Por Ozlem Goner para Jadaliyya
El trato del Estado turco a los kurdos y la cuestión del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) se convirtieron en un debate mundial a finales de febrero, cuando el presidente turco Erdoğan amenazó con bloquear la admisión de Suecia y Finlandia en la OTAN a menos que aceptaran tomar medidas enérgicas contra la actividad de los militantes kurdos dentro de sus fronteras.
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Los aliados de la OTAN, que durante mucho tiempo hicieron la vista gorda ante la persecución de los kurdos por parte de Turquía y la ocupación y las operaciones a través de las fronteras sirias e iraquíes, se apresuraron a apaciguar al presidente turco.
Justo antes de la cumbre anual de la OTAN en junio, los gobiernos de Suecia, Finlandia y Turquía anunciaron un memorando trilateral, en el que se esbozaba la reconsideración del embargo de armas desde la invasión de Siria por Turquía en 2019, el fin del apoyo nórdico al norte y este de Siria, la posibilidad de extradiciones, una mayor colaboración en el intercambio de inteligencia y el seguimiento de los movimientos políticos kurdos y prokurdos en Finlandia y Suecia. El memorando afirma explícitamente que Finlandia y Suecia deben “comprometerse a impedir las actividades del PKK y de todas las demás organizaciones terroristas y sus extensiones, así como las actividades de individuos en grupos afiliados e inspirados o redes vinculadas a estas organizaciones terroristas.”
En sus críticas al continuo apaciguamiento de Turquía por parte de la OTAN, los comentaristas advirtieron con razón sobre la definición de terrorismo que Turquía hace de todo y sobre el peligro de asociar a todos los disidentes, que en primer lugar escaparon a la violencia del Estado turco, como simpatizantes del PKK. Es cierto que el Estado turco criminalizó durante mucho tiempo cualquier actividad política y cultural kurda, o a veces incluso la mera presencia de un grupo de kurdos como colectivo, como actividad del PKK. El reciente historial de criminalización de Turquía, donde miles de personas son encarceladas por comentarios en las redes sociales, e incluso por cantar en lengua kurda, demuestra las percepciones paranoicas del Estado turco y la fácil asociación de cualquier disidente como simpatizante del PKK.
Sin embargo, esta línea de argumentación se queda corta a la hora de reconocer la colonización turca histórica y contemporánea de las poblaciones y geografías kurdas y, lo que es más importante, a la hora de reconocer la legitimidad de las diferentes formas de resistencia contra un Estado colonizador. Es cierto que el movimiento kurdo por la libertad floreció en diversos partidos políticos, organizaciones culturales y comunitarias, organizaciones de mujeres, medios de comunicación, etc.; un número considerable de ellos fueron acusados de estar relacionados con el PKK, pero son organizaciones completamente distintas. También es cierto que las delimitaciones entre el PKK y estos otros actores y organizaciones políticas son política y pragmáticamente útiles tanto para proteger a los migrantes kurdos en Europa, como para descarcelar a ciertos individuos o despenalizar la actividad política kurda “legal”, como la del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) en Turquía. Sin embargo, al tratar de proteger a ciertas organizaciones y grupos de las perjudiciales leyes estatales de terrorismo, esta separación absoluta reproduce involuntariamente una noción de acción política legítima desde dentro de los límites de legalidad e inocencia definidos por el Estado y (re)criminaliza una política de autodeterminación anticolonial.
Este artículo examina dos casos fundacionales de violencia estatal colonial y luchas anticoloniales contra el Estado turco, e ilustra cómo la resistencia kurda se analiza a menudo desde dentro del discurso estatal, donde la autodefensa y las posibles reivindicaciones de autodeterminación se criminalizan fácilmente. El primero es el genocidio de 1938 en Dersim, que marca el episodio más organizado de violencia colonial en Bakur-Kurdistán, la parte del Kurdistán dentro de las fronteras de la Turquía colonial, que tuvo como resultado el asentamiento del dominio turco en la región.
