Editores para The Institute for Middle East Understanding (IMEU)
La guerra de Rusia contra Ucrania y su ocupación militar de partes del territorio ucraniano suscitan, y con razón, una oleada de oposición popular a la agresión rusa y una enérgica respuesta política por parte del Congreso y de la administración Biden. Estados Unidos actuó con rapidez para exigir responsabilidades a Rusia por su agresión, ocupación militar y presuntos crímenes de guerra.
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Sin embargo, en el caso de la ocupación militar israelí durante más de medio siglo de Cisjordania palestina, incluido Jerusalén Este, y de la Franja de Gaza, Estados Unidos fue directamente cómplice al permitir la agresión israelí, reforzar su ocupación militar mediante transferencias de armas financiadas con fondos públicos y proteger a Israel de la rendición de cuentas en los foros internacionales.
Panorama: El 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania, en un acto ilegal de agresión. Esta invasión se produjo tras el reconocimiento por parte de Rusia de las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk como Estados independientes a principios de esa semana. En marzo de 2014, Rusia se anexionó ilegalmente la península de Crimea, que es territorio soberano de Ucrania. La agresión de Rusia contra Ucrania y sus desafíos a la soberanía territorial ucraniana fue objeto de denuncias inequívocas por parte de casi todos los miembros del Congreso y de la administración Biden.
En junio de 1967, Israel ocupó militarmente Cisjordania palestina, incluido Jerusalén Este, y la Franja de Gaza, y sigue siendo hoy la beligerante Potencia Ocupante de estos territorios palestinos. Aunque Palestina no ejercía soberanía sobre estos territorios cuando Israel comenzó su ocupación militar, su integridad territorial ha sido reconocida por el derecho internacional desde que la Sociedad de Naciones confirió un mandato sobre Palestina a Gran Bretaña en 1922.
Además, la ONU recomendó la independencia y soberanía palestina sobre el 45% de la Palestina histórica en su plan de partición de 1947 (Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y la Franja de Gaza constituyen solo el 22% de la Palestina histórica). Y desde 2012, la ONU concede a Palestina, definida territorialmente como Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y la Franja de Gaza, el estatus de Estado no miembro de la organización internacional.
Por supuesto, aunque existen muchas diferencias entre las situaciones a las que se enfrentan hoy Ucrania y Palestina, su estatus en virtud del derecho internacional es similar. En el caso de Palestina, Israel también es culpable de atentar contra la integridad territorial de Palestina. Se anexionó formal e ilegalmente tierras palestinas (Israel se anexionó de facto Jerusalén Este en 1967 y de iure en 1980), además de anexionarse de facto grandes extensiones de tierras palestinas adicionales en Cisjordania mediante la construcción de un muro ilegal (que se analiza más adelante) y su colonización ilegal de tierras palestinas.
Además, Israel viola sistemáticamente sus compromisos en virtud de la Cuarta Convención de Ginebra y comete habitualmente graves abusos contra los derechos humanos, algunos de los cuales han sido meticulosamente documentados por organismos de la ONU como potencialmente constitutivos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Sin embargo, la mayoría de los responsables políticos estadounidenses difieren en sus respuestas ante la agresión de Rusia a Ucrania, su violación de la integridad territorial ucraniana y los crímenes de guerra rusos, en comparación con sus respuestas ante la agresión de Israel a Palestina, su violación de la integridad territorial palestina y los crímenes de guerra israelíes.
Este memorando analizará las respuestas políticas diferenciadas de Estados Unidos en cuatro áreas: 1) la no adquisición de territorio mediante el uso de la fuerza; 2) el derecho a resistir una agresión militar; 3) el uso de boicots, desinversiones y sanciones para lograr un cambio de política; y 4) la rendición de cuentas por violaciones de los derechos humanos y de las leyes de la guerra.
Como declaró el Presidente Eisenhower en 1956: “No podemos, en el mundo, más que en nuestra propia nación, suscribir una ley para los débiles, otra ley para los fuertes; una ley para los que se nos oponen, otra para los aliados. Sólo puede haber una ley, o no habrá paz”.
