Por Alessandra Bajec para The New Arab
Diez años después de la Primavera Árabe, Túnez avanza por un camino accidentado hacia la democracia tras impulsar reformas sociales históricas después de la revolución que en 2011 derrocó a Zine El Abidine Ben Ali. Una nueva constitución progresista fue adoptada en 2014. Esto garantizó derechos humanos y libertades individuales sin precedentes para todos los grupos, incluyendo leyes para mejorar el estatus de las mujeres. Sin embargo, aún se necesitan avances para corregir prácticas, costumbres y leyes profundamente arraigadas que presentan barreras para defender los derechos de toda la población tunecina.
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Los derechos de las mujeres
En los años que siguieron a la revolución tunecina, las mujeres vieron muchos de sus derechos consagrados en la legislación. Esto se debió en parte gracias al trabajo incansable de las decenas de organizaciones independientes de mujeres fundadas recientemente por todo el país.
La Constitución de 2014 nació del levantamiento de 2011. Fue impulsada por un nuevo fundamento orientado a salvaguardar los derechos de las mujeres y reconocer la igualdad de género. El texto legal logró incluir el principio de igualdad entre hombres y mujeres, contrarrestando cierta resistencia por parte de conservadores religiosos.
No obstante, diez años después, muchas de las disposiciones de la carta magna formuladas para proteger a las mujeres existen sólo de nombre. La constitución, aunque de espíritu liberal, está anclada en un contexto de leyes obsoletas, prácticas y normas sociales conservadoras arraigadas y aún utilizadas por las instituciones estatales.
El Código de Estatus Personal (CPS) tunecino de 1956 otorgó algunos derechos considerables a las mujeres en cuanto al divorcio, el aborto y la prohibición de la poligamia. A menudo, el CPS es reconocido como la legislación más progresista en cuanto a derechos para las mujeres en el mundo árabe. No obstante, desde sus inicios, se encontró dentro de un marco religioso-patriarcal que favorece la discriminación de género e impide que las mujeres gocen de todos sus derechos.
Tal paradigma es incompatible con los valores de la revolución tunecina y los avances sociales alcanzados durante la última década a medida que el país fue experimentando una transición sociodemográfica y democrática. Las disposiciones y prácticas legales siguen discriminando a la mujer, especialmente en materia de derechos a la sucesión.
La polémica en torno a la igualdad en la herencia fue planteada en 2018. La Comisión para las Libertades y la Igualdad de las Personas (COLIBE), creada por el ex Presidente Beji Caid Essebsi un año antes presentó recomendaciones de reformas sociales, incluido un proyecto de ley sobre igualdad de género en la herencia.
Desde entonces, activistas de derechos humanos y del movimiento de mujeres intensificaron los reclamos para que las autoridades inicien discusiones sobre el proyecto de ley con la esperanza de acelerar su aprobación. Esto encontró un fuerte rechazo de sectores conservadores, especialmente los islamistas.
Una mayoría parlamentaria compuesta por fuerzas conservadoras, en particular Ennahda y la Coalición de la Dignidad, se encuentra presionando contra la iniciativa del COLIBE. Buscan persuadir a partidos seculares, como Qalb Tounes, y se espera que el borrador no pueda seguir adelante si se presenta a votación.
Entrevistada por The New Arab, Rahma Essid, Secretaria General de la Asociación de Libres Pensadores (ALP), dijo que: “El objetivo general de crear leyes que garanticen la igualdad de derechos para hombres y mujeres o las libertades personales no fue cumplido hasta ahora”.
En el mismo año en que se estableció la comisión, los derechos de la mujer experimentaron un desarrollo importante. En julio de 2017 se aprobó una ley histórica sobre la violencia contra las mujeres (Ley 58). Abolió el artículo 227 (a) del código penal tunecino que permitía a los violadores eludir el castigo si se casaban con sus víctimas.
La nueva ley amplió la definición de violencia de género e introdujo medidas para prevenir y enjuiciar todas las formas de violencia, incluido el acoso sexual y la violación marital. Gran parte de la legislación aún no se aplicó. Eso incluye el acceso a un refugio adecuado, así como apoyo legal, médico y de salud mental para las sobrevivientes de violencia.
A pesar de las amplias protecciones legales, los casos de violencia de género siguieron aumentando. El fenómeno ya era alarmante antes de la pandemia de Covid-19: casi la mitad de las mujeres tunecinas fueron víctimas de violencia en su vida y una de cada tres sufre violencia doméstica.
Durante la cuarentena nacional, el número de emergencia administrado por el Ministerio de la Mujer registró que las llamadas para denunciar violencia doméstica se quintuplicaron en comparación con el mismo período del año pasado. Entre marzo y mayo, las líneas directas del gobierno recibieron más de 7.000 quejas, 1.425 de las cuales ocurrieron durante el primer mes del aislamiento.
