Por Dima Samaro para Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)
En octubre, el Parlamento tunecino retiró la versión más reciente de una ley de protección policial que había intentado aprobar en repetidas ocasiones a pesar de la fuerte oposición. De haber sido aprobado, el nuevo proyecto de ley sobre la “protección de las fuerzas de seguridad” impondría sanciones penales desproporcionadas por diversos actos que ponen en peligro la seguridad, eximiría a las fuerzas de seguridad de responsabilidad penal cuando utilizaran la fuerza letal, y reforzaría la impunidad que podría allanar el camino para que los efectivos no rindan cuentas.
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Esto se produjo en el marco de esfuerzos constantes por hacer resurgir en la agenda parlamentaria leyes consideradas represivas e incompatibles con la Constitución y las normas internacionales, que posiblemente hubieran llevado a que las fuerzas de seguridad no deban rendir cuentas por sus actos. Peor aún, dados los crecientes abusos de las fuerzas de seguridad contra los activistas y opositores, tales proyectos de ley despiertan en la población tunecina el temor de estar cediendo los derechos y libertades alcanzados a lo largo de una década de lucha contra el régimen represivo de Ben Ali.
La noción de aprobar una ley que penalice los ataques a las fuerzas de seguridad no es nueva en el país. Fue propuesta por primera vez en la Asamblea Nacional Constituyente por el ex Primer Ministro, Ali Larayadh, en 2013 en respuesta a los ataques terroristas contra las fuerzas armadas. Desde finales de 2012, decenas de policías y soldados murieron en estas acciones. No obstante, la propuesta encontró una feroz oposición de grupos de derechos humanos y varios partidos políticos.
En junio de 2015, los ataques contra el Museo Bardo en la capital tunecina y en un balneario en la ciudad costera de Susa hirieron y mataron a decenas de personas, la mayoría turistas extranjeros. Cinco meses después, 12 guardias presidenciales murieron en un atentado contra un autobús cerca del Ministerio del Interior.
Luego de estos ataques, se elaboró un proyecto de ley para la “represión de ataques contra las fuerzas armadas”- una primera propuesta post revolucionaria para reforzar la impunidad – con la aprobación del Ministro del Interior y los sindicatos de las fuerzas de seguridad. En 2017, hubo otro intento fallido de aprobar la ley. Después de tres años de aplazar la revisión de la ley, en julio de 2020 el Comité Legislativo General aprobó un nuevo proyecto de ley para la “protección de las fuerzas de seguridad”.
Una protección insuficiente de derechos y libertades fundamentales
La versión inicial del proyecto de ley, presentada al Parlamento en abril de 2015, contenía una serie de disposiciones problemáticas. Por ejemplo, autorizaba cargos penales contra las expresiones consideradas ‘denigrantes’ para la policía. Además, limitaba el derecho de acceso a la información, al tiempo que preveía una larga lista de sanciones penales de hasta 10 años de prisión y fuertes multas por obtener o publicar información de seguridad o militar sin autorización previa.
Si bien estas disposiciones alarmantes fueron eliminadas del último proyecto de ley, varias cuestiones problemáticas que potencialmente infringen el derecho constitucional e internacional continúan presentes en el texto. Por ejemplo, el Artículo 7 otorga a las fuerzas de seguridad inmunidad penal por el uso de la fuerza letal excesiva al repeler ataques contra ciudadanos en circunstancias percibidas como “amenazas graves”. Esto supone una flagrante violación de los principios de igualdad entre los ciudadanos y el derecho a la vida para todos los tunecinos (Artículos 21, 22 y 23 de la Constitución).
Conceptos vagos sin definiciones como “amenazas graves” socavan los derechos y las libertades, y dejan la puerta abierta de par en par para que las fuerzas de seguridad justifiquen sus actos y el uso del poder bajo el pretexto de la legítima defensa. Esto representa una preocupación, dados los ataques regulares contra los activistas en las redes y en las calles bajo el estado de emergencia vigente, desde noviembre de 2015. Durante todo este período, las autoridades tuvieron el poder de restringir las protestas, limitar el derecho a la libertad de reunión, censurar publicaciones y arrestar a cualquier persona acusada de alterar el orden público.
