Por Redacción de Institute for Middle East Understanding (IMEU)
Hechos y cifras básicas
A diciembre de 2019 se estimó que 1,9 millones de ciudadanos israelíes son de origen palestino, comprendiendo el 21 por ciento de la población israelí. Según Adalah, el Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel, el 83 por ciento de la comunidad palestina israelí es musulmana, el 9 por ciento es cristiana y el 8 por ciento es drusa. La mayoría vive en tres áreas: Galilea en el norte, el llamado ‘Pequeño Triángulo’, en el centro del país, y en el desierto del Negev —Naqab para los palestinos— en el sur.
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Hay más de 60 leyes israelíes que discriminan a los ciudadanos palestinos de Israel. Hay entre 60.000 y 70.000 hogares (en 2020) pertenecientes a ciudadanos palestinos de Israel bajo amenaza de destrucción por el gobierno por no contar con un permiso oficial de construcción, algo extremadamente difícil de obtener para ellos.
¿Quiénes son los ciudadanos palestinos de Israel?
En 1948, aproximadamente 750.000 palestinos indígenas fueron expulsados de su tierra natal por las milicias sionistas y el nuevo ejército israelí durante el establecimiento de Israel como un Estado de mayoría judía. Aproximadamente 150.000 palestinos permanecieron dentro de las fronteras del nuevo país tras el armisticio que puso fin a la guerra. Una gran parte pasaron a ser desplazados internos. Se les negó el derecho a regresar a sus hogares, la mayoría de los cuales fueron destruidos.
Entre quienes evitaron la expulsión, a la mayoría se le concedió la ciudadanía israelí. Sin embargo, entre 1949 y 1966 fueron gobernados por un régimen militar represivo, forzados a vivir en ‘guetos’ segregados. La mayor parte de sus tierras les fue quitada para ser usada por judíos israelíes y se les impusieron restricciones severas a su libertad de movimiento, expresión y capacidad para reproducir la vida.
El gobierno militar fue levantado en 1966, pero actualmente a los ciudadanos palestinos israelíes se les sigue quitando sus tierras y ven sus hogares destruidos. Sufren de discriminación sistémica y generalizada que afecta a casi todos los aspectos de sus vidas.
Discriminación sistémica contra ciudadanos palestinos de Israel
Como parte de un esfuerzo por mantener la mayoría judía creada tras las expulsiones de 1948, Israel aprobó una serie de leyes para limitar el crecimiento de la población palestina restante y de sus ciudades y pueblos, además de marginarla políticamente. Hoy en día, existen más de 60 leyes israelíes que discriminan a la ciudadanía palestina de forma directa o indirecta, basándose únicamente en su origen étnico. Afectan prácticamente todos los aspectos de sus vidas, incluida la vivienda, el empleo, la educación, la atención médica y con quién pueden casarse.
En 2018, la Knesset israelí aprobó la ley del “Estado-Nación judío” como una de las leyes básicas cuasi constitucionales del país. Fue ampliamente condenada como racista, afianzando el apartheid en Israel. Entre otras cosas, declara: “El derecho a ejercer la autodeterminación nacional en el Estado de Israel es exclusivo del pueblo judío (…) El Estado considera el desarrollo de asentamientos judíos —viviendas segregadas solo para judíos— (…) como un valor nacional y actuará para alentar y promover su establecimiento y consolidación”.
Las Leyes Básicas, también prohíben que los partidos y candidatos políticos aboguen por una democracia secular en la que toda la ciudadanía sea completamente igual, independientemente de su religión o etnia y que ponga fin al sistema israelí de privilegios judíos. En 2018, un comité prohibió una propuesta legislativa que pedía que el país se convirtiera en un Estado basado en la plena igualdad para toda su población, presentada por ciudadanos palestinos israelíes. Incluso, se impidió que fuera debatida por la Knesset. Un asesor legal del Parlamento explicó que el proyecto de ley fue rechazado porque “incluía varios artículos destinados a alterar el carácter del Estado de Israel, volviéndola de un Estado-nación del pueblo judío a un Estado en el que hubiera igualdad de estatus desde el punto de vista de la nacionalidad de judíos y árabes”.
