Por Habiba Abdelaal para The Tahrir Institute for Middle East Policy
Mientras que el aumento del acceso a Internet pretende allanar el camino hacia un mundo más equitativo e inclusivo, su uso, y el de otras tecnologías como arma contra las mujeres se convirtió en algo habitual. Internet y las redes sociales se transformaron en una nueva línea de fuego para la violencia contra las mujeres y las niñas y este fenómeno aumentó exponencialmente durante la pandemia de Covid-19 y los aislamientos relacionados a ella. Cada vez más, los mensajes de texto, el correo electrónico, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube y casi cualquier otra plataforma de Internet, redes sociales y mensajería se utilizan para perpetrar la violencia contra las mujeres.
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La ciberviolencia contra las mujeres adopta muchas formas, como el ciberacoso, la difamación, la pornografía no consentida, la incitación al odio, el ciberhackeo y la humillación pública. El número y la diversidad de los perpetradores también están aumentando. Por ejemplo, los chantajistas se aprovechan de trampas, se piratean imágenes y vídeos privados y los ciberestafadores crean perfiles falsos en diversas plataformas de redes sociales, sitios de citas y aplicaciones de mensajería para atraer a potenciales víctimas.
El fenómeno y su impacto
Cometer actos de ciberviolencia es cada vez más fácil por diversas razones. El anonimato que puede mantenerse en línea se traduce en protección para quienes ejercen la ciberviolencia. El amplio acceso a la tecnología básica significa que seguir los movimientos de una mujer o la publicación de comentarios difamatorios sobre ella requiere pocos conocimientos técnicos. La asequibilidad de la tecnología hace que sea barato distribuir la fotografía de una mujer o crear y propagar imágenes y escritos misóginos. La posibilidad de contactar a cualquier persona del mundo desde cualquier lugar del mundo amplía el grupo de víctimas potenciales, expande el daño y reduce la posibilidad de ser atrapado.
Al igual que la violencia fuera de línea, la ciberviolencia perpetúa impactos negativos en la salud psicológica, social y reproductiva de las víctimas, conduciendo a veces también a la violencia física y sexual fuera de línea. Además, tiene un impacto económico significativo, poniendo una presión sobre los recursos financieros. Asimismo, la ciberviolencia frecuentemente se utiliza para preservar el control de los hombres sobre las mujeres y perpetuar las normas, roles y estructuras patriarcales.
Contexto social en Egipto
En Egipto, las mujeres fueron uno de los objetivos más vulnerables de la ciberviolencia, teniendo en cuenta los estigmas sociales existentes sobre la vida personal de las mujeres. Este mismo estigma social hace que, cuando las mujeres son objeto de ciberviolencia, a menudo no puedan o no estén dispuestas a denunciar estos delitos o a presentar declaraciones oficiales para construir los casos, lo que de hecho magnifica el daño. Muchas víctimas temen el impacto en su reputación cuando lo hacen público, lo que contribuye a un clima de intimidación y autocensura.
Las investigaciones indican que el medio más común para la ciberviolencia en Egipto fueron las redes sociales. Un estudio realizado con 356 mujeres egipcias mostró que alrededor del 41,6% de las participantes había sufrido ciberviolencia en el último año y el 45,3% informó múltiples incidentes de exposición. Más del 92% de las víctimas declararon que sus agresores eran desconocidos y más del 41% del ciberacoso fue en forma de imágenes explícitas no deseadas. Más de tres cuartas partes de las víctimas experimentaron efectos psicológicos en forma de ira, preocupación y miedo; el 13,6% sufrió daños sociales; además el 4,1% sufrió daños físicos y el 2% informó pérdidas económicas. Aunque es necesario realizar una investigación y una recopilación de datos más exhaustiva y extensa para comprender mejor la ciberviolencia en Egipto, estas primeras y limitadas conclusiones apuntan a un problema importante que merece mucha más atención.
En Egipto, las plataformas digitales facilitaron dos formas de monitoreo y vigilancia que se dirigen a las mujeres y agravan el daño de la ciberviolencia; el seguimiento oficial y la más sutil vigilancia familiar y social. En cuanto a la primera, hubo varios casos en los que los Estados vigilaron los contenidos creados por mujeres en las plataformas digitales, llegando a detener a las creadoras.
En los casos en los que las mujeres denuncian incidentes de ciberviolencia, a menudo son revictimizadas por las redes sociales y culpadas de sus agresiones sexuales a través de artículos de gran repercusión en la prensa. El caso de Menna Abd el Aziz, que fue violada en grupo por sus amigos, es un ejemplo de ello. Después de que se hiciera viral por publicar un vídeo llorando y hablando de su violación, fue objeto de un aluvión de perturbadores comentarios misóginos y violentos. Los agresores aprovecharon este ambiente tóxico publicando fotos y vídeos de ella en Internet.
