Por The Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)
En toda la región de Medio Oriente y el Norte de África (MENA), los abogados trabajan para apoyar a quienes se organizan sobre el terreno, para movilizar a la comunidad jurídica y lograr un cambio sistémico. En Lawyering for Change (Abogar por el cambio), la Unidad Legal de TIMEP realizó una serie de entrevistas con abogados, profesionales del derecho y académicos que exploran el papel que desempeñaron los abogados en los movimientos de protesta y en las revoluciones de la región durante la última década.
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En esta sesión de preguntas y respuestas sobre Egipto, la Unidad Legal habló con el abogado egipcio Ahmed Ezzat, actualmente candidato a doctorado en la Universidad de Cambridge, ex investigador de Amnistía Internacional y cofundador de la Asociación para la Libertad de Pensamiento y Expresión con sede en El Cairo.
— Desde la Revolución del 25 de enero, ¿qué papel jugaron los abogados en Egipto para apoyar a quienes se movilizan en las calles, en Internet y en espacios políticos?
— Desde el estallido de la Revolución del 25 de enero, los abogados desempeñan varios papeles fundamentales en apoyo a los esfuerzos de movilización dentro de la esfera política egipcia. Al participar en lo que se denominó ‘abogacía por causas’ o ‘abogacía de derechos humanos’, se centraron en enfrentar las estrategias jurídicas estatales represivas, entre ellas el uso de la ley como herramienta para legitimar la represión de la disidencia. El papel de los abogados suele limitarse al ámbito de la representación de las víctimas de violaciones de derechos humanos ante los tribunales, pero lo que hacen va mucho más allá de la asistencia jurídica directa. Constituyen una infraestructura legal para los grupos de derechos locales e internacionales que buscan comprender la estructura legal del Estado egipcio y sus estrategias legislativas y judiciales. Los abogados de causa egipcia, también tienen una larga historia de intentos exitosos realizando cambios legales a largo plazo a través de litigios estratégicos.
Con la promulgación de la Ley draconiana contra las protestas de 2013 y la Ley contra el terrorismo en 2015, los abogados de la causa estuvieron a la vanguardia de la lucha contra las leyes que condujeron efectivamente a la criminalización y eliminación de todas las formas de protesta pacífica en Egipto. El trabajo de los abogados en este sentido implicó representar a miles de imputados procesados bajo estas leyes — destacando los riesgos existenciales que plantean en el espacio cívico — y cuestionando la legalidad y constitucionalidad frente a diferentes plataformas, incluida la Corte Constitucional Suprema. Todas estas batallas no se libraron únicamente en los tribunales o en las oficinas de los juristas, sino en los medios de comunicación y en Internet, así como en foros internacionales de derechos humanos como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Estuvieron al lado de miles de familias cuyos seres queridos fueron encarcelados debido a la aplicación de estas leyes draconianas. Tener acceso a los expedientes de los casos, a los procedimientos legales y a las actas judiciales, también permitió que los defensores puedan brindar a los movimientos de derechos humanos egipcios e internacionales una imagen vívida de la magnitud de las violaciones, sus patrones y los actores estatales involucrados en su comisión.
Desde julio de 2013, las autoridades ejecutivas egipcias adoptaron la narrativa de ‘no interferir en el trabajo del poder judicial’ en respuesta a los llamamientos de grupos de derechos humanos dentro y fuera de Egipto para liberar a los presos encarcelados después de juicios masivos e injustos. Los abogados expusieron acertadamente las contradicciones de esta narrativa al revelar que este mismo Poder Judicial fue cómplice al no investigar las denuncias de tortura o responsabilizar a los perpetradores. Los abogados lograron demostrar que una parte importante del Poder Judicial facilita deliberadamente la impunidad de los abusadores de los derechos humanos y mantiene detenidos a los críticos en flagrante abuso de sus poderes.
Al emplear las salas de los tribunales en conflictos políticos que interesan a los egipcios en general, los juristas proporcionaron al público ciertos hechos en casos de importancia fundamental y desafiaron el tono acusatorio del Estado contra sus críticos. Cuando el Estado cedió la soberanía egipcia sobre las islas del Mar Rojo de Tiran y Sanafir a Arabia Saudita, los abogados de derechos humanos utilizaron su defensa en el caso para mostrar la hipocresía de la narrativa del Estado de que los críticos carecen de patriotismo y ponen en peligro la seguridad nacional al difundir noticias falsas y criticar la situación de los derechos humanos a los medios de comunicación internacionales y a los grupos de derechos. En este caso, los abogados antigubernamentales estaban dispuestos a sacrificar su libertad en aras de proteger la soberanía estatal sobre sus tierras, mientras que las autoridades estatales, incluido el Presidente, trabajaban incansablemente para demostrar que las dos islas no pertenecían a Egipto. En este tipo de casos, los defensores de la causa muestran la importancia política de su profesión y las posibilidades que ofrecen la ley y los tribunales para comprometerse con las políticas estatales, incluso en tiempos de represión sin precedentes.
— Actualmente, Egipto es uno de los países de la región que más encarcela abogados. ¿Cómo diría usted que evolucionó el ejercicio de la abogacía en los últimos años, especialmente en el marco de la actual represión de todas las formas de organización, así como de la represión de la comunidad jurídica?
— Los abogados de derechos humanos no desempeñan sus funciones en el vacío, sino como parte integral del movimiento social más amplio en Egipto. A pesar de la actuación heroica de algunos abogados, las continuas restricciones a su libertad para trabajar en casos de derechos humanos disminuyeron gravemente su impacto. Este es un hecho indiscutible, especialmente después de la represión sin precedentes contra la oposición y el movimiento de derechos humanos desde la llegada al poder del Presidente Abdel Fattah El Sisi. El control sobre el Poder Judicial y sobre el Parlamento también debilitaron la influencia de los abogados en la resolución de asuntos políticos y sociales.