Las feministas criticaron enérgicamente al gobierno por no tomar el asunto con seriedad durante la pandemia, ya sea negándose a reconocer las denuncias de violencia doméstica o restringiendo el acceso de las mujeres a la justicia mediante la decisión de detener todos los procedimientos judiciales mientras dure el encierro.
Desde principios de 2020, se registraron casi 14.000 denuncias de violencia contra las mujeres. Así lo anunció el Ministerio de la Mujer el mismo día en que lanzó la campaña ‘16 Días de Activismo contra la Violencia de Género’, del 25 de noviembre al 10 de diciembre.
Para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, una coalición de organizaciones de mujeres y grupos de la sociedad civil, incluida la Asociación Tunecina de Mujeres Democráticas (ATFD), la Asociación Beity y la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos (LTDH), emitió un comunicado en el que instaba a las autoridades públicas a actuar con urgencia ante el aumento de la violencia de género. En el comunicado se lee: “Exigimos igualdad y expresamos nuestra solidaridad. Ya hemos tenido suficiente de contar víctimas. Son más quienes mueren por discriminación, violencia, explotación económica y estigmatización social que por terrorismo y la pandemia de COVID-19”.
La libertad de expresión duramente ganada en peligro
La libertad de expresión se considera uno de los logros más sólidos de la Revolución de los Jasmines, como también se conoce a la revolución tunecina. Desde el derrocamiento del régimen de Ben Ali, este Estado del norte de África, un raro faro de democracia en el mundo árabe, logró un progreso loable en términos de libertad de expresión, prensa y medios de comunicación.
Se abrieron varias estaciones de radio y televisión privadas, se multiplicaron las redes sociales y los tunecinos obtuvieron la libertad de utilizar herramientas en línea para publicar sus opiniones y organizar movimientos sociales de cualquier tipo. En septiembre pasado, se estableció el primer consejo de prensa independiente en la región, un hito en el proceso de reforma del país desde la revolución. Se supone que desempeñará un papel clave en la protección de la libertad de prensa y el derecho a la libertad de expresión.
Sin embargo, las autoridades recurrieron a la vaguedad de las leyes penales para castigar y enjuiciar comentarios en redes, dirigidos a blogueros, administradores de páginas de Facebook ampliamente seguidas, activistas políticos y defensores de derechos humanos.
Amnistía Internacional reveló que desde 2018, al menos 40 personas enfrentaron procesos penales por publicaciones en línea donde critican a las autoridades locales, la policía u otros funcionarios estatales. En una sesión informativa emitida en noviembre, el grupo de derechos humanos con sede en el Reino Unido instó a las autoridades tunecinas a dejar de utilizar ‘leyes en gran medida obsoletas, demasiado amplias y represivas’ para reprimir la libertad de expresión en línea.
Amna Guellali, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y África del Norte, dijo en un comunicado que: “Es extremadamente perturbador ver a blogueros y activistas ser objeto de procesos penales en virtud de leyes que datan de la época de la represión en Túnez, diez años después de la revolución. Estos enjuiciamientos amenazan el progreso de derechos humanos logrado hasta ahora en Túnez, donde el derecho a la libertad de expresión es un valor de la revolución ganado con esfuerzo”. Dos informes de Human Rights Watch, publicados en enero y octubre de 2019, documentaron el enjuiciamiento de blogueros y activistas de las redes sociales en Túnez por críticas en línea.
Essid subrayó que la libertad de expresión no se disfruta plenamente, citando la persecución de personas por publicaciones en Facebook. La coordinadora de ALP agregó que: “Hay una discrepancia entre lo que está en la Constitución y lo que sucede en la realidad. Seguimos viendo violaciones de derechos y brechas en las protecciones legales de los derechos”.
El mes pasado, el bloguero Wajdi Mahouechi fue sentenciado a dos años de prisión por publicar un video en Facebook que denunciaba a un fiscal que no investigó o arrestó a un imán que justificaba el asesinato de personas que insultaran al profeta Mahoma.
A principios de julio, la bloguera de 27 años Emna Chargui fue condenada a seis meses de prisión por cargos relacionados con una publicación satírica en las redes sociales. En ella imitaba versos del Corán, lo que se consideró ‘ofensivo para el Islam’, a pesar de que la libertad de conciencia y de creencias sean garantizadas constitucionalmente.
La libertad de prensa también está en peligro. Un proyecto de ley propuesto recientemente por la Coalición Islámica por la Dignidad en mayo tiene como objetivo enmendar el Decreto de 2011 sobre la ley de Libertad de Comunicación Audiovisual.
En caso de ser adoptada, la enmienda alteraría el nombramiento y renovaría la composición de la Alta Autoridad Independiente de Comunicación Audiovisual (HAICA), establecida en 2013. Además, eliminaría su facultad de emitir licencias para la creación de canales de televisión.
