Entre el colapso y el caos: la economía de Afganistán

Por Richard Weitz para Middle East Institute

Masjid e Jami Herat, Afganistán. [Marius Arnesen / CC.2.0]

El 13 de enero, Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, expresó su aprensión de que millones de afganos están al “borde de la muerte” gracias a una mezcla letal de “gélidas temperaturas y activos congelados”. Esto no fue una advertencia al pasar. A pesar de la disminución de los combates tras la victoria de los talibanes en agosto de 2021, la economía de Afganistán se encuentra en una espiral cada vez más profunda de empobrecimiento e indigencia.

[Se prohíbe expresamente la reproducción total o parcial, por cualquier medio, del contenido de esta web sin autorización expresa y por escrito de El Intérprete Digital]

Una crisis que se profundiza

Afganistán sufrió durante mucho tiempo una dependencia excesiva del desarrollo extranjero y de la ayuda humanitaria, especialmente para pagar agencias gubernamentales que brindan servicios públicos vitales como atención médica, educación, energía, saneamiento, vivienda y asistencia alimentaria. La geografía aislada del país, una decrépita infraestructura, la falta de capacidad técnica local y la inseguridad generalizada disuadieron a todos, excepto a unos pocos inversores extranjeros importantes.  Los afganos con mayor poder adquisitivo a menudo guardaban sus ahorros en cuentas bancarias extranjeras en lugar de invertir su capital en oportunidades de desarrollo nacional. En suma, el PIB per cápita de los afganos estuvo regularmente al final de las clasificaciones internacionales. 

Los acontecimientos del año pasado exacerbaron estos desafíos de larga data. Muchos afganos vivieron durante mucho tiempo en la pobreza extrema, pero el colapso de los servicios gubernamentales, la reducción de la ayuda exterior, el aumento de la inflación y los cuellos de botella en la cadena de suministro, las enfermedades y la sequía empujaron a millones por debajo de ella. Los afganos que tienen trabajo no cobran, mientras que los que no tienen trabajo no pueden encontrarlo. 

La inseguridad alimentaria se volvió omnipresente y afecta a más de la mitad de los aproximadamente 39 millones de habitantes del país. El país está experimentando una de sus peores sequías e inviernos en un momento en que los afganos carecen de combustible para calefacción, electricidad y otras fuentes de energía. La pandemia de COVID-19 y las restricciones de los talibanes sobre el personal médico femenino aumentaron las tensiones en las sobrecargadas instituciones de salud del país.

La abrupta toma de control de las instituciones públicas por parte de los talibán creó una crisis de gobernabilidad nacional. Temerosos del grupo, muchos de los funcionarios más experimentados de Afganistán y otros profesionales calificados huyeron a otros países. Los talibanes los reemplazaron con teólogos y ex combatientes, muchos de los cuales regresan de Pakistán después de años en el exilio. Cualquiera que sean sus lealtades ideológicas y habilidades de combate, su falta de servicio público previo y habilidades técnicas civiles disminuyeron su efectividad como burócratas. Muchos altos funcionarios talibanes siguen bajo sanciones internacionales, lo que impide sus contactos y viajes en el extranjero.

La ayuda internacional 

En respuesta a la emergencia humanitaria, EE.UU. y otros países proporcionaron exenciones de sanciones a agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales para satisfacer necesidades básicas — tales como alimentación, educación y atención de la salud — para las poblaciones más pobres y en riesgo de Afganistán. La Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU 2615 (2021), adoptada el 22 de diciembre de 2021, forjó una excepción humanitaria al régimen de sanciones de la ONU que prohíbe las transacciones financieras con los talibanes, permitiendo dicha asistencia si se proporciona directamente en lugar de a través de estructuras estatales controladas por los talibanes. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) creó un fondo fiduciario especial y un plan de ayuda de emergencia para mantener los ingresos mínimos de los afganos vulnerables, y proporcionar capital crítico a las pequeñas y microempresas en quiebra, realizando pagos en efectivo a los trabajadores en la mitigación de desastres naturales y pequeños proyectos de infraestructura. El Banco Mundial transfirió $280 millones de su fondo fiduciario para la reconstrucción de Afganistán al Programa Mundial de Alimentos (PMA) y UNICEF para ayudar a los afganos más necesitados. El PMA suministro alimentos, dinero en efectivo, vales y productos básicos a millones de afganos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados proporcionó fondos limitados, alimentos y otro tipo de asistencia a los aproximadamente 4 millones de personas desplazadas del país.

