Por Ruba Ali Al Hassani para The Tahrir Institute For Middle East Policy
Desde 2019, el movimiento de protesta de Irak, denominado Thawrat Tishreen (Revolución de Octubre) puso de manifiesto hasta qué punto los actores estatales y no estatales están dispuestos a silenciar la disidencia y la libertad de expresión. Los activistas y manifestantes iraquíes fueron objeto de campañas de incitación al odio perversas y persistentes, tanto en línea como por fuera, cuyo objetivo es desacreditar al movimiento y a ellos. Las milicias y los medios de comunicación afiliados a Irán utilizan el término ‘bromistas’ como una etiqueta para deslegitimar a los activistas y manifestantes, acusándolos falsamente de ser agentes extranjeros empeñados en la destrucción. Cuando el movimiento de protesta ganó un amplio apoyo a pesar de estos esfuerzos por silenciarlo, el entonces gobierno de Adel Abdul Mahdi impuso una serie de apagones de internet para impedir la cobertura en línea. Sin embargo, los activistas persistieron. En todo momento, la vigilancia de las voces y los cuerpos iraquíes se convirtió en una forma de gobernar mediante la supresión tanto legislativa como física.
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Represión física
Irak fue testigo de protestas de forma anual durante más de una década, las protestas que estallaron en todo el país a principios de octubre de 2019 fueron las más expansivas y obtuvieron un amplio apoyo de los gremios profesionales, los sindicatos académicos y los organismos estudiantiles. Si bien las protestas estallaron inicialmente en el centro y el sur del país, de mayoría chiíta —donde los manifestantes están más organizados y experimentados—, fueron seguidas por movilizaciones en la región kurda y en las gobernaciones de mayoría sunita, donde las fuerzas de seguridad locales arrestaron rápidamente a los activistas. Miles de manifestantes llenaron las plazas públicas y bloquearon las carreteras en sus ciudades para protestar pacíficamente. En los meses siguientes, la violencia contra los manifestantes y los periodistas que cubrían las movilizaciones fue una práctica común. Además de munición real y balas de goma, las fuerzas estatales dispararon botes de gas lacrimógeno directamente contra los manifestantes, matando a muchos de ellos. En internet circularon horribles videos de manifestantes muertos por el impacto de granadas de gas lacrimógeno impregnados en sus cráneos. Entre los muertos se encontraba el destacado activista de Bagdad, Safaa Al Sarray. En cuestión de meses, las fuerzas de seguridad del Estado — principalmente la policía antidisturbios— y los francotiradores paramilitares mataron a más de 700 manifestantes e hirieron a más de 20.000, dejando discapacitados a decenas. Las cifras aumentan desde entonces, y hasta marzo de 2021, se informó que 1.035 manifestantes murieron y 26.300 resultaron heridos. Mientras tanto, en la región kurda de Irak, las fuerzas de seguridad kurdas mataron al menos a seis manifestantes y arrestaron a 400 en diciembre de 2020.
Mientras las fuerzas estatales y no estatales siguen atacando a los manifestantes con una violencia sistémica y mortal, las desapariciones forzadas —una táctica de larga data— también se convirtió en un arma. Según la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, desde 2003 desaparecieron forzosamente entre 250.000 y un millón de iraquíes. Entre los secuestros más notables se encuentra el de 150 académicos y funcionarios del Ministerio de Educación Superior en noviembre de 2006. Acorralados por hombres armados y cargados en camiones, la mayoría no se volvió a ver desde entonces. Las desapariciones forzadas fueron utilizadas como armas por Al Qaeda, el Ejército de Irak y el Levante (EIIL) y otros grupos militantes para silenciar a los críticos, disidentes y otros ciudadanos por sus identidades etno-confesionales. Los últimos gobiernos están haciendo lo mismo. A pesar de los llamamientos de organizaciones de derechos humanos sobre este tema, no hubo avances. La Alta Comisión de Derechos Humanos de Irak cita alrededor de 7.663 desapariciones forzadas solo en los últimos tres años. Las desapariciones forzadas se convirtieron en el arma preferida por las milicias y las instituciones estatales para silenciar a los manifestantes y activistas desde octubre de 2019. En los últimos meses, muchos desaparecieron, probablemente en cárceles secretas. Entre las desapariciones más notables se encuentran las de Sajjad Al Iraqi, Abdul Masih Romeo Sarkees y Ali Jaseb Hattab. El posterior asesinato del padre de Hattab, que se hizo oír en su búsqueda, envió un mensaje rotundo y aterrador para silenciar a todas las familias de los desaparecidos.