En los últimos meses quedó claro el alcance de los daños reales de la ciberviolencia en Egipto. Una mujer egipcia se suicidó después de que su marido la amenazara con compartir fotos y vídeos íntimos en Internet como forma de venganza. En otro caso, en la gobernación de Gharbia, Basant Khaled se suicidó después de ser chantajeada por dos jóvenes que hackearon su teléfono móvil, obtuvieron fotos de ella, las alteraron y las volvieron a publicar. En otro caso, en la gobernación de Sharkia, en el Alto Egipto, Heidi Shehata también se suicidó después de que sus vecinos fabricaran sus fotos y la chantajearan por dinero. En marzo de 2022, el Presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi hizo referencia a dos de estos incidentes en unas declaraciones sobre las mujeres en la sociedad egipcia.
La Ley
En agosto de 2018, al Sisi ratificó la Ley Nº 175 de 2018, la Ley contra los Delitos Cibernéticos y de Tecnología de la Información, conocida popularmente como la Ley de Ciberdelincuencia. Varios artículos de la Ley de Ciberdelincuencia, incluidos los artículos 14, 15 y 16, establecen castigos para el hackeo de cuentas privadas, la interceptación de contenidos y otros delitos relacionados. Los artículos 24 y 25 tipifican como delito la creación de cuentas falsas y la difusión de contenidos que atenten contra la intimidad de las personas, entre otras cosas. La ley no menciona explícitamente muchas de las formas de ciberviolencia a las que se enfrentan desproporcionadamente las mujeres.
Teniendo en cuenta su vaga construcción, la aplicación de esta ley para la protección de las mujeres sobre el terreno fue problemática en medio del laberinto de procedimientos legales y la ausencia de voluntad suficiente para perseguir a los autores, principalmente hombres. Una cultura patriarcal en las comisarías lleva con frecuencia a avergonzar a las víctimas y, en ocasiones, a responsabilizarlas por el delito que sufrieron. El largo tiempo que transcurre entre la presentación de una denuncia formal, si la víctima opta por hacerlo, y el inicio de una investigación, permite al chantajista seguir adelante con su amenaza y continuar perpetrando el daño.
En una alarmante ventana a las prioridades del Estado, la Ley de Ciberdelincuencia se convirtió en un arma para atacar a las mujeres influyentes en las redes sociales por atentar contra la moral pública, lo que las hizo vulnerables a la persecución, y a la violencia social y cibernética de diversas formas.
Mirando hacia el futuro y algunas recomendaciones
A pesar de los violentos incidentes de ciberviolencia contra las mujeres, es importante señalar que las mujeres también utilizaron las plataformas digitales para recuperar la capacidad de decisión sobre cuestiones que las afectan, incluida la violencia. Si bien el anonimato de Instagram, Twitter y otras plataformas en línea tiene sus desventajas, también ofrece a las mujeres una plataforma más segura para la organización digital. Las mujeres pudieron utilizar estas plataformas para concienizar sobre la violencia sexual y de género. Por ejemplo, la cuenta de Instagram Assault Police documenta y comparte experiencias de agresiones sexuales y violencia de pareja en Egipto, a la vez que ofrece un espacio seguro para que las sobrevivientes se conecten. Qawem, una página de Facebook y comunidad dedicada a ayudar a las víctimas de ciberchantaje, cuenta con más de 250 voluntarias que dirigen el grupo, responden a los mensajes de las víctimas y recogen información sobre los agresores.
Los esfuerzos por organizar y crear un espacio para las voces femeninas en línea demuestran que las plataformas digitales tienen el potencial de empoderar a las mujeres en Egipto frente a la ciberviolencia. Este potencial, sin embargo, no se hará realidad del todo a menos que las empresas de redes sociales asuman una mayor responsabilidad para prevenir el acoso, las amenazas, la intimidación y la incitación a la violencia.
La ciberviolencia contra las mujeres también debe ser reconocida como una forma de violencia de género en las discusiones sobre políticas públicas. Los legisladores egipcios deben enmendar el marco legal del país para reconocer explícitamente la existencia de ciberviolencia, señalando su impacto desproporcionado en las mujeres, y criminalizarla.
Las voces de las mujeres que fueron víctimas de ciberviolencia deben incluirse en las estrategias para combatir la epidemia. Además, las autoridades deben garantizar que las víctimas de ciberviolencia tengan acceso a la justicia y a servicios de apoyo especializados. Por último, mejorar las estadísticas desglosadas por género sobre la prevalencia y los daños de la ciberviolencia contra las mujeres a nivel de país, y el desarrollo de indicadores para supervisar la eficacia de las intervenciones, debería ser un objetivo prioritario para permitir a los responsables de la toma de decisiones comprender adecuadamente el alcance de esta crisis y desarrollar un plan claro y eficaz sobre cómo responder a ella.
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Habiba Abdelaal es Magíster en Gestión de Organizaciones Públicas y Sin Fines de Lucro y en Estudios de la Comunicación y el Desarrollo por la Universidad de Ohio y especialista del programa Thomas Jefferson en IREX.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por The Tahrir Institute for Middle East Policy el 31 de marzo de 2022.
