Por Intissar Fakir para Middle East Institute
El Presidente tunecino, Kais Saied, anunció el 25 de julio, medidas que lanzaron a Túnez a una incertidumbre aún mayor. Destituyó al asediado Primer Ministro y suspendió el Poder Legislativo. Desde entonces, el debate sobre si sus acciones constituyen o no un golpe de Estado acapararon la atención de los tunecinos y de los observadores internacionales. Aunque la calificación de golpe de Estado tiene importancia jurídica en Washington, debido a la legislación que restringe la ayuda estadounidense a los gobiernos que llegan al poder mediante un golpe de Estado o un decreto militar, las acciones de Saied pueden encajar o no en esta descripción, y tampoco se parecen a otros casos en los que el gobierno estadounidense aplicó esta restricción. Las políticas de ayuda de la Unión Europea también podrían verse afectadas por una evaluación de si dichas acciones amenazan la democracia, aunque esto podría tardar en desarrollarse. Pero el debate sobre la determinación de lo que hizo Saied, aunque es importante por las implicancias legales y políticas, oscurece la forma en que sus acciones son, en sí mismas, una indicación de cómo la democracia del país no está funcionando para la sociedad tunecina. Y es poco probable que lo que hizo Saied, a corto plazo, dé los resultados que Túnez necesita.
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El debate sobre la designación de un golpe de Estado se refiere a dos preocupaciones paralelas. Desde la perspectiva de Washington, la preocupación por un golpe se deriva del deseo de salvaguardar la democracia de Túnez. Dentro del país, el núcleo del debate es el afán por arreglar lo que salió mal y conceptualizar un nuevo camino hacia el futuro. La dura realidad es que, a pesar de todos los sacrificios que los tunecinos creen haber hecho, a pesar de su sostenida dedicación a los ideales y principios de la democracia, incluyendo una constitución progresista, elecciones libres y justas, y una prensa notablemente libre, la democracia no dio resultados. La mayoría de los tunecinos miran a su país y ven una clase política corrupta e ineficaz y una economía sin esperanza, con la pandemia que causa un sufrimiento sin precedentes desde la revolución de 2011.
Para los tunecinos, esta cuestión —si el país sufrió un golpe de Estado— se adentra en el espinoso tema de quién puede hablar en nombre del pueblo y hasta qué punto las entidades internacionales deben influir en sus asuntos internos. Los comentaristas tunecinos evocaron el sentimiento anticolonial y condenaron el neoimperialismo. Muchos tunecinos consideraron que la conversación inicial estaba dominada por voces occidentales y se sintieron molestos ya que consideraron que los comentaristas de Washington no comprenden la magnitud del sufrimiento de las crisis. Por otro lado, les indignó la afirmación de que la democracia tunecina no sería protegida con convicción. Túnez fue apoyado por Occidente, y las perspectivas occidentales tienen un valor añadido. Está justificado que Washington se interese por la evolución del país, dado el nivel de ayuda prestado a innumerables sectores. Ciertamente, los actores y los comentaristas tienen un deber de cuidado, pero lo que está ocurriendo en el país exige atención y debate internacional.
Justificadas como creen algunos tunecinos, o ilegales como afirman otros, las acciones de Saied no cambian por sí mismas el hecho de que Túnez no era un Estado políticamente sano antes del 25 de julio. Los tunecinos ya habían perdido, en gran medida, la fe en todo el entramado político. Los actores políticos del país no lograron encontrar la manera de trabajar juntos desde 2019, y los intereses políticos y económicos se estaban enquistando, al mismo tiempo que la corrupción empeoraba, mientras la población luchaba contra las medidas de austeridad y el aumento del costo de vida. La pandemia agravó los problemas económicos y políticos, especialmente cuando el país necesitaba un liderazgo y una gobernanza eficaz. El partido democrático musulmán de Túnez, Ennahda, el mayor bloque del Parlamento, aún visto con recelo por sus opositores, apoyó inicialmente a Saied tras su elección, a finales de 2019. Pero desarrolló una relación de adversidad con él cuando Saied bloqueó la formación de gobiernos no tecnócratas durante más de un año, aparentemente por cuestiones de corrupción, y los gobiernos interinos respaldados por Ennahda fracasaron a la hora de afrontar la pandemia y la crisis económica.
A medida que la última oleada de contagios del COVID-19 aumentaba considerablemente, crecían los llamamientos para que Saied actuara unilateralmente ante el estancamiento político y los fallos del gobierno. Lo hizo de la misma manera populista que lo llevó al cargo en 2019. Inmediatamente después, grandes multitudes salieron a la calle en apoyo del anuncio de una toma de posesión completa, aunque temporal, del ejecutivo y de la suspensión de las funciones legislativas, lo que indica hasta qué punto la presión acumulada de años de malos resultados económicos, unida a la crisis sanitaria, creó un contexto comprensivo para la extralimitación de Saied. Sin embargo, es probable que la base de poder y el apoyo de Saied sólo sean tan fuertes como los resultados que pueda ofrecer, y no está claro que él, por sí solo, pueda aportar un alivio inmediato.
De hecho, desde el 25 de julio, Saied se centró en la cuestión de la corrupción, eliminando las inmunidades parlamentarias garantizadas por la Constitución, a raíz de un informe condenatorio publicado recientemente sobre los partidos políticos por recibir fondos extranjeros. Su campaña contra la corrupción parece ser también su respuesta a la crisis económica. Al igual que muchos en Túnez, parece creer que recuperar el dinero malversado por los funcionarios corruptos de la época de Ben Ali y crear nuevos desincentivos para la corrupción, será suficiente para impulsar el crecimiento económico. No lo harán, y esto no es una política económica eficaz. Además, no tiene un plan para hacer frente a la pandemia, aparte de entregar la responsabilidad a un ejército mal equipado. Tampoco puede presentar un plan de recuperación económica viable sin el apoyo sustancial de un amplio abanico de actores económicos y políticos, incluidos los poderosos sindicatos y la comunidad internacional, dada la extensión y la gravedad de la crisis, el estancamiento de las conversaciones con el FMI y la necesidad de nuevas aportaciones y ayudas externas. Kais Saied pronto descubrirá que el camino que eligió no es la salida.
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Intissar Fakir es investigadora principal y directora del programa de África del Norte y el Sahel del MEI. Es experta en el Norte de África, el Sahel y en cuestiones temáticas regionales clave como la gobernanza, el cambio social, la migración y la seguridad.
N.d.T: El artículo original fue publicado por Middle East Institute el 5 de agosto de 2021.
