Por Wendela de Vries para The Cairo Review of Global Affairs
La industria armamentística continúa aprovechando las nefastas oportunidades del caos climático, mientras los sistemas de combustibles fósiles usados por militares continúan su operación.
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Las consecuencias del cambio climático amenazan la supervivencia del planeta, especialmente afectando a las personas de los países más pobres. Para otros, sin embargo, el cambio climático es otra oportunidad más para ganar dinero. Con la aparición de nuevas guerras y conflictos armados internos, resultado de la escasez de tierra arable y agua potable, la continua competencia por adquirir combustibles fósiles, el desarrollo de un nuevo mercado de armas “verdes”, y la militarización de áreas fronterizas para repeler los refugiados climáticos, la industria armamentística se beneficiará de la crisis climática. La exclusión de las fuerzas armadas de los objetivos internacionales de reducción de las emisiones y el creciente gasto militar aceleran aún más este proceso.
Siempre y cuando los ejércitos de países occidentales dependan de hidrocarburos, el Medio Oriente seguirá siendo un cliente esencial de las grandes empresas de armamento. De hecho, las potencias mundiales no solo transfieren armas a países árabes en un intento por controlar las reservas de petróleo y gas de la región, sino para externalizar la labor de mantener la seguridad regional y para impulsar la capacidad militar de sus ejércitos. El comercio de armas con países aliados como Egipto y Arabia Saudita continúa siendo gigantesco, pues constituyó el 35 por ciento del total global de importaciones de armas entre 2015 y 2019. Empero, esta transferencia no fue en consonancia con el Tratado sobre el Comercio de Armas de la ONU ni con las disposiciones legales de la Unión Europea. Estos países, en su carácter de potencias regionales y con posesión de combustibles o control de líneas de transporte marítimo, tienen un papel militar clave que suprime cualquier empatía por los derechos humanos y la paz.
Aunque los ejércitos están al tanto del cambio climático y lidian con sus consecuencias, la OTAN prioriza tanto la disuasión de amenazas regionales como una postura defensiva. Actitud que obstaculiza la reducción de emisiones de gases invernadero. Actualmente, parte de la infraestructura militar moderna es diseñada para ser más independiente de fuentes de energía no renovables, pero experimentos con combustible de propulsión sostenible, uno de los mayores contaminantes de la industria militar, posee problemas técnicos, de financiamiento y ambientales. La forma más viable para reducir dichas emisiones es, per se, la reducción de los ejércitos. En un mundo donde las mayores amenazas provienen de problemas globales, como las pandemias y el calentamiento global , la cooperación internacional encarnaría mayor seguridad que la competición militar.
Nudo gordiano entre el comercio de armas y los combustibles fósiles
El comercio internacional de armas y el petróleo están expresamente vinculados. El ejemplo más claro son los acuerdos comerciales que intercambian armas por combustibles. La serie de acuerdos de Al Yammah, uno de los más conocidos, fue pactado por Gran Bretaña y Arabia Saudita -y es el más importante en el que hayan participado los británicos. El primero concluyó en 1985 y el más reciente fue sellado en el 2008. Este último comprendió la venta de jets de combate Eurofighter Typhoon, lo que resultó en el enriquecimiento de los subcontratistas BAE Systems. Por su parte, la Monarquía saudí pagó a Londres con el suministro de 600.000 barriles de petróleo al día. Aunque los acuerdos de Al Yammah fueron manchados por alegatos de corrupción, una investigación iniciada en 2006 por la Oficina de Fraude Británica fue abortada por la presión de los gobiernos de estos países.
