Por Amir Mohamed Aziz para Jadaliyya
Un día después del horrible asesinato del maestro de escuela francés Samuel Paty en el tranquilo suburbio parisino de Conflans-Sainte-Honorine, el 17 de octubre de 2020, los afligidos ciudadanos participaron en marchas de solidaridad en toda Francia. En ellas expresaron su indignación porque Paty fue asesinado por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión, por simplemente haber mostrado unas caricaturas del profeta Muhammad en una de sus clases.
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Esta efusión ritualizada del dolor y del luto público es una escena que se convirtió en algo demasiado familiar en Francia desde los ataques de 2015. El asesinato de Paty desenterró heridas nacionales y reavivó los debates polarizados sobre la libertad de expresión y la laicité (laicismo francés). Todo esto en el contexto de una implacable crisis de salud mundial, con los contagios y fallecimientos por COVID-19 que seguían aumentando en Francia y Europa. Los desconsolados ciudadanos eran conscientes de que enfrentarse a lo macabro se había convertido en un asunto público corriente, por lo que la resistencia y la protesta fueron una respuesta colectiva al ciclo de tragedias. El Presidente Emmanuel Macron anunció que se celebraría un funeral nacional para Paty en la Universidad Paris-Sorbonne, donde se le otorgaría póstumamente la Légion d’Honneur, la condecoración civil más alta de Francia.
La marcha nacional por los migrantes indocumentados
Esa misma tarde, como si ocurriera en un dimensión paralela, miles de personas en París se manifestaron en la Marcha Nacional de los Indocumentados (Marche Nationale des Sans-Papiers). La manifestación fue el acto final de una serie de marchas que se sucedieron durante meses —asediadas por el hostigamiento y la obstrucción policial— y que habían comenzado a principios de ese año. [1] Los ciudadanos tenían tres demandas: documentos legales para todos los indocumentados en Francia, alojamiento para los necesitados y el cierre inmediato de los centros de detención de inmigrantes. La cobertura de los medios fue bastante escasa a pesar de que la marcha había tenido amplia publicidad.
Sin embargo, las condiciones sobre el terreno contaron una historia diferente: la marcha atrajo a un número asombroso de participantes, que llenaron las calles con cánticos grupales, música y discursos. Muchos prestaron su apoyo para aumentar la visibilidad de la marcha, desde el Comité de la Verdad para Adama y Justicia para Ibo, pasando por diferentes grupos liderados por activistas afrodescendientes que buscan justicia para las víctimas de la violencia policial, hasta los Chalecos Negros (Gilets Noirs), un destacado colectivo de inmigrantes indocumentados.
Al final de la marcha, los ciudadanos solicitaron una audiencia pública con Macron, pero la única respuesta que dio el Presidente fue ordenar una presencia policial con tolerancia cero para monitorear la marcha. [2] Los organizadores explicaron cómo la marcha coincidió con el aniversario n°59 de la masacre policial de argelinos en 1961 en Pont Saint-Michel: “En memoria de los cientos de argelinos asesinados el 17 de octubre de 1961 mientras marchaban por la libertad, en memoria de nuestros hermanos y hermanas que mueren de a millones cada año a lo largo de las rutas migratorias”. En suma, querían enfatizar las experiencias históricas compartidas de violencia policial que marcaron tanto la lucha anticolonial argelina como los movimientos contemporáneos por los derechos de los indocumentados.
¿Un secularismo bajo ataque?
