Por Rosie McCabe para The New Arab
La familia de Leyla —se cambió su nombre para proteger su identidad— vive en el Líbano. Su padre, de unos 60 años, tiene problemas de salud preexistentes y su madre, de unos 50 años, tuvo un accidente grave recientemente. Ambos son clínicamente vulnerables. Sin embargo, le preocupa que nunca sean vacunados contra el COVID-19. Estos temores y frustraciones son compartidos por nietos e hijos preocupados en todo el país.
Pasó más de un mes desde que Líbano inició su programa de vacunación, pero la corrupción y las crisis obstaculizaron los esfuerzos para inmunizar a la población rápidamente.
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Hasta el 25 de marzo, poco menos de 988.000 personas fueron registradas en el país para ser vacunadas contra el COVID-19, según datos de IMPACT, una plataforma de gobierno electrónico que monitorea el despliegue de la vacuna en Líbano. Alrededor de 120.000 personas recibieron una dosis de la vacuna y poco menos de 32.000 recibieron dos dosis, de una población de 6,83 millones.
El lanzamiento de la vacuna se vio envuelto por un escándalo. El Banco Mundial amenazó con suspender los fondos para la recuperación post-pandemia en el Líbano tras las acusaciones de que ministros del gobierno se habían saltado la cola en el listado de vacunación. Pasaron casi cuatro semanas desde la amenaza inicial, pero no se tomó ninguna medida.
Esta indecisión envía un mensaje contundente a todo el mundo: llevar a cabo una implementación de vacunas eficaz implica decisiones difíciles y una diplomacia compleja, así como milagros médicos. Es casi imposible separar a los que deberían ser castigados de los que serán castigados obstruyendo la distribución de vacunas. En última instancia, no hay una respuesta fácil a la corrupción de las vacunas, ya sea en el Líbano o en otros lugares.
El Banco Mundial en el Líbano
El Banco Mundial asignó USD 120 millones a proyectos de salud en el Líbano, redirigiendo USD 34 millones para el lanzamiento de vacunas. Sin ello, el país no cuenta actualmente con los recursos necesarios para abordar eficazmente la pandemia. Según un informe de la ONU de agosto de 2020 , más de la mitad de la población del Líbano vive en la pobreza.
El año pasado, la libra libanesa perdió el 80% de su valor y muchos ciudadanos no pudieron acceder a sus cuentas bancarias. A principios de 2021, el país experimentó un aumento en los casos de coronavirus. El 16 de enero llegó a su punto máximo, con 5.870 nuevos casos notificados y los hospitales se vieron abrumados por el aumento de la demanda de atención médica urgente.
A fines de febrero, se supo que los ministros del gobierno estaban siendo vacunados en el parlamento antes que los trabajadores esenciales y las personas mayores de 75 años. La población libanesa acudió indignada a las redes sociales . El director regional del Banco Mundial en el Medio Oriente, Saroj Kumar Jha, dijo: “Lo registraríamos [como] un incumplimiento de los términos y condiciones con nosotros para una vacunación justa y equitativa”.
Una periodista de Beirut dijo a The New Arab que la gente ‘enloqueció’ después del tuit. Consideró que la respuesta de Jha fue una ‘reacción inmediata’ y no estaba segura de la posición oficial del Banco Mundial.
Después de rechazar una entrevista, el Banco Mundial confirmó por medio de un comunicado enviado el 25 de febrero a The New Arab que: “si fuera necesario (…) suspenderían el financiamiento para las vacunas y la respuesta al COVID-19 en todo Líbano, luego de los informes de violaciones del Plan Nacional de Despliegue y Vacunación”.
Desde entonces, no se tomó ninguna decisión sobre la posibilidad de suspender el inicio de la vacunación. El 14 de marzo, un funcionario de comunicaciones del Banco Mundial dijo a The New Arab que aún se estaba decidiendo su veredicto, a lo que comentó que se trataba de ‘una discusión en vivo’.
Al respecto, Leyla dijo: “No me sorprende el escándalo. Ellos —los ministros de gobierno— sólo se preocupan por sí mismos”.
Qué pasó desde entonces
Durante el último mes, los políticos libaneses ridiculizaron y respondieron racionalmente por igual a las acusaciones de corrupción en la aplicación de vacunas en el país.
El 12 de marzo, los legisladores dijeron que recibirían sus vacunas contra el COVID-19 en el hospital como cualquier otra persona. El vicepresidente del Parlamento, Elie Ferzli, que estaba entre los vacunados, dijo a la Thomson Reuters Foundation que él y otros funcionarios no recibirían su segunda dosis dentro de la sede del Poder Legislativo.