El segundo es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), el movimiento de masas anticolonial más organizado contra el Estado turco. Cuando la guerra de guerrillas del PKK demostró ser duradera y su popularidad aumentó en la región en la década de 1990, el Estado turco intensificó la violencia contra las poblaciones kurdas, incrementando la vigilancia militar y los puestos de control, desplazando a millones de personas e incendiando miles de pueblos. Sostengo que la mayoría de los debates actuales sobre el PKK, incluso los supuestamente más progresistas y conscientes de la violencia del Estado contra las poblaciones kurdas, reproducen en última instancia el discurso colonial del Estado, en el que la violencia sólo se reconoce a través de nociones domesticadas de legalidad y derechos humanos definidos por el Estado, sin referencia a la violencia colonial ni a las luchas anticoloniales, y todas las formas de autodefensa militante y autodeterminación quedan en última instancia deslegitimadas.
Asentamiento del colonialismo turco sobre los kurdos: Genocidio de 1938
En primer lugar, analizaré la violencia colonial más organizada en Bakur-Kurdistán, el Genocidio de Dersim, que dio lugar al asentamiento del dominio colonial en la región y a los primeros debates públicos sobre este Genocidio en Turquía durante el proceso de paz de 2009-2014. En 1938, el Estado turco masacró a miles de personas en Dersim, un municipio kurdo aleví del este de Turquía con una destacada población armenia en aquella época, y desplazó a miles más, obligándolas a trasladarse a zonas de mayoría “turca suní”.
De las masacres a gran escala al desplazamiento forzoso, de la adopción forzosa de niñas a la ruptura de relaciones comunales-espirituales, 1938 marcó un proyecto genocida contra la población kurda aleví de Dersim, y un paso fundacional para el asentamiento del dominio colonial turco en la región de Bakur-Kurdistán. El Estado turco mantuvo en secreto sus archivos sobre 1938, y no hubo discusiones públicas sobre el suceso durante décadas hasta que un debate entre el partido gobernante AKP y el opositor CHP (Partido Republicano del Pueblo) se refirió a Dersim en 2009-2010. A continuación analizaré brevemente este debate para ilustrar que, incluso durante un proceso de paz en el que se discutió públicamente por primera vez la violencia de Estado, los conceptos y discusiones sobre colonialismo y autodeterminación/autodefensa quedaron fuera de los límites discursivos de muchos intelectuales e incluso activistas políticos.
El debate comenzó cuando un parlamentario del opositor Partido Republicano del Pueblo CHP, Onur Öymen, criticó el proceso de paz entre el Estado turco y el PKK iniciado por el gobernante AKP. Crítico con el lema del proceso de paz, “impedir que las madres lloren”, Öymen dijo: “¿No lloraron las madres en Dersim? El gobierno [del AKP] no tiene valor para luchar contra el terror”. El presidente Erdoğan, que en esos días jugaba al “poli bueno” para atraer a los votantes kurdos y arrinconar al líder del CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, descendiente de una familia exiliada de Dersim durante la violencia genocida de 1938, por dirigir un partido político que mató a sus antepasados, hizo públicos documentos estatales sobre 1938 y calificó los hechos de “la tragedia más pesada de la historia reciente.” Aunque nunca respondió a los llamamientos de las organizaciones con sede en Dersim para que pidiera disculpas públicas y revelara los lugares de enterramiento de los asesinados por el Estado turco durante las masacres, Erdoğan rompió el largo silencio sólo para encapsular el genocidio de Dersim en una nueva forma de discurso dominante.
Este nuevo discurso emergente se centró en si los habitantes de Dersim eran “inocentes” o no. Mientras los principales medios de comunicación seguían la falsa disculpa de Erdoğan con debates sobre “lo que ocurrió en Dersim”, los que se resistían a cualquier cambio en el discurso estatal intentaban reconstruir una narrativa sobre las masacres como la “represión de una rebelión”, mientras que los que querían romper este discurso negaban por completo cualquier indicio de autodefensa, refiriéndose a las “víctimas” sobre todo como “mujeres y niños inocentes.”