Las marchas de solidaridad por Paty y por los derechos de los indocumentados pudieron haber ocurrido el mismo día, pero cada una provocó respuestas muy diferentes desde el Estado. El asesinato de Paty movilizó una expeditiva respuesta policial, con once personas detenidas al final del día. Acoplado a la ola de dolor y conmoción públicos, Macron empleó una narrativa familiar de daño nacional y existencial, y volvió a escenificar el asesinato como un ataque profundamente dañino a la laicidad, a la existencia misma de Francia. Las medidas de seguridad incluyeron allanamientos no anunciados y sin orden judicial de residencias en Yvelines, detenciones arbitrarias basadas en sospechas de la policía y la apertura de investigaciones de terrorismo contra los acusados por ‘incitación al odio’ o ‘glorificación del terrorismo’, crímenes punibles dentro de amplias definiciones que perduran en turbias aguas legales. [3]
BarakaCity (Ciudad bendecida), una organización benéfica musulmana, fue disuelta abruptamente el 28 de octubre de 2020 por dudosas acusaciones de incitación al odio. Gérald Darmanin, ministro del Interior de línea dura francés, bruscamente publicó el aviso de disolución en Twitter, donde acusó a la organización sin fines de lucro de “mantener relaciones dentro del movimiento islamista radical que se complace en justificar actos de terrorismo”. En diciembre, el organismo de control de la islamofobia Colectivo Contra la Islamofobia en Francia fue deshecho de manera similar. La disolución del grupo causó preocupación, puesto que monitoreaba los crímenes de odio contra los musulmanes en Francia y Europa, brindaba servicios legales y publicaba informes anuales sobre incidentes relacionados con la islamofobia. Además, tuvo un papel fundamental en combatir el discurso estatal de que el racismo y la islamofobia no existen en Francia.
Unos días después del asesinato de Paty, dos mujeres atacaron a un grupo familiar de cinco musulmanas y cuatro niños junto a la Torre Eiffel, lanzando insultos raciales e intentando, de manera más que irracional, arrancar los velos de las mujeres. Las musulmanas se vieron nuevamente afectadas de manera desproporcionada como cada vez que aumentaron los delitos de odio contra el islam. Dos víctimas, Amel y Kenza, fueron apuñaladas y gravemente heridas, [4] Las atacantes fueron ligeramente amonestadas con cargos generales de agresión. Su abogado argumentó que se trató solo de una disputa personal que se salió de control y los fiscales se negaron a investigar dicho incidente como un crimen de odio.
Una ley de seguridad global y la desregulación de los poderes policiales
Incluso en medio de una pandemia mundial, el Parlamento francés encontró tiempo para redactar más proyectos de ley relativos a la seguridad. Pocos días después del asesinato de Paty, los legisladores propusieron la controvertida Ley de Seguridad Integral, algo que provocó protestas generalizadas en toda Francia.
El artículo número 21 del proyecto de ley desregularía las cámaras corporales de la policía, legalizando el acceso policial sin restricciones y en tiempo real a las imágenes, que podrían potencialmente someterse a un análisis automatizado, como el reconocimiento facial, para apuntar, identificar y castigar a los manifestantes. El grupo francés de derechos digitales La Quadrature du Net (La cuadratura de la red) sostuvo durante mucho tiempo que, “es difícil imaginar que estas técnicas no se hayan experimentado ya en el campo real” y que “una de cada 10 personas podría tener su foto” almacenada en TAJ (Traitement d’Antécédents Judiciaires, es decir, Procesamiento de antecedentes penales).
TAJ es una enorme base de datos de antecedentes penales que reúne la información personal y las fotos de los acusados de delitos, víctimas, personas absueltas y cualquier persona implicada en investigaciones policiales. Le Monde informó que, al comienzo de las protestas de Gilets Jaunes contra los aumentos del impuesto al combustible de Macron, la policía identificó con éxito a los manifestantes mediante el reconocimiento facial de fotos y videos de internet publicados por aficionados y periodistas.
La Asamblea Nacional francesa había revelado a principios de 2018 que el TAJ contenía hasta ocho millones de imágenes faciales y la asombrosa cantidad de 19 millones de archivos sobre “personas de interés”. Solo en 2019, la Policía francesa realizó 375.747 escaneos de reconocimiento facial y unos 207.584 escaneos más para junio de 2020. Esto creció hasta alcanzar más de mil escaneos diarios con esta tecnología.
