Por Azadeh Shahshahani y Assal Rad por Jadaliyya
La situación en Irán ejemplifica cómo la aplicación de sanciones económicas de amplio alcance puede causar un daño masivo a la población y la economía de un Estado. Las sanciones de Estados Unidos perjudican predominantemente a los ciudadanos y socavan los derechos humanos, al tiempo que amenazan los medios de vida de millones de personas en el Sur Global de una manera parecida a la guerra.
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Con la pérdida de esperanzas de revivir el histórico Acuerdo Nuclear con Irán de 2015, el tema de la política de sanciones de Estados Unidos (EE.UU) y sus consecuencias requiere una mayor atención. El gobierno de Biden no sólo mantuvo las fallidas políticas de sus predecesores, sino que redobló esas políticas con la reciente adición de más sanciones a Irán. Este anuncio se produce mientras los debates en Washington sobre las opciones militares y el “plan b” siguen aumentando. A pesar de las omnipresentes promesas de poner fin a las interminables guerras por parte de las administraciones demócrata y republicana, las políticas impuestas a Irán reflejan una lógica imperialista compartida que considera que las sanciones y la guerra son estrategias correspondientes con el mismo objetivo final: lograr la sumisión del Estado objetivo. Resulta irónico que los funcionarios estadounidenses utilicen el lenguaje de los derechos humanos y el derecho internacional para justificar políticas que perjudican intencionadamente a los civiles y para enmascarar los objetivos reales de dichas políticas.
Woodrow Wilson, uno de los modernos arquitectos de las sanciones, describió las sanciones como un “remedio económico, pacífico, silencioso, mortal [y] terrible”, que “no cuesta una vida por fuera de la nación boicoteada”. La admisión de Wilson de que las sanciones son mortales es reveladora, tal y como se observa dentro de las naciones objeto de las mismas, donde las sanciones suelen provocar violencia, abusos de los derechos humanos y extrema pobreza. Sin embargo, la idea de que son pacíficas desmiente las pruebas sobre el terreno. De hecho, como muestra el ejemplo de Irán, las sanciones de amplio alcance no son una alternativa a la guerra, sino más bien una parte del esfuerzo bélico destinado a presionar y devastar a la población civil mientras se obtienen concesiones por la fuerza.
Si bien las sanciones fueron concebidas originalmente como una herramienta para evitar la guerra y apuntar a actores específicos para que rindan cuentas ante el derecho internacional, el abuso de esta herramienta y su imposición desigual las convirtieron en un instrumento con consecuencias no muy diferentes a las de la guerra. También parecen haberse convertido en una herramienta a la que los responsables políticos estadounidenses recurren con demasiada frecuencia, con poco espacio para las medidas diplomáticas. De hecho, para algunos responsables políticos de EE.UU, las sanciones generales y aplastantes, según los expertos en derechos humanos, constituyen una “grave amenaza para los derechos humanos y la dignidad”, llegaron a entenderse como la propia diplomacia. En un reciente artículo de opinión del que son coautores los senadores Bob Menéndez y Lindsey Graham, ambos contrarios al Acuerdo Nuclear con Irán, afirman haber “apoyado sistemáticamente la diplomacia respaldada por las sanciones” [énfasis añadido].
La idea de que las políticas que causan un daño indebido a los civiles y devastan la vida de la población comun son análogas a la diplomacia tiene sus raíces en el razonamiento imperialista, que considera que las acciones de los Estados más poderosos son impermeables a un sistema de normas o derecho internacional destinado a proteger a esos mismos civiles. No es de extrañar, que los Estados dominantes del Norte Global, sobre todo el país más poderoso del mundo, Estados Unidos- impongan cada vez más sanciones de amplio alcance de forma selectiva para ejercer presión política en favor de sus intereses geopolíticos.
En el caso de Irán, ahora la segunda nación más sancionada del mundo, las sanciones en todo el país se utilizaron como otra herramienta de intervención de EE.UU, aunque los iraníes son conscientes de intervenciones más abiertas, como el golpe de Estado de 1953 contra el popular Primer Ministro Mohammad Mossadegh de Irán. Desde 1979, EE.UU impuso sanciones a Irán en diversos grados para limitar “el poder estratégico de Irán en Medio Oriente de forma más general” y, más recientemente, para obligar a Irán “a aceptar límites a su programa nuclear”. Las sanciones impuestas a Irán en los últimos años son especialmente crueles teniendo en cuenta el breve respiro de esperanza que supuso el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) de 2015, o acuerdo nuclear internacional con Irán, que prometía a este país un alivio económico tras décadas de amplias sanciones que se intensificaron durante el primer mandato del Presidente Obama.