Confiscación de propiedades, destrucción de hogares y ‘judaización’ de tierras palestinas
Desde 1948, Israel utilizó leyes como la “Ordenanza de tierras. Adquisición con fines públicos”, del periodo del Mandato Británico (1920-1948), y la Ley de Propiedad de Ausentes para confiscar millones de acres de tierra palestina para ser usada por judíos israelíes. La Ley de Propiedad de Ausentes, aprobada en 1950, permite al gobierno expropiar tierras pertenecientes a palestinos, incluyendo a quienes poseen ciudadanía israelí, que fueron obligados a abandonar sus hogares durante la fundación de Israel y a quienes se les impidió regresar. Israel también declaró grandes extensiones de tierra pertenecientes a ciudadanos palestinos israelíes como “zonas militares cerradas”, y luego se utilizó una ley que data de la era del Imperio Otomano para apoderarse de ellas. Según una investigación, de las 370 ciudades judías establecidas por Israel entre 1948 y 1953, 350 fueron construidas en tierras palestinas confiscadas.
Luego de desplazar a decenas de miles de ciudadanos palestinos israelíes, destruir muchas de sus casas y aldeas y tomar la mayor parte de su tierra para el uso de israelíes judíos, Israel les dificultó enormemente la construcción o ampliación de sus casas o de los límites de sus ciudades. En mayo de 2020, Human Rights Watch emitió un informe titulado “Israel: Políticas territoriales discriminatorias contra los palestinos. Ciudades palestinas constreñidas mientras crecen las ciudades judías”. El mismo concluye que “décadas de confiscación de tierras y políticas de planificación discriminatorias confinaron a muchos ciudadanos palestinos a localidades densamente pobladas con poco espacio para expandirse. Mientras tanto, el gobierno israelí fomenta el crecimiento y la expansión de las comunidades vecinas de mayoría judía, muchas construidas sobre las ruinas de pueblos palestinos destruidos en 1948”.
Estas restricciones provocaron un hacinamiento grave en muchas comunidades. Cuando los ciudadanos palestinos israelíes se ven obligados a construir sin aprobación oficial para satisfacer el crecimiento natural de sus familias, Israel destruye esas estructuras. En 2018, Israel aprobó la Ley Kaminitz para acelerar el proceso de destrucción de viviendas palestinas construidas sin permiso oficial. Según estimaciones del Centro Árabe para la Planificación Alternativa, a partir de 2020 entre el 15 y el 20 por ciento de los hogares palestinos en Israel carecían de permisos, difíciles de obtener. Como resultado, entre 60.000 y 70.000 hogares corrían el riesgo de ser totalmente destruidos por el Estado. En 2015, el 97 por ciento de las órdenes de demolición emitidas por tribunales israelíes fueron contra ciudadanos palestinos, pese a que sólo representan alrededor del 20 por ciento de la población nacional.
La expropiación de tierras, las restricciones al crecimiento de las comunidades palestinas, la destrucción de hogares y la promoción simultánea de comunidades judías segregadas forman parte de una política de ‘judaización’. En las últimas décadas, las comunidades palestinas en Galilea al norte y el Negev al sur se volvieron blanco de este proceso por parte del gobierno. En Negev, se están destruyendo aldeas beduinas enteras para dar paso a ciudades judías. En un caso destacado, la población beduina palestina de la aldea de Umm Al Hiran fue expulsada para dar paso a una nueva ciudad para judíos israelíes llamada Hiran. En 2019, Israel anunció un plan para el Negev que desplazó a unos 36.000 beduinos palestinos de sus hogares.
En febrero de 2018, la entonces Ministra de Justicia, Ayelet Shaked, defendió la política de judaización frente a aquellas críticas que la caracterizaron como racista y violatoria de los derechos humanos de la ciudadanía palestina israelí. Shaked declaró: “Creo que ‘judaizar Galilea’ no es un término ofensivo. Solíamos hablar así. En los últimos años dejamos de hacerlo. Creo que es legítimo y no viola todos los derechos de los residentes árabes de Israel (…) Hay lugares donde el carácter judío del Estado israelí debe mantenerse y esto a veces se produce a expensas de la igualdad”.