El artículo número 22, con un lenguaje trillado y ambiguo, propuso la legalización de los drones policiales “cuando las circunstancias den lugar a graves alteraciones del orden público”, como “la prevención de actos terroristas” y “la regulación de los flujos de transporte”. El artículo número 24 tipificaría como delito el tomar fotografías y vídeos de policías que “perjudiquen su integridad física y mental”, punible con un año de prisión y una multa de 45 mil euros. Quienes se opusieron a la ley argumentaron que, de aprobarse, mejoraría drásticamente la capacidad de la Policía para atacar a las personas en función de su conducta privada o por su afiliación política y sindical.
Otro proyecto de ley altamente controvertido fue la llamada Ley contra el Separatismo, que criminalizaría las conductas que no se ajustaran a los principios seculares. Los críticos aseveraron que la legislación apuntaba a la práctica religiosa islámica y estigmatizaba a los musulmanes franceses. Macron respondió a las críticas quejándose de que Francia había sido “caricaturizada” y “contaminada por un discurso activista hostil al Gobierno”.
Islamofobia y securitización ‘antiterrorista’
Las medidas de seguridad y las represalias contra la comunidad musulmana tras el asesinato de Paty contrastaron con la silenciosa respuesta de Macron a las quejas de los indocumentados, a pesar de la participación récord de la marcha. Ciertas formas de descontento parecieron impulsar a las autoridades y al público a actuar, a defender la libertad de expresión y la laicidad, mientras que otras quejas fueron recibidas con el desinterés de los medios de comunicación y la apatía política. Las medidas antimusulmanas que siguieron al asesinato de Paty, sin embargo, no fueron desarrollos ‘nuevos’ sino una continuación de años de legislación sobre seguridad de la que ya habían sentado las bases. En otras palabras, si bien las leyes antiterroristas pueden parecer surgidas después de grandes ataques terroristas, se vienen elaborando desde hace décadas como parte de la agenda de securitización de Francia.
Entre noviembre de 2015 y octubre de 2017, como si se percibiera una breve ventana de oportunidad, el Parlamento introdujo una ola tras otra de legislación antiterrorista, al tiempo que renovó el estado de emergencia cinco veces. Al final de la emergencia en octubre de 2017, muchas medidas de seguridad “temporales” se habían integrado en el código penal, convirtiéndose en poderes permanentes que podían ejercerse en ausencia de una emergencia.
Por ejemplo, prácticas de vigilancia anteriormente ilegales (como la extracción de metadatos [5] y el uso de cajas negras [6]), aumentaron el poder del tribunal antiterrorista con sede en París, y la extralimitación ejecutiva se convirtió en un elemento permanente del derecho penal francés, puesto que ya no era necesario estar en un contexto de crisis nacional para que dichos elementos pudieran ser movilizados. Es decir, las medidas antiterroristas draconianas se convirtieron en la respuesta de seguridad normalizada frente una serie de cuestiones de política nacional.
Para las poblaciones de minorías como los musulmanes, grupos racializados, trabajadores migrantes e indocumentados, los encuentros con las acciones extrajudiciales de la Policía y la violencia de los sistemas de seguridad constituyen una realidad cotidiana: que nunca se necesitó un estado de emergencia. Casi no había nada ‘nuevo’ o sin precedentes en las medidas del estado de emergencia o en proyectos de ley como la Ley de Seguridad Integral.