Los asesinatos de activistas y críticos abiertos aumentaron desde que comenzó el movimiento de protesta. En 2020, una serie de asesinatos se cobraron la vida de los activistas Reham Yaqoub y Tahseen Osama, así como la de los periodistas Ahmed Abdul Samad y Safaa Ghali en Basora, el activista Anwar Mhawwas y el abogado Ali al Hamami en Nasiriyah, el profesor universitario Ahmed Al Sharifi y el activista Amjad Al Duhamat en Amarah, el investigador Husham Al Hashimi en Bagdad y el activista Hawrê Kurdî en Erbil, entre muchos otros. De manera similar, muchos de los desaparecidos por la fuerza incluyen académicos, periodistas y abogados. El secuestro masivo de 150 académicos y miembros del personal, años atrás, fue un caso que obligó al Ministro de Educación a cerrar las universidades y colegios de la época. A su vez, el Colegio de Abogados de Irak enumeró a 194 de sus miembros como asesinados o muertos en ataques terroristas desde 2003, 60 de los cuales no tienen la causa ni el año de la muerte en la lista, lo que aumenta la posibilidad de que algunos hayan sido desaparecidos por la fuerza. Además de académicos y abogados, el Comité para la Protección de los Periodistas informó que al menos cuatro periodistas fueron asesinados en Irak durante los últimos dos años y más de cuatro fueron encarcelados, mientras que nueve están desaparecidos desde 2014. Estas estadísticas —junto con el cierre de emisoras y oficinas de medios de comunicación en la región kurda y en el resto de Irak para silenciar la cobertura de las protestas— reflejan una sombría realidad de represión patrocinada por el Estado.
Represión institucional
Las instituciones académicas iraquíes, que en su día fueron un pilar regional en la producción literaria y en la investigación científica, se fueron desmoronando desde la última etapa del régimen de Saddam Hussein y se enfrentan a una amenaza mayor en la actualidad. Los conflictos, los asesinatos, las desapariciones forzadas y la libertad de expresión suprimida, debilitaron los centros de educación superior, desfinanciaron las instalaciones de investigación y silenciaron a los académicos que los dirigen. Ni la infraestructura —destruida durante décadas de sanciones, guerra y terrorismo— está intacta, ni la corrupción gubernamental e institucional permite la restauración del sistema educativo.
En octubre de 2020, el Parlamento iraquí aprobó la Ley de Acreditación de la Educación Superior, que el Presidente ratificó dos meses después. Esta ley fue recibida con gran indignación, especialmente por parte de los académicos tanto en Irak como en la diáspora. La Asociación de Académicos Iraquíes en el Reino Unido la llamó “explícitamente político y un peligro para el futuro de la educación superior en Irak”. La ley adolece de una serie de problemas graves. Primero, no fue presentada al gabinete iraquí antes de la votación del Parlamento, lo que violó el protocolo. En segundo lugar, contradice leyes existentes, como la Ley 40 (1988), que delega todos los asuntos relacionados con la acreditación universitaria y de títulos a los expertos del Ministerio de Educación Superior. En tercer lugar, muchos parlamentarios carecen de los conocimientos y la experiencia necesarios para tomar decisiones relacionadas con la educación superior. Con el fraude de diplomas común entre los diputados, sin mencionar la lealtad ciega a la política de partidos, poner la acreditación de títulos en sus manos significa politizar y degradar la calidad de la educación superior en Irak. También representa despojar a los académicos de su condición de expertos en educación superior y tiene fuertes implicancias negativas para la libertad de expresión, incluso para los estudiantes.