Desde la fundación del Estado en 1948, el gobierno israelí estableció más de 900 localidades para judíos israelíes, pero ninguna para ciudadanos palestinos israelíes. La excepción fue un pequeño número de ciudades planificadas por el gobierno destinadas a albergar a quienes fueron desplazados de sus comunidades de origen. También, hay docenas de aldeas y comunidades palestinas, algunas anteriores a la fundación de Israel, que no son reconocidas por el gobierno. No reciben servicios gubernamentales y ni siquiera figuran en los mapas oficiales. A partir de 2017, solo alrededor del 3 por ciento de toda la tierra en Israel está bajo jurisdicción de los municipios palestinos, a pesar de que los habitantes palestinos israelíes representan el 21 por ciento de la población.
Discriminación en el acceso a la tierra y la vivienda
En Israel, el gobierno controla directamente el 93 por ciento de la tierra y en su distribución discrimina sistemáticamente a los ciudadanos palestinos a través de agencias oficiales como la Autoridad de Tierras de Israel y el Fondo Nacional Judío, institución cuasi gubernamental. En combinación con la discriminatoria Ley de Comités de Admisiones, aproximadamente el 80 por ciento de las tierras estatales están fuera del alcance de los ciudadanos palestinos israelíes. Enfrentan importantes obstáculos legales para acceder a estas tierras para desarrollo residencial, agrícola o comercial.
En 2011, la Knesset aprobó la Ley de Comités de Admisión por la cual permite que más de 300 pequeñas ciudades de mayoría judía, excluyan a los solicitantes de residencia que no cumplan con las vagas normas de ‘idoneidad social’. En un comunicado titulado “Israel: Nuevas leyes marginan a los ciudadanos árabes palestinos”, Human Rights Watch señaló: “La medida ancla en la ley una práctica que fue la base para rechazar injustamente las solicitudes de los ciudadanos árabes-palestinos de Israel, así como de los miembros de grupos socialmente marginados como los judíos de ascendencia no europea y las familias monoparentales (…). Las declaraciones parlamentarias indican que los promotores de la ley tenían la intención de permitir que las comunidades de mayoría judía mantuvieran su composición demográfica actual al excluir a los ciudadanos árabes palestinos, un acto de discriminación basado en su raza, etnia y origen nacional”.
Discriminación, reunificación familiar e inmigración
La Ley de Nacionalidad y Entrada a Israel impide que los palestinos que viven en la Cisjordania ocupada y en Gaza —incluidos quienes fueron expulsados de aquellos pueblos y aldeas que se convirtieron en Israel en 1948— ,que están casados con ciudadanos israelíes, obtengan la residencia o el estatus de ciudadanía. La ley obliga a miles de ciudadanos palestinos israelíes a abandonar su país o vivir separados de sus cónyuges y familias.
La Ley de Retorno permite a judíos de cualquier parte del mundo emigrar a Israel y recibir la ciudadanía de forma automática, independientemente de su origen familiar. Al mismo tiempo, niega a los palestinos indígenas el derecho a regresar a las tierras de las que fueron expulsados. Esto impide la reunificación de muchas familias palestinas.
Discriminación en la financiación y el acceso a la educación y la salud
El gobierno israelí discrimina sistemáticamente a sus ciudadanos palestinos a la hora de asignar recursos estatales a sus comunidades. En 2009, Israel aprobó la Ley de Eficiencia Económica. Esta otorga al gobierno un amplio poder para designar Áreas de Prioridad Nacional sin ningún criterio y destinar enormes cantidades de recursos a municipios judíos en lugar de a aquellos palestinos.
Los estudiantes escolares judíos y árabes se educan en sistemas escolares separados. Los estudiantes judíos reciben una parte mucho mayor de la financiación estatal. A partir de 2016, en promedio, los estudiantes judíos recibieron entre un 78 y un 88 por ciento más de fondos que los estudiantes árabes-palestinos, según estadísticas del gobierno israelí.
