Por Noura Aljizawi para The Tahrir institute For Middle East Policy
Los sirios solían decir ‘los muros tienen oídos’ para advertirle a alguien que había cruzado una línea roja o para referirse al aparato de seguridad del país y a sus informantes desplegados, los ‘Mukhabarat’. En 2011, las mismas personas rompieron el silencio y el miedo y se levantaron contra el régimen autoritario. La Primavera Árabe fue un momento crítico para el uso de las redes sociales y la ciberesfera en general. Y aunque el debate internacional se centró particularmente en el papel de las redes sociales en la democratización o la des-democratización, las redes sociales en Siria fueron convertidas en armas por el régimen y sufrieron complicaciones por una serie de factores a lo largo de la última década.
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Movilización bajo estado de vigilancia
En el estado policial de Siria, todas las comunicaciones —incluido internet— fueron censuradas y controladas durante mucho tiempo bajo la legislación de emergencia de 1963, que luego fue reemplazada por la Ley Antiterrorista No. 19 de 2012. Antes del levantamiento en 2011, los sitios de blogs estaban bloqueados en Siria, incluidas las plataformas de redes sociales como Facebook y YouTube. Los blogueros también fueron encarcelados arbitrariamente y torturados por escribir cualquier cosa percibida como disentimiento. Posteriormente, la población siria experimentó durante mucho tiempo la censura y las consecuencias de la vigilancia digital, y cuando el gobierno levantó el bloqueo en las redes sociales, el 5 de febrero de 2011, no fue más que una señal de advertencia de que el régimen estaba planeando estratégicamente nuevos mecanismos de espionaje y vigilancia. Sin embargo, tras las primeras protestas de marzo de 2011, la organización en línea se convirtió en una necesidad crucial y los activistas no tuvieron otra opción que correr el riesgo y tratar de mitigar las consecuencias. Se necesitaban las redes sociales para comunicar y organizar la movilización. Skype y los grupos privados de Facebook, por ejemplo, proporcionaron un espacio virtual para la comunicación y la organización entre grupos activistas de todo el país. Tener teléfonos celulares con cámaras, junto con conexión a Internet y acceso a las plataformas de redes sociales, creó una nueva forma de periodismo en el contexto sirio. Las redes alternativas de noticias en línea aparecieron como un nuevo poder del periodismo ciudadano, especialmente después de que los medios extranjeros fueron expulsados, al poco tiempo del inicio de la revolución. Los blogueros y los ciudadanos de a pie asumieron la responsabilidad de compartir noticias e imágenes de última hora con medios de comunicación internacionales y plataformas de transmisión en vivo.
Socavar y criminalizar el discurso
Paralelamente a la represión física de las manifestaciones pacíficas, el régimen utilizó otros medios digitales para atacar a activistas y periodistas. A sólo dos meses del levantamiento, los medios de comunicación del gobierno comenzaron a informar sobre el Ejército Electrónico Sirio (SEA, por su sigla en inglés), que llevó a cabo la guerra cibernética de las autoridades, al crear narrativas contrarias y cerrar páginas hostiles de Facebook. El grupo fue retratado por los medios estatales como una iniciativa juvenil para enfrentar a los ‘enemigos’ y a la ‘guerra de Facebook’, en referencia a la organización de los disidentes en las plataformas de redes sociales. Posteriormente, muchas de las operaciones de represión digital fueron atribuidas a la SEA. Sus operaciones ofensivas varían desde la desinformación hasta el monitoreo de las cuentas y los grupos de redes sociales de los activistas, la creación de propaganda anti-levantamiento, atrayendo a los disidentes y deteniéndolos, hasta operaciones más sofisticadas como ataques de fraude informático o mediante programas maliciosos.
Además, las autoridades sirias promulgaron nuevas leyes para socavar y criminalizar la libertad de expresión en el ciberespacio, incluida la Ley de Medios No 108 de 2011, la Ley No 17 de 2012 y la Ley Antiterrorista No 19 de 2012. Estas leyes, junto con otros artículos del Código Penal, estipulan que cualquier persona —incluidos los periodistas pro-gubernamentales— que participe en las redes sociales o en cualquier publicación contraria a la narrativa del régimen puede ser sancionada con pena de prisión y multa.
Tecnología de vigilancia digital y programas maliciosos
Desde 2007, el régimen sirio, como otros regímenes autoritarios de la región, invirtió en la construcción de un sofisticado sistema de vigilancia mediante la importación de tecnología de empresas de Europa y Sudáfrica. Estas empresas y otras, suministraron tecnologías al régimen a pesar de su oscura historia de represión y violaciones de derechos humanos. Las sanciones de Estados Unidos y la UE contra el régimen en 2011 pueden haber limitado la capacidad del régimen para importar tecnología de vigilancia, pero no impidieron toda la tecnología de vigilancia comercial con el régimen de Asad. Esto fue obvio cuando se detectó un equipo de Blue Coat en Siria en 2013, que llegó a través de un distribuidor externo de Computerlinks en Dubai.
