Por Omar Nour para Syria Direct
Hace menos de un mes, Muhannad al Sayyad estaba en proceso de completar los trámites de reunificación familiar en el consulado sueco en Estambul. Hoy, se encuentra en el campo del norte de Alepo, uno de los 150 refugiados sirios deportados por las autoridades turcas a finales de enero.
Al Sayyad, desplazado de los suburbios de East Ghouta en Damasco, tiene un documento de identificación de protección temporal (Kimlik) emitido por la provincia de Mersin. Vivió allí con su esposa y sus dos hijos desde que llegó a Turquía en 2018, hasta que su esposa pudo viajar con uno de sus hijos a Suecia en octubre de 2020.
[Se prohíbe expresamente la reproducción total o parcial, por cualquier medio, del contenido de esta web sin autorización expresa y por escrito de El Intérprete Digital]
Después de su partida, al Sayyad se mudó con su otro hijo a un albergue juvenil en Estambul, “para solicitar la reunificación familiar al [consulado] sueco y para hacer las entrevistas necesarias”, contó a Syria Direct. El traslado a Estambul fue para “no viajar largas distancias entre Mersin y Estambul para visitar el consulado”, agregó.
Luego, el 22 de enero, al Sayyad dejó a su hijo con un amigo y fue a comprar comida a un mercado en el distrito de Esenyurt de Estambul, solo para ser arrestado por la policía porque no tenía un Kimlik de Estambul. “Después de estar detenido durante ocho días, fui deportado a Siria. Mi hijo Rayan se quedó solo con mi amigo en Estambul”, comentó.
Muhammad Hussam Ramadan, de 47 años, fue deportado por motivos similares. Llegó a Estambul para obtener una licencia industrial que le permitiera vivir y trabajar en la ciudad con su familia sin infringir las leyes del Ministerio del Interior sobre dónde viven los refugiados. Pero tres días después de llegar a Estambul, fue arrestado. La orden de deportación llegó más rápido que la licencia, dijo.
Ramadan, originario del barrio Jobar de Damasco, había vivido en la ciudad de Urfa, en el sur de Turquía, con su esposa y sus cinco hijos desde que llegó al país en 2019. “La falta de oportunidades laborales en mi profesión [zapatero] me llevó a pensar en vivir y trabajar en Estambul. No esperaba terminar en Siria”, expresó a Syria Direct.
Las violaciones de Al Sayyad y Ramadán de las leyes de residencia de Turquía no justifican su deportación a Siria, según el activista por los derechos de los refugiados Taha al Ghazi. “Se supone que un refugiado sirio debe ser devuelto a la provincia turca en la que el documento [de protección] temporal fue emitido”, explicó, citando el artículo 6 del Reglamento de Protección Temporal .
La ley, emitida por el Consejo de Ministros de Turquía en la Decisión No. 6883 de octubre de 2014, establece que “nadie dentro del alcance de este Reglamento será devuelto a un lugar donde pueda ser sometido a torturas, castigos o tratos inhumanos o degradantes, o donde su vida o libertad se vean amenazadas a causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política”.
La última deportación masiva de 150 refugiados sirios en enero, incluidos estudiantes universitarios, la mayoría de los cuales posee documentos oficiales como permisos de trabajo o documentos Kimlik, es la mayor desde 2019. Para los deportados recientes, como los que les precedieron, la deportación hizo añicos la estabilidad ganada con tanto esfuerzo y los arrojó a lo desconocido, lejos de sus seres queridos y bajo la amenaza de los peligros de los que huyeron hace años.
Deportación política
En octubre de 2021, las autoridades turcas arrestaron a 19 sirios por “incitar a la gente al odio y la hostilidad” en el contexto del llamado ‘caso de las bananas’, una avalancha de sirios dentro y fuera de Turquía que denunciaron un video publicado en línea por un ciudadano turco quejándose de que no podía comprar bananas, mientras que los sirios en su país sí podían.
El periodista Majed Shamaa, que trabaja para el canal de noticias de la oposición pro-siria Orient News, fue uno de los arrestados en las consecuencias del caso de las bananas después de publicar un video humorístico en línea. Estuvo a punto de ser deportado al norte de Siria, a pesar de un fallo judicial que lo absolvió y citó los riesgos de seguridad que enfrentaría si fuera deportado.
