Por Suhail Al Ghazi y Noor Hamadeh para The Tahrir Institute for Middle East Policy
El conflicto en Siria dio lugar a masivos desplazamientos en todo el país, lo que provocó enormes abusos contra los derechos a la vivienda, la tierra y la propiedad (HLP, por su sigla en inglés). Además, con los diversos actores que controlan las diferentes partes de Siria, los derechos de HLP de los civiles se ven afectados de distintas formas. TIMEP está produciendo una serie de explicaciones sobre las violaciones de los derechos de HLP en el contexto sirio. En cuanto a las áreas controladas por el gobierno, esta primera pieza explora los diversos medios a través de los cuales el gobierno sirio está violando sistemáticamente los derechos de HLP, incluida la confiscación, destrucción y la incautación de propiedades, la venta forzosa de las mismas y la violación del derecho de los sirios a acceder y disfrutar de sus propiedades. Al hacerlo, este artículo también demuestra cómo el gobierno está utilizando las violaciones del HLP como método de castigo contra los civiles — especialmente aquellos percibidos como opositores — y como una herramienta para consolidar su poder y control.
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Los derechos a la vivienda, tierra y propiedad según el derecho internacional
Los derechos HLP son un conjunto de derechos articulados en el derecho internacional a través de una serie de tratados y convenciones internacionales. Cada uno articula un conjunto distinto de derechos. El derecho a la vivienda garantiza el acceso para ‘obtener y ocupar un hogar seguro’. El derecho a la tierra se refiere al acceso sobre tierras que se reconocen legal y socialmente. Por último, el derecho de propiedad incluye el derecho a poseer propiedad, a su uso y disfrute pleno. El derecho internacional, también articula protecciones adicionales para los derechos HLP de las personas desplazadas. Los Principios de la ONU sobre Vivienda y Restitución de Bienes para Refugiados y Personas Desplazadas, o los Principios Pinheiro, incluyen derechos como el de la restitución de la propiedad, la protección contra el desplazamiento, así como el de las personas desplazadas a “regresar voluntariamente a sus antiguos hogares” de residencia habitual.
Historia de las violaciones de los derechos de HLP en Siria
Las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen sirio comenzaron mucho antes de 2011. A mediados de la década de 1970, el régimen trasladó a miles de habitantes — todos árabes sunitas — de la región de Tabqa, en la gobernación de Raqqa, a Hasakah y Qamishli en el noreste de Siria. Esta transferencia se produjo después de la construcción de la presa del Éufrates, en el noroeste de la ciudad de Raqqa, que llevó a la creación del lago Asad, el depósito de agua más grande de Siria. En 1974, el lago inundó los pueblos cercanos y las granjas de los residentes locales. La mayoría de los residentes eran de la tribu al Walde, una tribu árabe sunita que residía en tierras alrededor del río Éufrates, en la provincia de Raqqa, y perdió la mayor parte de sus tierras a causa de las inundaciones de 1974. Los lugareños no recibieron compensación financiera ni vivienda adecuada como fue prometido. En su lugar, les fueron cedidas tierras que el gobierno confiscó previamente a la minoría kurda en la provincia de Al Hasakah siguiendo la recomendación de la 3ra Asamblea General Baath en 1966 que decía que “el gobierno debería reconsiderar la propiedad de las tierras ubicadas en la frontera sirio-turca, con una longitud de 350 km y una profundidad de 10-15 km, y transferirlo a la propiedad del Estado”. Los kurdos, como cualquier minoría no árabe en Siria, fueron percibidos como una amenaza. Por lo tanto, el régimen confiscó sus propiedades en sus esfuerzos por cambiar la demografía del noreste del país, una región rica en recursos, y facilitar el control total sobre la comunidad kurda. Estas violaciones de los derechos del HLP, también continuaron después de la masacre de Hama de 1982, cuando el régimen arrasó barrios enteros — como al Kilanye, al Zanbaqi y al Shamalye — en el centro de la ciudad. Luego de reconquistar la ciudad de manos de Hermandad Musulmana, que se apoderaron brevemente de la misma en una rebelión armada, el régimen comenzó a demoler lo que quedaba de los barrios sin brindar vivienda alternativa a cientos de familias que ya habían perdido a sus seres queridos debido a la campaña militar del régimen que mató entre diez y cuarenta mil personas. Estos hechos demuestran que el régimen sirio utilizó durante décadas la confiscación de propiedades como método de represalia contra los civiles percibidos como una amenaza.