Las sanciones se dirigieron con mayor frecuencia a los sectores del petróleo y la energía y a las instituciones financieras de Irán. En 2018, el Presidente Trump se retiró del JCPOA e impuso sanciones a gran escala al país. La estrategia era utilizar la “máxima presión” para causar sufrimiento a los iraníes más comunes y fomentar el malestar político. Como admitió el secretario de Estado Mike Pompeo: “estamos convencidos de que [las sanciones] llevarán al pueblo iraní a levantarse y a cambiar el comportamiento del régimen”. La mayoría de estas sanciones continúan bajo el mandato del Presidente Biden. Sin embargo, el gobierno de Biden y otras potencias mundiales están negociando con Irán para restablecer potencialmente el JCPOA reanudando la participación de Estados Unidos, haciendo que todas las partes vuelvan a cumplir, y levantando así las sanciones que son incompatibles con el acuerdo.
No se puede exagerar el impacto económico de las sanciones de EE.UU a Irán. Las sanciones actuales pretendían causar “un creciente aislamiento financiero y estancamiento económico“. Las sanciones, que impiden a Irán vender petróleo crudo y metales en el extranjero, tuvieron un impacto directo en la economía, causando inflación y desempleo. Tras la reimplantación de las sanciones en 2018, el rial iraní cayó bruscamente, perdiendo aproximadamente el 70% de su valor. Aunque la tasa oficial de la moneda es de 42.000 riales/1 dólar, la tasa no oficial es de 306.000 riales/1 dólar a partir del 2 de diciembre de 2021. La inflación se disparó y muchos iraníes tienen dificultades para comprar alimentos, medicinas y otros productos de primera necesidad. En los últimos días, el aumento de los precios de los alimentos desencadenó incluso protestas en todo Irán, ya que muchos iraníes están desesperados por poner fin a sus dificultades económicas. Además, la tasa de desempleo en Irán fue del 9,6% en el tercer trimestre de 2021. Sin embargo, esta cifra solo tiene en cuenta a las personas que forman parte de la fuerza laboral “activa”, es decir, aquellas que son empleables y pueden participar en la actividad económica pero que no encuentran trabajo. Muchas personas no se consideran “activas” debido a su baja participación económica. Es probable que las verdaderas cifras de desempleo sean mucho más altas, ya que sólo 13,4 millones de los 84 millones de iraníes tienen empleos a tiempo completo, y menos de 9 millones de iraníes tienen empleos a tiempo parcial.
Aunque las sanciones impuestas a Irán se dirigen nominalmente a compras y ventas específicas, el resultado es un aislamiento financiero casi total. Dado que, las sanciones son extraterritoriales por naturaleza, lo que significa que están diseñadas para penalizar a cualquier tercero que haga tratos con el país objetivo. Para evitar ser declarados culpables, los actores internacionales no sólo cumplen, sino que a menudo hacen más de lo que exigen las sanciones, situación que se conoce como sobrecumplimiento. Debido a las sanciones extraterritoriales, las instituciones financieras pueden negarse a realizar transacciones con el país para evitar elevadas multas por aprobar accidentalmente operaciones sujetas a sanciones. Por ejemplo, “Standard Chartered Bank” del Reino Unido fue multado con 1.099 millones de dólares por violar una sanción al comerciar con Irán. Los particulares también pueden ser perseguidos penalmente por no cumplir las normas. En consecuencia, resulta difícil y arriesgado para los particulares enviar dinero o recursos directamente a Irán.
Las sanciones también obstaculizaron el acceso de los iraníes a la asistencia sanitaria y a los medicamentos. En lugar de suavizar las sanciones en medio de la pandemia mundial de COVID-19, la administración Trump aumentó su presión sobre Irán. En abril de 2020, Estados Unidos anunció que bloquearía el préstamo de 5.000 millones de dólares del FMI que Irán solicitó para ayudar a combatir el COVID-19. Irán se esforzó por conseguir una asistencia sanitaria universal, y aproximadamente el 96% de los iraníes están cubiertos por planes de seguro del gobierno con gastos limitados de su bolsillo. Sin embargo, al restringir la venta de petróleo crudo y limitar el acceso a los préstamos, las sanciones también limitaron la capacidad del gobierno para gastar dinero en atención sanitaria.