Los responsables políticos estadounidenses deben trabajar para reorientar la política de Estados Unidos de modo que se acabe con este doble rasero. Las vidas palestinas son tan valiosas como las ucranianas, y Estados Unidos no puede defender legítimamente los derechos humanos y el derecho internacional en Ucrania mientras respalda simultáneamente las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional por parte de Israel.
Antecedentes:
Los Estados no pueden adquirir territorio mediante el uso de la fuerza
El artículo 2(4) de la Carta de la ONU establece que “Todos los Miembros, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”. A partir de esta prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, el derecho internacional consuetudinario rechaza la admisibilidad de la adquisición de territorio mediante el uso de la fuerza.
Estos principios animaron la oposición de Estados Unidos a la invasión y anexión por Rusia de la península ucraniana de Crimea en 2014, su oposición al reconocimiento por Rusia de las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk como Estados independientes, y su oposición a la actual guerra de Rusia contra Ucrania.
Después de que Rusia vetara el 25 de febrero de 2022 una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía su retirada incondicional del territorio ucraniano, Estados Unidos y otros países emitieron una enérgica denuncia de la violación por parte de Rusia de la prohibición del uso de la fuerza de la Carta de la ONU. “Rusia abusó hoy de su poder para vetar nuestra firme resolución […] Rusia no puede vetar la Carta de la ONU. Rusia no puede vetar, y no vetará, la rendición de cuentas”.
Sin embargo, el 2 de marzo de 2022, la Asamblea General de la ONU aprobó por abrumadora mayoría una resolución en la que exigía “que la Federación de Rusia retire inmediata, completa e incondicionalmente todas sus fuerzas militares del territorio de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas y que la Federación de Rusia revoque inmediata e incondicionalmente la decisión relativa al estatuto de determinadas zonas de las regiones ucranianas de Donetsk y Luhansk”.
Compárese esta respuesta asertiva al uso de la fuerza por parte de Rusia para adquirir territorio, plenamente respaldada por Estados Unidos, con las formas en que Estados Unidos ha permitido a Israel adquirir territorio palestino mediante el uso de la fuerza.
Como ya se mencionó, en 1947, la Asamblea General de la ONU recomendó, contra los deseos de la mayoría de la población autóctona palestina, hay que subrayarlo, la partición de Palestina en dos Estados (aproximadamente el 55% para un Estado judío y el 45% para un Estado árabe). Aunque el movimiento sionista acogió favorablemente la recomendación, no aceptó las fronteras propuestas para los Estados. Incluso antes de la creación de Israel en mayo de 1948, las milicias sionistas emprendieron una campaña premeditada de limpieza étnica para expulsar a los palestinos de sus hogares y conquistar el mayor territorio posible.
El ejército israelí continuó esta campaña a partir de mayo de 1948 y hasta que se firmaron los acuerdos de armisticio con los países árabes vecinos en 1949. Estados Unidos alentó estos acuerdos de armisticio, que establecieron la soberanía israelí sobre el 78% de la Palestina histórica. Por tanto, incluso si se acepta la validez de la resolución de partición, que violaba la autodeterminación de los palestinos, Estados Unidos seguía consintiendo la adquisición de territorio por parte de Israel mediante el uso de la fuerza y su limpieza étnica de los palestinos de este territorio.
Compárese también la diferencia entre la exigencia de la ONU a Rusia de una retirada inmediata e incondicional del territorio ucraniano y la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en noviembre de 1967. En junio de 1967, Israel adquirió territorio palestino adicional cuando se convirtió en la fuerza militar de ocupación beligerante en Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y la Franja de Gaza.
Estados Unidos desempeñó un papel primordial en la elaboración y aprobación de esta resolución, que pedía ambiguamente la “Retirada de las fuerzas armadas israelíes de los territorios ocupados en el reciente conflicto”, en lugar de exigir explícitamente la retirada incondicional e inmediata de Israel de todos los territorios ocupados. Esta ambigüedad ha permitido a Israel mantener su ocupación militar de los territorios palestinos durante casi 55 años hasta la fecha.
