El conflicto yemení: Beneficiarse de la miseria de otros

Por Asher Orkaby para Middle East Research and Information Project

Un joven carga un saco de trigo provisto por el Programa Mundial de Alimentos en la gobernación de Raymah, Yemen. [Julian Harneis / Creative Commons]

Activistas y medios de comunicación suelen llamar a Yemen ‘el peor desastre humanitario provocado por el hombre en el mundo’. Este estribillo dominó la cobertura del país desde 2014. En respuesta a dicha crisis, un número creciente de organizaciones no gubernamentales internacionales y programas de ayuda administrados por las Naciones Unidas buscan abordar específicamente la desnutrición y la propagación de enfermedades relacionadas con la guerra. 

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Sin embargo, los escasos resultados tangibles y la escalada de la crisis llevaron a muchos analistas a criticar el modelo utilizado para brindar asistencia humanitaria a Yemen. Lo ‘hecho por el hombre’ involucra claramente tanto a la campaña de bombardeos y bloqueo liderados por Arabia Saudita como la guerra interna liderada por el movimiento yemení hutí en Sanaa. No obstante, los programas de ayuda humanitaria extranjeros también pueden estar contribuyendo a perpetuar este desastre.

En lugar de contribuir a una resolución del conflicto yemení y desarrollar la estabilidad del país a largo plazo, gran parte de la ayuda humanitaria exacerba la guerra al fomentar una economía que lucra de ella, desincentiva las resoluciones pacíficas y prolonga la dependencia de la ayuda exterior. La asistencia humanitaria constituye uno de los sectores económicos más importantes del país. Enriquece a una élite militante enquistada que monopoliza la distribución de la asistencia y utiliza los alimentos y suministros como capital político. El potencial de corrupción y los efectos nocivos de esto en un conflicto civil no es un fenómeno nuevo en Yemen y fue objeto de un número creciente de estudios críticos durante los últimos diez años. (1)

Las agendas dirigidas por los donantes, especialmente en torno a la pandemia de COVID-19, han tenido un impacto negativo involuntario. Asimismo, la creciente dependencia de Yemen de los donantes ha creado obstáculos adicionales para el desarrollo a largo plazo de la economía nacional y la atención médica del país. Incluso las organizaciones de la sociedad civil locales, que pueden presentar un camino hacia el aumento de la agencia yemení en la distribución de ayuda y el desarrollo, luchan con las tensiones políticas relacionadas con la guerra, la corrupción y la ausencia de rendición de cuentas.

El negocio detrás de la hambruna

Desde 2014, los medios de comunicación declararon con frecuencia que Yemen está al borde de la hambruna. Si bien esta cobertura expone la grave escasez de alimentos relacionada con la guerra, también sirve para aumentar la audiencia y apelar a la brújula moral del público. Las organizaciones no gubernamentales internacionales (ONGI), que dependen de la generosidad de donantes privados para sus presupuestos operativos y programas, utilizaron ampliamente la crisis yemení como parte de sus campañas de recaudación de fondos. OXFAM International, por ejemplo, utiliza regularmente títulos efusivos en sus páginas en línea, tales como ‘Yemen al borde: el conflicto está empujando a millones hacia la hambruna’ yuxtapuestos junto a enlaces de ‘Donar ahora’. Sin embargo, ¿cuántas de estas donaciones terminan llegando al país y qué parte se destina a los gastos generales e indirectos de la organización? 

Según su informe anual de 2019 , el 33 por ciento de los gastos se destinan a elementos no relacionados con el programa, como la recaudación de fondos y el marketing. La recaudación de fondos es esencial para administrar estas organizaciones y mantener los salarios del personal de la agencia. Como argumenta Michael Barnett: “Ya que las buenas causas no se venden por sí solas, las agencias de ayuda desarrollaron una destreza de marketing considerable (…) anunciarán y hasta embellecerán la tragedia para aprovechar la culpa de los ricos”. (2) 

La autopromoción de las agencias es parte del modelo empresarial de ayuda humanitaria, aunque existe una delgada línea entre el utilitarismo y la explotación.