Algunos medicamentos ya no se importan a Irán, lo que dificulta el acceso de los pacientes al mismo nivel de tratamiento. Aunque el país es capaz de fabricar el 97% de sus necesidades de medicamentos, el 3% de las medicinas que tradicionalmente importa incluye medicamentos que salvan vidas para enfermedades graves como el cáncer. Además, cerca del 70% de los equipos médicos del país son importados. Los iraníes con enfermedades que requieren tratamiento especializado son los más afectados. Una empresa europea se negó a vender a Irán vendas especializadas para la epidermólisis bullosa, una enfermedad rara y dolorosa, debido al riesgo de sanciones secundarias. Del mismo modo, los medicamentos para trasplantes, aunque vitales, son ahora escasos y caros.
EE.UU estableció técnicamente ciertas exenciones humanitarias en su régimen de sanciones para “productos agrícolas, alimentos, medicamentos y dispositivos médicos a Irán”. Sin embargo, existen importantes obstáculos para la plena realización de esas exenciones. Por ejemplo, hasta el 40% de la economía iraní está dirigida por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) -una rama del ejército iraní- y sus empresas de fachada. Estados Unidos designó al CGRI como Organización Terrorista Extranjera y determinó que no está sujeto a ninguna exención humanitaria, lo que hace que esas exenciones no sean aplicables a un gran segmento de la economía iraní. La administración Biden emitió unas directrices que autorizaban las transacciones de suministros y tecnologías utilizadas para tratar, prevenir o diagnosticar el COVID-19 y permitían algunas transacciones anteriormente prohibidas con el banco central iraní. Sin embargo, esto no tuvo lugar hasta el 17 de junio de 2021 – más de un año después de la pandemia.
Una empresa que pretenda comerciar con Irán con artículos exentos debe encontrar un banco sujeto a la exención que tenga relación con un banco turco o europeo para poder procesar el pago, a menudo con altos costes de transacción. Este sistema también obliga a Irán a utilizar sus reservas de divisas, que proceden de la venta de las exportaciones de petróleo y metales que ahora están sujetas a sanciones. Como el país está aislado del sistema bancario internacional, realizar compras internacionales puede llevar semanas. A menudo, las empresas farmacéuticas iraníes se ven obligadas a desviar las transacciones a través de una red informal que se basa en las relaciones existentes para realizar los pagos sin transferir el dinero. Sin embargo, esto aumenta los costes de las transacciones y es difícil de utilizar. Algunos importadores recurrieron a fuentes alternativas de menor calidad, lo que provocó una disminución de la eficacia de los medicamentos y una toxicidad inesperada.
Un argumento habitual de los defensores de las sanciones es que las dificultades económicas impulsan la acción popular contra los partidarios de la línea dura, como lo demuestra la elección en 2013 del presidente moderado Hassan Rouhani o los levantamientos populares de 2017. Sin embargo, esta conexión es tenue, ya que los electores iraníes habían elegido a candidatos moderados en varios momentos antes de que se sintieran los efectos de las sanciones en la economía y ya que las sanciones de Estados Unidos se suspendieron en el momento en que se produjeron los mencionados levantamientos.
Más bien, las sanciones tienen justo el efecto contrario. La campaña de “máxima presión” dirigida por la Administración Trump terminó por ayudar a los ultraconservadores y frustró los esfuerzos del presidente Rouhani, desempeñando un rol importante en las victorias aplastantes de varios partidarios de la línea dura en las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2020 y 2021, respectivamente.
Lo que esto demuestra es el efecto que las sanciones estadounidenses están teniendo no sólo en el empobrecimiento de las condiciones materiales de cualquier posible oposición interna, sino también en proporcionar a los partidarios de la línea dura del Estado una narrativa que los presenta como una línea de defensa contra la agresión imperialista o, al menos, como un medio de subsistencia frente a las duras condiciones económicas. Una encuesta realizada por el Centro de Estudios Internacionales y de Seguridad de la Universidad de Maryland en septiembre de 2021 mostró que tres cuartas partes de los iraníes ven a EE.UU de forma muy desfavorable, aproximadamente el 70% considera que EE.UU intenta bloquear la llegada de artículos humanitarios a Irán, y aproximadamente el 70% cree que EE.UU podría tomar medidas significativas levantando las sanciones al Banco Central iraní o eliminando los obstáculos que impiden a Irán comprar vacunas e ingredientes de vacunas.