Peor aún es el hecho de que Estados Unidos haya reconocido recientemente la anexión ilegal de territorios ocupados por parte de Israel. En 2017, la administración Trump reconoció Jerusalén como capital de Israel, aprobando de hecho su anexión ilegal de Jerusalén Este (mencionada anteriormente). En 2018, la administración Trump trasladó la embajada de Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, ubicándola en la antigua tierra de nadie entre las líneas de armisticio israelíes y jordanas que existieron de 1949 a 1967. Esta medida revocó 70 años de política bipartidista estadounidense de no reconocer las reclamaciones soberanas de ningún país en Jerusalén antes de un acuerdo de paz, y mucho menos cualquier reclamación soberana israelí sobre el territorio de Jerusalén que fue anexionado ilegalmente.
Y en 2019, la administración Trump también reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán sirios, anexionados ilegalmente por Israel en 1981. Hasta la fecha, la administración Biden no ha logrado anular las medidas de la administración Trump para reconocer la soberanía israelí sobre tierras anexionadas ilegalmente.
El derecho a resistir la agresión militar
En todos los ámbitos, los responsables políticos estadounidenses apoyaron sin ambigüedades el derecho de los ucranianos a la autodefensa armada frente a la agresión militar rusa. Y la administración Biden aceleró la entrega de armas letales estadounidenses a Ucrania, incluyendo recientemente 800 millones de dólares en armamento, compuesto por 800 sistemas antiaéreos para derribar aviones y helicópteros rusos, 9.000 sistemas antiblindaje para destruir tanques y vehículos blindados, 7.000 armas ligeras, incluyendo ametralladoras y lanzagranadas, y 20 millones de cartuchos de munición.
Mientras que la resistencia armada ucraniana a la agresión y la ocupación militar de Rusia fue ensalzada y valorada por los medios de comunicación y los responsables políticos, la resistencia armada palestina a la agresión y la ocupación militar de Israel, incluso cuando esa resistencia se dirige únicamente contra las tropas israelíes, lo cual es legítimo según el derecho internacional, es vilipendiada y demonizada.
No sólo la resistencia armada palestina a la agresión y ocupación militar de Israel se considera de forma muy diferente a la resistencia armada ucraniana. Además, mientras Estados Unidos proporciona armas a la resistencia armada ucraniana, arma a Israel para que cometa su agresión y mantenga su ocupación militar del territorio palestino. De hecho, al proporcionar a Israel 3.300 millones de dólares en Financiación Militar Extranjera (por no mencionar los 500 millones de dólares en sistemas antimisiles a través también de asignaciones del Departamento de Defensa), en un año normal, ¡EE.UU. proporciona más FMF a Israel que a todos los demás países del mundo juntos!
Por lo tanto, Estados Unidos no sólo niega a los palestinos su derecho a la resistencia armada contra la agresión y la ocupación militar de Israel, sino que también financia esta agresión y ocupación militar israelíes, convirtiendo a Estados Unidos en cómplice de las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional por parte de Israel.
La presión económica es una estrategia legítima para influir en el cambio político
Tanto la gente corriente como los responsables políticos estadounidenses adoptaron espontáneamente y de todo corazón un enfoque global y generalizado para boicotear los productos rusos, instar a la desinversión de los intereses corporativos en Rusia y sancionar a su gobierno como formas legítimas de presión económica para inducir un cambio de política.
Merece la pena señalar algunos de estos llamamientos. Por ejemplo, negar medicamentos a Rusia o denegar atención médica a una persona rusa por razón de su nacionalidad, están claramente diseñados para perjudicar a civiles rusos inocentes y constituyen violaciones flagrantes del derecho internacional si se aplicaran.
Otros boicots se adentran en el terreno del absurdo performativo, como la prohibición de los libros de Fiódor Dostoievski y la música de Piotr Chaikovski, ambos fallecidos durante el reinado zarista de los Romanov. Y negar a los rusos la posibilidad de acceder a las aplicaciones de gramática no tiene ninguna conexión discernible o relación con la agresión de Putin contra Ucrania.
