El FMI: no hay fórmula milagrosa para el Líbano

Por Marie-Christine Ghreichi para TIMEP

Sucursal del Banco del Líbano, Beirut. [Linh Dinh/ Creative Commons]

Ante el colapso político, social y económico y los resultados inesperados de las elecciones parlamentarias del fin de semana pasado, Líbano entra en una encrucijada mientras que sus habitantes son condenados en una prisión de deudores. En 2021, se estimó una inflación de 145%, ocupando el tercer lugar en el mundo después de Venezuela y Sudán. Según el Banco Mundial, los ingresos del gobierno se redujeron a la mitad en 2021 cayendo al 6,6% del PIB, el tercer porcentaje más bajo después de Somalia y Yemen. La deuda se disparó al 183% del PIB en 2021, la cuarta más alta del mundo después de Japón, Sudán y Grecia. El estado libanés es cómplice de varios delitos y políticas irresponsables que han empujado a la economía a este precipicio.

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Luego de la reestructuración neoliberal que atravesó el país y la economía del período posterior a la guerra civil de la década de 1990, la relación parasitaria entre el sector financiero y el estado condujo a grandes déficits fiscales impulsados ​​por altas tasas de interés de los préstamos, gastos excesivos, un sector eléctrico costoso e ineficaz, corrupción en proyectos de obras públicas e inversiones de capital, y una ineficiente recaudación de impuestos. Esta operación destructiva de extracción comenzó a agrietarse en el verano de 2019 con una crisis de liquidez, agravada por los efectos de la Revolución del 17 de octubre, la pandemia y la explosión del puerto de Beirut en agosto de 2020. Como resultado, la tasa de pobreza en el Líbano se duplicó del 42 % en 2019 al 82 % de la población total en 2021. La desigualdad se aumentó vertiginosamente con la clase media, que ahora representa menos del 40 % de la población, mientras que el porcentaje de ricos descendió del 15% al ​​5% en 2020. Desde el advenimiento de la crisis en 2019, la libra libanesa se ha devaluado en aproximadamente un 95% frente al dólar estadounidense. Representando uno de los precios más altos del mundo, el costo de los alimentos en el Líbano aumentaron un 1000% desde octubre de 2019 hasta enero de 2022. Se estima que los bancos libaneses enfrentan pérdidas de hasta USD $69 mil millones desde el comienzo de la crisis. Frente a lo que el Banco Mundial llama una de las peores crisis económicas registradas en la historia moderna, el Líbano está apostando por la opción “comprobada” y actualmente está negociando un rescate del FMI en un intento por salir de este lodazal.

El FMI y las crisis modernas

Hoy en día, el FMI es una parte esencial del conjunto de herramientas estadounidense de la posguerra al que recurren los estados en caso de padecer una crisis financiera. Desde la década de 1970, el FMI ha otorgado préstamos a los estados miembros para “abordar los problemas de balanza de pagos, estabilizar sus economías y restaurar el crecimiento económico sostenible” en época de crisis. Con el advenimiento de un giro neoliberal cada vez más globalizado en el sistema internacional en la década de 1980, los indicadores clave de los préstamos del FMI se cristalizaron en el “Consenso de Washington”. En esta era, el sistema financiero y sus proveedores se han vuelto primordiales, generando más poder que nunca en una economía global cada vez más interconectada. A pesar de algunas historias exitosas, el impacto de este cambio ideológico ha resultado calamitoso para otras sociedades.

Las secuelas de la deuda de Grecia es un caso que nos obliga a cuestionar las medidas de austeridad como una política efectiva para la recuperación —un enfoque que se implementó en el caso libanés. Hoy, tras el plan de rescate encabezado por la UE y el FMI, los jóvenes griegos continúan enfrentándose a un alto desempleo, salarios bajos o siguen emigrando en busca de mejores oportunidades económicas en otros países de la UE, dejando atrás un sistema de bienestar destruido. Grecia es solo una de las muchas advertencias de cómo este método puede dejar sociedades en un purgatorio económico perpetuo sin que los responsables rindan cuentas.

Quizás un presagio mayor de lo que podría significar un rescate del FMI para el Líbano es la historia de Zambia. En 2005, Zambia, junto con otros 29 países africanos, formaron parte del programa del FMI de “países pobres con grandes deudas” en el que se perdonaron algunas de las deudas de los países. La política inyectó fondos en instituciones vitales como escuelas y clínicas médicas. Sin embargo, en 10 años, Zambia acumuló una deuda que representaba el 59 % de su propio PIB debido al desvío de recursos estatales a través de la corrupción generalizada, agravada por la naturaleza cada vez más autoritaria del sistema. Al igual que en el caso libanés, varios proyectos de obras públicas, como contratos para la construcción de nuevas carreteras o una nueva terminal aeroportuaria, se inflaron enormemente, lo que permitió que los funcionarios implicados se beneficiaran. Este esquema también alentó el endeudamiento irresponsable con estados como China, que tiene alrededor de un tercio de la deuda externa de Zambia, lo que desincentiva a que el país de importancia o ímpetu para avanzar hacia prácticas de buen gobierno. En 2020, Zambia incurrió en el impago de su deuda. Líbano, al igual que Zambia, subraya los peligros de los pasos que recompensan un sistema diseñado para el robo y el encubrimiento de tales delitos.