Un mes después de la legislación de la Ley de Acreditación de la Educación Superior, el Parlamento propuso el Proyecto de Ley de Lucha contra los Delitos Cibernéticos. Este proyecto de ley se remonta a 2011, cuando estalló una ola anterior de protestas en todo el país. En ese momento, el gabinete de Irak propuso un “Proyecto de ley sobre delitos de tecnología de la información” al Parlamento. Human Rights Watch advirtió que lo más probable era que se utilice para restringir la libertad de expresión, en violación del derecho internacional y que suponga una grave amenaza para los periodistas, denunciantes y activistas pacíficos. El proyecto de ley no fue aprobado, pero el Parlamento iraquí lo reintrodujo en noviembre de 2019, después de que estallaron las protestas de octubre, esta vez refiriéndose a él como el “Proyecto de ley de lucha contra los delitos cibernéticos”. No se votó en 2019, pero se reintrodujo una vez más con el mismo nombre en noviembre de 2020.
Este proyecto de ley puede entenderse claramente como un esfuerzo institucional y una amenaza para silenciar la disidencia, restringir la libertad de expresión y castigar severamente cualquier crítica expresada en línea. Esto tiene el potencial de impactar no solo en el activismo y el periodismo, sino también en la academia en Irak. Human Rights Watch, MENA Rights Group y el Institute for War and Peace Reporting, informaron y expresaron gran indignación por el último proyecto de ley que tiene como objetivo controlar las narrativas públicas. Por lo tanto, el Parlamento volvió a redactar el proyecto de ley y propuso enmiendas que abordan de manera insuficiente las restricciones a la libertad de expresión. Al igual que sus predecesores, este borrador utiliza un lenguaje ambiguo, dejando los asuntos abiertos a la interpretación y varias lagunas legales que pueden manipularse fácilmente para silenciar la disidencia en línea, la denuncia de irregularidades, el periodismo y la crítica básica. El proyecto de ley tampoco hace referencia alguna a la incitación al odio y a las amenazas de muerte en internet, dos cuestiones que se intensifican y que pretenden reprimir la libertad de expresión. El proyecto de ley se enfoca efectivamente en vigilar y criminalizar el comportamiento en línea, en lugar de proteger las libertades civiles y la libertad de expresión. Aunque el Parlamento suspendió el proyecto de ley de Lucha Contra los Ciberdelitos para volver a redactarlo, los constantes intentos de legislarlo a lo largo de los años —especialmente en torno a las oleadas de protestas— demuestran un esfuerzo persistente y sistemático por silenciar a la disidencia, restringir la libertad de expresión y castigar severamente cualquier crítica expresada en línea. Además, los investigadores y los defensores de los derechos humanos informaron que los diputados les remitieron a varios borradores de trabajo, al tiempo que afirmaron que cada uno de ellos es la versión definitiva, lo que es una muestra de la falta de transparencia cuando se trata de un proceso legislativo polémico que pretende confundir a periodistas y observadores.
El proyecto de Ley de Libertad de Reunión y Manifestaciones Pacíficas representa otro intento del Parlamento de aprobar una legislación orientada a reprimir la libertad de expresión. Aunque el proyecto de ley se propuso por primera vez en 2016, se dejó de lado y se reintrodujo en 2019, sólo para pasar por el mismo proceso y ser reintroducido una vez más en marzo de 2021. Esta vez, el Comité Parlamentario de Derechos Humanos propuso enmiendas a las versiones anteriores, que habían recibido amplias críticas de organizaciones iraquíes e internacionales de derechos humanos. De acuerdo con borradores anteriores que prohibían la celebración de reuniones pacíficas no autorizadas en espacios públicos, el último borrador del proyecto de ley establece un sistema basado en notificaciones para organizar protestas, dejando la autorización de las mismas en manos de un gobierno corrupto con un historial de violencia contra las movilizaciones. También, contiene artículos que sancionan a los organizadores de reuniones no autorizadas o de manifestaciones pacíficas con multas y con penas de prisión de hasta un año. Además, el autoriza el uso de la fuerza “si la asamblea o manifestación pública se organizó en contra de lo establecido por la ley”. Si bien el gobierno ejerció la violencia contra las protestas sin una ley que lo justifique, esta ley abriría la puerta para que los actores estatales y no estatales sancionen legalmente esa justificación. Las leyes que penalizan las reuniones pacíficas y sancionan el uso de la violencia para dispersarlas, sólo permiten la continuación de las violaciones de derechos humanos antes mencionadas. Es más, el proyecto de ley prohíbe el uso de mascarillas o cualquier otro elemento que pueda utilizarse para ocultar rasgos faciales. Con las amenazas de muerte, los asesinatos y las detenciones habituales, los activistas y manifestantes iraquíes tienen buenas razones para garantizar su propia seguridad recurriendo al anonimato durante las manifestaciones. Como varias organizaciones de derechos humanos expresaron abiertamente, el proyecto de Ley de Libertad de Reunión y Manifestaciones Pacíficas tiene como objetivo suprimir la libertad de expresión en Irak y viola las normas internacionales.