El 11 de enero, la ONU y organizaciones asociadas hicieron la mayor convocatoria de ayuda para un solo país en la historia. Propusieron $4.4 mil millones para el Plan de Respuesta Humanitaria de Afganistán para proporcionar pagos directos a los funcionarios afganos, como educadores y proveedores de atención médica. También solicitaron más de $600 millones en fondos adicionales para el Plan de Respuesta para Refugiados 2022 de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, que ayuda a los afganos desplazados internamente y a los refugiados afganos en los cinco países vecinos de Irán, Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán. En todos los casos, la ayuda fluye a través de organizaciones internacionales y ONG asociadas en lugar de organismos gubernamentales afganos.

El mismo día, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional prometió otros $308 millones en asistencia de emergencia para hacer frente a la emergencia humanitaria de Afganistán, al aumentar la asistencia humanitaria total de EE.UU. proporcionada a Afganistán y a los refugiados afganos desde octubre de 2021 a $ 782 millones  — incluidos millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 proporcionadas a través del programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Antony Blinken el secretario de Estado de EE.UU., explicó que la administración de Biden estaba buscando medios para “obtener más liquidez en la economía de maneras que no vayan a los talibanes, pero vaya a la gente, a sus bolsillos, para que puedan mantenerse a sí mismos”.

Aún así, el dinero no es suficiente.

Aun así, influyentes miembros de la comunidad internacional pidieron medidas adicionales para abordar la crisis humanitaria. Guterres solicitó “más dinero y más flexibilidad” para las operaciones humanitarias en Afganistán, incluida la suspensión de las condiciones y reglas que impiden el uso de fondos para pagar a los funcionarios públicos y servicios sociales vitales. Además, el secretario general de la ONU sostuvo que Estados Unidos tiene “un rol muy importante que desempeñar” en la resolución de la crisis dada la centralidad del dólar estadounidense en la economía internacional y los aproximadamente $7 mil millones de reservas afganas en bancos estadounidenses congelados desde el 15 de agosto de 2021. La medida de Estados Unidos contribuyó a las decisiones tomadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y otras instituciones financieras internacionales para reducir sus propios desembolsos a Afganistán.

Laurel Miller, del International Crisis Group, acusó a la administración de Biden de “optar por salir del paso con medidas a medias en medio de una crisis humanitaria en aumento”. Miller demandó a los funcionarios estadounidenses que “se traguen la píldora amarga de trabajar con el gobierno liderado por los talibanes para evitar un estado fallido en Afganistán”, lo que, según ella, conduciría a la miseria masiva y a un “terreno fértil para que prosperen los grupos extremistas”. 

Por el contrario, algunos críticos de la administración argumentan que los fondos deberían destinarse a evacuar a más afganos que trabajaron con EE.UU. y militares socios de Afganistán, así como estadounidenses y sus familias que resultaron heridos durante los ataques del 11 de septiembre y otras operaciones terroristas vinculadas a los talibanes.