Además, las sanciones no sólo refuerzan a los violadores de los derechos humanos, sino que socavan gravemente su oposición. Por ejemplo, las activistas tuvieron que recurrir a múltiples trabajos para mantener a sus familias, lo que les dejó menos tiempo para organizar cualquier tipo de resistencia sustancial a un Estado cada vez más complejo y militarizado. Además, las organizadoras de los derechos de la mujer se encontraron sin recursos suficientes para participar en conferencias internacionales, con el resultado de que sus movimientos se vieron apartados de la lucha a través de sus fronteras y, en última instancia, confinados en un territorio aislado controlado por fuerzas hostiles que trabajan para eliminar los estudios y la investigación sobre la mujer y para limitar gravemente la presencia de las mujeres en la educación superior. Las organizaciones benéficas también vieron sus funciones fuertemente perjudicadas, cuando no directamente acabadas, debido a las dificultades para transferir fondos para esfuerzos sanitarios, médicos y educativos, así como para el apoyo a las mujeres y los niños. Todos estos relatos están respaldados por pruebas empíricas que exploran el efecto contraproducente de las sanciones a la hora de paralizar la viabilidad política de la disidencia interna.
Como explicaba un grupo de activistas del movimiento femenino iraní y defensores de los derechos de la mujer en una carta de condena de las sanciones, “en un entorno en el que la gente trabaja principalmente para sobrevivir y alimentar a sus familias, los derechos humanos y la defensa de la sociedad civil se convierten en exigencias de lujo”. Periodistas, activistas de derechos humanos y los movimientos de mujeres, trabajadores y profesores se unieron para pedir el levantamiento de la presión económica para poder organizarse y liberarse de la represión gubernamental. La presa política y activista de los derechos civiles Narges Mohammadi expresó de forma similar que las sanciones de Estados Unidos suponen un reto para la consecución de la democracia en Irán, una opinión también respaldada por la investigación empírica.
El Estado iraní justificó el aumento de la violencia acusando a los activistas de estar en connivencia con los imperialistas occidentales para erosionar los valores islámicos tradicionales que guían a la República Islámica, ofuscando aún más la narrativa caótica y la destrucción material provocada por las sanciones estadounidenses en su propio favor.
Además, las lagunas dejadas por varias empresas privadas como Google Cloud, Amazon Web Services, Digital Ocean y Apple App Store para evitar las sanciones permitieron al gobierno iraní hacerse con tecnologías de seguridad clave, otorgando al Estado el poder de desarrollar sus propias capacidades cibernéticas para censurar y vigilar las comunicaciones de su ciudadanía como parte de su proyecto de “internet nacional”. Según el National Iranian American Council, “el resultado es que los iraníes carecen cada vez más de las herramientas necesarias para eludir los filtros del gobierno y no tienen más remedio que utilizar plataformas, servidores e infraestructuras de datos respaldados por el Estado”. El aumento de este aparato represivo victimizó especialmente a las comunidades marginadas, como los refugiados, las mujeres y las personas LGBTQ+, que también sufren la inaccesibilidad financiera de la atención de género debido al empeoramiento de las condiciones económicas.
La situación en Irán ejemplifica cómo la aplicación de sanciones económicas de amplio alcance puede causar un daño masivo a la población y la economía de un Estado. Las sanciones de Estados Unidos perjudican predominantemente a los ciudadanos y socavan los derechos humanos, al tiempo que amenazan los medios de vida de millones de personas en el Sur Global de una manera parecida a la guerra. La crueldad de esta política se puso de manifiesto con el devastador impacto de la crisis sanitaria mundial del COVID-19 y se refleja en el hecho de que dos administraciones estadounidenses ignoraron los llamamientos internacionales para que se levanten las sanciones ante la pandemia. Pero la brutalidad de la política de sanciones de Estados Unidos es más evidente en la decisión de congelar los activos del banco central de Afganistán tras 20 años de guerra de Estados Unidos, que pone a millones de afganos en riesgo de morir de hambre. Este castigo colectivo no es una posición política; es un crimen contra la humanidad.
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Azadeh Shahshahani es Directora Jurídica y de Defensa del Proyecto Sur y ex presidenta del Gremio Nacional de Abogados. Es licenciada en Derecho y tiene un máster en Estudios Modernos de Oriente Medio y África del Norte por la Universidad de Michigan.
Assal Rad es investigadora principal en el Consejo Nacional Iraní Americano. Se doctoró en historia en la Universidad de California, Irvine.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por Jadaliyya el 21 de Junio 2022.