En noviembre de 2020, citando la Ley del Estado-Nación Judío, un tribunal israelí dictaminó que la ciudad de Carmiel, de mayoría judía, no tenía que construir una escuela para niños árabes ni reembolsar a sus padres los costos incurridos para enviarlos a estudiar en otras ciudades. Al desestimar una demanda de parte de las familias, el tribunal declaró: “Establecer una escuela en árabe (…), financiar viajes escolares para estudiantes árabes (…) podría cambiar el equilibrio demográfico y dañar el carácter (judío) de la ciudad”.
Intentos de borrar y/o negar la identidad y la historia palestina
La llamada Ley Nakba, aprobada en 2011, prohíbe la financiación pública para instituciones y grupos involucrados en actividades que conmemoran la expulsión de 750.000 habitantes palestinos durante el establecimiento de Israel como un Estado de mayoría judía en 1948.
En 2014, la Knesset aprobó una ley que distingue entre ciudadanos árabes-palestinos cristianos y musulmanes. La misma declara que los palestinos cristianos israelíes no son de hecho árabes, como parte de un esfuerzo por dividir a la minoría palestina. Esto, a pesar de que casi todos los palestinos cristianos son árabes, se consideran a sí mismos como tales, y formaron durante mucho tiempo una parte integral de la sociedad palestina.
Ejemplos notables de violencia estatal contra ciudadanos palestinos israelíes
El 29 de octubre de 1956, la Policía Fronteriza israelí masacró a 48 ciudadanos palestinos israelíes en nueve incidentes separados mientras regresaban a su aldea natal de Kafr Qasim. Unas horas antes se impuso un toque de queda que la población local desconocía. Entre los muertos había seis mujeres, una de ellas embarazada, y 23 menores de hasta ocho años de edad. Después de que la masacre fuera noticia internacional, los asesinos fueron declarados culpables y condenados a largas penas de prisión. Sin embargo, una vez que los titulares se desvanecieron, fueron indultados y liberados en un año.
El 30 de marzo de 1976, soldados y policías israelíes mataron a seis ciudadanos palestinos israelíes e hirieron a otros 100 durante las protestas contra la ola de expropiaciones de tierras. Esto último formaba parte de un plan de gobierno para ‘judaizar’ Galilea, tomando tierra palestina y dándola a la población judía. Este evento marcó un importante punto de inflexión en la conciencia política de la ciudadanía palestina israelí y es conmemorado anualmente como el Día de la Tierra por la comunidad palestina en todo el mundo.
En octubre de 2000, francotiradores de la policía israelí mataron a 12 ciudadanos palestinos israelíes y a un residente palestino de Gaza e hirieron a cientos más. El hecho sucedió durante las protestas contra la violencia brutal infligida por el ejército israelí contra la población de los territorios ocupados durante los primeros días de la Segunda Intifada. A pesar de que una comisión de investigación concluyó que no había justificación para el uso de munición real contra los manifestantes desarmados, nunca se acusó a nadie de los homicidios.
Ejemplos notables de incitación racista contra la población palestina por parte de líderes políticos israelíes
Durante la última década, la incitación abierta y el acoso racial contra la ciudadanía palestina israelí por parte de líderes políticos se convirtió en algo común. El Primer Ministro Benjamin Netanyahu se posicionó a la cabeza. De cara a las elecciones de abril de 2019, Netanyahu escribió en Instagram: “Israel no es un Estado de todos sus ciudadanos. De acuerdo con la Ley del Estado-Nación que aprobamos, Israel es el Estado-Nación del pueblo judío, y solo suyo”. Su partido de gobierno, el Likud, también colocó cámaras en los colegios electorales como parte del esfuerzo para reprimir los votos de los ciudadanos palestinos de Israel. Antes de la votación de septiembre de 2019, dijo ante una multitud de seguidores que: “(Los árabes) están tratando de robarnos las elecciones”. Durante su campaña de 2020, se basó en el lema “Bibi o Tibi”, el primero refiriéndose al apodo de Netanyahu y el segundo a un importante miembro palestino de la Knesset, Ahmad Tibi. Fue parte de una campaña para convencer a los israelíes de que, de no elegirlo, su principal rival formaría un gobierno con partidos que representaran a los ciudadanos palestinos israelíes. En 2015, declaró notablemente: “Los votantes árabes se dirigen en masa a los colegios electorales”. Fue parte de un esfuerzo por movilizar el voto de la derecha.