Además de las ONGI, una lista cada vez mayor de agencias de la ONU y organizaciones humanitarias utilizan con eficacia un lenguaje de crisis similar para alentar las contribuciones estatales y privadas. La Oficina del Enviado Especial (OEE) para Yemen necesitó en particular autopromoción adicional y una justificación pública, ya que su presupuesto operativo anual básico para 2020 aumentó a 18,4 millones USD, superando el presupuesto de la OEE siria, de 16,2 millones USD. 

En diciembre de 2018, la OEE para Yemen utilizó una subvención complementaria para financiar una gran reunión de delegados en Estocolmo, Suecia, para negociar un alto el fuego en la ciudad portuaria yemení de Hodeidah. Las negociaciones e implementación del frustrado Acuerdo de Estocolmo costó 56 millones USD. Sin embargo, produjeron pocos resultados tangibles, consecuencia de la influencia creciente de la línea dura dentro del movimiento hutí y una falta general de progreso en las negociaciones directas entre este y Arabia Saudita. (3) 

Sólo los costos de viajes aéreos en 2019 alcanzaron los 1.3 millones USD, con 3.8 millones USD adicionales gastados en alojamiento en hoteles en Hodeidah para la Misión de la ONU de Apoyo al Acuerdo de Hodeidah (UNMHA) de ese mismo año. Si bien se reconoció ‘el entorno operativo dificultoso de la Misión’, el Comité Asesor de Asuntos Administrativos y de Presupuesto de la ONU expresó su preocupación en un informe de 2019 por los gastos y la utilización de recursos por parte de la UNMHA. (4)

Como observó Fiona Terry: “Hacer hincapié en las complejidades de las crisis se convirtió en una forma conveniente de desviar la responsabilidad por las consecuencias negativas de la acción humanitaria del régimen de ayuda internacional sobre el contexto en el que opera”. (5) El conflicto actual en Yemen es el epítome de una ‘emergencia compleja’. En él confluyen: un gobierno en el exilio reconocido internacionalmente; un grupo rebelde que gobierna la ciudad capital; intervención militar regional; restricciones a la movilidad; desplazamiento interno y un desastre humanitario. 

La asistencia no puede resolver el conflicto político, pero puede desempeñar un papel en la creación de capacidad local, preparando a la población yemení para la necesaria reconstrucción de la posguerra.

Política de asistencia en Yemen

La crisis humanitaria yemení no comenzó en 2014, sino que es un crescendo de abandono prolongado de abandono de la infraestructura, corrupción política y luchas internas. El papel de la ayuda exterior para el desarrollo en la remodelación de la agricultura yemení está relacionado íntimamente con el origen de este desastre. 

El proceso comenzó en la década de 1960 en el norte de la República Árabe de Yemen (RAY) cuando la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) contribuyó a la construcción de carreteras para conectar las principales áreas urbanas del país. Utilizando gran parte de los mismos equipos y personal, USAID construyó un sistema de suministro de agua y alcantarillado en la ciudad de Taiz, en el centro de Yemen, llamado ‘Proyecto de Agua John F. Kennedy’. 

También se llevaron a cabo proyectos hídricos a pequeña escala en las aldeas circundantes, donde se ayudó a los lugareños con el desarrollo de nuevos pozos y se instalaron bombas de agua modernas. (6) Durante la década de 1970, la ayuda extranjera financió un aumento significativo en el número y tamaño de estas bombas, mientras que los yemeníes comenzaron a reemplazar las fuentes de alimentos nacionales con alternativas importadas más baratas, incentivando así un cambio de la siembra de alimentos básicos a cultivos comerciales más lucrativos. Estos proyectos fueron fundamentales para el desarrollo de una economía agrícola intensiva en su uso de agua, lo cual contribuyó a la alarmante crisis hídrica en el país. (7)

Tres décadas de corrupción desenfrenada bajo la presidencia de Ali Abdullah Saleh (1990-2012) fomentaron la mala gestión de los recursos por parte del gobierno. La elite política priorizó sus propias finanzas familiares y su red política por encima de los servicios públicos, permitiendo que la infraestructura yemení se deteriorara. 

