Por Dalal Yassine para Middle East Institute
El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y el tema de este año es ‘Mujeres en el liderazgo: Lograr un futuro igualitario en un mundo COVID-19’. Sin embargo, las mujeres y niñas refugiadas en el Líbano siguen estando muy por detrás de las aspiraciones del tema de la ONU. Es poco probable que esta difícil situación cambie a menos que el Líbano ponga fin a sus políticas discriminatorias hacia las personas refugiadas.
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El Líbano mantiene el confinamiento por el COVID-19, desde hace casi un año. Con los continuos cierres renovados, los refugiados enfrentan mayores riesgos no solo por la propagación del virus, sino también por la falta de servicios de salud adecuados en sus frágiles comunidades. Según la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por su sigla en inglés), la tasa de mortalidad por COVID-19 entre los refugiados palestinos es tres veces mayor que la de la población general del país, y entre los refugiados sirios probablemente sea incluso mayor. El número de infecciones sigue aumentando, especialmente entre los niños. Incluso antes de las crisis más recientes, el Líbano carecía de un plan claro para reducir el riesgo de propagación de la infección en los campos de refugiados. Una vez más, las mujeres, niñas refugiadas y desplazadas soportarán la carga más pesada de la pandemia y el encierro.
A mediados de febrero, Líbano recibió el primer lote de la vacuna COVID-19 de dos dosis. Con 34 millones de dólares de financiación del Banco Mundial, el Ministerio de Salud libanés se comprometió a vacunar a todos en el país, incluidos los refugiados sirios y palestinos. Debido a su corrupción endémica, Líbano firmó un acuerdo con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para monitorear el proceso de vacunación y garantizar un acceso justo y equitativo para todos. Sin embargo, los políticos y sus familias pudieron eludir el proceso y recibir la primera ronda de vacunaciones. Mientras tanto, algunos políticos de derecha insisten en que sólo los ciudadanos libaneses deberían recibir la vacuna. Además, la cantidad prevista de dosis sólo es suficiente para vacunar a 2 millones de personas de una población total de 6,5 millones, incluidos alrededor de 1,5 millones de refugiados sirios y aproximadamente 300.000 refugiados palestinos. Como resultado, el Comité de Diálogo Libanés-Palestino y la UNRWA solicitaron recientemente al Ministerio de Salud libanés, que importe 300.000 dosis adicionales para los refugiados palestinos. Sin embargo, hasta ahora se aseguró la financiación de solo 35.000 dosis.
Incluso después de que termine la pandemia, el COVID-19 tendrá un impacto desproporcionado en las mujeres refugiadas en el Líbano. Según un informe de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Asia Occidental (CESPAO), las repercusiones negativas para las mujeres refugiadas y desplazadas van mucho más allá del riesgo de infección, incluido el aumento de la violencia, la explotación y el abuso sexual. Esto se ve agravado por las malas condiciones de vida, reflejadas en los campamentos superpoblados, la infraestructura deficiente y la falta de agua, saneamiento y servicios de salud sexual y reproductiva.
Una situación difícil que empeoró
Aunque las mujeres refugiadas ya sufren la falta acceso a derechos básicos y las relaciones patriarcales dentro de las familias, así como en los campamentos, el encierro agravó mucho las cosas. Viven en pequeñas viviendas en campamentos abarrotados, sin espacios al aire libre y, a menudo, con familias numerosas y multigeneracionales. Los hogares que deberían ser espacios seguros para mujeres y niñas se convirtieron en cambio en entornos violentos.
Esto fue confirmado en un informe de la Asociación Najdeh, una organización no gubernamental (ONG) palestina. Basado en un estudio realizado en siete campos de refugiados palestinos en el Líbano, el informe encontró que hubo un gran aumento de la violencia física, verbal, sexual, emocional y financiera debido a la pandemia y el encierro. También, reveló que las niñas se vieron obligadas a contraer matrimonios precoces. Aproximadamente el 89% de las mujeres palestinas refugiadas encuestadas experimentaron violencia doméstica por parte de un familiar masculino. Además, el 58% fue sometida a violencia verbal y el 40% informó violencia física. Finalmente, el 15% experimentó violencia financiera y el 5% fueron víctimas de violencia sexual. La pandemia también repercutió en el trabajo informal realizado por mujeres refugiadas. Muchas perdieron trabajos que no brindaban atención médica o protección social, pero que eran una fuente vital de ingresos para sus familias.