“La decisión de deportación no se habría detenido si no fuera por la gran solidaridad que recibí de los sirios, muchas organizaciones y organismos de derechos humanos, y cientos de activistas en las redes sociales”, explicó a Syria Direct desde su nueva residencia en Francia.
Ninguno de los sirios arrestados en relación con el caso de las bananas fue deportado a Siria, según el Director General Adjunto de la Dirección General de Gestión de Migración, Mehmet Sinan Yildiz. Pero la continua incitación contra los sirios en Turquía y los partidos políticos que los utilizan como palancas los deja constantemente preocupados por las deportaciones.
Incluso mientras a Shamaa se le permitía salir de Turquía hacia Francia el mes pasado, el activista sirio Munib al Jalha, de 27 años, fue deportado a Siria después de haber estado detenido durante siete meses en prisiones turcas por “incitar a la sedición y difundirla entre la gente”, contó a Syria Direct.
Las autoridades turcas deportaron a al Jalha, también conocido con el nombre de Munib al Ali, el 29 de enero por “comunicarse con personas sospechosas. Me imputaron un día después de salir de prisión”, explicó. Al Jalha había sido arrestado inicialmente el 4 de mayo de 2021 por escribir un tuit en el que criticaba “el uso de gases lacrimógenos por parte de la policía turca para dispersar a mu takafin [personas en retiro religioso durante los últimos 10 días del Ramadán] en una mezquita en Gaziantep”, señaló.
Existen varios ejemplos de sirios deportados por sus opiniones o actividades políticas y mediáticas, incluido el arresto del General de Brigada desertor Ahmad Rahal el 18 de agosto de 2020, acusado de aparecer en canales satelitales anti-turcos y criticar a las facciones de la del Ejército Nacional Sirio (ENS), respaldado por Turquía. Se emitió una orden de deportación para al Rahal, pero no se implementó ya que él apeló el fallo.
Según Shamaa, “el discurso político de la oposición turca contribuye significativamente a la deportación de sirios”, y agregó que “mi arresto se debió a la incitación en mi contra por parte de algunas figuras de la oposición turca, como Ilay Aksoy, miembro de los consejos fundadores y administrativos del opositor Buen Partido”.
Retorno forzado
Oficialmente las autoridades turcas solo deportan a los refugiados sirios después de que firman un ‘documento de retorno voluntario’. Pero las fuentes que hablaron con Syria Direct dijeron que firmaron bajo coacción y que a los deportados se les impide leer el documento.
El periodista Shamaa se negó a firmar el documento debido a los riesgos que corría si regresaba a Siria, pero “recibí gritos y puñetazos, lo que me obligó a firmar”, expresó. Muhannad al Sayyad y Muhammad Hussam Ramadan dijeron que firmaron el documento de ‘retorno voluntario’ bajo presión y amenazas.
El activista al Jalha contó que se le dio a elegir entre “encarcelamiento por un año entero por un cargo con el que no tengo nada que ver, y luego se tomaría la decisión de deportación, o firmar el retorno voluntario, que es lo que sucedió”. Añadió que “el centro de deportación en Gaziantep realizó un video de mí diciendo que quiero regresar voluntariamente sin coerción o amenaza”.
Desde una perspectiva legal, deportar a sirios a su país viola las leyes y convenciones nacionales e internacionales que advierten contra la devolución forzosa, según el activista por los derechos de los refugiados al Ghazi. Él advirtió que las deportaciones violan el artículo 33 de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el artículo 4 del Protocolo de la Convención de 1967, ambos firmados por Turquía.
El artículo 6 del Reglamento de Protección Temporal de Turquía, aprobado por el Ministerio del Interior turco en 2014, también prohíbe “deportar a un refugiado sirio si existe un peligro para él”, explicó al Ghazi, subrayando que “obligar a los refugiados sirios a firmar un documento de retorno voluntario es contrario a las convenciones sobre derechos humanos y refugiados que Ankara firmó”.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Abogados Sirios Libres, Ghazwan Koronful, dijo que “la ley de protección temporal otorga a los sujetos de ella protección contra la devolución forzada, pero lo que está sucediendo es contrario a eso”.
Y aunque la ley de protección temporal “despoja a las personas [de protección] y permite su deportación en casos como la pertenencia a una organización terrorista o la promoción de sus ideas, o el trabajo sin permiso, a nivel del derecho internacional, las personas no pueden ser devueltas al país del que huyeron en busca de seguridad”, agregó Koronful.
