Por Sami Zemni para Middle East Research and Information Project
Los tunecinos volvieron a las calles en enero, cuando estallaron manifestaciones pacíficas en diversas ciudades de todo el país. Los manifestantes se movilizaron en medio de una continua crisis social y económica y en el contexto de un toque de queda de tres días por el COVID-19 que comenzó el 14 de enero de 2021, el décimo aniversario de la huida del ex Presidente, Zine El Abidine Ben Ali. Por la noche, los jóvenes violaron el toque de queda y se enfrentaron con las fuerzas policiales que respondieron con una violenta represión y miles fueron detenidos.
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La Campaña Nacional de Apoyo a las Luchas Sociales, un comité que coordina las protestas, culpó a toda la clase política por la crisis económica y la inadecuada respuesta del país a la crisis de salud en su comunicado del 25 de enero, titulado “El programa popular contra las élites”. La campaña acusó a ‘la burguesía’ que gobierna Túnez desde 2011 —cuando los manifestantes derrocaron el régimen de Ben Ali durante los levantamientos árabes— de desviar la atención de los problemas sociales y económicos a través de interminables disputas políticas sobre nombramientos ministeriales y conflictos entre el Presidente, el Primer Ministro y el Parlamento.
Enfrentando a las élites y a sus aliados en toda la sociedad, la campaña propuso desarrollar un programa para separar a “las fuerzas alineadas con el pueblo y las de la burguesía y el colonialismo”. Abarcando una variedad de cuestiones, desde la condonación de la deuda para los agricultores y la ayuda financiera para aliviar el impacto de la pandemia, hasta la brutalidad policial, su formulación se basa en el trabajo de diversos movimientos sociales que surgieron en el país durante la última década.
Unos meses antes del comunicado de la Campaña Nacional, el 8 de noviembre de 2020, el gobierno encabezado por el Primer Ministro, Hichem Mechichi, firmó un acuerdo con los manifestantes en Al-Kamour, en la provincia sureña de Tataouine, que puso fin a una ola de movilizaciones sociales de casi cuatro años. La aceptación por parte del gobierno de las demandas de los manifestantes y las nuevas protestas que envolvieron al país, son testimonio de la creciente relevancia política de las desigualdades económicas y sociales regionales y de la creciente fuerza de los marginados, los excluidos del acceso a los recursos sociales, políticos, económicos y naturales. Más que nunca, Túnez es testigo del creciente activismo y la ira de sus poblaciones marginadas, que fueron las primeras en levantarse contra Ben Ali y su régimen. Sin embargo, los gobiernos posrevolucionarios no abordaron las causas fundamentales de su enojo, como el desempleo, el acceso limitado a la atención médica y a la educación, el clientelismo, la corrupción y el nepotismo. Las protestas en curso de los marginados reflejan el hecho de que la revolución tunecina no solo buscó asegurar las libertades políticas y las instituciones democráticas, sino que también impulsó el desarrollo social y económico y el fin de las desigualdades persistentes que dividen las zonas costeras del país del interior periférico y marginado.
En Túnez, donde los grupos económicamente excluidos también están políticamente marginados, dicha cuestión es el problema político más urgente. Un enfoque en aquellas poblaciones que están sujetas a múltiples formas de marginación económica, política y social requiere repensar y reevaluar las dinámicas de contención, protesta y resistencia más allá de las instituciones clásicas de representación política como los partidos y los sindicatos.
La revolución y los marginados
La revolución tunecina de 2011 se caracterizó por la confluencia gradual de diferentes tipos de protestas y movimientos contestatarios contra el régimen de Ben Ali (1987-2011). Este movimiento de masas, que comenzó como una lucha local liderada por trabajadores, desempleados, marginados y jóvenes, se convirtió en una protesta nacional y popular cuando se involucraron facciones de las clases medias, las clases bajas urbanas e incluso algunos miembros de la élite empresarial. Este movimiento no sólo derrocó a Ben Ali, sino que también exigió un cambio político radical bajo la consigna de “dignidad, libertad y justicia social”.