Contrasta este entusiasmo por emprender tácticas de presión económica global en el caso de Rusia con la hostilidad de la mayoría de los responsables políticos estadounidenses hacia formas de presión económica mucho más específicas y limitadas, reclamadas por las organizaciones de la sociedad civil palestina para poner fin a la agresión y la ocupación militar de Israel.
En 2005, más de 170 grupos de la sociedad civil palestina se unieron para pedir a las personas de conciencia de todo el mundo que emprendieran campañas específicas de boicot, desinversión y sanciones (BDS) contra el gobierno israelí, las instituciones que colaboran con él y las empresas que se benefician de la opresión del pueblo palestino por parte de Israel.
A diferencia de la campaña de boicot contra la Sudáfrica del apartheid y de muchos llamamientos a boicotear a Rusia por su agresión a Ucrania, el movimiento de BDS dirigido por la sociedad civil palestina nunca ha pedido boicots contra israelíes individuales debido a su nacionalidad ni boicots que causen daños a civiles israelíes.
Además, las campañas de BDS están limitadas en el tiempo: cuando Israel ponga fin a su ocupación militar de tierras palestinas, trate a los palestinos ciudadanos de Israel por igual y permita a los refugiados palestinos ejercer su derecho al retorno, las campañas de BDS por los derechos palestinos terminarán porque sus objetivos se habrán alcanzado. (Para más detalles, véase la declaración del Comité Nacional Palestino de BDS emitida el 15 de marzo de 2022, titulada “La respuesta de Occidente a la invasión rusa derriba las excusas para rechazar el BDS contra el apartheid israelí”).
Al boicotear en favor de los derechos de los palestinos, las iglesias, sindicatos, instituciones académicas, gobiernos estudiantiles y trabajadores culturales estadounidenses están ejerciendo la libertad de expresión y su derecho a la libertad de expresión consagrado en la Primera Enmienda. Los intentos del gobierno de castigar e incluso criminalizar tales boicots constituyen una discriminación inconstitucional de puntos de vista.
A pesar de estas libertades garantizadas tanto por el derecho internacional como por la Constitución, el Congreso, las asambleas legislativas estatales y los gobernadores han intentado o han aprobado leyes o firmado órdenes ejecutivas para penalizar e incluso criminalizar a las personas que boicotean en favor de los derechos palestinos.
No sólo la Cámara de Representantes aprobó una resolución condenando a las personas que boicotean en favor de los derechos de los palestinos; los miembros del Congreso también introdujeron legislación, la llamada Ley Antiboicot a Israel, que originalmente proponía 20 años de prisión para las personas que proporcionarán información a la ONU para promover cualquier boicot a los productos de los asentamientos israelíes.
Irónicamente, a medida que crecía el impulso para boicotear a Rusia, el congresista Lee Zeldin volvió a presentar el proyecto de ley el 3 de marzo de 2002. Aunque esta versión del proyecto de ley no encarcelará a los estadounidenses por boicotear en favor de los derechos de los palestinos, podrían ser objeto de una multa penal de un millón de dólares por hacerlo.
Además, 35 estados aprobaron leyes que exigen a las personas firmar un juramento de lealtad de que no boicotearán los derechos palestinos para poder hacer negocios con el estado o que exigen a los fondos de pensiones estatales que desinviertan de cualquier empresa que se niegue a hacer negocios en los asentamientos ilegales israelíes. A pesar de que varios tribunales federales de distrito han dictaminado que este tipo de juramentos de lealtad son inconstitucionales, muchos siguen en vigor.
Si un boicot general a Rusia es una respuesta legítima a su agresión contra Ucrania, un boicot específico y limitado en el tiempo a favor de los derechos de los palestinos es aún más legítimo.
Responsabilidad para Rusia, impunidad para Israel
Inmediatamente después de la agresión de Rusia contra Ucrania, Estados Unidos apoyó inequívocamente los esfuerzos judiciales internacionales para que Rusia rindiera cuentas de sus acciones, acogiendo con satisfacción la orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que ordenaba la suspensión de las operaciones militares rusas y acogiendo con satisfacciónla investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre las acciones rusas.
