos autores siguen sin ser identificados. En consecuencia, las posesiones que originalmente eran propiedad de un solo inversionista o de una familia, pasaron a estar fragmentadas entre innumerables personas. Por lo tanto, quedaron sujetas a disputas de herencia —las cifras estimadas oscilan entre 90.000 y 250.000 titulares de derechos—. Además, durante el mismo período, especialmente después de la invasión israelí de 1982, muchas familias del sur se convirtieron en refugiadas, estableciéndose en el Distrito Central de Beirut donde ocuparon propiedades deshabitadas —estimadas en más de 30.000—. Tras el fin de la guerra civil, fue necesario reubicarlas antes de que se pudiera reanudar la reconstrucción.
Los testimonios sobre la dificultad de coordinación entre las partes interesadas, dieron lugar a la idea de que la propiedad del centro de la ciudad fuera expropiada por la inmobiliaria privada Solidere durante el proceso de reconstrucción. En ese sentido, los propietarios tenían dos opciones: canjear su propiedad por acciones de Solidere o venderla por un valor inferior. En consecuencia, se llevaron a cabo muchas expropiaciones, algunas voluntarias, otras forzadas. Pero en ambos casos, las indemnizaciones eran insuficientes y tenían un valor inferior al de las propiedades originales. Pocas personas tuvieron la opción de conservar sus bienes, y fueron aquellas que tenían fondos suficientes para restaurar sus edificios de acuerdo con los estrictos y onerosos estándares de Solidere. Esto provocó violaciones de los derechos de VTP y ell desplazamiento y exclusión de residentes anteriores.
Destruir para reconstruir
En Siria, el régimen está utilizando el desarrollo urbano como arma para castigar y excluir a las comunidades de la oposición. El Decreto 66 se presentó como una forma de organizar y limpiar los asentamientos informales en Damasco. Sin embargo, las áreas designadas, incluida Basateen Al Razi, fueron elegidas estratégicamente para castigar a las comunidades que se opusieron al gobierno sirio, así como para beneficiar a las élites que mantienen estrechos vínculos con Asad. Los residentes de los asentamientos informales están entre los que participaron en las protestas contra el gobierno sirio en 2011. Al derribar sus propiedades y reemplazarlas con rascacielos de lujo, el gobierno sirio está desplazando intencionalmente a estas personas y obligándolas a trasladarse más lejos de Damasco. Esto se considera una forma de ingeniería demográfica, mediante la cual el gobierno sirio está expulsando a ciertas poblaciones de lugares estratégicos. Además, las compensaciones injustas e inadecuadas otorgadas a los antiguos residentes de Basateen Al Razi les impiden comprar propiedades cercanas y, por lo tanto, se ven obligados a alejarse más allá del ámbito urbano. El plan de ‘reconstrucción’ del gobierno sirio implica la destrucción intencional de las propiedades de la población para ser reemplazadas por propiedades de lujo de las que solo las élites y los partidarios Asad pueden beneficiarse.
Si bien la reconstrucción en Beirut no se dio durante un conflicto en curso como en Siria, el desarrollo urbano en el Líbano fue utilizado como una herramienta por varios partidos políticos para ejercer control en ciertas áreas y mantener fuera de ellas a algunas comunidades. El Distrito Central de Beirut se había convertido en un punto de choque violento entre el oeste de la capital, controlado por musulmanes, y el este de la ciudad, controlado por cristianos. Esto obligó a los propietarios a trasladarse. Sin embargo, muchas de estas personas, cuyas propiedades no resultaron completamente dañadas, solicitaron permisos de reconstrucción con la esperanza de regresar a sus propiedades. Todas sus solicitudes fueron denegadas por el gobierno con el pretexto de que los planes de reconstrucción estaban “todavía en estudio”.
Mientras tanto, se llevaron a cabo una serie de demoliciones no oficiales, supuestamente como parte de un proyecto de ‘limpieza’. De hecho, durante la reconstrucción se derribaron más edificios en el centro de la ciudad que durante la guerra misma. Más tarde, el plan maestro de Solidere requería la destrucción de la mayoría de las estructuras restantes, aunque todavía no hubiera planes de reconstrucción aprobados oficialmente para crear espacio para inmuebles de lujo. El proceso arrasó con barrios históricos enteros como Zeitouni, Wadi Abou Jamil, Safi y los Zocos.
