Por Ramzy Baroud para Mondoweiss
“Un régimen de supremacía judía desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo: Esto es el apartheid”, es el título de un informe publicado el 12 de enero por el grupo de derechos israelíes B’Tselem. Independientemente de cómo se interpreten las conclusiones de B’Tselem, el informe es demoledor. La respuesta oficial israelí no hizo más que confirmar lo que la organización manifestó sin ambages.
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Los que en repetidas ocasiones afirmamos que Israel no es democrático, que está gobernado por un apartheid y que discrimina sistemáticamente a sus minorías étnicas y raciales, en favor de la mayoría judía del país, supuestamente no tenemos nada que aprender de la declaración de B’Tselem. Así pues, puede parecer que el informe, que destaca la discriminación racial en cuatro ámbitos principales —tierra, ciudadanía, libertad de circulación y participación política— se limita a reafirmar lo obvio. En realidad, fue mucho más allá.
B’Tselem es una organización de derechos humanos israelí creíble. Sin embargo, al igual que otros grupos de derechos israelíes, rara vez profundizó en el desafío de la definición básica del Estado israelí como un Estado democrático. Sí, en numerosas ocasiones acusó con razón al gobierno y al ejército Israelí por sus prácticas antidemocráticas, las violaciones de los derechos humanos, etc. Pero desmontar la propia razón de ser, la premisa básica que da a Israel la legitimidad a los ojos de sus ciudadanos judíos, y de muchos más en todo el mundo, es una historia totalmente diferente.
“B’Tselem rechaza la percepción de Israel como una democracia (dentro de la Línea Verde) que simultáneamente mantiene una ocupación militar temporal (más allá de ella)”, concluyó el grupo, basándose en que el “listón para definir el régimen israelí como un régimen de apartheid se cumplió tras considerar el cúmulo de políticas y leyes que Israel ideó para afianzar su control sobre los palestinos”.
Aclaremos lo que esto significa realmente. La principal organización de derechos humanos israelí no está argumentando que Israel se esté convirtiendo en un Estado de apartheid o que esté actuando en contra del espíritu de la democracia o que sea un régimen apartheid antidemocrático sólo dentro de los límites geográficos del territorio palestino ocupado. Nada de esto. Según B’tselem, que durante décadas documentó diligentemente numerosas facetas de las prácticas del gobierno israelí en el ámbito de la política, el ejército, la propiedad de la tierra, la distribución del agua, la sanidad, la educación y mucho más, Israel es, ahora, un régimen apartheid antidemocrático.
La evaluación de B’Tselem es muy bienvenida, no como una admisión tardía de una realidad evidente, sino como un paso importante que podría permitir a israelíes y palestinos establecer una narrativa común sobre su relación, posición política y acción colectiva para desmantelar el apartheid israelí.
En términos relativos, a los grupos israelíes que critican a su propio gobierno se les permitió históricamente un margen mucho mayor que a los grupos palestinos que hicieron lo mismo. Sin embargo, esto ya no es así.
La libertad de expresión palestina siempre estuvo muy limitada y la mera crítica a la ocupación israelí provocó medidas extremas, como palizas, detenciones e incluso asesinatos. En 2002, el Centro de Jerusalén para Asuntos Públicos, organización estrechamente vinculada al gobierno israelí, creó NGO Monitor precisamente para vigilar y controlar a las organizaciones palestinas de derechos humanos en los territorios ocupados, como Addameer, Al Mezan, al-Haq y PCHR, entre otras. La incursión del ejército israelí en las oficinas del grupo palestino de derechos humanos Addameer, con sede en Ramala, en septiembre de 2019, fue uno de los muchos ejemplos violentos de este tipo.
Sin embargo, las acciones del gobierno israelí de los últimos años apuntan a un inconfundible cambio de paradigma en el que las organizaciones de la sociedad civil israelí son percibidas cada vez más como el enemigo, atacadas de múltiples maneras, incluyendo la difamación, las restricciones financieras y el corte del acceso al público israelí.
Este último punto se puso de manifiesto el 17 de enero, cuando el Ministro de Educación israelí, Yoav Galant, tuiteó que había dado instrucciones a su ministerio para “impedir la entrada de organizaciones que llamen a Israel ‘estado de apartheid’ o degraden a los soldados israelíes, para que den conferencias en las escuelas”.
Curiosamente, Galant demostró el punto de vista de B’Tselem, en el que el grupo desafiaba la propia reivindicación de Israel sobre la democracia y la libertad de expresión, al restringir el propio derecho de los trabajadores de derechos humanos, intelectuales y educadores israelíes a expresar su disidencia y a desafiar la línea política del gobierno. En pocas palabras, la decisión de Galant es una definición funcional al totalitarismo en acción.
B’Tselem no se echó atrás. Por el contrario, el grupo expresó su determinación de “seguir con su misión de documentar la realidad” y hacer que sus “hallazgos sean conocidos públicamente por el público israelí y por todo el mundo”. Fue incluso más allá, ya que el director de B’Tselem, Hagai El Ad, se reunió con cientos de estudiantes israelíes el 18 de enero para hablar de la incoherencia entre la ocupación militar y el respeto de los derechos humanos. Tras la reunión, El Ad tuiteó: “La conferencia de @btselem tuvo lugar esta mañana. El gobierno israelí tendrá que enfrentarse a nosotros hasta que acabe el apartheid”.
El episodio de B’Tselem-Galant no es un episodio aislado, sino uno de los muchos ejemplos de este tipo que demuestran que el gobierno israelí se está convirtiendo en un Estado policial, no sólo contra los árabes palestinos, sino contra sus propios ciudadanos judíos.
De hecho, la decisión del Ministerio de Educación israelí tiene su origen en una ley anterior que se remonta a julio de 2018, que fue apodada “Ley Romper el Silencio.” Breaking the Silence es una organización de la sociedad civil israelí formada por veteranos del ejército que se hicieron oír en sus críticas a la ocupación israelí, y que se encargaron de educar a la sociedad israelí sobre la inmoralidad e ilegalidad de las prácticas militares de Israel en la Palestina ocupada. Para silenciar a los soldados, el ex Ministro de Educación israelí, Naftali Bennett, ordenó a las escuelas que prohibieran a estos objetores de conciencia acceder y hablar directamente con los estudiantes.
La última decisión del gobierno, adoptada por Galant, no hizo más que ampliar la definición, aumentando así las restricciones impuestas a los israelíes que se niegan a seguir la línea del gobierno.
Durante años, un argumento persistente dentro del discurso palestino-israelí sostenía que, aunque Israel no es una democracia perfecta, es, sin embargo, una ‘democracia para judíos’. Aunque las verdaderas democracias deben basarse en la igualdad y la inclusión, esta última premisa daba cierta credibilidad al argumento de que Israel puede encontrar el equilibrio entre ser nominalmente democrático y seguir siendo exclusivamente judío.
Ese argumento poco convincente se está desmoronando. Incluso a los ojos de muchos judíos israelíes, el gobierno israelí ya no posee ningún ideal democrático. De hecho, como lo expresó sucintamente B’Tselem, Israel es un régimen de supremacía judía “desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo”.
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Ramzy Baroud es periodista, autor y editor de Palestine Chronicle. Se doctoró en Estudios Palestinos por la Universidad de Exeter y es becario no residente en el Centro Orfalea de Estudios Globales e Internacionales de la UCSB.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por Mondoweiss el 28 de enero de 2021.