Esta supresión de las voces disidentes, también es practicada comúnmente por el gobierno local y los paramilitares en la región kurda semiautónoma contra manifestantes, periodistas, maestros y activistas, incluidos niños. Además, en febrero de 2021, un tribunal kurdo condenó a dos activistas y tres periodistas a seis años de prisión por organizar y cubrir “protestas no autorizadas” y documentar violaciones de derechos humanos. El tribunal también ignoró el testimonio del periodista Sherwan Amin Sherwani, acusado en el juicio, sobre su tortura en prisión. Desde entonces, el Tribunal de Casación de la región kurda confirmó la pena de prisión.
En otro movimiento peligroso que amenaza aún más la libertad de expresión y los derechos humanos, el Primer Ministro del gobierno regional kurdo, Masrour Barzani, acusó sin fundamento a los periodistas y activistas arrestados de espionaje. Si bien los funcionarios difaman a activistas, manifestantes, periodistas y académicos —a menudo en un esfuerzo por deslegitimar su trabajo— también iniciaron demandas por difamación en su contra. El proceso legal en sí, con los costos de los honorarios legales para los acusados, existe como una forma de intimidación y castigo.
Otro método de intimidación fue la circulación de una lista de activistas, periodistas y académicos acusados penalmente en virtud de la Ley Antiterrorista por su movilización de protestas, un cargo que podría conllevar la pena de muerte. Algunos de estos acusados fueron arrestados pero luego liberados debido al trabajo organizado de los abogados, que también han sido objeto de ataques durante mucho tiempo por su trabajo. Tales esfuerzos para legitimar la supresión de la libertad de expresión no son nuevos, pero indican un problema sistémico constante en todo Irak, incluida la región kurda.
Conclusión
Al vigilar todas las plataformas donde los ciudadanos pueden practicar la libertad de expresión —protestas callejeras, universidades, la prensa y el ciberespacio—, la élite política de Irak continúa enviando un mensaje claro. Al silenciar a activistas, periodistas, académicos y el discurso público en línea, la élite política y los afiliados a las milicias pretenden dominar y remodelar las narrativas públicas. El pensamiento crítico, la difusión de conocimientos y la libertad de expresión están en peligro. Si bien el Primer Ministro Mustafa Al Kadhimi pidió un diálogo nacional inmediatamente después de la visita del Papa Francisco a Irak, y fijo el 10 de octubre como fecha para las próximas elecciones nacionales, debe demostrar su compromiso. Para que tenga lugar el diálogo, es necesario crear mecanismos de justicia de transición restaurativa basados en la rendición de cuentas y la inclusión. Ninguna elección puede tener lugar sin rendición de cuentas o sin un entorno seguro para un discurso público saludable y libre.
En este esfuerzo, la Ley de Acreditación de la Educación Superior debe enmendarse o derogarse mediante una nueva legislación. Además, tanto el proyecto de ley de lucha contra el delito cibernético como el de libertad de reunión y manifestaciones pacíficas deberían volver a redactarse para proteger los derechos y libertades constitucionales. Irak debe acatar las normas internacionales de las que es signatario, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que sostiene que las formas pacíficas de protesta y expresión deben protegerse del uso excesivo de la fuerza, sanciones indebidas o acusaciones penales. Irak también debe acatar la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas del que es signatario, y debe buscar la liberación inmediata de todos los activistas y manifestantes detenidos, así como legislar protecciones contra futuras desapariciones forzadas. Se deben aprobar más leyes para crear un entorno seguro para la libertad de expresión, sin el cual Irak —incluida la región kurda— se encamina hacia un futuro oscuro y aterrador.
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Ruba Ali Al Hassani es ex becaria no residente de TIMEP y socióloga jurídica. En TIMEP, su investigación se centró en la justicia transicional en Irak y el contexto más amplio en el país.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por TIMEP el 17 de mayo de 2021.
