Por Rana Mamdouh para Mada Masr
Por primera vez en la historia, un general de las Fuerzas Armadas va a ocupar un puesto en el más alto tribunal de Egipto. Salah Al Ruwainy, jefe de la Autoridad Judicial Militar, juró el domingo en el cargo de Primer Suplente del Tribunal Constitucional Supremo, lo que supone la primera vez que un oficial de las Fuerzas Armadas es nombrado miembro del más alto tribunal de Egipto.
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El nombramiento de Ruwainy se anunció por primera vez el 7 de julio a través de un decreto presidencial que nombraba a cinco nuevos jueces en total, incluidos dos subjefes, para el Tribunal Constitucional. El primer magistrado adjunto figuraba como “Salah Mohamed Abdel Magid Youssef”, sin mencionar su apellido, Ruwainy, ni su cargo entonces de jefe de la judicatura militar.
En una declaración televisada el día domingo, Boulos Fahmy, Presidente del Tribunal Constitucional Supremo, leyó literalmente el decreto presidencial.
El nombramiento de Ruwainy arroja luces sobre el alcance del poder de las Fuerzas Armadas sobre diversas materias centrales del Estado, incluido el poder judicial, y hasta qué punto las autoridades judiciales estuvieron sometidas al control de los altos mandos militares en lugar de los jueces.
“Es un hombre muy respetado. Lo conocemos personalmente”, comentó a Mada Masr el juez Mahmoud Ghoneim, portavoz del TCS, hablando de Ruwainy.
Según Ghoneim, Fahmy ofreció al ex jefe de la judicatura militar el puesto de vicepresidente, lo que le permitiría incorporarse a la jerarquía del tribunal más poderoso del país, lo que podría hacer que el General pudiera optar al puesto de presidente del tribunal en algún momento.
Después de que Ruwainy aceptara, el jefe del tribunal remitió el asunto a la asamblea general del tribunal, que aprobó por unanimidad el nombramiento de Ruwainy después de revisar su expediente y de ser investigado por los organismos de seguridad. “Revisamos los expedientes clasificados de cualquier candidato potencial. Los filtramos con extrema diligencia al servicio de la nación”, agregó Ghoneim.
El nombre de Ruwainy saltó a la palestra pública por primera vez en enero de 2018, cuando en calidad de fiscal militar emitió una orden de silencio en el caso de Sami Anan, ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que fue detenido por “anunciar su candidatura a la presidencia sin adquirir primero un permiso del ejército” antes de las elecciones presidenciales de 2018 en las que el presidente Abdel Fattah Al Sisi se presentó prácticamente sin oposición. Aunque no está claro cuándo fue nombrado al frente de la judicatura militar, lleva en el cargo al menos desde 2019. En octubre de 2021, en una cobertura periodística de una reunión del recién formado Consejo Supremo de Órganos y Autoridades Judiciales, presidido por Sisi, incluía a Ruwainy entre los jefes de las autoridades judiciales presentes.
“Es la primera vez, pero no será la última. Le seguirá el nombramiento de otros jueces militares en el Tribunal Constitucional Supremo”, comentó Ahmed Abdel Rahman a Mada Masr, siendo el ex vicejuez del Tribunal de Casación. Abdel Rahman explica que las enmiendas constitucionales de 2019 incorporaron la judicatura militar a la estructura judicial más amplia que está sujeta a la autoridad del Consejo Supremo de Órganos y Agencias Judiciales. Por lo tanto, dice Abdel Rahman, a los miembros de la Autoridad Judicial Militar se les concedió el mismo derecho que a los miembros del Consejo de Estado, el Tribunal de Casación, o de la judicatura administrativa para ser nombrados e incluso presidir el Tribunal Constitucional Supremo y su Autoridad de Comisionados.
Coincidiendo en que Ruwainy no será el último militar en ocupar un puesto en el Tribunal Constitucional, un alto magistrado del Tribunal Supremo Administrativo que habló con Mada Masr bajo condición de anonimato, comentó que la distribución de oficiales militares en el tribunal socava cualquier afirmación sobre la independencia del poder judicial con respecto al ejecutivo.
“Las últimas enmiendas constitucionales otorgaron al Presidente de la República un poder completo sobre los asuntos judiciales, incluidos los nombramientos, los ascensos, las asignaciones, etc. Pero eso no era suficiente para el Presidente. Así que optó por insertar a los militares en el más alto tribunal del país para asegurarse un control total”, afirmó el alto magistrado. Sin embargo, el poder judicial militar conservó un estatus especial, al estar regido tanto por el Ministro de Defensa como por el Consejo Supremo de Órganos y Autoridades Judiciales, y dirigido por el Presidente.
Nasser Amin, director del Centro Árabe para la Independencia de los Jueces y la Profesión Jurídica, está de acuerdo en que la incorporación de generales de las Fuerzas Armadas al TCS amenaza el núcleo del rol y la naturaleza del tribunal. En opinión de Nasser, si bien la judicatura militar es una entidad judicial según la Constitución, tiene una jurisdicción muy específica, relacionada con los asuntos militares y muy distinta de la jurisdicción del TCS.
Más allá del mandato del Tribunal Constitucional de interpretar las leyes y garantizar su constitucionalidad, así como de dirimir los conflictos de jurisdicción entre diferentes entidades judiciales, su función se extendió el pasado mes de agosto para incluir la supervisión de las decisiones de organizaciones y organismos internacionales, así como de las sentencias dictadas por tribunales extranjeros y tribunales arbitrales contra Egipto en ámbitos relacionados con la “seguridad nacional” y la autoridad para determinar si pueden ejecutarse.
