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El Interprete Digital

Con la complicidad del gobierno, las propiedades sirias son falsificadas

Por Alaa Nassar para Syria Direct

Un hombre camina por la calle entre edificios dañados en la ciudad siria de Homs, junio de 2014. [Chaoyue Pan/Creative Commons]

La casa de Marwa, ubicada detrás de Basateen Al Razi en Damasco, está registrada a nombre de su esposo. Entrevistada por Syria Direct, contó que él fue asesinado en 2012 cuando el área fue bombardeada. Además afirmó que eso no impidió que su cuñado vendiera ‘la casa a uno de los miembros de Hezbolá que rodean la ciudad de Darayya’. Sin embargo, señaló que no puede dirigirse a las instituciones gubernamentales en Damasco para reclamar el derecho de su familia sobre la propiedad. Desplazada, esta mujer ahora vive en la ciudad de Idlib, en el noroeste de Siria.

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Si bien se prestó atención a los intentos del régimen de Bashar Al Assad para apoderarse de la propiedad de personas desplazadas dentro y fuera del país, también están surgiendo métodos de saqueo perpetrados por individuos. Estos son alentados por la naturaleza del régimen. Además de la corrupción generalizada que caracterizó históricamente a las instituciones, existe el temor entre las personas desplazadas de ser perseguidas a su llegada a las áreas bajo control gubernamental.

Prueba de propiedad

La ‘escritura verde’ es como se conoce al título de propiedad obtenido al inscribir un bien a nombre de un dueño en el registro de bienes raíces del gobierno sirio. En el país, constituye el documento de prueba más decisivo en materia inmobiliaria.

Según el abogado Hussam Sarhan, miembro de la Asociación de Abogados Sirios con sede en Turquía, otros certificados menos poderosos incluyen a los ‘documentos de notario judicial’. Estos comprenden un poder legal para la venta de un inmueble; la escritura de compraventa de bienes raíces con poder legal; y una escritura de venta de bienes raíces con un poder notarial irrevocable, considerada el instrumento más sólido entre estos.

Sarhan agregó que: “un documento de poder para la venta de un inmueble obliga al vendedor y al comprador a acudir al registro de la propiedad para la transacción, incluso si el documento está escrito por el notario. Si el vendedor no se presenta, el comprador tiene que presentar una demanda en su contra en la corte para demostrar que pagó el precio de la propiedad y la posee”.

La escritura de compraventa de bienes raíces con poder legal es una autorización de parte del dueño para que alguien venda la propiedad a otra persona sin necesidad de consulta, lo cual queda registrado claramente en el documento.

En cuanto a la escritura de compraventa de un inmueble con poder irrevocable, se trata de una declaración del propietario ante notario de que vendió el inmueble y recibió el pago. Para ello autorizó al comprador a realizar el trámite de traspaso de propiedad a él mismo en el registro de bienes raíces sin consultar al propietario original.

También existe la ‘escritura de compraventa ordinaria’. Este es un documento que establece un trato entre el vendedor y el comprador de la propiedad, redactado entre ellos o por un abogado, sin confirmar la venta y transferencia de propiedad en el registro de bienes raíces. Sarhan dijo que es un ‘documento débil’ a menos que el comprador presente una demanda que cuente con este documento y se pruebe su validez. Así obtiene un fallo judicial que confirma su compra de la propiedad y luego la inscribe en el registro de propiedad inmueble.

Falsificación y fraude

La corrupción desenfrenada en las instituciones del gobierno sirio permite que personas se apoderen de las propiedades de sirios desplazados y ausentes por medios ilegales. Para ello, presentan reclamaciones de propiedad sin el conocimiento de los propietarios reales.

El Ministerio del Interior anunció este mes que el Departamento de Seguridad Criminal “arrestó a ocho personas y frustró una operación para transferir bienes inmuebles pertenecientes a residentes de dos áreas —Darayya y Al Tijarah— en Damasco, valorados en cientos de millones de libras sirias”. Los detenidos utilizaron “documentos falsificados, poderes y cédulas de identidad de los dueños de estos predios, aprovechando que algunos de ellos se encuentran fuera del país”. El Ministerio también confirmó otros dos arrestos por el mismo delito en la provincia de Latakia.