Proyectos urbanísticos
Desde 2011, el gobierno sirio encontró nuevas formas de violar los derechos de HLP de la población. Un método es la confiscación y destrucción de la propiedad mediante la legislación de desarrollo urbano. En 2012, el gobierno sirio promulgó el Decreto No. 66, cuyo objetivo era reconstruir los asentamientos informales en Damasco. El decreto requería que los residentes de las áreas divididas en zonas para la reconstrucción, demostraran la tenencia de sus propiedades dentro de un mes de la promulgación de la ley. En abril de 2018, el gobierno sirio promulgó la Ley No. 10, que amplió el Decreto No. 66 a toda Siria.
La ciudad de Marota es la primera región zonificada que se desarrolla en virtud del Decreto No. 66, en el barrio de Basateen al Razi en Damasco. Los ex residentes de Basateen al Razi, así como otros asentamientos informales seleccionados para la remodelación en virtud del Decreto No. 66, se encontraban entre los que se oponían al régimen de Asad en 2011. Mediante el decreto, los residentes que carecían de documentos formales de propiedad y no podían demostrar la tenencia formal de sus propiedades, se vieron obligados a abandonarlos, a menudo sin recibir una compensación adecuada o una vivienda alternativa por parte del gobierno. Como resultado, 50.000 sirios perdieron sus hogares. Muchos de los desplazados tampoco pudieron regresar a Siria para reclamar sus propiedades y, como resultado, ellos también perdieron sus viviendas debido al proyecto. Además, muchas de las empresas involucradas en la construcción de la ciudad de Marota pertenecen a élites adineradas con estrechos vínculos con el gobierno. Debido a esto y a la naturaleza de alto nivel del desarrollo, sólo las élites con vínculos estrechos con el gobierno probablemente se beneficiarán de la ciudad de Marota. Esto permite al régimen alterar la demografía de Basateen al Razi, así como de otros vecindarios afectados por el Decreto No. 66. El régimen lo está haciendo reemplazando a los residentes originales de Basateen al Razi, principalmente opositores al gobierno sirio, por la adinerada élites que conformada, principalmente, por personas leales al régimen. A través de esta ingeniería demográfica, el gobierno sirio no sólo está consolidando el poder en el centro de Damasco, sino que también está castigando a quienes se oponen al gobierno confiscando sus propiedades y violando sus derechos de vivienda y propiedad.
Otro proyecto de desarrollo en virtud del Decreto No. 66 es la ciudad de Basilia, que se ubicará en los barrios de Mezzeh, Kafr Sousa, Qanawat Basteen, Daraya y al Qadam, en el sur de Damasco. Estas propiedades informales, anteriormente pobladas principalmente por opositores al gobierno, ahora están en gran parte vacías después de que sus habitantes huyeron o fueron expulsadas por el régimen durante la guerra. La gobernación de Damasco dio a los residentes sólo 30 días después del anuncio del proyecto, el 12 de julio de 2018, para presentar objeciones. De manera similar, el vecindario de Tadamon al sur de Damasco — que anteriormente albergaba varios asentamientos informales— está siendo considerado para su desarrollo bajo la Ley No.10. El vecindario de Tadamon estuvo controlado por el Ejército Sirio Libre hasta 2015, cuando fue tomado por ISIS y finalmente capturado por las fuerzas del régimen. Sólo el 10% de las viviendas en Tadamon están formalizadas, lo que pone al otro 90% de los portadores de derechos de propiedad en riesgo de que sus viviendas sean confiscadas. Además, en junio de 2020, la gobernación de Damasco anunció un borrador inicial para renovar y reconstruir el campamento de Yarmouk en el marco de la Ley No. 10. El campamento — que fue sometido a un asedio gubernamental y a la destrucción a gran escala — es la mayor concentración de refugiados palestinos dentro de Siria, muchos de los cuales participaron en los levantamientos contra Asad. El plan divide el campamento en tres partes y deja a los residentes de Yarmouk sin viviendas alternativas.
Los proyectos de desarrollo urbano del régimen, como ilustran estos ejemplos, están conduciendo a la negación de los derechos HLP de los sirios, la confiscación de propiedades y a un mayor desplazamiento de las poblaciones sirias. Asimismo, esta forma de desarrollo urbano tiene el doble propósito de castigar a los oponentes y de consolidar el poder y la riqueza entre las élites cercanas al gobierno.
Ley antiterrorista y el tribunal antiterrorista
El gobierno también ataca las propiedades de los detenidos, de las personas desplazadas y de los activistas de derechos humanos a través de diversos medios legales, incluida la legislación antiterrorista. La Ley 19 de 2012, también conocida como Ley contra el terrorismo, define los “actos terroristas” de manera bastante amplia y se utiliza a menudo para castigar a los disidentes políticos y atacar a los activistas de derechos humanos y de la oposición. El Decreto 63 permite el congelamiento de la propiedad de toda persona que cometa delitos relacionados con la financiación o la comisión de actos terroristas.