De manera más general, los combustibles fósiles se han señalado como uno de los principales agentes detrás de muchas guerras recientes e intervenciones militares. Sin embargo, los hidrocarburos son parte esencial de las economías occidentales basadas en el consumo en masa. Como fue formulado por el informe Concepto Estratégico de la OTAN: “Todos los países son cada vez más subordinados a la comunicación, transporte, y rutas de tránsito de las que el comercio internacional, la seguridad energética y prosperidad dependen”. No solo son los hidrocarburos esenciales para las economías, sino que son un prerrequisito para la acción militar, pues el petróleo es tan necesario como las bombas y municiones. No existe superioridad militar sin la energía que emana, principalmente, de los combustibles fósiles. Uno de los requisitos para ganar guerras es asegurar un acceso ininterrumpido a recursos energéticos -lo que se conoce como Seguridad Energética. “La seguridad energética debe ser objeto de constante monitoreo, evaluación y consulta entre los Aliados”, escribió el Grupo de Reflexión de alto nivel de la OTAN en un estudio publicado en 2020.
Si bien la infraestructura militar actual está pensada para ser más independiente de recursos energéticos, los vehículos militares y el transporte de hidrocarburos son el equipamiento militar más difícil de actualizar en beneficio del ecosistema, pero son los causantes de la mayor contaminación ambiental. Hacer un giro hacia el combustible de propulsión sostenible no es una meta realista para el futuro cercano, por lo tanto, los ejércitos seguirán siendo vastos consumidores de hidrocarburos. Por esta razón, el control de áreas con abundantes reservas energéticas y de las líneas de tránsito marítimas son prioridades en la agenda de las fuerzas militares. Los ejércitos occidentales desean no solo asegurar el acceso al grifo de combustibles, sino impedir el abastecimiento de sus mayores rivales, notablemente de China.
Si no hay cambios, el control de recursos petrolíferos y sus líneas de aprovisionamiento seguirán siendo una prioridad de los ejércitos en los años por venir. Dichas metas son reforzadas por el creciente gasto en el sector defensa y los largos ciclos de vida útil de la tecnología militar existente. Lo anterior es un motor de la proyección del poderío militar por fuera de occidente. Particularmente, el Medio Oriente paga un precio muy alto por la lucha constante sobre el control de sus recursos energéticos. Por ejemplo, la razón oficial detrás de la invasión militar de EEUU en Irak en 2003 fue la supuesta posesión de armas de destrucción masiva (WMD, por sus siglas en inglés) por parte del último. Esta información, filtrada por los servicios secretos estadounidenses, fue posteriormente falsificada. Mientras que la industria militar y empresas militares privadas se beneficiaron significativamente de la ocupación, el costo que pagaron los iraquíes fue muy alto. Por lo menos 185.930 civiles han perdido la vida desde el derrocamiento de Saddam Hussein. Tiempo después, Dick Cheney, ex vicepresidente de EEUU, reveló la verdadera causa de la guerra: “El petróleo es estratégico. Nosotros no estamos hablando de jabón en polvo o de moda. La energía es fundamental para la economía global. La Guerra del Golfo fue un reflejo de esta realidad.” En breve, la guerra fue librada contra Irak para garantizar el flujo libre de petróleo.
Algunos países del Medio Oriente juegan un rol central en el aseguramiento del suministro de hidrocarburos para sus aliados en occidente. Las exportaciones de armas es un instrumento de política exterior, y la transferencia de tecnología militar, sea por razones de lucro o como obsequios, buscan fortalecer las capacidades de los ejércitos destinatarios. En un intento por externalizar el control regional, países de la región reciben ayudas militares, que incluyen armamento y entrenamiento. Así pues, el objetivo de controlar combustibles fósiles lleva a constantes transferencias de armas a socios estratégicos como Israel, Egipto y Arabia Saudita. Las importaciones de armas a la región crecieron en un 65% entre 2010 y 2019, y representaron el 35% del total del comercio de armas global entre 2015 y 2019. La mayoría de las armas provienen de EEUU y Europa, quienes a su vez son clientes primarios de los recursos energéticos de la región. Por lo tanto, los países exportadores de tecnología militar cuentan con una ventaja adicional cuando las ganancias de los combustibles fósiles, devengadas por el Medio Oriente, se “reciclan” para comprarles armamento. Adicionalmente, la cantidad de armas importadas tienen una directa correlación con la cantidad de petróleo exportado a los fabricantes de armas. Países dependientes del petróleo tienden a exportar más armas a países ricos en recursos petrolíferos sobre la premisa que este intercambio garantizará estabilidad y prevendrá el incremento de precios.