Un país alguna vez conocido como el granero de la Península Arábiga y Arabia Félix en la antigüedad ahora depende de las importaciones para cubrir el 90 por ciento de su consumo de alimentos básicos. El alcance del declive de la infraestructura yemení fue manifestado de la manera más impactante por las destructivas inundaciones del verano de 2020, exacerbadas por el colapso de múltiples presas. A pesar del sistema de riego históricamente reconocido del país, los yemeníes no pudieron capturar la valiosa lluvia y solo pudieron lamentar la destrucción causada por su abundancia.

La crisis alimentaria yemení no puede atribuirse únicamente al conflicto. Está vinculada a estos cambios agrícolas y de infraestructura de más largo plazo, incentivados y en ocasiones construidos directamente por medio de la ayuda exterior.

En las décadas posteriores a la Guerra Fría, un número creciente de organizaciones internacionales que operan bajo los auspicios de la ONU, fundaciones filantrópicas mundiales y otras organizaciones nacionales asistenciales desembolsaron ayuda destinada a fines humanitarios o de desarrollo en Yemen. Las consecuencias potencialmente negativas de estos programas a menudo surgieron de un desajuste entre las agendas de las organizaciones extranjeras y los hechos sobre el terreno. 

Durante los últimos 30 años, el país enfrentó numerosos conflictos internos desde la Guerra Civil de 1994 hasta las Guerras hutíes de 2004 a 2010, y el conflicto actual entre los rebeldes huthí y el gobierno yemení expulsado que comenzó en 2014. La dificultad para toda organización internacional que opere en este escenario sin parecer alineada con uno u otro actor fomentó una sospecha inherente entre la población yemení sobre las agendas ocultas de trabajadores extranjeros y sus financistas.

El legado de desconfianza fue heredado tras décadas de ayuda al desarrollo a largo plazo y continúa afectando la relación del país con los proveedores extranjeros de asistencia humanitaria a lo largo del conflicto actual. Entre 2015 y 2019, Yemen recibió un estimado de 15 mil millones USD en ayuda humanitaria total y más de 2.5 mil millones USD en apoyo bilateral saudita destinado a estabilizar la economía y evitar el colapso de la moneda, el rial yemení (YER). 

El año 2018 marcó la cúspide de este respaldo, que alcanzó los 5,2 mil millones USD, representando un 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) yemení en 2012 de 35,4 mil millones USD y casi el 20 por ciento del PIB en tiempos de guerra en 2018. La ayuda humanitaria es ahora una de los mayores sectores económicos del país, un precedente peligroso para su desarrollo actual y futuro.

Los actores y militantes políticos locales, que actúan como socios predeterminados de las organizaciones humanitarias internacionales, buscan ejercer control sobre la administración de la ayuda. Los miembros de las tribus hutíes y otras milicias locales se benefician de la crisis humanitaria y de la generosa ayuda exterior. Lo hacen recaudando tarifas de tránsito y de distribución infladas o entregando ayuda a sus bases de simpatizantes como una forma de capital político. 

Irónicamente, la distribución de ayuda elimina los incentivos para las iniciativas de paz y prolonga la misma crisis que se busca paliar. Los líderes hutíes utilizan la asistencia alimentaria que les fue concedida. Su objetivo es atraer a los jóvenes a los frentes de batalla por medio de un sistema de registro de las familias de combatientes para recibir ayuda y proporcionarles un estipendio. Por el contrario, los refugiados desplazados internos reciben sólo cantidades mínimas y padecen desnutrición grave. 