Para los primeros, cualquier documentación sobre la posesión de armas o enfrentamientos entre el ejército turco y Dersim era señal de una rebelión, lo que legitimaba la masacre de decenas de miles de personas. Según estos historiadores nacionalistas, la autodefensa legitimaba la rectitud del Estado al emprender un genocidio. Para refutar lo primero, el segundo grupo, incluidos los historiadores orales locales de Dersim, se centraron exclusivamente en las masacres de (indefensos) “mujeres y niños”. Aunque esta última narrativa es una parte fundamental de “lo que ocurrió en 1938”, su negación total de los casos de autodefensa deslegitimaba implícitamente la autodefensa kurda contra un Estado colonial violento y asimilacionista.
Es cierto que no hubo ninguna rebelión organizada en acción contra el Estado turco en 1938. La mayoría de los líderes comunitarios aceptaron entregar su armamento, más bien limitado, que, antes de la centralización estatal de principios de siglo, había sido una forma legítima de protección en todas las regiones de Anatolia. También es cierto que algunas figuras destacadas se entusiasmaron inicialmente con la fundación de la República con la esperanza de que reconociera la autonomía religiosa/espiritual de la región.
Sin embargo, muchos otros no tardaron en reconocer los peligros de la centralización del Estado y la condición de forasteros de la nueva ideología nacionalista centralizadora. Hubo intelectuales públicos y organizadores como Alîşêr Beg y Zerîfe Xatun, que participaron en la Resistencia Koçgiri de 1921, y más tarde vinieron a Dersim para dialogar con los líderes de la comunidad. Por supuesto, estos intelectuales y figuras públicas fueron los primeros en sufrir la violencia del Estado, ya que muchos fueron asesinados en 1937, antes del comienzo de las masacres a gran escala en 1938. Además, las poblaciones locales lanzaron en su mayoría instancias no coordinadas de resistencia por la autodeterminación contra los asentamientos del dominio colonial, como los puestos militares avanzados en los pueblos, que constituían una amenaza para los acuerdos autoorganizativos y espirituales entre los diferentes segmentos de la comunidad.
Los historiadores orales excluyeron la labor de autodeterminación de los intelectuales-organizadores, así como los casos de autodefensa contra los militares colonizadores, de la memoria colectiva de esta época para demostrar la “inocencia” y apaciguar a los historiadores estatales deseosos de legitimar un genocidio colonial como la “represión de una rebelión”. Tanto en los discursos nacionalistas como en los más progresistas, los “inocentes” no se resisten a ser colonizados, sino que se dejan colonizar. Esta búsqueda de la “inocencia”, ya sea para probarla o refutarla, no deja espacio para la autodefensa y la autodeterminación contra un Estado colonial en el discurso público.
Límites del discurso jurídico: El PKK como lucha anticolonial
El mismo debate tiene lugar hoy en torno al PKK. El PKK se fundó como movimiento marxista anticolonial contra el Estado turco colonial capitalista en 1978. Influido por la tradición de los partidos marxista-leninistas organizados en forma de guerra de guerrillas, así como por la historia de las luchas anticoloniales del pueblo kurdo contra los Estados colonizadores de Oriente Próximo, el PKK formó rápidamente unidades guerrilleras en las regiones montañosas del Kurdistán. Organizándose fuera de las fronteras turcas, el PKK pudo sobrevivir al golpe de Estado de 1980, que aplastó a todos los partidos y organizaciones de la oposición en Turquía y criminalizó y asesinó a los líderes del movimiento. Con muchos de sus fundadores y miembros en prisiones coloniales turcas, las unidades guerrilleras del PKK empezaron a enfrentarse a las fuerzas estatales turcas en Bakur-Kurdistán en 1984.