Sin embargo, la capacidad, o incluso el deseo, del gobierno de Damasco de perseguir el fraude practicado por personas influyentes o en beneficio de ellas sigue siendo dudosa. Tal es el caso de la casa familiar de Salwa Al Yousef —un seudónimo— en la ciudad de Alepo.

En diálogo con Syria Direct, ella relató que su hermano vendió la casa familiar. Ésta se hallaba registrada a nombre de su padre, detenido desde 2014, a un comandante de una milicia iraní a la que se unió en Alepo. Al respecto, señaló: “Me enteré después de que fui a visitar la casa y encontré a una familia iraní viviendo en ella. Después de una larga discusión sobre la propiedad, descubrí que fue mi hermano quien se las vendió y que contaban con una escritura oficial”.

Después de eso, Al Yousef contó que consiguió un abogado hace un año para llevar a cabo los trámites para recuperar la propiedad. Sin embargo, agregó que: “el poder judicial está estancado. No pude recuperar mis derechos y los de mis otros cinco hermanos”.

El caso de Muhammad Al Zoubi es similar. Oriundo de la ciudad de Izraa, en el norte de la provincia de Daraa, ahora vive en Alemania. El exmarido de su hermana se transfirió a sí mismo la propiedad de la casa de su familia. Al ser entrevistado por Syiria Direct, Al Zoubi dijo que: “Estaba solo con mi padre ciego y tomó su firma y huella digital para la escritura de venta de la casa. Luego la vendió y se llevó el dinero sin que lo supiéramos. Hace dos meses, el comprador acudió a mi padre y le presentó la escritura que acredita la validez de su adquisición”. La hermana de Al Zoubi presentó una demanda y designó un abogado pero todavía están esperando que se completen los procedimientos.

Sarhan señaló que: “tratar con una propiedad tomada por medio de documentos falsificados puede ser más complicado cuando su posesión se transfiere a una persona de buena fe, que no tiene conocimiento de que ocurrió la falsificación. El dueño —original— de la propiedad no puede recuperarla si fue transferida a una persona de buena fe. Tiene que demostrar que la compra fue de mala fe, que no es fácil. En consecuencia, el propietario —original— pierde su bien y sus derechos se limitan al precio del vendedor o vendedores con el poder notarial falsificado”.

Complicidad de jueces y abogados

Los tipos de falsificación que se están revelando en Damasco, según un abogado residente en la capital, son: “falsificar la identidad del propietario al dejar su información pero reemplazado su imagen con un impostor; falsificar sellos y firmas del notario y los jueces imprimiendo otros documentos de propiedad y cambiando el nombre e información personal del dueño, mientras el imitador alega estar autorizado por el propietario original para vender el inmueble”.

Además, el abogado, quien pidió permanecer anónimo, agregó que: “el poder judicial sirio no es lo suficientemente imparcial”. Acusó a jueces y notarios de ‘complicidad significativa’ en las operaciones de falsificación mediante la indulgencia en los procedimientos y la no verificación de la autenticidad de las declaraciones de la persona vendedora de la propiedad.

También señaló que hay muchos abogados cómplices de las operaciones de falsificación y transferencia de las propiedades de quienes dejaron sus hogares a otros, incluidos iraníes. La mayoría conoce los puntos ciegos de los jueces y las sumas que cobran a cambio de cada caso de traspaso de inmuebles con documentos falsificados.

El ministro de Justicia sirio, Ahmad Al Sayyed, confirmó en una declaración del 24 de noviembre al periódico pro-régimen Al Watan que algunos jueces habían emitido fallos judiciales ‘transfiriendo la posesión de las propiedades a otras personas basándose en poderes falsos’. Afirmó que dichos jueces están siendo enjuiciados en el Consejo Judicial Supremo.