Las agencias de ayuda internacional apoyadas por la ONU cuentan con pocas alternativas cuando trabajan en territorio controlado por los hutíes. Por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) trabaja con el Proyecto de Alimentación Escolar y Ayuda Humanitaria del Ministerio de Educación hutí para distribuir el 60 por ciento de todo el apoyo alimentario al norte del país. El comportamiento lucrativo de los hutíes y otras milicias alcanzó nuevas alturas en 2020 a medida que la interferencia sistémica en las operaciones de socorro provocó un enfrentamiento con las organizaciones internacionales asistenciales, lo que llevó a su retirada parcial sin que hubiera suficientes organizaciones locales de la sociedad civil para ocupar su lugar.

El impacto del COVID-19 sobre la ayuda humanitaria para Yemen

En mayo de 2020, Altaf Musani, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Yemen, estimó que la población yemení total —de 28 millones de habitantes— contraería COVID-19 y al menos 65.000 personas morirían a causa del virus. (8) 

En realidad, es poco probable que Yemen vea cifras tan altas, pero incluso si se cumple el estimado de muertes, esto se traduciría en una tasa de mortalidad del 0,2 por ciento. Por el contrario, las tasas de mortalidad por COVID-19 en el mundo occidental, en noviembre de 2020, estaban por encima del 1,5 por ciento. La declaración de Musani reflejó dos aspectos típicos y desafortunados de las operaciones de las agencias humanitarias en Yemen: la sobreestimación del impacto de las crisis de salud y la defensa interesada.

Dado el aislamiento impuesto por el bloqueo que lidera Arabia Saudita, el primer caso confirmado de COVID-19 en Yemen fue identificado en abril de 2020, lo que lo convierte en uno de los últimos países en reportar casos. Expertos de las agencias humanitarias emitieron advertencias con anterioridad sobre lo devastador que podría ser el virus para la población yemení y también estimaron el número de víctimas. Esta primera confirmación fue una ganancia inesperada para las organizaciones humanitarias que operan en el país padeciendo déficits presupuestarios. 

Por ejemplo, en respuesta a la pandemia, el PMA recibió una partida de 225 millones USD de parte del gobierno estadounidense destinada a sus programas en Yemen. Hasta ahora, hubo menos de 7.000 casos confirmados de COVID-19, mucho menos de los 28 millones previstos, incluso si se tiene en cuenta la relativa ausencia de instalaciones de prueba y la inaccesibilidad de las áreas de conflicto. (9)

Mientras tanto, el sistema de salud yemení sigue enfrentándose a desafíos familiares no relacionados con el coronavirus, incluidos más de 150.000 nuevos casos de cólera . La escasez de inversiones a largo plazo en abastecimiento de agua potable y saneamiento provocó brotes de cólera de proporciones epidémicas. En 2016 y 2017 los casos se extendieron por casi todas las gobernaciones del país. Cada vez se diagnostican más casos de dengue, malaria y difteria, así como malnutrición grave. El número de yemeníes sin acceso a la atención preventiva básica aumentó a 14,8 millones en 2017, lo que constituye efectivamente una sentencia de muerte para muchas personas con enfermedades crónicas y no transmisibles que de otro modo podrían tratarse.

En 2020, la ONU retiró fondos y recursos de 30 de sus programas de salud pública en Yemen o los transfirió a la lucha contra la pandemia dentro del país. Como resultado, la atención sanitaria primaria, las campañas de vacunación y las instalaciones médicas disminuyeron significativamente en solo un año, exponiendo la dependencia del sistema de salud de la financiación extranjera y las prioridades de los países donantes. 

La ausencia de atención médica básica, clausurada por la pandemia, puede conducir en última instancia a una tasa de mortalidad más alta que el COVID-19. Así fue advertido por los autores de un estudio reciente, donde afirmaron que: “el cierre de los programas humanitarios que salvan vidas y el giro en el apoyo hacia la seguridad sanitaria, es decir, para respaldar la respuesta al COVID-19, a expensas de la atención primaria de salud, socavará los esfuerzos de fortalecimiento del sistema sanitario existente y agravará la crisis humanitaria”. (10) Es bien sabido que la medicina preventiva es menos costosa, sostenible y, a menudo, más eficaz para tratar enfermedades a largo plazo.