Permitir que las élites ricas se beneficien
En 2016, el gobierno sirio promulgó la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP). Esta permitió a las entidades privadas invertir en proyectos de infraestructura pública, administrarlos y controlarlos a través de sociedades de cartera creadas por las gobernaciones. Este modelo crea más espacio para las élites empresariales con vínculos estrechos con el gobierno sirio y les permite convertirse en los principales beneficiarios de los proyectos de reconstrucción. Un ejemplo de esto es Damascus Cham Holding, sociedad creada por la gobernación de Damasco. Esta empresa allanó el camino para que varias compañías sirias inviertan en el proyecto de la ciudad de Marota. Entre ellas se encuentran las empresas de Rami Makhlouf, primo de Bashar Al Asad, y Samer Foz, dos de los empresarios más reconocidos en Siria que, a través de sus negocios, financiaron grupos de milicias progubernamentales y proporcionan un apoyo financiero significativo al gobierno sirio.
Conjuntamente, el hecho de que estos proyectos se ejecuten durante un conflicto plantea preocupaciones adicionales en materia de derechos humanos. Muchas de las empresas involucradas en la construcción de la ciudad de Marota pertenecen a empresarios responsables de abusos contra los derechos humanos,y que han podido beneficiarse económicamente de su participación en el conflicto y del apoyo al régimen sirio, como Makhlouf y Foz.
De manera similar, en el contexto libanés, la separación entre el gobierno y Solidere fue solo una fachada. Diferentes facciones políticas controlaron los proyectos de reconstrucción en varias partes del país. Tanto el acuerdo de Solidere como el proyecto de reconstrucción en el Distrito Central de Beirut, fueron orquestados principalmente por el entonces Primer Ministro, Rafik Hariri. Él era el accionista mayoritario de Solidere y colocó a sus aliados en todos los puestos clave.
Adicionalmente, los planes de reconstrucción fueron ejecutados por Oger, un gigante de la construcción propiedad del mismo Hariri. Por otro lado, el Consejo para el Desarrollo y la Reconstrucción, la agencia gubernamental encargada de supervisar los proyectos de reconstrucción en el Líbano, también estuvo integrado en su totalidad por personas designadas por Hariri.
Por último, los fondos públicos destinados a la reconstrucción se redistribuyeron entre los antiguos caudillos, líderes de milicias y élites a través de Solidere. Así, el modelo de reconstrucción implicó que el sector público financiara los proyectos y fuera el sector privado quien acabara beneficiándose.
Conclusión
Aunque los proyectos de Solidere y de la ciudad de Marota se implementaron con el pretexto de la reconstrucción, ambos sirvieron para beneficiar a las élites ricas al tiempo que abusaron aún más de los derechos de los civiles. Estos proyectos causaron y contribuyeron a las violaciones de los derechos de propiedad. Funcionan como una herramienta para excluir a ciertas comunidades y empoderar aún más a ricos y corruptos. El modelo libanés permite destacar que tales proyectos de reconstrucción pueden tener impactos a largo plazo y no hacer nada para mitigar las necesidades de las personas afectadas por el conflicto.
Por lo tanto, los esfuerzos de reconstrucción en Siria deben cumplir con las normas de derecho internacional existentes. Negar esto sólo conducirá a abusos contra los derechos humanos. Debido al mayor riesgo de atropellos en las zonas afectadas por el conflicto, las empresas interesadas en la reconstrucción de Siria están especialmente obligadas a respetar los derechos humanos. Para asumir esta responsabilidad, las empresas deben llevar a cabo una cuidadosa diligencia debida para detectar cualquier impacto adverso sobre los derechos humanos que puedan tener sus operaciones. Conocer el contexto en torno a los proyectos de reconstrucción será un elemento esencial de cualquier proceso. En otras palabras, las empresas deben tomar las medidas necesarias para garantizar que no se vean vinculadas, contribuyan o sean cómplices directa o indirectamente, de abusos pasados, presentes o futuros. El hecho de que el Estado sirio y las empresas sirias no cumplan con los estándares de derechos humanos en la reconstrucción del país resultará en disrupciones a largo plazo de la demografía, una mayor consolidación del poder y un mayor desplazamiento y represión de las comunidades. Revisar los modelos de reconstrucción sirio y libanés es particularmente importante a raíz de la explosión del puerto de Beirut, que destruyó gran parte de la ciudad. Vigilar de cerca los esfuerzos de reconstrucción será esencial para garantizar que la historia no se repita.
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Noor Hamadeh es Juris Doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, investigador no residente de TIMEP, y copresentadora del podcast Branch 251.
Krystel Bassil es Magíster en Derecho por la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres, Jefa de la Unidad de Negocios y Derechos Humanos del Programa de Desarrollo Legal de Siria (SLDP), y miembro del Colegio de Abogados de Beirut.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por TIMEP el 16 de septiembre de 2020.