El sistema económico actual está diseñado para generar desigualdad sistemática por parte de un conjunto de estados élite que impiden que la periferia sobreviva a tormentas, como la pandemia, con las mismas capacidades. Esto incluso le ha dado al FMI razones para pausar, pues reflexionando sobre las medidas de austeridad sabe que estas pueden causar estragos a economías débiles sin, necesariamente, conducir a un crecimiento económico.

El FMI y el Líbano

En marzo de 2020, el Líbano incumplió con el pago de préstamos por primera vez en su historia y, también, dejó de pagar todos los eurobonos que vencían en monedas extranjeras por un valor estimado de USD $30 mil millones. En marzo de 2022, en la última entrega de una saga de dos años con el FMI para abordar la crisis, el FMI y el Líbano llegaron a un acuerdo para la entrega de un paquete de auxilio de alrededor de USD $3 mil millones durante los próximos 46 meses, que sería el primer paso previo a un rescate mayor. Este paquete estaría condicionado por un menor gasto estatal, mayores impuestos, privatización, reducción de la deuda y devaluación de la moneda. Además, el FMI estará monitoreando el préstamo con revisiones continuas, y el desembolso adicional estaría supeditado a ello.

Para acercar al Líbano a este acuerdo, el gobierno libanés propuso en febrero un plan de recuperación económica en el que se espera que los depositantes asuman la mayor carga. Para cubrir las pérdidas de USD $69 mil millones en el sector financiero, una parte se cubriría convirtiendo los depósitos de dólares en libras libanesas, lo que los haría perder la mayor parte de su valor. El estado, el banco central y los bancos comerciales cubrirán USD $31 mil millones, lo que equivale a una “nacionalización de los depósitos”, y constituye uno de los mayores “rescates de depositantes en la historia económica moderna”. El plan también podría llevar a que los depositantes ricos posean el 72% del capital de los bancos libaneses. Asimismo, en el presupuesto propuesto por el estado este año para cumplir con los requisitos de un préstamo del FMI, los ingresos que recauda el gobierno por impuestos al valor agregado (IVA) se triplican; El IVA ha gravado y perjudicado, desproporcionadamente, a los trabajadores pobres. Dado que la inyección de liquidez inicialmente será gradual y mínima, absorber las pérdidas del sector financiero hará que la recuperación sea mucho más dolorosa, ya que es probable que se mantengan los controles de capital para estabilizar las tasas de interés y el tipo de cambio de la moneda, como fue el caso en Chipre, Islandia y Grecia. Por lo tanto, las reformas financieras requeridas para un acuerdo con el FMI conducirán a una redistribución de los activos en dirección vertical, lejos del alcance de quienes lo necesitan desesperadamente.

Más allá de las reformas financieras, un rescate del FMI también obliga a los partidos a perseguir una rendición de cuentas institucional, lo que en teoría debería generar resultados positivos para la gobernabilidad democrática. En el caso de Líbano, esto incluye auditorías forenses del banco central y una ley de control de capitales, procesos que actualmente están estancados. El banco central libanés no ha publicado reportes de pérdidas y ganancias desde 2002, que se estiman en más de USD $50.000 millones de dólares. Un rescate requeriría políticas que impliquen la reducción o recorte de los servicios públicos y eliminación de más subsidios, posibles reformas pensionales, medidas anticorrupción y reducción del tamaño del servicio civil. Las políticas de ajuste estructural de esta naturaleza pueden seguir sobrecargando la clase trabajadora y conducir a niveles aún más altos de pobreza en el Líbano.

La inyección marginal de liquidez que produciría el rescate del FMI le daría a la gente un breve respiro, sin embargo, la dependencia del país podría agravarse y permitiría que las élites corruptas mantengan su relación parasitaria con el sistema bancario y la economía libanesa. También, existe la posibilidad de que crezca la desigualdad, incluso si el rescate del FMI se combina con los programas del Banco Mundial y el lanzamiento del Paquete CEDRE para suavizar el golpe. El cleptocrático estado libanés sigue demostrando, una y otra vez, que no se le puede confiar la tarea de servir a sus constituyentes. Incluso la comunidad internacional reconoce esta realidad: según el relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema, el estado libanés y el banco central son “responsables de violaciones de los derechos humanos, incluida el empobrecimiento innecesario de la población, que han resultado de esta crisis provocada por el hombre”.

Alternativas de recuperación y una generación perdida

Resolver la crisis actual no puede significar la vuelta a viejos trucos y tácticas que están condenados a devolver al Líbano a las condiciones previas al colapso de 2019. Un cambio sustancial del ya desgastado funcionamiento del estado implica creatividad y un enfoque múltiple. La revisión del sistema político debe ir acompañada de un enfoque novedoso para la recuperación inmediata y a largo plazo. El discurso actual enmarca el proceso del FMI como la única y última opción del Líbano. Sin embargo, la única opción del Líbano es dejar de limitarse a este camino. Esta solución transitoria no evitará el regreso de un Estado libanés que está posicionado para dejar de pagar su deuda y hundirse más en la pobreza. Además, un sistema de extracción, soborno e impunidad podría permanecer en el tiempo y permitir que los mismos abusos sigan.