Muchos de los principales compradores de las industrias armamentísticas europeas son regímenes autoritarios o son culpables de violaciones de derechos humanos dentro de sus jurisdicciones. Los tratados y políticas internacionales relacionadas con el control del tráfico de armas, como el Tratado sobre el Comercio de Armas de la ONU (TCA) y la Posición Común de la Unión Europea sobre las Exportaciones de Armas, incluyen algunos criterios que podrían prevenir que armamento fuera entregado en países donde no se respetan los derechos o que están inmiscuidos en guerras. Sin embargo, lo señalado por el compendio legal está deliberadamente formulado en términos difusos, específicamente en lo que tiene que ver con permitir que los intereses militares o estratégicos prevalezcan sobre la paz y los derechos humanos. Un informe publicado en 2018 muestra la exportación de armas manufacturadas por miembros de la UE a once países envueltos en conflictos armados, incluyendo Argelia, Egipto, Libia, Israel y Turquía. La intención de la UE por “establecer altos estándares comunes que sean reconocidos como criterios mínimos para el manejo, control y transferencia de equipos y tecnología militar proveniente de todos los estados miembros (y) prevenir la exportación de armamentos que pudieran ser usados para la represión interna o agresión internacional o contribuir a la inestabilidad regional”, pareciera no funcionar en todos los casos. La conclusión de todo esto es que los asuntos económicos y militares derogan la paz y los derechos.
Lo mismo aplica para las exportaciones hechas por EEUU. Aunque el presidente Joe Biden está preparando una revisión y reforma de la política de exportación de armas, para supuestamente incrementar su énfasis en los derechos humanos, él estableció claramente sus prioridades cuando su gobierno anunció la venta de un gran número de armas al régimen egipcio de Al Sisi, en febrero de 2021. Un comunicado de prensa del gobierno estadounidense señaló que este acuerdo sigue los lineamientos de “la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos, pues apoya el mejoramiento de la seguridad de un gran aliado, no miembro de la OTAN, que continúa siendo un socio estratégico en el Medio Oriente … la venta propuesta fortalecerá los navíos de la armada egipcia y potenciará significativamente las capacidades de defensa de Egipto en zonas costeras e inmediaciones al Canal del Suez”.
A pesar de los conflictos el petróleo es la prioridad
En un mundo que enfrenta un desastre climático, se esperaría que los cuerpos de defensa estuvieran menos enfocados en aprovisionarse de combustibles fósiles, pero este no es el caso. Los ejércitos han integrado los riesgos climáticos a sus agendas de seguridad, lo que no implica la reducción del consumo de hidrocarburos ni tampoco sus emisiones. Esto sucede, a pesar de que estos son conscientes del daño que causan. Por ejemplo, las tropas son afectadas por fuertes olas de calor; los sistemas de seguridad presentan fallas debido a las altas temperaturas; las instalaciones militares, sobre todo las que operan en el mar, son vulnerables al deshielo, desmoronamiento de las costas y otras condiciones extremas. En 2019, el Servicio de Investigación del Congreso de EEUU identificó más de 1700 instalaciones militares costeras que son frágiles al aumento del nivel del mar. Como si fuera poco, una encuesta realizada por el Departamento de Defensa estadounidense, el mismo año, advirtió que dos tercios de las 79 instalaciones examinadas son vulnerables a inundaciones, y la otras tantas enfrentan desafíos por sequías e incendios forestales. En vez de destinar más recursos para el desarrollo de alternativas renovables, las fuerzas armadas se han precipitado por adaptar sus infraestructuras, equipamientos y armas a condiciones climáticas extremas.