Los juristas fueron sometidos a varios golpes por parte del Estado desde 2013, a través de detenciones, desapariciones forzadas e incluso agresiones físicas por parte de agentes de seguridad a plena luz del día por su labor en defensa de víctimas de violaciones de derechos humanos y por su cuestionamiento de la narrativa jurídica del Estado que justifica la represión. Debido al aumento del número de abogados encarcelados y otras amenazas y hostigamientos, otros pueden mostrarse reacios a trabajar en casos de derechos humanos para evitar ser atacados. Muchos abogados abandonaron las organizaciones de derechos humanos y crearon bufetes privados. Además, algunos prefieren ahora no hablar sobre los abusos que presenciaron contra los detenidos en los tribunales o en las fiscalías.
La creación de este entorno intimidatorio para los abogados no fue una coincidencia, sino que fue un mensaje claro del Estado de que el papel de los abogados debe limitarse a completar las formalidades sin una participación efectiva en los procedimientos legales o en el apoyo a sus clientes. Por otro lado, el control estatal de los sindicatos profesionales debilitó el papel del Sindicato de Abogados para apoyar y defender a sus miembros del acoso, dejando a los letrados sin ningún tipo de protección.
— Por otro lado, Egipto tiene un historial de abogacía de causas y litigios estratégicos. Reflexionando sobre esa historia, ¿Cree que hay espacio hoy para aprovechar la ley para lograr un cambio? ¿Cómo serían esos espacios?
— A pesar de los desafíos que enfrentan los abogados, muchos de ellos aún pueden trabajar en varios casos estratégicos, particularmente en la protección y promoción de los derechos económicos y sociales.
En los últimos años, algunos abogados se centraron en los derechos laborales en la lucha por un salario justo, un seguro social adecuado y condiciones de trabajo seguras y saludables. Los magistrados, también representan a las víctimas de despidos arbitrarios e injustos en sus casos contra empleadores para obtener una indemnización. Otros, se enfocan en el derecho a la salud al desafiar la política estatal al abordar el impacto del COVID-19 y la falta de una estrategia nacional de prevención o vacunación. Por ejemplo, recientemente se presentó un caso ante el Poder Judicial administrativo en el que se pedía al gobierno que ofreciera la vacunación de forma gratuita.
En el nivel de los derechos civiles y políticos, además del compromiso diario con los casos de detención arbitraria, los abogados utilizan el litigio estratégico para cuestionar prácticas recientes, como agregar activistas a listas de terroristas.
Las abogadas feministas también juegan un papel importante en los casos de violencia y discriminación contra las mujeres. Este trabajo involucra casos de estatus personal, tales como asuntos de herencia, matrimonio y divorcio para musulmanas y no musulmanas, y casos de violencia sexual y otros casos de violencia de género.
Estos ejemplos muestran que a pesar de la represión sin precedentes contra la oposición política y el movimiento de derechos humanos en Egipto, la defensa de la causa sigue siendo vital para apoyar a varios grupos que luchan por sus derechos. Este papel, aunque aparentemente ineficaz a primera vista, en comparación con el período anterior a 2013, ayuda a influir en la opinión pública capaz de desafiar el statu quo a largo plazo. En este sentido, no debemos olvidar que muchas de las luchas anteriores a 2011, como las huelgas obreras y las protestas políticas, utilizaron la ley y las plataformas jurídicas en su estrategia para promover sus causas.
Otro punto positivo es que a pesar de las severas restricciones contra el movimiento de derechos humanos y la retirada de muchos abogados del activismo, se mantiene un discurso en los tribunales que inspira e influye a defensores fuera de la comunidad de derechos humanos. Esto, a largo plazo, ayudará a incrementar la hegemonía del discurso de derechos humanos entre los abogados en general.
— Hay un número creciente de abogados egipcios en la diáspora y el exilio. ¿Existe un papel para los abogados en el extranjero y cómo pueden coordinarse y colaborar con abogados y otros defensores sobre el terreno?
— Dado que el trabajo de los abogados requiere el compromiso con las instituciones jurídicas nacionales, su función principal sigue siendo Egipto. El discurso de los derechos humanos también debe dirigirse principalmente a los egipcios. Sin embargo, eso no significa que sea ilegítimo o que no tenga importancia comunicarse con abogados o grupos de derechos humanos en el extranjero. Los abogados en el exilio deben estar en contacto con sindicatos y organizaciones de derechos humanos para hacer campaña en solidaridad con sus colegas bajo custodia y exponer la escala de los abusos en Egipto a los socios del gobierno egipcio que lo apoyan con ayuda financiera y militar a pesar de que conocen su terrible historial de derechos humanos. Los abogados, también deben utilizar las plataformas internacionales de derechos humanos, incluidos los mecanismos de derechos humanos de la ONU, para promover el trabajo de sus colegas sobre el terreno. Además, en estos momentos en los que se restringen los espacios de participación y expresión política, tienen la responsabilidad de pensar en los cambios y reformas necesarios para las distintas ramas de la justicia, incluida la policía, la fiscalía y el Poder Judicial. La formulación de enfoques y proyectos para reformar estas instituciones a la luz de la información disponible sobre sus deficiencias, serviría para cualquier oportunidad futura de democratización en Egipto.
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N.d.T.: El artículo original fue publicado por TIMEP el 19 de abril de 2021.