Con el apoyo de Rusia, China y otras potencias regionales, Siria aumentó su capacidad y tecnología de vigilancia. En algunos casos, los aliados atacaron a los disidentes directamente en nombre del régimen. Además, durante el curso del conflicto, el régimen desarrolló aplicaciones para teléfonos móviles, difundidas por la SEA que pretendían ser ‘actualizaciones’ de aplicaciones muy comunes como WhatsApp y Telegram; y más recientemente, el régimen desarrolló una aplicación maliciosa que usaba COVID-19 como cebo.
La lucha sobre la narrativa
Los sirios encontraron en las plataformas de redes sociales un espacio para guardar y compartir las violaciones de derechos humanos que documentaron en sus teléfonos desde el comienzo del levantamiento. Y como la detención continua de activistas llevó a la incautación y destrucción de dispositivos, las plataformas de redes sociales sirvieron como una herramienta para que los activistas almacenaran pequeñas porciones de sus archivos en línea en grupos privados en Facebook y en páginas públicas y canales de YouTube.
Sin embargo, las empresas de medios sociales —en particular Facebook y YouTube— comenzaron a eliminar arbitrariamente dicho contenido, junto con las cuentas de muchos activistas y periodistas ciudadanos que documentaron crímenes y violaciones.
Estas empresas hicieron los ojos y los oídos ciegos ante los llamamientos de los activistas para que revisaran estas decisiones arbitrarias, que afectan en gran medida la memoria colectiva siria y la narrativa de las víctimas, así como el curso de la justicia y la rendición de cuentas. Y al mismo tiempo, las empresas de medios sociales —incluido Twitter— no hicieron esfuerzos serios para lidiar con las campañas de desinformación y coordinaron para manipular la narrativa en torno a los crímenes de guerra, las atrocidades y las masacres del régimen, muchos de los cuales fueron documentados por organizaciones internacionales.
Roles y riesgos crecientes
El papel de Internet y las redes sociales en la movilización en Siria sigue creciendo. Al principio, los sirios usaban las redes sociales con cautela y escepticismo, ya que los espacios físicos para organizarse y trabajar fuera de Internet eran aún más dinámicos; pero el papel de las redes sociales se volvió más crucial con los cambios en el terreno, especialmente cuando el régimen comenzó a cortar carreteras entre ciudades y vecindarios, desplegar a las fuerzas de seguridad y ubicar puestos de control y restringir la libertad de movimiento de los activistas, lo que luego se convirtió en asedios y desplazamientos masivos.
La dinámica cambiante del conflicto obligó a muchos activistas a trabajar en el exilio y les permitió expresar su opinión libremente —sobre todo en lo que respecta a la defensa y la justicia transnacional— lo que requiere trabajar en estrecha colaboración con amplias redes de activistas sobre el terreno. Como respuesta, el régimen amplió su alcance de espionaje digital dirigido a personas y organizaciones en el exilio para socavar su trabajo y descubrir sus redes dentro de Siria.
En marzo se cumplió una década de la revolución siria. Una década de lucha por los derechos humanos y los derechos políticos y cívicos. Una década de conflicto por el ciberespacio entre el derecho de los ciudadanos y la sociedad civil y el régimen que lo conviertió en una herramienta de represión. Para garantizar que los activistas y los ciudadanos tengan espacios libres y seguros para movilizarse y expresarse libremente, la comunidad internacional debe trabajar en todos estos niveles:
- Se deben realizar esfuerzos para lograr la transición democrática en Siria y realizar reformas legales e institucionales que garanticen las libertades y los derechos civiles, incluidos los derechos digitales, en la Constitución y en la práctica.
- Teniendo en cuenta las graves violaciones de derechos humanos asociadas con la vigilancia digital, quienes se dedican al ciberespionaje en Siria deben rendir cuentas ante la comunidad internacional junto con los criminales de guerra.
- Se debe aplicar un marco práctico de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos con mecanismos para monitorear y responsabilizar a las empresas de tecnología por sus negocios con regímenes dictatoriales.
- Se debe presionar a las empresas de tecnología para que adopten políticas éticas para garantizar que sus tecnologías no se utilicen en violaciones de derechos humanos y que sus políticas sean más inclusivas. Las empresas de tecnología, también deben tener en cuenta los derechos humanos y asegurarse de que sus negocios nunca sean explotados por Estados represivos de ninguna manera.
A pesar de brindar a los ciudadanos un espacio para movilizarse y expresar sus causas, las redes sociales empoderan a los regímenes autoritarios para contrarrestar las revoluciones, como dice el profesor Ronald Deibert de la Universidad de Toronto: “Las redes sociales resultaron ser el mejor amigo de un dictador”. Sin embargo, los riesgos y las consecuencias catastróficas del uso de las redes sociales, es decir, la presión de la represión digital autoritaria y la falta de compromiso ético y de derechos humanos de las empresas de tecnología, no deberían empujar a los activistas a retirarse del ciberespacio. Por el contrario, se debe asegurar la ciber-esfera para garantizar y proteger los derechos digitales y humanos.
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Noura Aljizawi es investigadora del Citizen Lab de la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto. Centra su investigación en la intersección de la tecnología de la información y la comunicación, los derechos humanos y la seguridad global.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por TIMEP el 12 de abril de 2021.