Sin duda las consecuencias del cambio climático intensificará los chances de nuevos conflictos. La escasez de recursos, las sequías e inundaciones y otros factores críticos, también derivará en violencia. Hasta el momento el cambio climático no es un causante primario de conflictos armados, pero expertos predicen que esta tendencia puede cambiar si los países fracasan en disminuir sus emisiones de gases y si el medio ambiente sigue degradándose.
La OTAN acepta que el cambio climático dificultará las tareas de los ejércitos y que resultará en efectos nefastos. El Plan de Acción para el Cambio Climático y la Seguridad de la OTAN establece que: “Las implicaciones del cambio climático incluyen sequías, la erosión de la tierra y la degradación del medio ambiente marítimo. Lo cual puede conducir a hambrunas, inundaciones, la pérdida de tierras y medios de subsistencia, y tiene un impacto desproporcionado para las mujeres y niñas, así como para los pobres y las poblaciones más vulnerables y marginadas, y puede exacerbar la fragilidad estatal, los conflictos por acceso a combustibles, y llevar al desplazamiento, migración y movilidad humana, creando condiciones que son explotadas por actores estatales y no estatales, los cuales amenazan y desafían la Alianza”.
Las víctimas de las crisis medioambientales -sobretodo las personas más vulnerables, quienes son forzadas a migrar- son recibidas con hostilidad en países occidentales. Como respuesta al número creciente de refugiados y migrantes, las fronteras siguen siendo militarizadas y, por tanto, la imagen del migrante como una amenaza a la seguridad es legitimizada. La desgracia de los recién llegados ofrece a la industria militar, sin embargo, una oportunidad de negocio. En 2018, el mercado global sobre tecnología de control fronterizo fue valorado, aproximadamente, en 17,5 mil millones de euros, con una tasa de crecimiento anual esperada de por lo menos 8%. Grandes empresas de seguridad como Airbus, Thales, Leonardo, Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman y L3 Technologies están entre las más beneficiadas por este mercado. Las consecuencias más dramáticas del negocio de tecnología de seguridad fronteriza son visibles en el Mar Mediterráneo, donde pateras son interceptadas por navíos europeos o la guardia costera de países del Norte de África, obligando los desdichados miembros de dichas tripulaciones a embarcarse por rutas migratorias más peligrosas.
Midiendo y acortando emisiones de carbono
Conforme con el Protocolo de Kioto de 1997, las fuerzas militares están excluidos de los actores que deben reducir las emisiones de gases invernadero. En gran parte esto fue el resultado de la influencia del sector militar en el grupo de negociación de EEUU. Desafortunadamente, EEUU no ratificó el acuerdo y la exención de los militares persistió. Ahora, según el Acuerdo de París de 2015, las naciones firmantes son libres de escoger si las emisiones de carbón de sus ejércitos son incluidas en su cuota de reducción. Lo que quiere decir que la decisión es de carácter individual, una posición muy criticada por las organizaciones de la sociedad civil y los activistas del medio ambiente. Ambas, las emisiones de primer nivel (producidas por los sistemas o las operaciones militares directamente) y de segundo nivel (resultantes de las infraestructuras militares), no tienen la obligación de reportar o reducir sus índices de contaminación. Las emisiones indirectas de las cadenas de aprovisionamiento militar (nivel 3) deben ser incluidas para completar el cálculo de la contaminación que resulta de las acciones de los ejércitos, aunque la producción de armas no es señalada en las figuras de las emisiones de la industria nacional.