Según la abogada siria residente en el Líbano, Nabiha Al Rayyes: “la Ley Nro. 10 de 2018 tuvo un gran impacto en las operaciones de falsificación y el cambio demográfico liderados por el régimen sirio. Llevó a hacer prevalecer a los autores de delitos de falsificación de propiedad inmobiliaria. Conocen la incapacidad de los propietarios desplazados para demostrar su posesión ante el Estado después de que el gobierno les diera solo un mes para presentar prueba de propiedad”.

Sin embargo, Al Rayyes dijo que: “en el futuro, después de la salvación de la pandilla gobernante, las propiedades basadas en la falsificación podrán anularse fácilmente, porque podemos identificar al propietario real mediante firma o huella digital, especialmente si es demostró que vivía fuera de Siria en la fecha de la venta del inmueble”.

Sarhan se hizo eco de esta opinión. Dijo que si bien no hay ‘soluciones inmediatas’, cuando Siria se convierta en un Estado de derecho con un poder judicial independiente e imparcial, esto permitirá al propietario exigir la restitución de la propiedad y una compensación por el período en el que estuvo ocupada. También enfatizó que el régimen no podía derogar la posesión del propietario original del registro de bienes raíces porque cada propiedad en el país tiene un número de propiedad en una página grande, en la que se registran los eventos. 

Por lo tanto, el nombre del propietario principal de esta propiedad no se puede borrar para poner el nombre de otra persona en su lugar. Más bien, lo ocurrido con cada propiedad se registran en la misma página que el propietario principal, dando cuenta en papel de cada venta en papel o incluso incautación”.

Contra-iniciativas

El 4 de febrero de 2018, la Asociación de Abogados Sirios lanzó un proyecto de ‘Restitución de viviendas y bienes inmuebles’ para documentar información sobre propiedades civiles confiscadas o destruidas durante los últimos diez años con el fin de compartirla con la entidad responsable en la Siria de posguerra.

El proyecto, según Sarhan, se basa en el documento que Naciones Unidas emitió en 2015, el cual refrendó principios relacionados con la restitución de vivienda y propiedad a refugiados y personas desplazadas, anunciado por el Relator Especial Paulo Sergio Pinheiro. Sarhan indicó que: “con base en este documento, trabajamos en el proyecto de documentación nacional desde 2013, y pudimos preservar copias de registros inmobiliarios en algunas provincias sirias que estaban fuera del control del régimen, como Homs, Idlib y las zonas rurales de Alepo y Hama”.

El proyecto también proporciona una plataforma en línea a través de la cual los sirios dentro y fuera del país pueden documentar sus propiedades perdidas, ya fueran confiscadas o destruidas, con la información disponible, aún si está incompleta. 

Sarhan afirmó que: “toda la información que se agrega a la plataforma es confidencial. Solo es leída por la gerencia de la asociación cuya misión no es resolver disputas inmobiliarias, sino formar una base de datos documentada para proporcionar a la entidad siria responsable de resolverlas en el periodo de posconflicto y luego a cualquier individuo que realice un seguimiento del estado de su propiedad. También se utilizará para procesar a los violadores de los derechos de propiedad”.

Sin embargo, Sarhan se lamentó que a pesar de la promoción de la importancia de preservar estos documentos en la plataforma —y publicar videos semanales de concientización sobre temas de derechos de propiedad y su protección a través de la página de Facebook de la asociación— la participación para el registro es menor de lo esperado. Dijo que: “el número de inscritos hasta ahora no llega a las 5.000 personas, y el porcentaje de inscritos que no tienen ningún documento de propiedad, o que solo tienen un título de propiedad regular, es más del 50 por ciento del total”.

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Alaa Nassar es Licenciada en Lengua y Literatura Árabe por la Universidad de Damasco. Actualmente contribuye como columnista para Syria Direct.

N.d.T.: El artículo original fue publicado por Syria Direct el 31 de marzo de 2021.