Sostengo que existen dos capas de discurso dominante que configuran los debates actuales sobre el PKK: una es el discurso estatal del “terrorismo”, mientras que la otra es un discurso liberal aparentemente más progresista de “antiviolencia”, que en última instancia reproduce los discursos estatales y las relaciones coloniales en la región.
Quienes están familiarizados con el primer discurso del “terrorismo” en otros contextos son conscientes de la facilidad con que los Estados lo movilizan contra los movimientos revolucionarios. Aunque los problemas con este discurso y las leyes que lo rodean se hicieron más visibles con el trato a los musulmanes en Estados Unidos tras el 11 de septiembre, las leyes y normativas relativas al “terrorismo” fueron utilizadas común y fácilmente por los Estados para criminalizar y reprimir movimientos. El trato dado por el FBI al Partido de las Panteras Negras en los años 70 con el programa Cointelpro, el trato dado por Israel a cualquier forma de resistencia palestina hasta el día de hoy, y la criminalización de los kurdos por parte de Turquía con leyes y reglamentos de “terrorismo” son sólo algunos ejemplos.
Cuando las leyes estatales ya coloniales no son adecuadas para reprimir a personas o movimientos considerados “amenazas”, los Estados suelen inventar nuevas leyes, denominadas “leyes de situaciones extraordinarias” o “excepciones”, para criminalizar y castigar a los colonizados. El Estado turco, por ejemplo, introdujo todo un conjunto de leyes en 1935, denominadas “Tunceli Kanunu”, para preparar a Dersim para el Genocidio de 1938. Con estas llamadas “leyes de excepción”, incluso el genocidio puede convertirse en legal. Del mismo modo, con la aparición del PKK, el Estado turco declaró “leyes de situación extraordinaria” relativas a las regiones kurdas que legitimaron la tortura y el asesinato de kurdos, la quema de pueblos y el desplazamiento forzoso de millones de personas.
La criminalización a través del discurso del “terror” crea tal temor que, una vez que un Estado nombra “terrorista” a un movimiento, incluso quienes de otro modo podrían simpatizar con la causa del movimiento evitan cualquier compromiso con él. En este caso, una vez que el Estado turco calificó al PKK de organización “terrorista”, una etiqueta fácilmente aceptada por Estados Unidos y la mayor parte de Europa, millones de kurdos para quienes el PKK constituía una lucha contra la violencia colonial fueron criminalizados. Y cada vez que distinguimos claramente a los individuos y organizaciones del PKK para demostrar su inocencia, definimos una categoría de “kurdo bueno”, el que actúa dentro de los límites legales de la acción política, frente al “kurdo malo”, miembro o simpatizante del PKK “terrorista”, de forma muy parecida a la discusión de Mahmood Mamdani sobre los “musulmanes buenos” frente a los “musulmanes malos” tras el 11 de septiembre. Estas categorías sólo sirven para reproducir los discursos y las leyes del terrorismo, en los que los Estados definen a los movimientos anticoloniales y antisistémicos como “terroristas” y derivan leyes de “excepción” para gestionarlos, mientras que quienes se resisten a la violencia estatal tienen ahora la carga añadida de demostrar que no son “terroristas”.
El segundo discurso que quizás involuntariamente potencia el discurso estatal del “terrorismo” es el de la “anti-violencia”. Distinguiéndose de los enfoques nacionalistas y estatistas, este discurso liberal intenta permanecer “objetivo para ambas partes”. Es a través de un rechazo universal de cualquier forma de violencia, incluso en las formas de liberación anticolonial y autodefensa, que incluso aquellos que conocen la violencia del Estado turco se aseguran de distanciarse del PKK. Por ejemplo, en su columna sobre la violencia estatal contra los kurdos, Cihan Tuğal condena al PKK por “contribuir al derramamiento de sangre” y “matar tanto a civiles como a agentes de seguridad.” Aunque reconoce las condiciones que condujeron a la aparición del PKK y el hecho de que el enfoque militarista de Turquía no dejó espacio para “organizaciones kurdas más conciliadoras”, no reconoce el derecho de los kurdos a la lucha anticolonial contra el Estado turco colonizador, que adoptó la forma de guerra de guerrillas, como ocurrió en gran parte del mundo colonizado en las décadas de 1960 y 1970. Al referirse al Estado turco colonial y al PKK con el mismo discurso de “derramamiento de sangre”, Tuğal y otros mantienen una distancia segura con “ambos bandos”.