El mayor desafío estratégico para los modelos de asistencia humanitaria en Yemen es equilibrar las crisis a corto plazo del país con sus necesidades a largo plazo. La mayor parte de los programas se centra en crisis emergentes de salud pública como el cólera y el COVID-19, lo que refleja la intención de los donantes y no las prioridades yemeníes. 

El país enfrenta importantes desafíos de salud pública a largo plazo. Antes del inicio de las hostilidades en 2014, el sistema de atención sanitaria yemení también sufría una escasez crónica de suministros médicos y personal, con solo tres médicos por cada 10,000 personas, una de las peores tasas del mundo. Las prioridades de atención sanitaria dirigidas externamente contribuyeron inadvertidamente a la fuga de cerebros médicos, ya que el país depende cada vez más de la experiencia y el personal de salud extranjeros. 

Los profesionales médicos yemeníes que pudieron permitirse salir de un país devastado por la guerra ya lo hicieron. Quienes quedan detrás gravitan hacia iniciativas médicas internacionales mejor pagas en lugar de atención médica básica.

Los desafíos y beneficios de la  de ayuda local

Una forma de abordar el ciclo deletéreo de ayuda humanitaria extranjera y dependencia es limitar las burocracias sobredimensionadas de las ONGI. En cambio, se propone aumentar la capacidad de agencia yemení dentro del proceso estratégico de asignación de asistencia. La colaboración con las entidades locales, tanto durante situaciones de conflicto como posteriores, es fundamental para crear un desarrollo y una estabilidad autosustentable. (11) 

Las organizaciones locales pueden priorizar las necesidades a largo plazo de creación de capacidad por sobre las respuestas humanitarias a corto plazo y pueden trabajar para reemplazar al costoso personal extranjero con yemeníes, particularmente en la atención médica básica.

Por ejemplo, en lugar de importar alimentos —una práctica que se remonta a principios de la década de 1970— los esfuerzos locales de adquisición de recursos pueden permitir a los yemeníes invertir en la seguridad alimentaria y agrícola a largo plazo. La provisión descontrolada de grandes cantidades de alimentos importados —por parte de organizaciones humanitarias— puede paralizar a los agricultores locales y generar un círculo vicioso de empobrecimiento. Los modelos de ayuda sostenible se basan, en cambio, en suministros alimentarios de emergencia, de origen local en la mayor medida posible, sabiendo que este enfoque centrado en la inversión reducirá la dependencia en los años futuros.

La fundación sin fines de lucro Yemen Relief and Reconstruction Foundation (YRRF) se destaca como una de las pocas organizaciones que se abastece de alimentos a nivel local: compra alimentos a los agricultores yemeníes y los distribuye como ayuda a través de las divisiones políticas en coordinación con las ONG locales. (12) 

Aunque YRRF, fundada en 2017, opera a pequeña escala, este modelo de abastecimiento local tiene el potencial de funcionar a nivel regional. Otras organizaciones de base dirigidas por yemeníes se unieron a las filas de YRRF para operar un modelo a largo plazo mucho más sostenible. 

MonaRelief, fundada por el periodista y activista yemení Fatik Al Rodaini, utiliza donaciones en efectivo para comprar alimentos a los agricultores y vendedores locales y entregar canastas de alimentos a las familias necesitadas. Ahmad Algohbary, un periodista yemení residente en Sanaa, fundó Yemen Hope and Relief, una organización que apoya la asistencia de crisis para menores que enfrentan desnutrición severa. Ambos organizadores utilizan plataformas de redes sociales para llegar a donantes, periodistas y familias necesitadas. En comparación con operaciones masivas como las de la ONU, los gastos generales de estas ONG son mínimos, y su asistencia humanitaria por dólar es mucho más efectiva.