Es necesario poner una punzante presión sobre la élite y la clase dominante en nuevas formas, desprovistas de intenciones miopes o de corta proyección. La administración de la ayuda a través del Estado libanés ha resultado ineficaz, se ha perdido con frecuencia debido a la corrupción y continuarla sería un perjuicio para quienes la necesitan. Para abordar las preocupaciones de acceso a la liquidez, se debe establecer un Fondo Fiduciario de la ONU donde los paquetes de ayuda puedan depositarse y distribuirse fuera del aparato estatal a mayor escala y por medio de depósitos directos a los libaneses, como se hizo en Afganistán a través del PNUD el año pasado. En el caso de los fondos fiduciarios de la ONU, los estados donantes o las ONG pueden presentar solicitudes de asistencia. Aquí es donde las organizaciones de la sociedad civil libanesa de confianza deben prestarse para ser el único receptor y distribuidor de esta ayuda. Otros modelos incluyen los fondos mancomunados basados ​​en el país de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas y el Plan de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas, que se han utilizado recientemente en Ucrania y Afganistán, para pagar a los trabajadores de la salud y a los beneficiarios, y sin pasar por las autoridades. La adopción de un enfoque alternativo no sólo elevaría a la sociedad civil frente al Estado, sino que también comenzaría a romper los lazos de patrocinio que mantienen a la sociedad libanesa como rehén.

La importancia de la rendición de cuentas

De igual forma, la rendición de cuentas para responsabilizar funcionarios y abordar las raíces de la impunidad debe ser prioridad. Se puede aprender de los esfuerzos integrales del Estado ucraniano y la sociedad civil para hacer que Rusia rinda cuentas por su invasión a Ucrania. El ejemplo de Ucrania ha establecido una serie de lecciones instructivas para la rendición de cuentas internacional ante organismos que incluyen la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Aunque el caso de Ucrania no puede caracterizarse de la misma manera que el Líbano, ofrece un modelo en el que estas herramientas se están desplegando de manera conjunta para aislar al agresor. Ya sea a través de la presión de la sociedad civil sobre los estados para que presenten un caso en todos estos organismos, o a través de otras iniciativas que surjan dentro del parlamento recién elegido, tales acciones podrían servir como otro conducto hacia la rendición de cuentas.

Recientemente, el gobernador del banco central libanés, Riad Salameh, fue presentado como sospechoso en un caso llevado por la justicia penal de la Unión Europea, la cual congeló unos USD $130 millones de dólares en activos libaneses. Las propiedades y cuentas bancarias, vinculadas a cinco personas sospechosas de malversar USD $330 millones de dólares entre 2002 y 2021, fueron incautadas en Francia, Alemania, Luxemburgo, Mónaco y Bélgica. Las incautaciones están vinculadas a una investigación iniciada por fiscales franceses el año pasado sobre la riqueza personal del gobernador del banco central. Incluso, si no se llega a una condena en tales casos, la narrativa de que el Líbano es rehén de un estado criminal debe ampliarse para aumentar el aislamiento de su élite gobernante.

Sin embargo, tales iniciativas ganan tracción genuina cuando la sociedad ya no está coaccionada y encadenada por las fuerzas del patronazgo. Cuantos menos libaneses opten por una estructura de este tipo, ya sea tácitamente o para su propia supervivencia, una vez que ya no estén endeudados con una forma de gobierno inherentemente extractiva, las posibilidades de rendición de cuentas que surjan de un sistema judicial más independiente se vuelven más concebibles. Es decir, cuanto más apoyo económico y libertad social tengan los individuos y funcionarios del Estado, menos endeudados estarán con sus líderes o con el propio Estado, que ya no podrá moverse con tanta impunidad en el largo plazo.

Es muy probable que el pueblo libanés continúe sufriendo económicamente y en el sentido inmediato. Sin embargo, enfrentar la impunidad y la responsabilidad financiera garantizará, a largo plazo, que la clase dominante sea expulsada de sus bastiones de poder. Un préstamo del FMI en su forma actual solo presagia una catástrofe futura, en la que la oligarquía gobernante cosechará el botín de instituciones frágiles como lo hizo en 1991. Con el potencial cauteloso de reforma, pero también el riesgo de mayores estancamientos políticos tras las recientes elecciones parlamentarias, este momento presenta una oportunidad para demostrar esta realidad al Líbano y ofrecer una nueva visión que no se aferre a herramientas tradicionales sino que exija más. Líbano simplemente no tiene otra opción.

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Marie-Christine Ghreichi es asistente de campaña e investigación en Crisis Action y está especializada en seguridad internacional con un enfoque en la diplomacia y el Medio Oriente.

N.d.T.: El artículo original, el cual fue publicado por TIMEP el 18 de mayo de 2022.