Este discurso liberal de “antiviolencia”, presumiblemente “objetivo” para “ambos bandos”, intenta situar en el mismo plano la violencia del Estado turco y la del PKK. Como se preguntaba Walter Rodney, destacado historiador y activista político guyanés, refiriéndose a las luchas anticoloniales de la década de 1970, “¿con arreglo a qué criterios de moralidad puede considerarse igual la violencia empleada por un esclavo para romper sus cadenas que la violencia de un amo de esclavos?”. “¿con qué estándares de moralidad” puede considerarse la resistencia anticolonial con los mismos criterios que la violencia de un Estado colonizador que masacró, torturó y desplazó a los colonizados durante más de un siglo? En su falsa objetividad, basada en una vacilante negación de la cuestión del colonialismo, estas críticas morales culpan al PKK de reproducir la violencia y de desencadenar más violencia estatal contra los kurdos.
Esta versión del discurso antiviolencia no sólo guarda silencio sobre la cuestión del colonialismo, sino que se convierte en una herramienta para la reproducción de las relaciones coloniales con una insistencia descarada en “lo que es bueno para los kurdos”. Así, aunque se reconoce la violencia estatal, la lógica del Estado colonial de “salvar a los colonizados” de los “kurdos malos” se reproduce mediante un rechazo rotundo del PKK.
Esto queda más claro cuando comentaristas como Tuğal anhelan organizaciones más “conciliadoras” para negociar con un Estado. Este anhelo se basa en dos condiciones relacionadas: un reconocimiento selectivo de la violencia estatal en torno al discurso de los derechos humanos sin una comprensión de la violencia histórica y fundacional del colonialismo; y una indiferencia hacia la lucha anticolonial, cuando no un rechazo frontal de la misma. El énfasis de Tuğal en el golpe de Estado de 1980 es compartido por muchos otros comentaristas que culpan a esta época de violaciones extremas de los derechos humanos, que aparentemente dieron paso a la formación del PKK en primer lugar. Así pues, aunque este discurso más liberal de la “antiviolencia” parece, a primera vista, crítico con la violencia estatal, en última instancia reproduce la legitimidad del dominio colonial, tratando su violencia directa (física) en estos períodos selectos como domesticable.
En este imaginario, ni la propia violencia del dominio colonial ni las prácticas históricas y contemporáneas de autodefensa y autodeterminación se reconocen como lo que son. Desde la supresión de la resistencia koçgiri en 1921 hasta la violencia genocida contra Dersim en 1938, desde el trato “especial” de las regiones kurdas tras el golpe de Estado de 1980 hasta el estado de excepción de la década de 1990, el dominio colonial turco fue fundacional, continuo y sistemático. Adoptó muchas formas, desde la aniquilación al desplazamiento, pasando por la criminalización y la asimilación. Las luchas anticoloniales y las formas de autodefensa y autodeterminación también tienen una larga historia, con abundancia de medios y tácticas debatidas entre intelectuales y movimientos públicos.
En este sueño liberal en el que la violencia fundacional del colonialismo es inexistente, los intelectuales liberales no cuestionan su papel en la reproducción del colonialismo deseando en su lugar una política domesticada por parte de los colonizados. Juzgando una vez más la “inocencia” de los sujetos colonizados, la política liberal de “antiviolencia” no comprende por qué el PKK atrajo a millones de kurdos de la región como lucha anticolonial. Anhelando en su lugar organizaciones más “conciliadoras”, tales discursos liberales reproducen una dicotomía entre resistencia “buena” frente a resistencia “mala” basada en un enigma de “inocencia”. La llamada resistencia “buena” es inocente; opera desde el ámbito de las leyes estatales y no reivindica la autodefensa ni la autodeterminación.