La diáspora yemení presenta otro camino para superar la brecha de ayuda humanitaria que de otro modo sería insuperable. Por ejemplo, Yemen Aid, fundada en 2016 y dirigida por la yemení estadounidense Summer Nasser, eliminó la burocracia inflada intermediaria al crear un modelo de ayuda que opera de manera eficiente y directa con las filiales yemeníes locales. Según el Informe Anual 2018 de la organización, la organización compromete el 97 por ciento de sus gastos en áreas relacionadas con el programa, mientras que organizaciones más grandes como OXFAM regularmente comprometen menos del 70 por ciento.

Las ONG locales, sin embargo, están limitadas por las mismas divisiones políticas que plagan el sistema político del país. La mayoría no tiene alcance nacional y está restringida a redes regionales. MonaRelief, por ejemplo, está restringida en su actividad a las gobernaciones de Sanaa, Hodeidah y Dhamar, y no funciona en el sur. Yemen Aid, por otro lado, realiza gran parte de su programa en Adén. La excepción puede ser Itar for Social Development, dirigida por Wameedh Shakir, que opera como un consorcio de la sociedad civil para ONG yemeníes locales y organizaciones humanitarias con programación activa en las regiones del norte, sur y este de Hadramawt. 

Las organizaciones de la sociedad civil locales están sujetas a una amplia gama de desafíos de seguridad impuestos por los hutíes y otros grupos armados regionales, lo que limita su capacidad para operar fuera de ciertas zonas o para escalar a nivel nacional. Los dirigentes de la sociedad civil tampoco pueden viajar libremente dentro del país o internacionalmente. Esto se debe a que el aeropuerto de Sanaa permanece cerrado al tráfico civil, dejando solo los aeropuertos remotos de Seyoun y Aden como opciones de vuelo.

Incluso la mera transferencia de fondos de donantes presenta un serio desafío para las ONG locales. Los bancos bajo control hutí con sede en Sanaa ejercen un monopolio sobre las transacciones monetarias extranjeras y extraen porcentajes de las mismas. Este método de ayuda y entrega de efectivo beneficia inadvertidamente a la élite política enquistada a expensas de quienes más sufren por la crisis humanitaria. 

La descentralización de la gestión de la ayuda puede limitar el alcance del control hutí o la capacidad de un solo grupo militante para monopolizar la entrega de ayuda humanitaria. No obstante, sigue existiendo el riesgo de corrupción y mala gestión incluso a nivel local. Sin una rendición de cuentas continua, los donantes extranjeros individuales solo habrán logrado dispersar la búsqueda de rentas centralizada entre actores regionales. (13) 

La ayuda extranjera financia programas pero no la creación de capacidades, y al mismo tiempo requiere complicados informes financieros y de subvenciones. Aparte de Itar, no existe una coordinación de la sociedad civil yemení que posibilite la rendición de cuentas y la cooperación interregional. Sin embargo, extender un grado mayor de agencia a los yemeníes —en la asignación de asistencia extranjera y la ayuda humanitaria de origen local cuando sea posible— ofrece una manera de abordar la dependencia creciente de los donantes y el ciclo de ayuda. Al mismo tiempo, esto evitaría los costos generales de un mayor protagonismo de la ayuda internacional.

En general, 2020 presentó una triple amenaza para la estabilidad económica de Yemen. Primero, las remesas de trabajadores enviadas por trabajadores migrantes yemeníes en los países del Golfo cayeron debido a que la caída del precio del petróleo cerró los campos petroleros. En segundo lugar, las restricciones por el COVID-19 impidieron la actividad económica nacional. Por último, el nivel de ayuda exterior descendió en detrimento de los yemeníes. 

Las donaciones tras el Evento de Alto Nivel sobre Promesas de Contribuciones —organizado de forma virtual por Arabia Saudita en junio de 2020— llegaron a 1.35 mil millones USD, muy por debajo de los 2.4 mil millones USD solicitados por las Naciones Unidas. Dentro de ese compromiso, los fondos fueron desviados de la asistencia humanitaria regular para ser enfocados hacia la respuesta relacionada al COVID-19, según las prioridades de los donantes internacionales. Estados Unidos, por ejemplo, redujo su aporte total al PMA de 920 millones USD en 2019 a 225 millones USD en 2020, asignándole todo al sur y limitando el apoyo de ayuda a los territorios controlados por los hutíes en el norte.