Tanto en 2019 como en 2021, Netanyahu también hizo alianzas electorales con partidos políticos de extrema derecha virulentamente racistas que piden abiertamente la limpieza étnica de los palestinos de Israel/Palestina. Una de las agrupaciones, Poder Judío, está compuesta por seguidores del famoso Meir Kahane. Su partido, Kach, fue catalogado como organización terrorista por el gobierno estadounidense después de que uno de sus seguidores mató a tiros a 29 palestinos mientras rezaban en la mezquita Ibrahimi, en la ciudad de Hebrón, en 1994. En febrero de 2021, el líder de Poder Judío, Itamar Ben Gvir, pidió la expulsión de los ciudadanos palestinos israelíes por considerarlos “desleales”.
Otro político israelí reconocido por la incitación racista contra los ciudadanos palestinos israelíes es el líder del partido Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman. Él se desempeñó como Ministro de Defensa (2016-2018) y Ministro de Relaciones Exteriores (2009-2012 y 2013-2015) bajo el mandato de Netanyahu. Lieberman, un inmigrante de la ex Unión Soviética de origen moldavo, hizo campañas con lemas como “Solo Lieberman entiende árabe” y “Sin lealtad, no hay ciudadanía”. También, presionó para que se promulgara una ley que obligaría a los ciudadanos palestinos a jurar lealtad a Israel como un ‘Estado judío’, accediendo así formalmente a su propio estatus permanente de segunda clase. Su partido defiende pagar a ciudadanos palestinos israelíes para que se muden a un Estado palestino una vez que sea creado. En marzo de 2015, pidió que los ciudadanos palestinos que no acepten esta ciudadanía de segunda clase como ‘no judíos’ en un Estado judío sean decapitados. Él declaró: “Quienes están con nosotros merecen todo, pero los que están en contra nuestra merecen que los decapiten con un hacha”.
Líderes religiosos
En abril de 2019, el rabino Eliezer Kashtiel, director de una escuela religiosa premilitar con financiamiento estatal situada en el asentamiento de Eli, Cisjordania, fue filmado enseñando a sus estudiantes que los palestinos y otros no judíos tienen “problemas genéticos” y quieren ser “esclavos”. Él señaló que: “Los gentiles querrán ser nuestros esclavos. Ser esclavo de un judío es lo mejor. Se alegran de ser esclavos, quieren ser esclavos (…). Estamos rodeados de pueblos con problemas genéticos. Pregúntale a un árabe simple ‘¿dónde quieres estar?’. Quiere estar bajo la ocupación. ¿Por qué? Porque tienen problemas genéticos, no saben cómo dirigir un país, no saben cómo hacer nada. Mírenlos (…) Sí, somos racistas. Creemos en el racismo (…) Hay razas en el mundo y los pueblos tienen rasgos genéticos, y eso requiere que tratemos de ayudarlos (…). Los judíos somos una raza más exitosa”.
En marzo de 2016, el rabino mayor sefardí en Israel, Yitzhak Yosef, dijo a sus partidarios que, de acuerdo con la ley judía, los palestinos indígenas y otros no judíos “no deberían vivir en la Tierra de Israel”. Explicó que solo se les permite vivir en Israel “para servir a la población judía” y que un día “Dios vendrá y los echará”. También declaró: “Si nuestras manos fueran fuertes, si tuviéramos poder de gobierno, entonces los no judíos no deberían vivir en la Tierra de Israel (…) Pero nuestras manos no son fuertes. Estamos esperando a nuestro justo Mesías, quien será la verdadera y completa redención, y luego ellos harán esto. ¿Quiénes serán los servidores? ¿Quiénes serán nuestros asistentes? Por lo tanto, los dejamos aquí en la tierra”.
