Por Nora Noralla para The Tahrir Institute for Middle East Policy
Los últimos feminicidios están poniendo a prueba los límites de la agenda feminista egipcia patrocinada por el Estado. Grupos feministas independientes piden la introducción de una legislación integral contra la violencia de género, algo que el Estado se muestra reacio a abordar, ya que queda fuera de su cómodo ámbito de “temas ligeros”.
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En los últimos años, el régimen de Abdel Fattah al-Sisi impulsó una aplicación selectiva de los ideales feministas y los derechos de la mujer para ocultar su historial de derechos humanos, cada vez peor. Esta propaganda de “lavado de imagen feminista” pretende promover los derechos de la mujer para encubrir los abusos generalizados del régimen contra los derechos humanos.
Es más, el presidente Sisi encabezó personalmente esta narrativa a través de varias declaraciones, en las que afirma que el país tiene un historial de mejora de los derechos humanos en muchos aspectos, sobre todo, los derechos de las mujeres. Se presentó a sí mismo como el salvador de las mujeres egipcias frente a los Hermanos Musulmanes, respondiendo así al temor de las mujeres egipcias a perder sus derechos durante el breve gobierno de los Hermanos Musulmanes. Algunos pueden decir que al principio tuvo éxito, ya que el 54% de los votos que recibió en las elecciones de 2014 fueron de mujeres.
De ahí que, Sisi se apresura a atribuirse todo el mérito de los avances feministas en el país, dejando de lado décadas de trabajo de grupos feministas e individuos que luchan por una política feminista más progresista. Al presentarse como el “salvador masculino”, refuerza la idea errónea de que las mujeres son víctimas débiles que necesitan protección.
La “edad de oro” de las mujeres egipcias
El aparato mediático del régimen y sus partidarios bautizaron el mandato de Sisi como la “edad de oro para las mujeres egipcias” y destacaron las políticas y leyes aplicadas que mejoran los derechos de las mujeres en el país. Un rápido vistazo a la situación de los derechos de las mujeres confirma esta opinión, ya que se produjo un repunte en la participación política de las mujeres, con el nombramiento de más ministras, que representaban el 25% del gabinete en 2018. Las mujeres obtuvieron 162 escaños en el Parlamento en 2020, de los cuales 14 fueron nombrados directamente por Sisi, ya que la Constitución le otorga el poder de designar a los diputados. Esta cifra supone un aumento significativo respecto a las 89 parlamentarias de 2015 y las 11 de 2012.
En el frente legislativo, el régimen aprobó nuevas leyes que pueden considerarse de apoyo a los derechos de las mujeres, como una ley de acoso sexual en 2014 (modificada posteriormente en 2021), la tipificación como delito de la denegación de la herencia a las mujeres en 2017 y el endurecimiento del castigo por la mutilación genital femenina en 2021.
Sin embargo, un examen más detallado de esas políticas muestra que se trata de gestos simbólicos. Por ejemplo, la participación política de las mujeres está reservada a las que muestran lealtad al régimen, no a las que pueden oponerse a él. De las 89 parlamentarias, sólo dos votaron en contra de la enmienda constitucional de 2019 que otorgaba a Sisi cada vez más poderes.
Las ministras están en línea con las políticas del régimen: en 2019, la entonces Ministra de Inmigración, Nabila Makram, dijo que cualquiera que se oponga a Sisi debe ser aniquilado, y en 2021, la misma Ministra comentó que “los estudiantes egipcios en el extranjero son el grupo más peligroso de emigrantes”, por promover ideas contrarias al régimen. Un encubrimiento salvó a la ex ministra de Sanidad Hala Zayed de las acusaciones de corrupción. Fue relevada discretamente de sus funciones en una remodelación del gabinete. Mientras tanto, la Ministra egipcia de Medio Ambiente, Yasmine Fouad, permaneció en silencio o incluso defendió la tala de miles de árboles en todo el país en nombre del desarrollo.
La aprobación de leyes en Egipto es un proceso desde las alturas hacia la calle. El Parlamento está lleno de políticos pro-Sisi que no rechazan ni cuestionan los proyectos de ley propuestos por el presidente o su gobierno. Así, los cambios legales solo llegan hasta donde la cúpula política lo permite, lo que a menudo obstaculiza la eficacia de esas leyes.