El reciente resurgimiento del islamo-izquierdismo (islamo-gauchisme) en el discurso público francés ejemplifica cómo las nociones de libertad de expresión y laicismo fueron nuevamente instrumentalizadas políticamente para impulsar los objetivos de securitización. El islamo-izquierdismo fue invocado durante mucho tiempo como un término acusatorio por parte de figuras de todo el espectro político para desacreditar cualquier política, discurso o postura que se considere demasiado comprensiva con las posiciones ideológicas que presumiblemente comparten los musulmanes, los partidarios propalestinos y los miembros de movimientos de izquierdas. [8]
Frédérique Vidal, Ministra de Educación Superior, ya había pedido investigaciones para distinguir entre “qué constituye una investigación académica y qué constituye activismo y opinión” e identificar a los investigadores universitarios acusados de difundir las llamadas enseñanzas islamistas de izquierda —que aparentemente incluían cualquier esfuerzo intelectual que se concentrara demasiado en temas que iban desde el racismo sistémico y el privilegio blanco hasta las teorías de la interseccionalidad y la descolonialidad.
Las declaraciones de Vidal hicieron eco de una apelación anterior, a fines de octubre de 2020, de un colectivo de académicos franceses, quienes alertaron que la amenaza islamista percibida en Francia estaba siendo impulsada por ideologías “indigenistas, racialistas y descoloniales”, importadas de los campus norteamericanos que en consecuencia alimentaba “un odio por los blancos y por Francia”.
Laicismo y política carcelaria
La producción de racismo antimusulmán se desarrolla en un contexto más amplio en el que los discursos de laicidad y crisis nacionales se fueron instrumentalizando durante largo tiempo aprovechándose de las exaltaciones públicas para ampliar las capacidades de securitización y justificar los recortes neoliberales a las políticas de bienestar. Las minorías étnicas y religiosas son luego señaladas como chivo expiatorio y el origen de los males sociales de Francia, en lugar de ubicarlo en los fracasos de la política del statu quo.
Esto ocurre fundamentalmente en un momento histórico crucial en el que Francia está asediada por un déficit presupuestario en aumento, sectores públicos inflados, tasas de desempleo espiraladas y fricciones con los sindicatos de la Policía por nuevos recursos. Huelgas laborales como las de los Gilets Jaunes [9] pronostican la creciente desilusión de las clases media y proletaria, alienadas por las medidas de austeridad neoliberal y la reducción de las protecciones sociales que agravan las desigualdades económicas. [10]
La respuesta de seguridad al asesinato de Paty en nombre de la defensa de la laicidad es también un movimiento político calculado que promueve la política de securitización en el centro del estado de seguridad. Esta es la razón por la que el apuñalamiento en la Torre Eiffel y las marchas por los derechos de los indocumentados no se consideraron asuntos de importancia nacional: tales reclamos apuntan a violencias sistémicas de género y racializadas que son endémicas en Francia, por lo que contradicen el paradigma de la securitización que debe construir al enemigo como un ‘otro bárbaro y extranjero’.
Al final del estado de emergencia en octubre de 2017, el Ejecutivo había consolidado el control sobre las agencias nacionales de inteligencia, las actividades de vigilancia, los prefectos y las fuerzas policiales nacionales. Las medidas antiterroristas, como reforzar los registros domiciliarios, desplegar tropas militares para patrullar las principales ciudades, puertos de entrada y disolver organizaciones, se convirtieron en tácticas carcelarias cada vez más empleadas contra activistas por la justicia climática, sindicalistas en huelga y migrantes indocumentados, no sólo contra musulmanes.
La norma operativa diaria de la Policía en Francia se transformó rápidamente: las preocupaciones de política nacional como la delincuencia, el crimen y la disidencia social comenzaron a regirse cada vez más por un marco penal antiterrorista, con todos los aspectos de actividades políticas, religiosas y sindicales potencialmente sujetas a una vigilancia preventiva y al castigo.
Más aún, la insistencia de Macron una vez más en que la laicidad está siendo atacada está profundamente arraigada en una agresiva narrativa chovinista del secularismo. Retratar a Francia como el máximo defensor de las libertades seculares es un arma política para restar valor a las desigualdades, el empobrecimiento y la violencia causadas por los fracasos de las políticas neoliberales y la menguante influencia global francesa.