La politización de las masas en 2011 comenzó en las áreas mayormente rurales del centro de Túnez, específicamente en Sidi Bouzid, la ciudad donde Mohammed Bouazizi se prendió fuego en diciembre de 2010. El movimiento de protesta que se extendió por todo el interior del país desde entonces —con la ocupación de tierras, el bloqueo de carreteras, el cierre de oleoductos y organizando sentadas— es una reacción a las formas de acumulación de capital generadas por los programas de desarrollo neoliberales.
El trabajo del economista político Samir Amin muestra que el desarrollo del capitalismo en la periferia global no condujo a los mismos procesos claros de proletarización, formación de mercado y urbanización que en el centro global, sino más bien a “la marginación de las masas”. [1] Dicha marginación es el resultado de mecanismos de empobrecimiento ligados a la semi-proletarización de los pequeños campesinos (un creciente ejército de mano de obra de reserva), la indigencia sin proletarización de una fracción de los campesinos (una población excedente) y el aumento masivo del desempleo y subempleo de los pobres urbanos. La marginación puede conceptualizarse como la forma en que las políticas imperiales, coloniales, liberales y neoliberales afectaron la formación de clases en el Sur Global.
Hay dos dimensiones de la marginalidad que influyeron en el proceso revolucionario y las formas de protesta social en Túnez: la marginación social y espacial. Los pobres urbanos y las clases populares se ven principalmente afectadas por la marginación social: sufren principalmente de la disminución de los ingresos, el acceso limitado a los recursos y una falta generalizada de servicios públicos. Estas poblaciones también son marginadas por la estigmatización individual y colectiva de los barrios donde viven, los cuales son representados como peligrosos y acosados por el crimen, las drogas, el salafismo y la prostitución. [2] Por otro lado, las poblaciones que viven en las regiones periféricas, en gran parte rurales del sur, centro y noroeste del país, están sujetas a un proceso de doble despojo. El primer proceso es la marginación social y la estigmatización similar a la que viven los vecinos de los barrios populares de las grandes ciudades. La segunda dimensión, la marginación espacial, es un proceso mucho más complejo que se inserta en las economías políticas locales de las diferentes regiones. Este tipo de marginación consiste en la expropiación masiva de los recursos de las regiones en beneficio casi exclusivo del centro, principalmente de las grandes ciudades del Sahel, Túnez y más allá, de los mercados globales. Ya sea estos recursos el agua, la tierra, la mano de obra, productos agrícolas o materias primas —incluido el fosfato, el hierro y el gas—, todo se extrae cuidadosamente de las regiones periféricas y se transporta al centro donde se tratan, refinan, transforman, consumen o exportan.
Esta acumulación por despojo —donde la riqueza y el poder se concentran en manos de las élites a expensas de otros— no conoció límites desde el comienzo de la reestructuración económica neoliberal de Túnez, a fines de la década de 1980. [3] Las regiones periféricas llegaron a definirse por una falta general de inversión en puestos de trabajo, servicios, instalaciones sanitarias adecuadas, agua potable y escuelas. Algunos activistas determinan la situación como una de colonización interna porque esta distribución desigual de los beneficios del desarrollo se remonta a la era colonial de finales del siglo XIX y principios del XX y fue sostenida por las élites poscoloniales, así como por los gobiernos posteriores a 2011.