A su vez, el gobierno utiliza el Tribunal Contra el Terrorismo (CTC, por su sigla en inglés), donde los detenidos arbitrarios o los detenidos opositores son juzgados con frecuencia, para atacar a detenidos, a activistas de derechos humanos y a personas involucradas en las protestas que se oponen al gobierno. El Decreto 63 incluso justificó la incautación cautelar de bienes de al menos 10.000 personas procesadas en la CTC, ya que permite el congelamiento de bienes de presuntos terroristas en juicio.
En un informe de la Asociación de Detenidos y Desaparecidos en la Prisión de Sednaya (ADMSP, por su sigla en inglés), que entrevistó a 400 ex detenidos de Sednaya, más de un tercio informó que les habían confiscado propiedades, incluidas sus casas, negocios y bienes no inmuebles como taxis. De los que tenían bienes incautados, el 62% afirmó que su propiedad les fue quitada sin una resolución, el 32% afirmó que fue expropiada por los tribunales y el uno por ciento declaró que fue confiscada por ley marcial. A menudo, las autoridades no informan a las personas ni a sus familias sobre el paradero de los bienes incautados o cómo recuperarlos.
Esta forma de castigo no sólo da lugar a represalias contra los detenidos, sino que también sirve como castigo colectivo contra las familias de los detenidos. Las incautaciones cautelares, también violan los derechos al debido proceso al castigar a las personas, incluso antes de que sean acusadas o condenadas por un delito.
La confiscación de bienes para uso militar y de milicias
Además de las confiscaciones de propiedad realizadas con justificación legal, el gobierno sirio también niega a los detenidos y opositores — incluidos los que se desplazaron a países vecinos — de sus derechos de propiedad, mediante la confiscación de propiedades para uso militar y vendiéndolas a miembros de la milicia iraní.
Por ejemplo, en Guta oriental, una antigua zona controlada por los rebeldes que fue objeto de un fuerte ataque por parte del gobierno sirio y estuvo sitiada durante más de cinco años, el gobierno seleccionó varias propiedades — principalmente de personas que desplazadas al norte de Siria o Turquía o quienes desertaron del Ejército — para confiscarlas. Estas propiedades se entregan a las familias de militares o se utilizan como cuarteles militares o, incluso como casas vacacionales para el personal militar y sus familias. De manera similar, en Douma, la ciudad más grande del este de Guta y el sitio donde se realizó un ataque con gas sarín perpetrado por el gobierno en 2018, el gobierno está apuntando a las propiedades de las personas desplazadas y detenidas para su incautación. Estas propiedades se están apropiando para su uso como instalaciones militares. Los sirios que intentaron recuperar sus propiedades a su regreso, se enfrentaron a amenazas de quienes ocupan sus hogares. Asegurar que las propiedades en Guta oriental y Douma se repoblen con miembros del ejército sirio y las milicias iraníes, permite al gobierno consolidar el poder en esos lugares y sirve como otro método para atacar a sus oponentes.
Venta de propiedades bajo coacción
Los agentes del gobierno sirio también actuaron como intermediarios para facilitar la venta de propiedades sirias a miembros de las milicias iraníes. La participación del gobierno sirio, y en muchos casos de la Cuarta División del Ejército, crea un ambiente de coacción. En Damasco, por ejemplo, los oficiales de la Cuarta División tienen la tarea de facilitar la venta de propiedades comerciales y residenciales a miembros de las milicias iraníes y de Hezbolá. De manera similar, en el barrio de Mezzeh en Damasco, los residentes fueron chantajeados para que vendieran sus propiedades a los iraníes. Un propietario anónimo de la tierra de Damasco informó que originalmente se había negado a vender su propiedad a los iraníes, pero bajo la presión del gobierno sirio, no tuvo más remedio que aceptar las ofertas. También hubo informes sobre la falsificación de Irán de registros de transferencia de propiedad para obtener inmuebles a través de decisiones judiciales. Además, el gobierno sirio se está aprovechando de la crisis económica para presionar a los civiles para que vendan sus viviendas a precios bajos. A medida que los productos básicos se vuelven más inaccesibles, la venta de propiedades se convierte en el último recurso para muchos sirios.
Impidiendo el acceso y el disfrute de la propiedad a los desplazados internos y otros sirios
El gobierno sirio también viola los derechos de HLP desde el inicio del conflicto, a través de una serie de medios que dificultan el acceso de los sirios a sus propiedades. A lo largo del conflicto, hubo informes de ataques aéreos dirigidos directamente a los registros civiles, lo que destruyó los documentos de propiedad y dificultó que muchas personas puedan demostrar la titularidad de sus propiedades. Esto, también hace que el registro de compras de propiedades en el futuro sea menos accesible con menos registros operativos.Por otro lado, el gobierno sirio dificulta la obtención de documentos de propiedad para los sirios en áreas controladas por la oposición al impedirles acceder a los registros civiles en línea.