Pero también es el llamado de Francia para que el mundo una vez más acepte, sin cuestionamientos, que solo Francia posee el único sistema ético legítimo a través del cual el mundo puede comprender las libertades humanas. Desde este punto de vista, las sensibilidades de los sujetos del Sur Global no pueden ni serán tomadas en cuenta para definir los límites de las sensibilidades seculares; se les considera limitados por sus particularidades étnicas, culturales y religiosas, e incapaces de definir el alcance y el potencial de las libertades humanas.
Lo que cuenta como ofensivo o aceptable para la libertad de expresión está, por lo tanto, modelado por sensibilidades seculares (es decir, por lo blanco/ europeo/ masculino/ burgués). Lo que ofende o agrada al francés ‘civilizado’ parece convertirse, entonces, en el estándar mundial de lo que debe ser la libertad y su alcance.
Mientras Francia enfrenta una creciente inestabilidad social y turbulencias económicas, la capacidad de regular y reprimir la disidencia apuntalando sus instituciones de seguridad es una necesidad urgente para el Estado. En tiempos de crisis, cualquier narrativa o incidente puede reformularse fácilmente para jugar con los temores públicos preexistentes de unas minorías y la atención puede redirigirse astutamente a la urgencia de defender los principios de laicidad tal como los define la clase dominante.
Esto es lo que caracteriza gran parte del sentimiento político y público tras el asesinato de Paty: el singular enfoque en la laicidad y la libertad de expresión pasa por alto cómo la muerte de Paty y las marchas de los indocumentados se desarrollan en un contexto preocupante donde la respuesta del Estado a las tragedias o agravios nacionales es aún más vigilancia, castigo y encarcelamiento. Las fuerzas de seguridad nacionales se vuelven cada vez más capaces de responder a una amplia gama de asuntos internos, desde abordar la inmigración clandestina hasta reprimir las huelgas laborales, con un nivel de violencia desproporcionada, escasa supervisión judicial y poca responsabilidad ética.
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Amir Mohamed Aziz es un escritor y poeta cuya investigación se centra en los estudios argelinos, del norte de África, árabes e islámicos en las intersecciones de género, raza, sexualidad, religión y migración.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por Jadaliyya el 15 de marzo de 2021.
REFERENCIAS:
[1] El 30 de mayo de 2020 marcó el primer Acte (día de acción) importante para la Marcha Nacional de base, donde numerosos colectivos de derechos de inmigrantes e indocumentados y sus partidarios se reunieron en las principales ciudades francesas, incluidas Brest, Grenoble, Lyon y Estrasburgo. Así como en otros centros urbanos europeos como en Bruselas, Bélgica y Bolonia, Italia. Las autoridades policiales impusieron restricciones más estrictas para los participantes que marchaban en París, bloqueando estratégicamente el acceso de los manifestantes a las vías principales.
[2] Inicialmente se planeó que la marcha concluyera frente al Palacio del Elíseo, el domicilio oficial del Presidente francés, donde los manifestantes convocaron públicamente una reunión con Macron. Sin embargo, la Prefectura de Policía de París les negó el acceso a los alrededores del Palacio, lo que provocó que la marcha concluyera en la Place de la République, una plaza pública a más de tres kilómetros de distancia.
[3] Los orígenes legislativos de la “apología del terrorismo” (apologie du terrorisme) se remontan a una ley de 1881 sobre la libertad de prensa. Desde entonces, se trasladó y adaptó al código penal francés en una ley antiterrorista del 13 de noviembre de 2014 que amplió los poderes procesales. Lo que alguna vez estuvo protegido como libertad de expresión bajo la noción de libertad de prensa se convirtió en una infracción procesable penalmente cuyo alcance es determinado por fiscales y magistrados. Ver Légifrance, Loi n° 2014-1353 del 13 de noviembre de 2014 renforçant les disposition scriptions parientes à la lutte contre le terrorisme, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029754374/.
