Las protestas y las detenciones en el pueblo de Minya apuntan a una larga política discriminatoria sobre los permisos de las iglesias

Por Mohamed Ezz para Mada Masr

Monasterio Copto. [Haramlik / Creative Commons]

Durante años, la pequeña iglesia de San José y Abu Sefein en Ezbet Farag Allah había sido el único lugar de culto para unos 800 cristianos del pueblo. En 2016, la iglesia se quemó en inexplicables circunstancias, lo que obligó a los residentes a viajar varios kilómetros hasta la iglesia del pueblo vecino para cumplir cualquier función religiosa, incluida la asistencia a las oraciones o la celebración de servicios funerarios.

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A finales de enero y lo largo de dos días, decenas de residentes cristianos coptos de la aldea de Ezbet Farag Allah, en Minya, organizaron una manifestación frente a la diócesis de Samalut para exigir la aprobación del gobierno para la construcción de una iglesia en su aldea que sustituya a su lugar de culto, que se quemó en 2016, según la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales (EDP). 

Una semana más tarde, un 30 de enero, las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a nueve residentes del pueblo en respuesta a la manifestación, según el Frente Egipcio para los Derechos Humanos. Cinco de los detenidos acabaron compareciendo ante la Fiscalía de Seguridad del Estado y al menos uno de ellos, Mounir Halim, fue puesto en prisión preventiva durante 15 días, acusado de organizar una reunión ilegal y de cometer un acto terrorista.

La protesta y las detenciones son sólo los últimos incidentes en un encendido tema sobre discriminación sectaria en Egipto, donde la minoría cristiana del país lucha contra las políticas del gobierno que restringen severamente la construcción y renovación de iglesias.

Durante años, la pequeña iglesia de San José y Abu Sefein en Ezbet Farag Allah había sido el único lugar de culto para unos 800 cristianos del pueblo. En 2016, la iglesia se quemó en inexplicables circunstancias, lo que obligó a los residentes a viajar varios kilómetros hasta la iglesia del pueblo vecino para cumplir cualquier función religiosa, incluida la asistencia a las oraciones o la celebración de servicios funerarios.

Poco cambió hasta abril de 2021, cuando el Consejo de Ministros emitió una decisión para reconciliar el estatus legal de 82 iglesias y edificios afiliados, incluida la de Ezbet Farag Allah. En el contexto de esta decisión, la iglesia solicitó un permiso de demolición a la gobernación para derribar los restos de la iglesia, que fue aprobado y ejecutado en julio. El decreto devolvió a los habitantes del pueblo la esperanza de que se construyera una nueva iglesia para sustituir a la que habían perdido en el incendio.

Sin embargo, cuando presentaron una solicitud de reconstrucción, no recibieron ninguna respuesta, en violación de la Ley de Construcción de Iglesias de 2016, que establece un plazo de cuatro meses para que se emita una respuesta a este tipo de solicitudes, según Ishak Ibrahim, investigador de libertad religiosa en EDP.

Las leyes que regulan la construcción de iglesias en Egipto fueron criticadas durante mucho tiempo por los grupos de derechos porque impiden a los cristianos ejercer su derecho al culto. Las restricciones burocráticas vigentes impiden efectivamente la construcción de nuevas iglesias, lo que lleva a los cristianos de algunas zonas a designar extraoficialmente edificios de apartamentos como lugares de culto. Esto desencadenó a menudo la violencia y las luchas sectarias, que suelen resolverse mediante la supervisión por parte de las autoridades de las sesiones de reconciliación habituales, en lugar de perseguir legalmente a los autores. En muchos casos, las sesiones de reconciliación concluyen con acuerdos para cerrar la iglesia con la promesa de que se concederá un permiso cuando se presenten los papeles, pero las autoridades acaban denegando las solicitudes, según el EDP.

En 2016 se aprobó una nueva ley para regular la construcción y renovación de iglesias. La legislación fue anunciada por funcionarios del gobierno y algunos sectores de la cúpula eclesiástica cristiana como una forma de facilitar la construcción de iglesias y el registro de miles de lugares de culto construidos sin permiso.

Sin embargo, el EDP criticó la ley en su momento, argumentando que codificaba la discriminación contra los cristianos al establecer difíciles condiciones para la aprobación de nuevas iglesias e invirtiendo el poder de regular la construcción de iglesias al establecimiento de seguridad, lo que la iniciativa calificó de “receta segura para reproducir los motores de la violencia sectaria”.

Tras la aprobación de la ley, el Consejo de Ministros formó en 2017 un comité de alto nivel, formado principalmente por funcionarios del gobierno y un solo representante de la comunidad cristiana, encargado de examinar las solicitudes de renovación de iglesias antiguas y registrarlas, además de facilitar la construcción de nuevas iglesias en todo el país.

Es difícil obtener un recuento oficial del número de permisos concedidos. Antes de la ley de 2016, los permisos para la construcción de nuevas iglesias debían publicarse en el Boletín Oficial. Desde entonces, la única información proviene de informes ocasionales del Gabinete que citan un recuento global.

A pesar del impulso inicial, el trabajo de la comisión se fue ralentizando, según Ibrahim. Las cifras lo confirman. Por ejemplo, entre mayo de 2018 y enero de 2022, el gobierno emitió sólo 22 decretos para reconciliar o construir 2162 iglesias y estructuras afiliadas. Sin embargo, el ritmo de concesión de permisos se ralentizó considerablemente durante ese periodo.

Además, un total de 5540 iglesias y edificios religiosos presentaron sus documentos a las autoridades durante ese periodo de tiempo, lo que significa que la comisión sólo tramitó menos del 40% de las solicitudes que recibió.

Muchas de las aprobaciones también estaban supeditadas a ciertos criterios, como exigir a la iglesia la instalación de puertas electrónicas, un sistema de alarma contra incendios y salidas de emergencia. “En algunas zonas, estos requisitos pueden ser importantes, pero son poco prácticos e inapropiados para las iglesias pequeñas y rurales, y cumplirlos está por encima de sus capacidades financieras. Se debe de tener en cuenta que las instituciones estatales de estas zonas no están obligadas a cumplir estas mismas condiciones”, comentó el EDP en un comunicado de prensa de 2020.

Muchos de los permisos se expidieron en las nuevas ciudades que está construyendo el gobierno, donde la concesión de licencias es más fácil, o en ciudades con una gran población cristiana, pero se concedieron muchos menos en pueblos y aldeas donde los cristianos son una pequeña minoría, según Ibrahim. El enfoque general del Estado respecto a la construcción y el registro de iglesias dejó a un gran segmento de cristianos en pueblos de todo el país sin lugares de culto cerca de sus casas.

“Nos devuelve a una etapa anterior, durante la cual crecían las iglesias establecidas de manera informal y se practicaban oraciones sin aprobación oficial. Esto, a su vez, reproduce el mismo problema que la ley de 2016 debía resolver”, agregó Ibrahim.

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Mohamed Ezz, fotógrafo e ingeniero egipcio, nació en El Cairo, Egipto, donde trabaja actualmente. Se graduó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de El Cairo en 2007.

N.d.T.: El artículo original fue publicado por Mada Masr el 10 de febrero de 2022.