Por Ariel Gold para Mondoweiss
Los medios de comunicación están alborotados estos días con titulares del estilo de “Cómo Israel se convirtió en un líder mundial en la vacunación contra el COVID-19”. Si bien Estados Unidos hasta ahora vacunó sólo al 1.3% de su población contra el COVID-19, Israel administró la vacuna a más del 14% de sus ciudadanos. Para explicar esto, los medios de comunicación citan la medicina socializada de Israel, el hecho de que el país es pequeño pero rico —lo que permite a Israel pagar USD 62 por dosis, en comparación con los USD 19,50 que paga Estados Unidos— y la naturaleza fuertemente digitalizada del sistema de salud del país. Pero debajo de los titulares que celebran las tasas de vacunación de Israel se encuentra una historia mucho más oscura sobre la desigualdad en el acceso a la salud.
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Israel tiene una población de alrededor de nueve millones de personas. El 20% de la población son ciudadanos palestinos. Estas personas pueden votar en las elecciones, tener representación en la Knesset y están siendo vacunadas contra el COVID-19. Pero hay otros cinco millones de palestinos que viven bajo el dominio israelí, sin derechos y, como el resto del mundo, están sufriendo la pandemia.
Desde 1967, la población de los colonos de Israel se disparó a cerca de 500.000, y los consejos regionales de colonos israelíes controlan el 40% de la tierra de Cisjordania. A pesar de los acuerdos de normalización facilitados por Estados Unidos con los Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Marruecos que ocurrieron durante la segunda mitad del año, y que supuestamente deberían haber detenido la anexión de Cisjordania por parte de Israel, 2020 fue el año con el mayor número de aprobaciones de unidades de asentamiento desde que el grupo de vigilancia Peace Now, comenzó a registrarlos en 2012.
A pesar de que la Autoridad Palestina y Hamas son supuestamente los gobiernos oficiales de Cisjordania y Gaza, Israel está realmente a cargo. Controla las fronteras, la moneda, el Banco Central e, incluso, recauda impuestos en nombre de la Autoridad Palestina (AP). Además, mantiene el derecho a realizar operaciones militares en tierra palestina y controla la cantidad de libertad, o la falta de ella, que se les concede a los palestinos. Asimismo, en áreas como Ramallah, supuestamente bajo el control total de la Autoridad Palestina, Israel se reserva el derecho de ingresar a la ciudad en cualquier momento, cerrar calles y tiendas, irrumpir en hogares y realizar arrestos militares sin orden judicial.
La distribución israelí de la vacuna COVID-19 está lejos de ser el único sistema de desigualdad del país. Las elecciones israelíes no incluyen a los aproximadamente cinco millones de palestinos que viven en Cisjordania y en Gaza. Los palestinos en Jerusalén Este, aunque pueden votar en las elecciones municipales, no pueden votar en las elecciones nacionales, como la que está programada para marzo – la cuarta en dos años -.
Quizás la demostración más flagrante de Israel de tener dos conjuntos de leyes para dos grupos de personas sea su sistema judicial en Cisjordania. Mientras que los colonos israelíes, que residen allí ilegalmente de acuerdo con el derecho internacional, están sujetos a la ley civil israelí, sus vecinos palestinos viven bajo la ley militar israelí. Esto los somete a leyes como la Orden Militar 101, que prohíbe, incluso, las protestas pacíficas.
Según los Acuerdos de Oslo, firmados en 1993, la Autoridad Palestina es la única responsable de la atención médica de los palestinos en Cisjordania y en Gaza. Sin embargo, esos acuerdos eran parte de la visión que contemplaba la firma de un acuerdo de paz más completo dentro de cinco años. Casi tres décadas después, este acuerdo de paz más amplio aún no se cumplió e Israel afianzó su ocupación empresarial de asentamientos mientras desacata el derecho internacional y esquiva sus obligaciones morales, legales y humanitarias como potencia ocupante. Proporcionar la vacuna del COVID-19 a los palestinos es una de estas obligaciones.
Los palestinos en Cisjordania y en Gaza necesitan urgentemente la vacuna para el COVID-19. Al 6 de enero de 2021, hubo 144,257 casos y 1,663 muertes por coronavirus en los territorios palestinos. Las tasas de infección y muerte están aumentando peligrosamente. En tan solo 24 horas, se anunciaron 1.191 nuevos casos y 20 muertes por el virus. La situación en Gaza es particularmente preocupante. Gaza sufre hasta 12 horas al día sin electricidad. Gracias al asedio aéreo, terrestre y marítimo de Israel, así como a los múltiples asaltos militares al enclave abarrotado, hay una grave escasez de medicamentos y equipos médicos, sumado a una pobreza y un desempleo considerables. Poner en cuarentena y mantener el saneamiento en Gaza es extremadamente difícil.
El sistema Covax de la Organización Mundial de la Salud, destinado a ayudar a los países empobrecidos, se comprometió a vacunar al 20% de las personas en los territorios palestinos. Pero las vacunas Covax aún no cuentan con la necesaria aprobación de “uso de emergencia” de la OMS. Gerald Rockenschaub, jefe de la oficina de la OMS en Jerusalén, dijo que no es probable que las vacunas Covax estén disponibles para su distribución en los territorios palestinos hasta “principios o mediados de 2021”. Según el Ministerio de Salud palestino, los territorios afrontan una crisis financiera, lo que los deja casi sin fondos para comprar dosis de vacunas. Incluso, cuando consiguieron el dinero, las vacunas que intentaron comprar a Rusia en diciembre, no pudieron entregarse ya que ese país determinó que no tenía suficientes dosis para vender.
En la primera semana de 2021, la Autoridad Palestina comenzó a preguntar si Israel los ayudaría a obtener la vacuna. Hasta ahora, los funcionarios israelíes declararon que podrían ofrecer lo que les quede a Cisjordania y a Gaza, después de vacunar a ciudadanos israelíes y palestinos de Jerusalén Este. Si eso no es apartheid médico, no sé qué es.
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N.d.T.: El artículo original fue publicado por Mondoweiss el 6 de enero de 2021.