En enero de 2015, el rabino mayor asquenazí de la ciudad de Kiryat Motzkin, David Meir Druckman, publicó un artículo donde justificaba un ataque reciente de extremistas judíos contra una escuela bilingüe para niños judíos y árabes de Jerusalén. Ridiculizó a la institución como “simplemente una escuela preparatoria para la asimilación asegurada”. También expresó su apoyo a un grupo notoriamente racista y violento llamado Lehava, el cual se opone a la interrelación entre judíos y árabes. A su vez, condenó la exhibición de árboles de Navidad en Israel. Comenzó su artículo diciendo: “No solo el centro comercial está repleto de árabes que atraen a las pobres hijas de Israel a sus redes, sin cesar durante el día o la noche, sino que toda la calle principal de Kiryat Haim (…) está llena de abetos decorados (…) ¡Ni una persona alzó la voz en protesta!”.
En octubre de 2014, Dov Lior, rabino mayor de los asentamientos de Hebrón y Kiryat Arba en Cisjordania, Jefe del Consejo de Rabinos de Judea y Samaria (Cisjordania) y figura destacada del movimiento religioso sionista, pidió a Israel que “limpiara” de árabes a las áreas bajo su control y afirmó: “Debemos esforzarnos por limpiar todo el país”. En enero de 2011, en una conferencia sobre la salud de la mujer, dijo que “el esperma gentil conduce a una descendencia bárbara”.
En agosto de 2013, el rabino Eli Ben Dahan, entonces viceministro de Asuntos Religiosos de Netanyahu, declaró: “(los palestinos) son bestias, no humanos”. En diciembre de 2013, dijo: “Un judío siempre tiene un alma mucho más elevada que un gentil, incluso si es homosexual”.
En mayo de 2012, el rabino Aharon Yehuda Leib Shteinman, líder espiritual del partido Judaísmo de la Torá Unido, integrante de la coalición de gobierno de Netanyahu, dijo a sus partidarios que el mundo fue creado para los judíos, mientras que palestinos y otros no judíos son “asesinos y ladrones”. Declaró que: “Hay ocho mil millones de personas en el mundo. ¿Y qué son? Asesinos, ladrones, gente sin cerebro (…) ¿Pero quién es la esencia de este mundo? ¿Dios creó el mundo para estos asesinos? ¿Para estos malhechores?”
En 2010, el rabino mayor de la ciudad de Safed, Shmuel Eliyahu, emitió un fallo que prohibía a judíos alquilar propiedades de dueños árabes. Cuando los críticos condenaron el fallo por racista, decenas de autoridades rabínicas municipales, también en la nómina del gobierno, firmaron una carta en apoyo a Eliyahu. Uno de los signatarios, Yosef Scheinen, rabino mayor de la ciudad de Ashdod, declaró: “El racismo se originó en la Torá (…) La tierra de Israel está designada para el pueblo de Israel”.
En septiembre de 2010, el difunto líder espiritual del partido Shas, también parte de la coalición de gobierno de Netanyahu, el rabino Ovadia Yosef, declaró que los palestinos y otros no judíos fueron creados para “servir” a los judíos. Y a su vez añadió: “Los goyim (no judíos) nacieron solo para servirnos. Sin eso, no tienen lugar en el mundo, solo para servir al pueblo de Israel (…) ¿Para qué se necesita a los gentiles? Trabajarán, ararán, cosecharán. Nos sentaremos como un effendi (señor) y comeremos. Por eso fueron creados los gentiles”. El influyente Ovadia, que fue el principal rabino mayor sefardí de Israel entre 1973 y 1983, tenía una larga historia de racismo virulento contra los palestinos y otras personas no judías.
En agosto de 2010, los rabinos Yitzhak Shapira y Yosef Elitzur, directores de una escuela religiosa financiada por el Estado en el asentamiento de Yitzhar, en la Cisjordania ocupada, publicaron un libro que condonaba el asesinato de niños palestinos y otros menores no judíos. Su argumento era que podrían crecer para representar una amenaza al Estado. Afirmaron que los no judíos “carecen de compasión por naturaleza” y atacarlos “frena su inclinación al mal”. Varios otros rabinos importantes también respaldaron el libro.
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N.d.T.: El artículo original fue publicado por IMEU el 17 de marzo de 2021.