Los tunecinos marginados —ya sea en áreas rurales o en centros urbanos— esperaban que los gobiernos posteriores a la revolución trabajen para mejorar su vida diaria abordando las desigualdades y desventajas que enfrentan. En cambio, los gobiernos atrapados entre las demandas neoliberales de las instituciones financieras internacionales y la agitación social interna, optaron por lanzar programas limitados de empleo basados en efectivo. Estos esfuerzos limitados crearon trabajos improductivos, a corto plazo y esencialmente falsos, que fueron asignados, en parte, de manera corrupta sobre la base de lealtades políticas y redes personalizadas. Incluso, el partido islamista de Ennahda no quiso o no pudo aprobar reformas territoriales o fiscales esenciales para abordar las desigualdades sociales y geográficas, temiendo los intereses arraigados de las élites económicas y aceptando en general la lógica neoliberal de las organizaciones financieras internacionales. La aprobación de la nueva constitución en 2014, podría haber sido un hito crucial para asegurar el experimento democrático de Túnez pero tuvo un gran costo para los marginados. Cuando las élites políticas tradicionales, que se unieron en torno al partido Nidaa Tounes, llegaron a un acuerdo con Ennahda, el sistema político se estabilizó, pero también excluyó la posibilidad de cualquier cambio sustancial y tangible en las políticas socioeconómicas de desarrollo.
Reconsideración de la marginalidad
La condición de marginalidad está ligada a los procesos macroeconómicos y el desarrollo desigual que integra a las regiones y a sus habitantes en una economía política que facilita su explotación. Los grupos marginados son, por lo tanto, una característica de las políticas de desarrollo, una parte que nunca se absorbe y que se crea y reproduce a través de las relaciones económicas de explotación, manipulación y represión. Dado que el capitalismo es simultáneamente un proceso homogeneizador (integrador) y diferenciador (excluyente), la marginalidad no es simplemente una condición de las poblaciones trabajadoras que aún no están integradas en el capitalismo, sino que su no integración es una característica permanente del capitalismo. [4] Al mismo tiempo, las comunidades marginadas siempre enfrentaron la desigual distribución de derechos del centro político y la reproducción de la desigualdad social que se utiliza para controlarlos, segregarlos y explotarlos.
Las reformas económicas neoliberales en todo el mundo produjeron formas de pobreza que, por lo tanto, no son residuales, cíclicas o transitorias. En cambio, la pobreza quedará inscrita en el futuro de las sociedades contemporáneas siempre que se alimenten de la fragmentación en curso de la relación trabajo asalariado: el crecimiento de formas de trabajo a tiempo parcial, informal, no regulado y autónomo; la conexión desigual de los barrios desposeídos con las economías nacionales y globales y la reconfiguración del Estado (de bienestar) en ciudades divididas socioeconómicamente. Esta forma de marginación avanzada fue conceptualizada por Loïc Wacquant en las banlieues de París y los guetos de Chicago. Se refiere a una condición específicamente postindustrial caracterizada por configuraciones particulares de raza, clase y espacio definidas por la separación territorial y la estigmatización, las limitaciones económicas y una fuerte dependencia de los programas de bienestar. [5]
Sin embargo, en el transcurso de las últimas décadas, las clases marginadas social y espacialmente desarrollaron medios de vida, estrategias de supervivencia y una serie de tácticas de resistencia que reflejan una creciente conciencia de sus intereses compartidos, si no una conciencia de clase. En las zonas fronterizas de Túnez, con Libia al sur y Argelia al oeste, se está expandiendo exponencialmente una economía paralela que está eludiendo por completo las estructuras económicas formales del país. En otras partes del país, están creciendo diferentes formas de empleo informal —junto con la feminización del trabajo agrícola— y la migración indocumentada hacia las ciudades —así como hacia Europa— está aumentando. Ambas tendencias son consecuencias del desempoderamiento de los marginados.