Además, “el departamento de migración turco toma decisiones de deportación sin llevar a las personas ante el poder judicial”, señaló el abogado, lo que “amenaza la estabilidad de los residentes bajo protección temporal”.
Tras la última deportación masiva, la Dirección General de Gestión de Migración de Turquía no emitió ningún comunicado sobre los 150 refugiados sirios que aclare las circunstancias de su expulsión.
El Ministro del Interior de Turquía, Suleyman Soylu, y el Director General de Migración, Savas Unlu, asistieron a una reunión el 8 de febrero en la que participaron figuras activas sirias y turcas, durante la cual se discutieron varios temas relacionados con los sirios. El coordinador de una alianza de grupos enfocados en los sirios en Turquía involucrados en la reunión dijo a un medio virtual local que el tema de los detenidos se había planteado con la parte turca en los días previos a la reunión, y habían “recibido promesas de que [los deportados] serían devueltos”.
Por su parte, Amnistía Internacional publicó un informe en septiembre de 2021 en el que pedía a los países que acogen a sirios que no los obliguen a regresar a Siria por riesgos de seguridad. La organización documentó 66 casos de personas sujetas a violaciones después de regresar a Siria, incluidos 13 niños, e instó a los países vecinos de Siria “incluidos el Líbano, Jordania y Turquía, a poner fin a los retornos de refugiados a Siria y a respetar el principio de no devolución”.
Más allá de la deportación
La decisión de deportar a Ramadan destruyó todo lo que había construido en tres años en Turquía. “Había establecido una nueva vida, mis hijos estaban en la escuela y estaba a punto de lanzar mi propio negocio”, relató. Ahora, “estoy en un lugar y mi familia está en otro, perdí todo de la noche a la mañana”, agregó.
El activista al Jalha teme por su vida. “Corro el riesgo de ser desaparecido o arrestado por facciones de la oposición en el noroeste de Siria que critiqué anteriormente”, expresó.
Como lo ve el periodista Shamaa, deportar a sirios “destruye al deportado y a su familia”, mientras que deportar a activistas y políticos es “una sentencia de muerte: todos conocen el destino de un activista que expuso al régimen de Assad si es deportado a sus zonas”. Y “deportar activistas a las zonas del ENS y Jabhat al Nusra [el precursor de Hayat Tahrir al Sham] los pone en peligro si criticaron a estos partidos”, advirtió.
Mientras continúan las deportaciones de refugiados sirios en Turquía, Muhammad al Abed (un seudónimo) está buscando cualquier oportunidad de abandonar el país, comentando a Siria Direct que “ya no es seguro para nosotros, no es un entorno estable”.
Al Abed, de 25 años, tiene un Kimlik emitido por la provincia de Mersin, pero vive en Estambul. “No hay oportunidades de trabajo en Mersin y si puedo encontrar un trabajo, el salario no es suficiente, especialmente porque reservo parte de él para mi familia en Siria”, explicó.
Al Abed trató de transferir su Kimlik a Estambul, pero no pudo porque “transferir el Kimlik requiere un permiso de trabajo, una tarjeta de estudiante o un parentesco de primer grado con una persona que tenga un Kimlik de Estambul”. Esto no está disponible para él, ya que “los empleadores se niegan a emitir un permiso de trabajo y las otras condiciones no se aplican a mí”.
Al Sayyad, el padre deportado en enero, se niega a hablar de sus miedos tras encontrarse en el noroeste de Siria. Se aferra a la esperanza de que “las autoridades turcas no acepten que mi hijo se quede solo en Turquía mientras yo estoy en Siria”, mientras que hace solo unas semanas estaba tratando de hacer arreglos para reunirse con su esposa y su otro hijo en Suecia. Hoy, lo que más le importa es “estar con mi hijo en Turquía”, concluye.
Este informe fue publicado originalmente en árabe y traducido al inglés por Mateo Nelson.
[Se prohíbe expresamente la reproducción total o parcial, por cualquier medio, del contenido de esta web sin autorización expresa y por escrito de El Intérprete Digital]
Omar Nour es Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Virtual de Roshd y periodista.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por Syria Direct el 15 de febrero de 2022.