El Examen Periódico Universal (EPU) de 2015, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, recomendó a el Líbano mejorar la situación de los refugiados palestinos y sirios. Esto incluyó la adopción de medidas para proteger a las mujeres y niñas refugiadas y solicitantes de asilo de la explotación económica y sexual, la violencia sexual, el matrimonio infantil forzado y la discriminación. Cinco años después, Líbano no cumplió con estas recomendaciones. De hecho, el EPU de 2020 reafirmó estos hallazgos y recomendó nuevamente que el Líbano cumpla con sus obligaciones internacionales sobre los derechos humanos.
La falta de protección legal
Los problemas a los que se enfrentan las mujeres refugiadas en el Líbano no pueden separarse de la condición más amplia de las refugiadas y de la discriminación que sufren. El Líbano no tiene una descripción o definición legal oficial para los refugiados en general o para los refugiados palestinos que viven en el país hace más de siete décadas. En la práctica, estos últimos fueron tratados como ‘refugiados’ o ‘extranjeros’, o como personas que no poseen la nacionalidad de un Estado reconocido. De manera similar, el Líbano considera que los refugiados sirios son ‘personas temporalmente desplazadas’, para eludir sus obligaciones en virtud del derecho internacional, si fueran reconocidos oficialmente como refugiados. Sin embargo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) los identifica como tales. Como el Líbano no es parte de la Convención de Refugiados de 1951 y no brinda apoyo a refugiados —extranjeros o personas desplazadas— existen muy pocas protecciones legales para las personas en estas categorías.
La violencia de género es desde hace mucho tiempo una amenaza para las mujeres y las niñas, en particular para las refugiadas, las desplazados internas y las solicitantes de asilo. Las mujeres se ven afectadas de manera diferente que los hombres por las crisis y los conflictos, y las mujeres y niñas refugiadas corren un mayor riesgo de sufrir violencia doméstica y otras formas de violencia. Para las mujeres refugiadas, las intervenciones judiciales para resolver la violencia de género no siempre son la primera opción. Salir del ciclo de violencia es muy difícil debido al marco social que rige sus vidas. Por lo general, hay una intervención de miembros respetados de la comunidad o de un comité popular para resolver el problema. Aunque estas estructuras comunitarias trabajan en la reconciliación con las mujeres maltratadas, también las devuelven al ciclo de violencia permanente. Algunas mujeres casadas recurrieron al sistema judicial libanés para resolver problemas de violencia doméstica, pero como resultado de ello perdieron la custodia de sus hijos.
La pandemia también impide el acceso de las mujeres a la asistencia y a la protección. El bloqueo debilitó las estructuras, los mecanismos legales y los sistemas de protección judicial que garantizan el acceso de las mujeres a la justicia social. El cierre de las oficinas del gobierno libanés relacionadas con el seguimiento legal de los casos de violencia, exacerbó la crisis de las mujeres maltratadas. También, paralizó los centros de acogida para mujeres que sufrieron violencia doméstica al no poder recibir nuevas personas. La pandemia contribuyó así, a la pérdida de estructuras de apoyo esenciales para las mujeres y las niñas.
Como ponen de manifiesto el impacto de la pandemia y la crisis financiera en curso, el Líbano ya no puede ignorar sus obligaciones en virtud del derecho internacional. El gobierno debe hacer mayores esfuerzos para asegurar que las mujeres y niñas refugiadas tengan acceso a asistencia legal —así como a los servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos—. El Líbano debe implementar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés), incluso para las mujeres refugiadas. Al mismo tiempo, las agencias de la ONU y las ONG deben llevar a cabo la debida diligencia para proteger a las mujeres y niñas que reciben asistencia de todas las formas de violencia y explotación. Al mismo tiempo, las agencias de la ONU y las ONG deben actuar con la debida diligencia para proteger a las mujeres y niñas que reciben asistencia de toda forma de violencia y explotación. Además, los programas y servicios en torno a la violencia de género deben ampliarse para tener en cuenta las mayores necesidades debidas a la pandemia. De lo contrario, el Día Internacional de la Mujer será un día más para las mujeres que sufren la pobreza, la injusticia y la violencia.
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Dalal Yassine es el Director Ejecutivo de Middle East Voices, abogado y defensor de los derechos humanos y de género para los refugiados palestinos en el Líbano, y becario no residente en MEI.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por MEI el 4 de marzo de 2021.