En este punto, el discurso liberal introduce líneas de separación entre los diferentes segmentos del movimiento kurdo por la libertad, eligiendo caprichosamente entre los que se declaran y los que no. Por ejemplo, muchos comentaristas celebran el Partido Democrático de los Pueblos (HDP), mientras que culpan a los componentes del HDP que parecen estar “demasiado cerca del PKK”. Quieren que el partido se “distancie” rotundamente de lo “malo”, de lo “inaceptable”. En última instancia, incluso el HDP tiene que demostrar constantemente su “inocencia” rechazando rotundamente al PKK y distanciándose de las cuestiones de autodeterminación y autodeterminación.
Este enigma de la “inocencia” es una trampa que criminaliza voluntariamente la política anticolonial. Incluso quienes no rechazan de plano al PKK buscan siempre sus “errores”, distanciándose de actos que consideran demasiado “radicales” y culpando a menudo a estos actos “radicales” de la consiguiente violencia estatal. Mientras que el imaginario liberal, que no se vio afectado por la violencia colonial durante décadas, busca la inocencia y la pureza para defender los derechos de los colonizados, como en el caso de 1938, el Estado colonizador sigue matando y encarcelando. Esto no quiere decir que no podamos criticar al PKK o los errores que cometió a lo largo de los años, como cualquier otra organización política.
Sin embargo, criminalizar fácilmente por tomar las armas contra su colonizador, que resulta tener el segundo ejército más grande de la OTAN, es caer en la trampa del discurso estatal, según el cual el monopolio de la violencia por parte de los Estados y su dominio colonial sobre las poblaciones colonizadas están más allá de toda crítica y reproche. Por lo tanto, cuando un analista, por lo demás bien informado, utiliza el discurso de Estado del “derramamiento de sangre” contra el PKK, contribuye al discurso de guerra y “terror” que deslegitima no sólo al PKK, sino a la voluntad política de millones de kurdos que ven al PKK como un agente de autodefensa anticolonial y de autodeterminación contra el Estado colonial turco.
Lo que necesitan los académicos y activistas que conocen la violencia del Estado turco es más bien darse cuenta de la naturaleza colonial de esta violencia y de su propia posición frente a los discursos del Estado y las luchas anticoloniales. Ya hubo varios llamamientos y procedimientos legales para eliminar al PKK de las listas de terroristas en varios países con el fin de avanzar hacia una solución política.
En estos llamamientos se discuten las transformaciones del PKK, como su firma de la Convención de Ginebra y su adopción de un modelo confederalista democrático, una forma de democracia descentralizada con representación de mujeres y minorías, frente a un movimiento secesionista en busca de un Estado-nación. Aunque estos cambios son importantes para entender al PKK como una organización política con motivos, ideología y objetivos cambiantes, se pasan por alto en la mayoría de los análisis populares; por ello, es aún más crucial que no condicionemos la legitimidad de la autodeterminación anticolonial a estos cambios. Tales condiciones sólo reforzarían los límites discursivos y legales de la política definidos por el Estado. Quienes centran la violencia colonial en su política harían mejor en comprometerse con las motivaciones y objetivos políticos de un movimiento anticolonial tal y como los determinan los colonizados, en lugar de cargar los movimientos anticoloniales con deseos coloniales de “inocencia”.
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Ozlem Goner es profesor asociado en el Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Staten Island y de Estudios del Medio Oriente en el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Su libro titulado Turkish National Identity and its Outsiders: Memories of State Violence in Dersim fue publicado por Routledge en junio de 2017. Es miembro del comité directivo del Comité de Emergencia para Rojava.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por Jadaliyya el 22 de agosto de 2022.