Al mismo tiempo, las poblaciones marginadas tanto en las áreas rurales como en los barrios obreros urbanos, eluden constantemente el poder del Estado central al negarse a declarar ingresos fiscales —lo que dificulta que los gobiernos municipales y las autoridades centrales recauden impuestos—, construyendo viviendas ilegales en terrenos de propiedad pública, ampliando los sistemas de crédito informales al margen del sector bancario formal y eludiendo el servicio militar, entre otras tácticas. Por lo tanto, estos espacios de exclusión y marginación no solo deben verse como espacios de miseria y pobreza —ya que las personas son empujadas a una vida de necesidad y supervivencia no por su propia elección— sino también como espacios de oportunidad donde nuevos arreglos sociales emergen a distancia de la economía capitalista. [6]
Nuevas formas de resistencia
El desarrollo neoliberal incitó nuevas formas de resistencia por parte de los marginados. Lo que surge de estos diferentes tipos de movilización rural es un ambientalismo de los pobres, un ambientalismo que, en su búsqueda de dignidad y justicia social y en su lucha contra la exclusión, busca superar décadas de marginación social y espacial. Las preocupaciones medioambientales están arraigadas en las demandas más urgentes de empleo, acceso a la tierra, suministro y acceso a servicios y redistribución de la riqueza. Todos los movimientos espontáneos que se organizaron y unieron en torno a las demandas de empleo en la industria petrolera en Al Kamour, por la redistribución de la riqueza de la extracción de recursos naturales de la industria del fosfato en Gafsa y contra el despojo de tierras campesinas en Jemna, subrayan la importancia y centralidad del control popular y la autogestión de los recursos más allá de la lógica de la acumulación capitalista. Sin embargo, estos movimientos liderados por los marginados no son necesariamente revolucionarios. Las movilizaciones sociales parecen estar impulsadas por una economía moral en la que sigue siendo central una clara demanda de intervención estatal. El objetivo final de estas movilizaciones no fue tanto la transformación radical de las instituciones del país como la implementación de políticas que influyen directamente en el mundo de la vida de los marginados. Exigen políticas que puedan garantizar una vida digna a través del acceso al empleo y la oportunidad de desarrollar un medio de vida autónomo.
Sin embargo, la demanda de formas autónomas de desarrollo como respuesta a los modelos neoliberales que mantienen la desigual integración de Túnez en la economía mundial, parece apuntar hacia el surgimiento gradual de trayectorias políticas alternativas. Las movilizaciones sociales de los marginados oscilan, por un lado, en la búsqueda de una forma de representación política como ilustra la Campaña Nacional de Apoyo a la Lucha Social y, por otro lado, un enfoque en movilizaciones localizadas de alcance limitado. Pero cada vez está más claro que los marginados pueden hacer valer su voluntad colectiva y hacerse oír ante la adversidad y subvertir su condición de desposeídos. También están revelando sus solidaridades socioespaciales que están arraigadas en experiencias militantes y regionales de movilización. [7] Estas solidaridades se basan en la memoria de movilizaciones pasadas y conectan la lucha contra el colonialismo francés en la primera mitad del siglo XX con las movilizaciones de 1978 contra el ex Presidente Habib Bourguiba y la revolución de 2011 contra Ben Ali.
Estas solidaridades tienen un potencial creciente para generar cambios políticos, ya que conectan las demandas de reforma agraria con las luchas de la clase trabajadora contra los intereses neoliberales arraigados y promueven el desarrollo industrial y la prestación de servicios más equitativa. [8] Dado que los marginados no constituyen un grupo o clase homogénea, y dado que el gobierno alterna políticas represivas y deslegitimadoras con estrategias de cooptación, es difícil pronosticar el resultado de las protestas.
Sin embargo, está quedando claro que los marginados están menos interesados en acceder a los centros de poder institucionalizados formales que en construir una forma de contrapoder creado a través de la solidaridad de sus luchas. Como tal, mantienen el espíritu de los acontecimientos revolucionarios de 2011 y todavía están redefiniendo los términos en los que Túnez escribirá su futuro.
Mientras que las élites políticas tunecinas todavía esperan que simplemente redibujar el mapa político del país sea suficiente para disipar la crisis política y económica, los marginados están redefiniendo los contornos de lo político mismo. Por el momento, en un contexto de relaciones de poder desiguales, los marginados aún carecen de suficiente influencia política, aliados y compañeros de viaje —en partidos políticos, sindicatos o círculos intelectuales— para desafiar la hegemonía de las élites gobernantes. Pero, ¿por cuánto tiempo más?
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Sami Zemni es profesor de ciencias políticas y sociales en la Universidad de Gante en Bélgica, donde coordina el Grupo de Investigación de Medio Oriente y África del Norte.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por MERIP el 16 de marzo de 2021.