Sin embargo, el portavoz del tribunal, sostiene que el último nombramiento no es más que una prueba de la importancia del TCS, al que Ruwainy aceptó incorporarse tras su paso por la dirección de una entidad judicial igualmente importante.
“La judicatura militar no es una entidad menor que la judicatura civil o el Consejo de Estado. La Autoridad Judicial Militar es una entidad igual que nosotros. Dictamina sobre los delitos militares. Dictamina en todos los casos de terrorismo. Tienen una fiscalía, así como tribunales penales y de apelación. Cuando acogimos a Tahany Al Gebaly —ex Vicepresidente del Consejo de Estado—, que había trabajado como abogado, fue una novedad. Cuando incorporamos a la vicepresidenta del Consejo de Estado, Fatma Al Razzaz, que había sido decana de la facultad de Derecho de la Universidad de Helwan, nadie dijo nada” añadió Ghoneim. Argumentando que la sensibilidad con la que el nombramiento de Ruwainy fue recibido por los miembros de la judicatura es injustificada.
La ley que regula el Tribunal Constitucional estipula que los miembros del tribunal deben tener al menos 45 años de edad y pueden ser seleccionados entre los miembros de la Autoridad de Comisionados del tribunal u otras entidades judiciales, abogados que defienden casos ante el Tribunal de Apelaciones o los circuitos del Tribunal Supremo Administrativo, o profesores de derecho actuales o anteriores. Sin embargo, todos los nombramientos presidenciales para el TCS, excepto dos, fueron históricamente magistrados de otros tribunales civiles o de sus respectivas autoridades comisionadas. La primera excepción fue el nombramiento del ex presidente Hosni Mubarak en 2003 de Gebaly como suplente. La segunda fue el nombramiento de Razzaz por parte de Sisi en diciembre de 2020, también como presidente del tribunal.
Según el jefe de uno de los departamentos del Tribunal Administrativo Supremo, que trabaja como vicepresidente en el Consejo de Estado y habló con Mada Masr bajo condición de anonimato, la ley da prioridad al jefe de la Autoridad de Comisarios del TCS, y añade que Ruwainy fue llevado al tribunal en detrimento del anterior jefe de esa autoridad, Emad Al Bishry, hijo de Tarek Al Bishry.
Tarek Al Bishry fue el antiguo Vicepresidente del Consejo de Estado y presidió un comité para enmendar la Constitución tras la revolución del 25 de enero. Como jefe de la Autoridad de Comisionados, Emad Al Bishry había sido el siguiente en la lista para ser nombrado miembro del Tribunal Constitucional cuando éste anunció en febrero que el juez Awad Abdel Hameed había sido promovido para dirigir la autoridad en su lugar y que Bishry había abandonado el país.
Ghoneim no niega el derecho de Emad al Bishry a ser nombrado miembro del tribunal, pero dice que todavía no existe un decreto presidencial a tal efecto. “Teníamos tres puestos vacantes. Solicitamos su nombramiento junto con otros dos”, dice Ghoneim, y añadió que cuando “se abra otro puesto en el tribunal, Bishry encabezará la lista de candidatos”.
Aunque el portavoz del tribunal no se refirió a las razones o criterios utilizados por la presidencia o la asamblea general del tribunal para seleccionar a Ruwainy en lugar de Bishry, el Jefe adjunto del Consejo de Estado afirma que, debido a que Ruwainy superó a sus competidores en su gestión de las investigaciones relacionadas con asuntos de seguridad, existe más probabilidades de que él, u otros generales que le sigan, y dirijan el tribunal en lugar de uno de sus actuales magistrados.
El representante del Consejo de Estado explica la importancia del cargo de presidente del TCS señalando que las últimas enmiendas constitucionales diferencian al tribunal constitucional de otras entidades judiciales en cuanto a los nombramientos de los presidentes. Mientras que las enmiendas instituyeron límites de mandato de cuatro años para los jefes de todas las entidades judiciales, incluida la Fiscalía, el TCS no estaba sujeto a la misma condición. Los presidentes de los tribunales pueden permanecer al frente del TCS hasta que alcancen la edad de jubilación obligatoria de 70 años. A la luz de la facultad del presidente de nombrar al presidente del tribunal entre los cinco miembros más veteranos, Ruwainy, de 56 años, tiene muchas posibilidades de dirigir el tribunal durante un largo periodo de tiempo. Cuando Fahmy, el actual presidente del TCS, de 65 años, alcance la edad de jubilación en 2027, Ruwainy podría sucederle como presidente del tribunal durante un máximo de nueve años.
Sin embargo, el portavoz del tribunal cree que las posibilidades de Ruwainy de dirigir el Tribunal Constitucional Supremo son mínimas. La Constitución exige que el presidente elija entre los cinco miembros más antiguos del tribunal, y explica, que la antigüedad se determina en función de la duración del mandato en el tribunal. Según la Constitución, Ruwainy ocuparía el undécimo lugar en antigüedad de los 12 miembros del tribunal. Pero la estimación del diputado del Consejo de Estado no tiene en cuenta que varios de los miembros actuales del tribunal se acercan a la edad de jubilación.
Para Ghoneim, a fin de cuentas, hablar de nombramiento de generales en tribunales civiles se responde simplemente con la propia decisión de Sisi de quitarse el uniforme militar y convertirse en funcionario. “Lo que nos importa es su competencia académica y su comportamiento. Queremos miembros competentes, porque este tribunal es el garante de la Constitución, elegimos a aquellos en cuya integridad confiamos”, concluyó Ghoneim.
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Rana Mamdouh, prolífica periodista egipcia enfocada en los procesos políticos, económicos y sociales en Egipto, particularmente su sistema de partido.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por Mada Masr el 22 de julio de 2022.