La totalidad de las emisiones de carbón de los militares es desconocida -pues el Acuerdo de París no obliga a reportarlas- pero algunos investigadores han deducido las cifras con base en otras fuentes. De acuerdo al consumo de energía del Departamento de Defensa de EEUU, se estima que entre 2001-2018, las fuerzas militares de ese país emitieron 1267 millones de “toneladas de dióxido de carbono equivalente” (tCO2e), un estándar que mide y compara todos los gases de invernadero en términos de CO2. Se piensa que la porción de emisiones relativas a zonas de guerra -incluyendo Afganistán, Pakistán, Irak y Siria- es más de 440 tCO2e. Las fuerzas militares estadounidenses producen más emisiones de gases invernadero en sus operaciones que la integridad de emisiones emitidas por países industrializados como Suecia o Portugal. Para la UE, la huella de carbono de los países miembros fue alrededor de 24,8 millones de tCO2e en 2019, en donde la industria militar fue responsable de entre 1,7 y 2,3 millones de tCO2e. Grandes consorcios armamentísticos del Antiguo Continente, como Airbus, Leonardo y Thales, están entre los emisores más notorios de este sector.
El desafío real está en la disminución de emisiones de primer nivel, derivados de embarcaciones, aeronaves y vehículos de combate, que son considerablemente más importantes que las que resultan de la infraestructura militar. Similar al sector privado, los sistemas de propulsión forman un cuello de botella en la transición hacía operaciones militares sostenibles. El reemplazo de propulsión dependiente de combustibles fósiles a alternativas sostenibles no ha arrancado del todo. El transporte y movilidad de ejércitos occidentales encarnan cerca del 70% del consumo energético, cuya mayoría es utilizada en queroseno para aviones o diésel. Aunque las fuerzas de tierra y agua usan cuantiosas cantidades de hidrocarburos, la fuerza aérea es el mayor consumidor de petróleo de todos los cuerpos de las fuerzas armadas.
La reducción de emisiones, por medio del uso eficiente de energía y la introducción de energía sostenible en la infraestructura, es relativamente fácil y actualmente se encuentra en desarrollo. Paneles solares e instalaciones de biorresiduos contribuyen al aprovisionamiento de energía en la infraestructura militar, mejorando la resistencia de las fuerzas militares durante largos períodos de conflicto. Su valor estratégico es indiscutible, pues las líneas de abastecimiento de petróleo son bastante vulnerables, sobre todo al momento del despliegue de tropas y armamentos. También, las bases militares no dependientes de combustibles fósiles salvarán vidas humanas. Por ejemplo, convoyes suministraban bases militares en Afganistán fueron objeto de varios ataques a lo largo de la frontera montañosa con Paquistán. Para la industria militar, las energías alternativas abren la puerta a un nuevo mercado con productos eco-responsables que substituirían los combustibles tradicionales. Los sistemas de energía alternativa, que son fácilmente transportables, fáciles de operar y rápidos para instalar, son anunciados como “probados para el combate”. Lo que significa que su mérito ha sido demostrado en el campo de batalla con muy buenos resultados. La energía renovable podría también ser utilizada para otros propósitos más modestos como mantener la calefacción y refrigeración de los cuarteles o alimentar vehículos eléctricos.
De igual forma, el uso de fuentes de energía sostenible tiene una ventaja económica sobre los hidrocarburos, pues los últimos son responsables de una fracción sustancial del presupuesto militar. La ventaja podría disolverse, sin embargo, cuando planes futurísticos abarcan dicho presupuesto. Existe un plan ambicioso que implica irradiar la energía solar a puestos de avanzada ubicados en lugares remotos. Una constelación de satélites montados con múltiples paneles solares está pensada para recolectar energía desde la órbita terrestre, que luego se transferirá a equipos móviles en la tierra. Ingenieros de la fuerza aérea estadounidense están desarrollando esta idea junto con Northrop Grumman, la cuarta empresa militar más grande y quienes ya han recibido cien millones de dólares para progresar en este proyecto. La reducción de emisiones de gases invernadero se convierte en un objetivo secundario, cuando volver la infraestructura militar más eficiente y desarrollar fuentes de energía renovable y sostenible son sujetos de finalidades estratégicas y económicas .
