Por Osman El Sharnoubi para Mada Masr
El 8 de enero, el activista egipcio-palestino Ramy Shaath llegó a París después de que las autoridades egipcias lo liberaran de la cárcel y lo deportaran después de más de 900 días en prisión preventiva. Salió del aeropuerto Charles de Gaulle con su esposa Celine Lebrun-Shaath ante una multitud de simpatizantes que lo vitoreaban. Pero las condiciones de su liberación no fueron motivo de celebración — Shaath se vio obligado a renunciar a su ciudadanía egipcia a cambio de su libertad.
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En un comunicado anunciando su liberación, la familia de Shaath dijo: “nadie debería tener que elegir entre su libertad y su ciudadanía. Ramy nació egipcio, se crió como egipcio, y Egipto siempre fue y siempre será su patria; ninguna renuncia forzada a la ciudadanía bajo coacción cambiará eso”.
A lo largo de los dos años y medio del encarcelamiento de Shaath, su esposa Celine Lebrun-Shaath, una ciudadana francesa que fue deportada de Egipto tras su arresto, dirigió una campaña pública de larga data para su liberación. El presidente francés, Emmanuel Macron, también exigió directamente la liberación de Shaath durante una conferencia de prensa de diciembre de 2020 que dio junto al presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi, celebrada tras conversaciones bilaterales en el Palacio del Elíseo de París.
Durante los últimos seis meses, la Agencia de Seguridad Nacional se había estado comunicando con la familia de Shaath para comenzar el proceso de renuncia a la ciudadanía, y arreglar su deportación, según una fuente informada de las discusiones en torno a su liberación, que habló con Mada Masr con la condición de mantener el anonimato. Esos procedimientos llegaron a un punto crítico el 1ro de enero, cuando el abogado de Shaath presentó un documento oficial ante el Tribunal Administrativo Supremo diciendo que abandonaría su ciudadanía egipcia, agregó la fuente entrevistada.
Shaath fue liberado el 6 de enero, según la familia, y entregado a un representante de la Autoridad Palestina en el Aeropuerto Internacional de El Cairo, donde abordó un vuelo a la capital jordana, Ammán. Luego viajó a París.
La controvertida práctica se basa en un decreto — conocido como la Ley 140 — emitido por el presidente Abdel Fattah al Sisi en noviembre de 2014 que permite la repatriación de prisioneros extranjeros a sus países de origen, a discreción del presidente, para cumplir sus condenas o volver a ser juzgados allí.
El decreto se emitió cinco meses después de que tres periodistas de Al Jazeera — el australiano Peter Greste, el egipcio-canadiense Mohamed Fahmy y el egipcio Baher Mohamed — fueran condenados a entre siete y diez años de prisión por cargos de terrorismo en un caso de alto perfil que provocó la condena internacional y fue criticado por grupos de derechos humanos, gobiernos occidentales y la Organización de Naciones Unidas. Según el abogado Negad al Borai, quien representó a Fahmy en el caso, la Ley 140 se emitió para permitir la liberación y deportación de Greste a su Australia natal. A menos de tres meses después de la emisión del decreto, Greste fue efectivamente deportado.
Por ese entonces, Fahmy renunció a su ciudadanía egipcia con la esperanza de ser deportado a Canadá. Fahmy contó a Mada Masr en aquel momento que lo habían visitado altos funcionarios mientras estaba detenido y le dijeron que renunciar a la ciudadanía egipcia era su “única salida”. Fahmy se negó al principio, pero dijo que se sentía presionado y quería salir de la cárcel. La medida no funcionó y solo fue liberado, junto con Baher Mohamed, después de que recibieron el indulto presidencial en septiembre de 2015 luego de un nuevo juicio. Desde entonces, Fahmy recuperó luego su ciudadanía egipcia.
Meses antes, en mayo de 2015, Mohamed Soltan, un activista egipcio-estadounidense encarcelado durante más de 640 días, se vio obligado a renunciar a su ciudadanía para ser liberado de prisión y deportado a Estados Unidos después de apelaciones directas de la administración Obama.
El caso de Soltán tuvo un giro adicional. Durante una visita al Capitolio en julio de 2021, Abbas Kamel el jefe de inteligencia egipcio, insistió a los funcionarios estadounidenses que Washington había prometido en 2015 que, si Egipto liberaba a Soltan, cumpliría el resto de su cadena perpetua en una prisión estadounidense, de acuerdo a Politico. Kamel incluso entregó al personal del Congreso lo que parecía ser un acuerdo firmado entre funcionarios egipcios y estadounidenses en el que se establecía tal arreglo. Las fuentes le dijeron a Politico que un empleado del Departamento de Estado firmó el documento cuando se lo empujaron en el aeropuerto en el último minuto, mientras los funcionarios estadounidenses trataban de sacar a Soltan del país, y que el documento no era legalmente aplicable.
En cualquier caso, obligar a los egipcios a renunciar a su ciudadanía para ser deportados sigue siendo una práctica muy controvertida, y posiblemente ilegal.
El abogado Gamal Eid de la Red Árabe de Información sobre Derechos Humanos dice que la Ley 140 es inconstitucional, ya que crea un privilegio para los no egipcios. “La idea era acobardarse ante gobiernos extranjeros y pulir la imagen del régimen, pero el decreto viola el principio de que todos son iguales ante la ley, que es un principio supraconstitucional”. Eid dice que no aprueba el encarcelamiento continuo de disidentes, sino que dice que todos deberían ser liberados, no solo los extranjeros.
Si bien el decreto no obliga a nadie a abandonar su nacionalidad, la elección entre ciudadanía y libertad no es realmente una elección. Hussein Baoumi, investigador sobre Egipto de Amnistía Internacional, dijo a Mada Masr que es más exacto decir que Shaath y Soltan se vieron obligados a ceder su ciudadanía egipcia, lo que, explica, es inconstitucional.
“Esta práctica que estamos viendo ahora en Egipto de intercambiar ciudadanía por libertad va en contra de la constitución, y la ley de ciudadanía, y es también una flagrante violación de las estipulaciones del derecho internacional sobre la rescisión de la ciudadanía. Elude las disposiciones de la ley que regulan tal medida”, comentó Baoumi.
La ley de ciudadanía de 1975 estipula que se deben cumplir una serie de condiciones antes de que el Estado pueda rescindir la ciudadanía de un ciudadano egipcio. Pero esta ley no se aplica en el caso de Shaath o Soltan porque técnicamente ellos mismos renunciaron a su ciudadanía. Sin embargo, tanto Soltan como Shaath sostienen que no tuvieron otra opción.
Tras la liberación de Shaath, Soltan tuiteó: “Que te den a elegir entre tu libertad y tu ciudadanía es fácil, porque la libertad siempre y para siempre es lo primero, y esto no te quita la pertenencia a tu país porque eso está en el corazón. En cuanto a un régimen que condiciona el goce de los derechos ciudadanos más básicos de libertad y vida a la renuncia a la nacionalidad, es un régimen que está reforzando su filosofía represiva: ser ciudadano significa necesariamente no ser libre”.
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Osman El Sharnoubi es periodista, fotógrafo y analista egipcio que se desempeñó de variados periódicos internacionales.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por Mada Mars el 10 de enero de 2022.