Sin embargo, la diputada Yassine Jaber fue citada por el Financial Times preguntándose por qué había tanto alboroto. Argumentó que los legisladores eran trabajadores de primera línea y su vacunación estaba justificada.
Un artículo de Reuters cita el caso de Joseph Al Hajj, un músico de 80 años que demandó al Ministerio de Salud por su derecho a ser vacunado. La columna señala que “por ahora su espera continúa”.
Un miembro del personal de IMPACT insistió a The New Arab que el gobierno cumplió con las regulaciones del Banco Mundial. Cuando se les pidió evidencia de esto, señalaron su página de Datos Abiertos. No respondieron a los pedidos de mayor claridad.
La periodista beirutí antes citada dijo: “No sé. No hay ninguna evidencia directa que diga si están cumpliendo porque siempre se habla de políticos que benefician a sus propias familias o a quienes trabajan para ellos, dándoles la vacuna por fuera del listado nacional”.
Más allá de las fronteras libanesas
Líbano no es el único país donde ministros del gobierno se saltearon el listado para recibir las vacunas COVID-19. En reportajes sobre Argentina, España y Perú también se acusó a funcionarios públicos de recibir vacunas en secreto antes de tiempo. Sin embargo, lo que hace diferente al escándalo de las vacunas en Líbano es la dependencia del país de los fondos internacionales y la posición sin resquemores de los ministros.
Aya Majzoub, de Human Rights Watch, dijo que: “Las implicaciones de la decisión del Banco Mundial se extienden más allá de las fronteras del Líbano. Lo que suceda allí determinará lo que harán otros países con el financiamiento que reciben”.
El generoso paquete de apoyo que recibió Líbano es uno de varios planes financiados por el Banco Mundial para luchar contra el COVID-19 en países menos desarrollados. Cabo Verde, Mongolia y Tayikistán también recibirán grandes sumas de dinero. Al tomar medidas drásticas contra los funcionarios libaneses, el Banco Mundial está tratando de disuadir cualquier caso de corrupción en la gestión de las vacunas lo antes posible.
Sin embargo, su indecisión durante el último mes muestra la dificultad de poner en práctica un congelamiento financiero, que afectará de peor manera a los sectores más vulnerables del país. En lugar de ello, se creó un vacío apto para que se extienda la ambigüedad.
Aya cree que el Banco Mundial se encuentra en una posición poco envidiable. Dijo que de no cumplir, esto enviaría el mensaje de que los políticos libaneses pueden hacer lo que quieran. De lo contrario, ella explicó que si se recortan los fondos, las empresas privadas encabezarán la distribución de la vacuna. De ese modo, solo las personas con dinero o conexiones podrían vacunarse.
Karam Karam, profesor clínico de medicina en la Universidad Americana de Beirut y exministro de salud libanés, dijo que: “Cuando no hay equidad, y la gente ve que los políticos están recibiendo las vacunas (…) esto disminuye la fe en el gobierno y en cualquiera de los pasos que este tome. Lo que sucedió últimamente es en verdad un retroceso”.
Karam consideró que las acciones del Banco Mundial eran algo bueno pero una ‘amenaza vacía’. Opinó que los ministros de gobierno actuaron de manera criminal y lamentó que su tierra natal sea hoy “un Estado fallido, arruinado por una junta de personas corrupta”.
Sin embargo, a diferencia de Aya, afirmó que permitir que el sector privado importe la vacuna es una solución necesaria. Según Beirut.com, hasta ahora se otorgaron permisos a 25 empresas privadas para permitirles importar vacunas a Líbano. Karam dijo que: “Si continuamos a este ritmo —sin ayuda privada—, para vacunar al 80% de la población, será necesario todo el 2021, y posiblemente el 2022”.
Leyla cree que la única forma de hacer que los ministros rindan cuentas y asegurar el futuro de la distribución de la vacuna en el Líbano es por medio de la presión internacional. Dijo que de lo contrario los políticos harán lo que sea necesario para salvarse. Ella concluyó: “Tengo miedo que este escándalo se siga repitiendo”.
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Rosie McCabe es una periodista residente en Londres. Está estudiando periodismo en la City, University of London con especialización en reportajes humanitarios. Colabora escribiendo como columnista en The New Arab, The Guardian, Children and Young People Now, entre otras publicaciones en línea.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por The New Arab el 25 de marzo de 2021.