El tardío desarrollo de tecnologías sostenibles
Empresas que manufacturan aeronaves, muchas de las cuales venden aviones para los mercados civil y militar, se esfuerzan por hacerle creer al mundo que están ad portas de ensamblar aviones con bajas cuotas de contaminación. Empero, investigaciones independientes puntualizan que esta aseveración es excesivamente optimista pese a haber sido ya probadas, como la mezcla de biocombustible con combustibles fósiles. Desafortunadamente, una gran aglomeración de biocombustibles no pueden definirse como sostenibles, considerando que las plantaciones de biomasa están en funcionamiento a costa de los cultivos de alimentos primarios. De hecho, la producción de cultivos de biomasa, como palma de cera, maíz, caña de azúcar o fríjoles de soya, compiten a la par de la siembra de alimentos por agua y tierra cultivable, y potencialmente puede incrementar los precios de la canasta familiar, especialmente en los países en desarrollo. Asimismo, la apropiación de tierra y la deforestación, resultado del negocio de los biocombustibles, causan el desplazamiento forzado de personas y destruyen sus medios de subsistencia. Como si fuera poco, sustituir áreas forestales por plantaciones de biomasa deteriora la biodiversidad. En cuanto a la alternativa del biocombustible derivado de residuos, sólo una pequeña parte de estos es apta para usarse.
El Ministerio de Defensa británico predijo que el 50% del combustible utilizado por su Real Fuerza Aérea será de naturaleza sostenible, incluyendo el que se usa para sus jets de combate Typhoon, los cuales gastan una gran cantidad de combustible. En 2020, Ben Wallace, Secretario de Defensa de Gran Bretaña (GB), dijo que: ”GB lidera el camino hacia la sostenibilidad y si refinamos los estándares sobre el uso de combustible para nuestra aviación, estamos tomando medidas simples pero efectivas para reducir la huella que deja la defensa en el medio ambiente… Al mismo tiempo que nos esforzamos por cumplir con el objetivo gubernamental de cero emisiones de dióxido de carbono (Net Zero) para el 2050, es correcto que tomemos acción para dirigir cambios positivos en los sectores privados y militares.” Pero este discurso optimista de una fuerza aérea libre del uso de hidrocarburos huele a engaño -creando una “cortina de humo ecológica” que oculta los hechos del público-, pues evita mencionar la inevitable, aunque políticamente impopular, conclusión: es improbable que un ejército se comprometa totalmente con el cuidado del medio ambiente, debido a que no está vinculado al Acuerdo de París. A día de hoy, la tecnología no respalda las palabras del ministro.
Considerando que el tiempo que requiere la fabricación de armas, desde su diseño a su manufactura, el final de los sistemas militares que usan combustibles fósiles aún no se avecina. Las fuerzas armadas son dependientes de tecnologías alimentadas con hidrocarburos. Todo el armamento que se ha puesto en uso en los últimos años aún servirá por mucho tiempo, repercutiendo en la cantidad de emisiones de gases invernadero. El comunicado de la cumbre de la OTAN del 2020 subraya un enfoque militar para las guerras de bajas emisiones. En dicha cumbre, los miembros de la OTAN acordaron “reducir significativamente la emisión de gases invernadero producidas por actividades militares o sus instalaciones sin perjudicar el personal, la eficiencia operativa y disuasión o postura defensiva. Invitamos al secretario general a formular objetivos realistas, ambiciosos y concretos para la reducción de la emisión de gases invernadero de las estructuras políticas y militares, y de las instalaciones y patrimonio de la OTAN, con el fin de alcanzar cero emisiones para el 2050.” La OTAN está pidiendo un plan realizable en el cual la efectividad, disuasión y defensa sean objetivos principales. Reducir la emisión de gases invernadero está lejos de ser la prioridad.