Además, utiliza los puestos de control para evitar que quienes viven fuera de las áreas controladas por el gobierno, accedan a sus propiedades o documentos de propiedad. Muchos sirios en áreas fuera del control del gobierno no pudieron acceder a los registros civiles ni a sus propias propiedades porque fueron atacados o se les impidió avanzar en los puestos de control. También, hubo informes de confiscación de documentos de propiedad y otros documentos de identificación en los puestos de control, incluidas las licencias de matrimonio. La confiscación de las licencias de matrimonio pone a las mujeres en un riesgo particularmente alto de perder el acceso a sus propiedades, ya que las mismas pueden estar registradas a nombre de su esposo, y sin la documentación adecuada que demuestre el matrimonio, las mujeres no pueden demostrar su derecho a la propiedad. Los sirios que poseen inmuebles en áreas fuera del control del gobierno, tampoco pueden realizar cambios en sus registros de propiedad porque la Ley 10 de 2016 permite al gobierno considerar ciertas áreas — particularmente aquellas fuera de su control — como un “riesgo de seguridad” y, por lo tanto, evita cambios en los registros de esas áreas.
En febrero de 2021, el régimen destacó una enmienda a la Ley de servicio militar obligatorio sirio, que permite al gobierno incautar de inmediato los activos de los hombres que escaparon del servicio militar obligatorio y no pagan la tarifa. La ley permite la incautación de bienes no sólo de hombres que no hayan servido en el Ejército, sino también de cualquier miembro de la familia inmediata, incluidas sus esposas e hijos. La ley, también faculta al gobierno a confiscar y vender la propiedad de un individuo sin previo aviso. Esta enmienda crea dificultades particulares para los hombres que buscan escapar del servicio militar obligatorio que no pueden pagar la alta tarifa de $8.000, ya que pone en riesgo a sus familiares. Además, ignora los derechos básicos del debido proceso y crea mayores barreras para los sirios que buscan regresar pero temen el servicio militar obligatorio.
A su vez, el gobierno impide que los sirios disfruten de sus derechos de propiedad al exigir autorizaciones de seguridad para que los contratos de alquiler o transferencia de propiedad sean válidos. Esto requiere que aquellos interesados en participar en transacciones de propiedad tengan sus nombres en un sistema que verifica si hay “miembros de la familia sospechosos de actividades terroristas, si huyeron del país o si el solicitante se está reubicando desde un área controlada por los rebeldes”. Aunque los individuos pueden participar en acuerdos verbales sin contratos, esto los deja vulnerables y sin la gama completa de derechos de propiedad a los que de otro modo tendrían derecho. El gobierno también promulgó una serie de leyes que dificultan el acceso de refugiados y desplazados internos a sus propiedades, incluidas leyes que exigen la verificación de la propiedad de las personas que viven fuera de Siria antes de permitir procedimientos judiciales.
Conclusión
Durante todo el conflicto, el gobierno sirio violó sistemáticamente los derechos HLP, a través de varios métodos diferentes: atacando las propiedades de una amplia variedad de civiles que son percibidos como opositores, incluidos los que participan en protestas contra el régimen, los ex detenidos y sus familias, los rebeldes armados y los que se desplazaron a países vecinos. Las confiscaciones de propiedades por parte del gobierno provocaron nuevos desplazamientos de personas por todo el país. Asimismo, impide el regreso de refugiados y desplazados internos a sus hogares. Esta, no sólo es una forma de castigo de los civiles que se perciben como opositores, sino que también permite al gobierno aprovechar la propiedad confiscada para consolidar el poder y el control, y proporcionar beneficios personales a los miembros de las fuerzas militares y las milicias iraníes.
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Suhail al Ghazi es un ex becario no residente en TIMEP que se centra en Siria y la narrativa estatal. Es investigador y analista de OSIN con una amplia experiencia en la realización de investigaciones sobre Siria en una variedad de temas, desde desarrollos militares hasta problemas socioeconómicos relacionados con el conflicto sirio.
Noor Hamadeh es un ex becario no residente de TIMEP que se centra en las empresas y los derechos humanos en Siria y en toda la región. Es abogada sirio-estadounidense de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington y fue Jefa de la Unidad de Negocios y Derechos Humanos en el Programa de Desarrollo Legal de Siria.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por TIMEP el 2 de abril de 2021.