Por ejemplo, la ley de acoso sexual de 2014, y sus enmiendas de 2021, es una buena muestra de esto: aportaron una solución superficial a la epidemia de acoso sexual de Egipto, donde el 99% de las mujeres se enfrentan a alguna forma de acoso a lo largo de su vida. Los grupos feministas, a los que no se consultó antes de aprobar la ley, criticaron las limitadas definiciones de acoso de la ley y propusieron una serie de enmiendas más exhaustivas, acordes con las normas internacionales.
El régimen hizo caso omiso de esas sugerencias. La ley también ignora la necesidad de una reforma drástica en los organismos de seguridad para mejorar su aplicación, ya que el personal de seguridad a menudo resta importancia al acoso sexual, se niega a redactar un informe policial, obligando a las víctimas a retirar la denuncia o incluso son los propios acosadores.
El régimen también intentó aprobar una nueva ley sobre el estatuto personal que habría socavado los derechos y la autonomía de los cuerpos de las mujeres, ya que habría permitido a los tutores masculinos interferir en asuntos relacionados con el matrimonio y la custodia de los hijos. La ley fue retirada tras una intensa campaña de grupos feministas independientes. El Estado también hizo caso omiso de los llamamientos de grupos feministas para que se introdujera una ley que tipificara como delito la violencia doméstica y se modificaran las disposiciones relativas a la violación del actual Código Penal egipcio, que sólo tipifican como delito la penetración no consentida del pene por el hombre.
¿Feminismo para quién?
Las activistas políticas feministas que se oponen al régimen no están incluidas en la narrativa de la edad de oro del Estado. Según We-Record, una ONG egipcia que documenta abusos contra los derechos humanos, entre junio de 2013 y junio de 2019 se produjeron 312 asesinatos políticos de mujeres durante manifestaciones antigubernamentales, mientras que 2.629 fueron detenidas y 69 desaparecieron forzosamente antes de reaparecer más tarde para ser acusadas de cargos falsos. Sólo en 2021 se documentaron 203 casos de violencia política, como desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales contra mujeres activistas.
La organización feminista también está muy limitadas, y múltiples ONG feministas, entre ellas Nazra para el Feminismo Nazra de Estudios Feministas y el Centro de Asistencia Jurídica a la Mujer Egipcia (CAJME), sufrieron la congelación de activos o prohibiciones de viajar. Mientras tanto, el Consejo Nacional de Mujeres (CNM), la organización nacional egipcia de defensa de los derechos de la mujer, no hizo nada para apoyar a las activistas políticas y a las ONG afectadas, y en su lugar repite la narrativa oficial del Estado.
Durante la detención, las mujeres son sometidas a malos tratos que equivalen a tortura, como pruebas de virginidad, abusos físicos y verbales, violencia sexual y exámenes genitales forzados en el caso de las mujeres transgénero. Las mujeres transgénero también se ven obligadas a estar en cárceles para hombres, debido a la falta de correspondencia entre sus documentos de identidad y su identidad de género, ya que el Estado aún no las reconoce.
La cultura de la impunidad y la violencia está muy extendida entre los organismos de seguridad, a pesar de las promesas de reforma del régimen.
Bajo el régimen actual, las mujeres fueron objetivo del Estado por cantar, bailar o practicar con agencia propia sobre sus cuerpos. Desde 2020, al menos nueve mujeres fueron detenidas y acusadas de violar los “valores familiares” en los casos conocidos como “las jovenes de TikTok”. Las declaraciones de la fiscalía en estos casos argumentaban que estas mujeres habían socavado la seguridad nacional y social al bailar de forma provocativa y excitar a los hombres en Internet. Además, las mujeres transexuales no tienen autoridad sobre su cuerpo y a menudo son objeto de ataques por su identidad por parte de agentes estatales y no estatales.
A pesar de la postura oficial del Estado en la lucha contra el acoso sexual, las mujeres que denuncian no están seguras ni protegidas. La cultura de culpar a las víctimas en casos de violación y agresión sexual está muy extendida entre los organismos de seguridad y la sociedad en general. Por ejemplo, Amal Fathy fue detenida tras publicar un vídeo en YouTube en el que relataba su experiencia diaria de acoso en 2018.
Fathy fue condenada a dos años de prisión por “difundir información falsa” e “intentar derrocar el régimen”. En 2022, su condena se redujo a un año, a pesar de las peticiones de grupos de derechos humanos para que se retiraran esos cargos. En otro caso, en 2020 salió a la luz un sonado incidente de violación en grupo relacionado con un grupo de hombres que habían drogado y violado a una mujer en una fiesta privada en el lujoso hotel Fairmont Nile City de El Cairo en 2014. La CNM, organización nacional de defensa de los derechos de la mujer, animó a los testigos y a la víctima a denunciar el incidente a las autoridades, prometiendo mantenerlos a salvo.