[4] Amel y Kenza fueron enviados inmediatamente a un hospital por lesiones graves. El periodista Taha Bouhafs luego entrevistó a Hanane, la hermana de Kenza, quien relató con desgarrador detalle cómo uno de los atacantes los había llamado “árabes sucios” después de que le dijeran que mantuvieran a sus perros atados, y procedió a apuñalar a Kenza varias veces. Véase Taha Bouhafs, “Femmes voilées poignardées près de la Tour Eiffel, une des victimes témoigne”, video de YouTube, 8:12, https://www.youtube.com/watch?v=_n5OiYiGG5c.
[5] Los metadatos se refieren a datos que proporcionan información general sobre los hábitos y patrones de actividad en línea de un usuario, en lugar de revelar el contenido de dichas actividades y comunicaciones. Los críticos de la recopilación de metadatos con fines antiterroristas argumentan que los metadatos son muy invasivos en relación a los derechos de privacidad del usuario, ya que aún pueden revelar información confidencial o privada sobre el usuario sin su consentimiento o conocimiento.
[6] Las cajas negras (boîtes noires) son dispositivos automatizados que se instalan manualmente y se conectan a los servidores de datos in situ de los proveedores de servicios de Internet y telecomunicaciones. Usando algoritmos preestablecidos instalados por el Gobierno, las cajas negras escanean las comunicaciones electrónicas y marcan las actividades ‘sospechosas’, como textos encriptados.
[7] La legislación antiterrorista es un elemento básico del escenario legislativo francés desde la década de 1980. Uno de los más notables ejemplos antes de 2015 es el controvertido proyecto de ley antiterrorista de 2006 de Nicolas Sarkozy, aprobado en el contexto de los atentados con bombas de julio de 2005 en Londres y las protestas de la banlieue de octubre de 2005 en París, que modificó el código penal, amplió las capacidades de vigilancia y equiparó la delincuencia criminal y la pobreza con la predisposición al terrorismo. Estos proporcionaron precedentes legislativos para futuras leyes antiterroristas, especialmente después de los ataques de París de 2015 que vieron un rápido aumento en la legislación antiterrorista que vincula la delincuencia con el terrorismo.
[8] La circulación del islamo-gauchisme en las esferas política, académica y social no es nueva. Inicialmente entró en el discurso público francés en las últimas décadas y se popularizó a principios de la década de 2000 por parte el filósofo Pierre-André Taguieff, quien describió al islamo-gauchisme como un grupo de movimientos de izquierda emergentes en el Sur Global que compartían intereses políticos comunes, entre los que se encuentran, afirmó Taguieff, antisionismo, antisemitismo, sentimientos propalestinos e islamismo político. Taguieff escribió que el islamo-gauchisme fue importado por una izquierda decolonial ‘radical’ que utilizó la retórica de antiracismo y antiislamofobia para propagar el antisemitismo. Véase Pierre-André Taguieff, La Nouvelle Judéophobie (La nueva judeofobia).
[9] Una de las huelgas laborales más destacadas fue la del movimiento Gilets Jaunes. A partir de noviembre de 2018, trabajadores de todo el espectro político se unieron para protestar contra los aumentos de impuestos al diésel y al carbono que afectarían de manera desproporcionada a quienes dependían del transporte para ir al trabajo. El gobierno desplegó a la Policía Nacional y a la Policía antidisturbios en un intento de reprimir el descontento con tolerancia cero.
[10] Las medidas de austeridad neoliberal incluyen las reformas de las pensiones de Macron que elevarían la edad de jubilación a 64 años, e introducirían un sistema de pensiones universal basado en puntos que, según los críticos, obligaría a las personas a trabajar más tiempo para obtener una pensión completa, desincentivar las opciones de jubilación anticipada y aumentar las contribuciones a las pensiones sin aumentos salariales ni mejoras en las condiciones laborales. Estas quejas desencadenaron las protestas por la reforma de las pensiones en todo el país en diciembre de 2019.