En octubre, grupos de derechos humanos tunecinos pidieron al parlamento que no aprobara el proyecto de ley que. Según dijeron, ‘socavaría’ la independencia del HAICA, permitiendo que ciertos grupos de presión financieros y fuerzas políticas ‘controlen’ la autoridad reguladora, amenazando así el pluralismo de medios en el país.
Ese mismo mes, el Primer Ministro Hichem Mechichi retiró el proyecto de ley orgánica sobre la libertad de comunicación audiovisual que el gobierno anterior había presentado al parlamento en julio.
Dialogando con The New Arab, Rim Saoudi, miembro del Sindicato de Prensa Tunecino (SNJT), dijo que: “Estas señales indican bien que algunos actores financieros y políticos quieren dominar el espacio de los medios”. Saoudi enfatizó que después de las elecciones del año pasado hubo claros intentos de alterar el panorama de medios. Comentó que los trabajadores de los medios de comunicación ‘resistieron’ todo tipo de ‘presiones hacia atrás’ desde la revolución de 2011.
Además, el gobierno actual aún no cumplió con la publicación de la convención marco de periodistas en el Boletín Oficial. Después de una serie de protestas a finales de noviembre, el SNJT decidió llevar a cabo una huelga en el sector de los medios el 10 de diciembre “por la política de procastinación continua del gobierno en cuestiones relacionadas con los derechos profesionales y económicos de los periodistas”.
Los derechos LGBT ya no son tabú
Con la salida de Ben Ali, surgieron miles de organizaciones de la sociedad civil en los años posrevolucionarios. Las minorías sexuales, que no fueron visibilizadas ni escuchadas bajo la dictadura, encontraron una ventana de oportunidad para expresarse.
Grupos tunecinos LGBTQI como Shams, Mawjoudin y Damj aparecieron por primera vez en el país y llevaron el tema a la discusión pública. Badr Baabou, presidente y cofundador de Damj dijo a The New Arab: “La comunidad gay ganó visibilidad, se abrió un debate público real. Ya no es un tema tabú en la sociedad tunecina”.
Una década más tarde, los grupos de derechos LGBTQI fueron creando un espacio dinámico para debatir, crear conciencia y hacer campaña por la causa de su comunidad en Túnez. Hoy hay cinco asociaciones autorizadas que abogan por los derechos LGBTQ. Estas asociaciones realizan protestas públicas, presionan a los políticos, se asocian con otras ONG, abogados, medios de comunicación y organizaciones internacionales. Hay un festival anual de cine LGBTQI, el primero de este tipo en la región árabe, organizado por Mawjoudin.
Con una mayor conciencia en la sociedad y las instituciones estatales, Baabou dijo que hubo algunas mejoras en el trato con la policía y el acceso a la justicia. El Estado en su conjunto, explicó, muestra una actitud más abierta al discutir temas LGBTQI en los diferentes ministerios relevantes.
Aún así, queda un largo camino por recorrer para la comunidad LGBTQI en un país donde las personas no heterosexuales son criticadas y estigmatizadas públicamente.
Aunque no es explícitamente ilegal en Túnez, la homosexualidad es un delito punible con hasta tres años de prisión. Las personas LGBTQI todavía corren el riesgo de persecución o arresto debido a su sexualidad o identidad de género. Esto contradice los principios de libertad individual e integridad física consagrados en la constitución.
Entre las recomendaciones emitidas por el COLIBE en 2018, se pidió la abolición del artículo 230 del código penal tunecino. Este penaliza las relaciones entre personas del mismo sexo, e instó a prohibir los exámenes anales forzados, utilizados frecuentemente en presuntos homosexuales.
Inspirado por el informe del comité, un grupo de parlamentarios tunecinos presentó un proyecto de ley para crear un Código de Derechos y Libertades Individuales. Sin embargo, no hubo ningún seguimiento hasta la fecha. Esto aumenta el riesgo de ver el proyecto de código enterrado bajo la renuencia del campo conservador y muchos de diputados del nuevo parlamento elegidos en octubre de 2019, hostiles a las libertades individuales.
Volviendo con Baabou, el presidente de Damk, él dijo que: “No vemos voluntad política para avanzar y reactivar los esfuerzos para adoptar el código. Los asuntos económicos y sociales se consideran la principal prioridad, especialmente durante la crisis del COVID-19, pero reabriremos el debate una vez que el la situación vuelva a la normalidad”.
Si bien Túnez es considerado ampliamente como la única historia exitosa de la Primavera Árabe gracias a su transición democrática, así como por su progreso en términos de libertades públicas, privadas y derechos de las mujeres, queda mucho trabajo por salvaguardar esas libertades. La joven democracia árabe está trabajando duro para resistir las presiones regresivas y para preservar y mejorar sus logros revolucionarios.
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Alessandra Bajec es Magíster en Resolución de Conflictos por la Universidad de Bradford, y se desempeña como periodista independiente con base en Túnez.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por The New Arab el 17 de diciembre de 2020.