En el sector privado, empresas manufactureras de aviones como Airbus aseguran que aeronaves propulsadas con hidrógeno entrarán en servicio alrededor del 2035. Lo mismo promete Rolls-Royce para el 2050. Tomarán aún varios años el desarrollo de aviones con cero emisiones para el transporte civil y aún más para sustituir jets supersónicos y portaaviones. Sin embargo, el medio ambiente no cuenta con mucho más tiempo y las metas esperadas para el 2050 se vislumbran muy lejanas, particularmente si queremos mantener el incremento de la temperatura por debajo de 1.5 grados Celsius.
Hacia una nueva etapa de seguridad
Como ya se ha dicho, las fuerzas armadas son responsables del cambio climático y, por ende, es momento de hacerlos objeto del régimen legal internacional de reducción de emisiones. El llamado desde la sociedad civil no se hace esperar. Por ejemplo, el Observatorio de Conflicto y Medio Ambiente pide a los gobiernos hacer uso de COP26 -La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021- como plataforma para tomar acción. Empero, con la falta de alternativas sostenibles, la reducción de emisiones por parte de los ejércitos requiere una nueva aproximación. Ejemplo de esto es un mayor uso de entornos simulados para reducir emisiones controladas. Adicionalmente, una parte de la reducción de emisiones puede ser alcanzada si se actualizan vehículos militares para que utilicen la energía más eficientemente, así como un giro hacia sistemas más independientes de hidrocarburos, como lo son los drones. Estos, al carecer de tripulación, son más ligeros y emiten leves emisiones. Esto solo tendría sentido si los jets de combate son reemplazados por drones, pero no si estos últimos vuelan junto a flotillas aéreas tradicionales, tal como lo plantea el Sistema Aéreo de Combate del Futuro Europeo. También, el uso de drones trae consigo muchos problemas éticos que aún buscan solución, incluyendo la posibilidad de recortar el umbral de violencia a través de la extracción de los costos políticos generados por el despliegue de operaciones ejecutadas por tropas humanas.
A la hora de la verdad, la mejor manera de reducir las emisiones de carbón producidas por acciones militares es acortar el tamaño de los ejércitos. La reciente reducción del nivel de emisiones del ejército estadounidense resultó del cese de operaciones en el extranjero, como la decisión de retirar sus tropas de Afganistán. Por otro lado, el incesante incremento en los presupuestos para el sector defensa, como el salto en 2,7% en el gasto militar de los miembros de la OTAN en 2020, llevará inevitablemente a acrecentar las emisiones. Mientras que el incremento en el presupuesto militar es bien recibido -y objeto de lobby- por las empresas armamentísticas, es desastroso para el futuro de nuestro planeta, pues nos dirige a mayores tensiones internacionales, chances de violencia y empeoramiento del cambio climático.
La clave para encoger el ejército es reducir las tensiones militares. En vez de enfocarse en conducir guerras que tengan leves huellas de carbón, los gobiernos deberían priorizar la diplomacia, los tratados de desarme internacional, abordando las raíces de los conflictos como la distribución desigual de las riquezas y reducir la contaminación del medio ambiente. Por muy idealista que pueda parecer, estas medidas son más sensatas que incrementar las fuerzas militares y la competición económica, sobre todo en un mundo donde las pandemias globales y el cambio climático son las amenazas reales. Estos desafíos sólo pueden ser contrarrestados si los países cooperan. Tenemos que cambiar la forma en que perseguimos la seguridad -un tránsito de la competición a la cooperación- y debemos hacerlo pronto, pues, como muchos jóvenes gritan desesperadamente en las calles en medio de protestas, se nos está acabando el tiempo.
[Se prohíbe expresamente la reproducción total o parcial, por cualquier medio, del contenido de esta web sin autorización expresa y por escrito de El Intérprete Digital]
Wendela de Vries es co-fundadora de la ONG Stop Wapenhandel, y activista e investigadora independiente en contra del comercio de armas y la industria militar.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por The Cairo Review en su publicación de otoño en 2021