Sin embargo, la crisis cada vez más profunda no puede resolverse simplemente enviando más dinero. El colapsado sistema bancario afgano se volvió disfuncional para la economía dolarizada basada en efectivo del país. A pesar de que los afganos pudieron retirar sólo unos pocos cientos de dólares a la vez, estos ahorros bancarios pronto se agotarán. Sus compras en divisas suelen ser productos importados, lo que genera una salida de dólares del país. La inflación, la depreciación de la moneda y otros factores redujeron drásticamente el poder adquisitivo de los afganos. Mientras tanto, los bancos de Afganistán no pueden otorgar préstamos a empresas ya que no reciben depósitos de afganos o extranjeros. Las sanciones internacionales regulan estrictamente las transacciones internacionales. Aunque existen exenciones, muchos prestamistas comerciales extranjeros se niegan a negociar con cualquier entidad afgana por temor a violar las regulaciones. Además, al centrarse en mitigar el sufrimiento inmediato a través de la asistencia de emergencia, los proveedores extranjeros refuerzan la dependencia insostenible de Afganistán de la ayuda exterior.

Aprietos de los talibán

Trabajar con los talibanes sigue siendo un comodín. El grupo siguió los mandatos internacionales para permitir que las organizaciones humanitarias brinden ayuda directamente a los beneficiarios en lugar de hacerlo a través de instituciones públicas controladas por los talibanes. Debido al aumento de la seguridad tras la victoria de los talibanes, los proveedores de ayuda exterior —a menudo con escoltas talibanes armadas— ahora pueden llegar a regiones que antes eran de difícil acceso. 

El 12 de enero, sin embargo, los talibanes propusieron establecer un organismo para supervisar los desembolsos de ayuda en el que sus representantes se unirían a los de los donantes extranjeros. Aunque el grupo no está satisfecho con su exclusión de los desembolsos de ayuda, la comunidad internacional se negó a dar a los talibanes ese rol. Existen preocupaciones comprensibles de que el grupo aproveche la ayuda para consolidar el poder, desviar la asistencia a entidades sancionadas y discriminar a las mujeres, las minorías étnicas y otros destinatarios. Aún así, los talibanes eludieron algunos controles, como el uso de trigo donado en el extranjero para pagar a los trabajadores civiles directamente pero en especie.

Aunque las prácticas varían según el lugar, los talibán apenas moderaron sus políticas de las que el grupo promulgó cuando gobernó Afganistán de 1996 a 2001. A pesar de que los talibán templaron su retórica y algunas políticas, estos cambios parecen tácticos, oportunistas y fácilmente reversibles. Como antes, el grupo destituyó a las juezas, prohibió el ejercicio de las abogadas, y restringió que las doctoras trataran a pacientes masculinos o que las académicas femeninas enseñaran a estudiantes universitarios masculinos. A las niñas se les niega rutinariamente el acceso a la educación más allá del sexto grado e incluso las mujeres adultas deben tener un acompañante masculino para los viajes de larga distancia. Sumado, a que las autoridades acosan continuamente a los periodistas. A pesar de las promesas de amnistía de los líderes talibanes centrales, funcionarios y soldados que sirvieron en el régimen anterior fueron asesinados o perseguidos en algunas localidades. La sociedad civil carece de representación en los órganos de toma de decisiones.

Los líderes talibán parecen anticipar que, al igual que con su largamente luchada victoria militar, simplemente necesitan mantenerse firmes y eventualmente la comunidad internacional reconocerá a su gobierno. Sin embargo, no existe un consenso internacional sobre qué criterios deberían cumplir los talibán para avanzar incluso en el camino hacia el reconocimiento. La mayoría de los gobiernos extranjeros se mantendrán al margen mientras las políticas internas de los talibanes sigan siendo esencialmente represivas, sus vínculos con grupos terroristas extranjeros como al-Qaeda siguen siendo indeterminados, y los incentivos positivos para un compromiso internacional integral siguen siendo tan esquivos.

[Se prohíbe expresamente la reproducción total o parcial, por cualquier medio, del contenido de esta web sin autorización expresa y por escrito de El Intérprete Digital]

Richard Weitz es miembro principal y director del Centro de Análisis Político-Militar del Instituto Hudson. Su investigación actual incluye desarrollos de seguridad regional relacionados con Europa, Eurasia y el este de Asia, así como las políticas exteriores y de defensa de EE.UU.

N.d.T.: El artículo original fue publicado por Middle East Institute el 21 de enero de 2022.