Sin embargo, la víctima y los testigos fueron objeto de una campaña de difamación en Internet y sus datos personales se filtraron al público. Además, la fiscalía intimidó a los testigos y detuvo a varios por incitación al libertinaje y uso indebido de las redes sociales. El CNM no ofreció apoyo a los testigos detenidos ni a las mujeres que fueron objeto de la campaña de desprestigio en Internet, y poco después la fiscalía desestimó todo el caso.
En los últimos meses, dos connotados casos de feminicidio pusieron de manifiesto el fracaso de las políticas estatales a la hora de abordar la violencia de género. En el caso del homicidio de Naira Ashraf, el Estado no la protegió, de hecho ella ya había denunciado haber sido acosada y hostigada por el hombre que posteriormente la asesinó. La policía hizo caso omiso de sus denuncias, restó importancia al acoso del que era objeto y no tomó medidas para protegerla. Tras su asesinato, algunos incluso apoyaron al asesino y culparon a Naira de su propia muerte.
Las malas políticas económicas del régimen y el gasto imprudente también perjudicaron a las mujeres. En 2021, la deuda nacional de Egipto alcanzó los 370.000 millones de dólares y se aplicaron más medidas de austeridad para intentar mantener la economía a flote.
Esas medidas afectaron sobre todo a la clase media y trabajadora del país, ya que se recortaron drásticamente las subvenciones a productos esenciales como el pan, la electricidad y el combustible y se devaluó la moneda, lo que provocó un aumento de los índices de pobreza. Estos acontecimientos y las dificultades económicas afectaron a los medios de subsistencia de las mujeres, aumentando el número de matrimonios de menores y dejaron a las mujeres en la informal economía sumergida sin ninguna red de seguridad.
Desenmascarar la fachada
A nivel internacional, el régimen vino destacando sus logros feministas cada vez que se plantea la cuestión de los derechos humanos. Esta táctica tuvo éxito hasta ahora, ya que la comunidad internacional elogió los avances feministas del régimen, aclamándolo como un modelo a seguir en la región. Esta alabanza también es utilizada por el régimen en su país para denunciar cualquier acusación sobre su trayectoria en materia de derechos humanos.
En la actualidad, la comunidad internacional no exige ninguna responsabilidad al régimen por sus violaciones contra las mujeres, ya que sólo critica de forma limitada las continuas detenciones y el acoso a las activistas. Además, la financiación y la ayuda destinadas a los derechos de las mujeres se destinaron en gran medida a organismos gubernamentales y no a organizaciones independientes de defensa de los derechos de las mujeres.
Los mínimos cambios legales feministas del régimen fueron en gran medida el resultado directo del movimiento feminista independiente de Egipto y no de la voluntad de Sisi. Y lo que es más importante, la agenda feminista del régimen es de naturaleza limitada, ya que elige cuestiones “tibias” que beneficiarían al régimen sin enfadar a los establecimientos socio-religiosos del país. Entre las cuestiones más controvertidas que el régimen evita figuran la violación marital, el acceso a la sanidad de las mujeres transexuales, la violencia de género, la violencia doméstica, la herencia y el adulterio.
Los últimos feminicidios están poniendo a prueba los límites de la agenda feminista egipcia patrocinada por el Estado. Grupos feministas independientes han pedido la introducción de una legislación integral contra la violencia de género, algo que el Estado se ha mostrado reacio a abordar, ya que queda fuera de su cómodo ámbito de “temas ligeros”.
Sin embargo, como el Estado continúa con su represión de las organizaciones feministas independientes al tiempo que no aborda adecuadamente las necesidades de las mujeres egipcias, el tipo de política feminista que estuvo aplicando el régimen ya no puede sostenerse en el futuro. Se necesita una verdadera reforma feminista, alejada de las actuales políticas simbólicas y superficiales.
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Nora Noralla es una investigadora y consultora egipcia de derechos humanos centrada principalmente en cuestiones de libertades sexuales y corporales, así como en la sharia islámica y los derechos humanos en la región de Medio Oriente y Norte de África.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por The Tahrir Institute for Middle East Policy el 26 de septiembre de 2022.