Además, el presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, el secretario de Estado Antony Blinken y la embajadora estadounidense ante la ONU Linda Thomas-Greenfield ya concluyeron definitivamente que Putin es un criminal de guerra y/o que Rusia está cometiendo crímenes de guerra en Ucrania. Aunque los ataques aparentemente deliberados de Rusia contra civiles e infraestructuras civiles, y el uso a menudo indiscriminado y desproporcionado de la fuerza rusa en Ucrania parecen proporcionar indicios razonables de crímenes de guerra, por lo general sólo se llega a esas conclusiones definitivas después de que se lleven a cabo las investigaciones.
Compárese el afán de Estados Unidos por responsabilizar a Rusia de sus presuntos crímenes de guerra en Ucrania con el esfuerzo de Estados Unidos por oponerse sistemáticamente y obstaculizar los esfuerzos por responsabilizar a Israel en procedimientos judiciales internacionales, incluso después de que investigaciones oficiales de la ONU hayan concluido que ha cometido crímenes de guerra y posibles crímenes contra la humanidad.
En 2004, Estados Unidos presentó un escrito ante la CIJ, oponiéndose incluso a que emitiera una opinión consultiva sobre la legalidad del muro de Israel (la CIJ dictaminó que el muro de Israel en Cisjordania es ilegal, debe desmantelarse y debe indemnizar a los palestinos perjudicados por él).
Además, Estados Unidos bloqueó la adhesión de Palestina a la ONU como Estado miembro de pleno derecho en 2011 debido, en gran medida, al temor de Israel a que la adhesión de Palestina le permitiera adherirse a la CPI e iniciar acciones penales. Sin embargo, Estados Unidos no pudo evitar que la Asamblea General votará en 2012 a favor de admitir a Palestina como “Estado no miembro”, lo que abrió la puerta a la adhesión de Palestina al Estatuto de Roma en 2015. Estados Unidos se ha opuesto enérgicamente a la adhesión de Palestina a la CPI, así como a la apertura por parte de la CPI de una investigación sobre las acciones de Israel en 2021.
Estados Unidos también se opuso a las investigaciones realizadas bajo los auspicios del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los ataques de Israel contra palestinos en la Franja de Gaza en 2008-2009, 2012 y 2014, el ataque de Israel contra una flotilla civil en aguas internacionales que intentaba entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza en 2010 y las políticas de fuego abierto de Israel contra manifestantes palestinos desarmados durante la Gran Marcha del Retorno en 2018-2019. (Para más detalles, véase el Análisis Político #4 de IMEU | Por qué Israel debe rendir cuentas por sus políticas hacia la Franja de Gaza).
En el caso del Informe Goldstone, que documentaba crímenes de guerra y posibles crímenes contra la humanidad cometidos por Israel y grupos armados palestinos durante el ataque israelí de 2008-2009, documentos filtrados revelaron incluso que Estados Unidos colaboró con Israel para “desviar y contener” el informe, en lugar de exigir responsabilidades a Israel por sus actos.
Tanto el gobierno de Biden como algunos miembros del Congreso están adoptando un enfoque similar con respecto a una Comisión de Investigación de la ONU creada en 2021 para crear una instancia permanente que examine los abusos de Israel contra los derechos humanos de los palestinos en los Territorios Palestinos Ocupados.
Tanto Rusia en Ucrania como Israel en Palestina han atacado deliberadamente a civiles e infraestructuras civiles, han empleado una fuerza desproporcionada e indiscriminada, han golpeado edificios residenciales y hospitales, y han utilizado armas prohibidas (bombas de racimo) en zonas civiles. En el caso de Rusia, los responsables políticos estadounidenses han apoyado legítimamente que rinda cuentas; en el caso de Israel, los responsables políticos estadounidenses han protegido reiteradamente a Israel de la rendición de cuentas y han promovido su impunidad.
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N.d.T.: El artículo original fue publicado por The Institute for Middle East Understanding (IMEU) el 30 de marzo de 2023.