El desplazamiento de la ayuda de la atención médica preventiva a la respuesta a la pandemia y a los equipos de protección personal puede contribuir a un aumento de la mortalidad. Este escenario podría darse como resultado de  enfermedades no relacionadas con el coronavirus combinadas con la malnutrición, al tiempo que profundiza la pobreza del país y la consiguiente dependencia de la ayuda exterior. Al mismo tiempo, profundiza la pobreza del país y la consiguiente dependencia de la ayuda extranjera. Sin una estrategia de salida clara que transfiera la responsabilidad a socios locales, los programas de ayuda humanitaria en Yemen se enfrentan a la difícil decisión de permanecer indefinidamente o retirarse prematuramente, dejando así caos y dependencia a su paso.

[Se prohíbe expresamente la reproducción total o parcial, por cualquier medio, del contenido de esta web sin autorización expresa y por escrito de El Intérprete Digital]

Asher Orkaby es Doctor en Historia Internacional y Estudios del Medio Oriente por la Universidad de Harvard e investigador asociado en el Instituto Transregional de la Universidad de Princeton. Es autor de Beyond the Arab Cold War: The International History of the Yemen Civil War, 1962-68 (Oxford University Press, 2017). También colabora con medios de comunicación y revistas especializadas como Foreign Affairs, The National Interest, CSPAN, CGTN, Waqt News y Al-Hurra.

N.d.T.: El artículo original fue publicado por MERIP el 26 de mayo de 2021.

Referencias

(1) Neil Narang, “Assisting Uncertainty: How Humanitarian Aid Can Inadvertently Prolong Civil War,” International Studies Quarterly 59/1 (2015).

(2) Michael Barnett, Empire of Humanity: A History of Humanitarianism (Ithaca: Cornell University Press, 2011) p. 42–43.

(3) Raiman al-Hamdani and Helen Lackner, “Talking to the Houthis: How Europeans Can Promote Peace in Yemen,” European Council on Foreign Relations (October 2020).

(4) A/74/6 (Sect. 3)/Add. 1, UN General Assembly (June 2019).

(5) Fiona Terry, Condemned to Repeat?: The Paradox of Humanitarian Action (Ithaca: Cornell University Press, 2002) p. 15–16.

(6) Asher Orkaby, Beyond the Arab Cold War: The International History of the Yemen Civil War, 1962-68 (New York: Oxford University Press, 2017).

(7) Sheila Carapico and Richard N. Tutwiler, Yemeni Agriculture and Economic Change: Case Studies of Two Highland Regions (Sanʾa: American Institute for Yemeni Studies, 1981).

(8) Sharmila Devi, “Fears of ‘Highly Catastrophic’ COVID-19 Spread in Yemen,” The Lancet (British edition) 395/10238 (2020).

(9) A. A. Al-Waleedi et al., “The First 2 Months of the SARS-CoV-2 Epidemic in Yemen: Analysis of the Surveillance Data,” PLoS One 15/10 (2020).

(10) Sameh Al-Awlaqi et al., “COVID-19 in Conflict: The Devastating Impact of Withdrawing Humanitarian Support on Universal Health Coverage in Yemen,” Public Health in Practice 1 (November 2020).

(11) Hameed Alqatabry and Charity Butcher, “Humanitarian Aid in Yemen: Collaboration or Co-Optation?,” Journal of Peacebuilding & Development 15/2 (2020).

(12) Ann Marie Kimball and Aisha Jumaan, “Yemen: The Challenge of Delivering Aid in an Active Conflict Zone,” Global Security 5/1 (2020).

(13) Tim Eaton, et. al., “Conflicts Economies in the Middle East and North Africa,” Chatham House (2019).