Asimismo, la Comisión Parlamentaria decidió en su último plenario clasificar al proyecto como ‘ley orgánica’ en lugar de ‘ordinaria’, acorde con lo prescripto por la Constitución. Si bien las leyes orgánicas y ordinarias son promulgadas por el Parlamento, las primeras se refieren a cuestiones específicas relativas a los derechos humanos y los derechos fundamentales (Artículo 28 de la Constitución) y requieren de la aprobación por una mayoría absoluta de los miembros del Parlamento (50% más uno). En cambio, una mayoría simple es suficiente para la aprobación de una ley ordinaria. Esto demuestra aún más la importancia que las autoridades dan a este proyecto de ley, dadas sus implicancias para los derechos y libertades fundamentales.
Represión de las protestas pacíficas y el discurso en línea
Durante los últimos cinco años, las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos ciudadanos lucharon constantemente contra la aprobación de este proyecto de ley. El 6 de octubre, al comienzo de la segunda sesión legislativa, el Parlamento presentó 10 proyectos de ley a sesión pública para su revisión y aprobación en menos de dos semanas. Cuatro de estos proyectos de ley fueron considerados ‘peligrosos’ por organizaciones de la sociedad civil. Estos incluyen el proyecto de ley de protección policial, junto a otros que representan una amenaza para los derechos humanos, como el proyecto de ley del estado de emergencia y los proyectos de enmienda al Reglamento de medios de radiodifusión. Como resultado, más de 20 grupos de derechos humanos unieron fuerzas y emitieron una declaración conjunta denunciando el “alarmante retorno legislativo”. A su vez, instaron al Parlamento a emprender acciones inmediatas, derogando el proyecto de ley de protección policial, a pesar de los cambios que se le habían hecho.
Después de los llamados de grupos de la sociedad civil locales e internacionales, decenas de manifestantes tomaron las calles en el barrio tunecino de Bardo. Se movilizaron frente al Parlamento para pedir a los legisladores que retiraran el proyecto de ley y lo eliminaran por completo de la agenda. La policía respondió con violencia física contra los manifestantes. Cuatro manifestantes fueron detenidos por “participar en un motín” durante tres horas en la Comisaría de Bardo y se les negó el acceso a abogados.
Los activistas fueron liberados en menos de 24 horas, pero las violaciones contra quienes se oponen al proyecto de ley también se trasladaron a las plataformas de las redes sociales. Varias páginas de Facebook asociadas al sindicato policial publicaron fotos de manifestantes junto a las consignas que levantaron durante las protestas, nombrándolos, humillándolos y amenazándolos con tomar medidas por ‘haber denigrado’ a las fuerzas de seguridad.
Entre esos activistas se encuentra Wajdi Al Mahawashi, sentenciado recientemente a dos años de prisión por “insultar al poder judicial”. Sin embargo, el abogado de Al Mahawashi sostuvo que su participación en la protesta contra el proyecto de ley representa la “verdadera razón detrás de este caso”. Wajdi había publicado una foto de sí mismo durante la protesta, donde sostenía billetes de papel en dinares tunecinos frente a agentes de policía para simbolizar la corrupción. Su foto se compartió ampliamente en las plataformas de redes sociales. El 7 de diciembre, otros seis activistas fueron citados y algunos arrestados. Entre ellos se encontraban, Saif Ayadi y Hamza Nafsri por su afiliación con Hasebhom, un movimiento ciudadano liderado por jóvenes que luchó constantemente contra la aprobación del proyecto de ley de protección policial desde 2017. Según Hasebhom, las acusaciones contra los activistas incluyen la obstrucción de la vía pública, agresiones y denigración de las fuerzas de seguridad, y violación de la Ley de Emergencia. Abusar de tales cargos contra manifestantes pacíficos muestra hasta qué punto la legislación que promueve la impunidad envalentona las prácticas dañinas de silenciar a los opositores y activistas por los derechos humanos.
Implicancias para la transición democrática
El 12 de octubre, tras una oposición constante al proyecto de ley y las protestas de la sociedad civil y los activistas, el Parlamento aplazó oficialmente la aprobación del proyecto de ley por tiempo indefinido. Esta decisión surgió a pedido del Presidente Kais Said, dada su importancia y la necesidad de que haya condiciones adecuadas para su debate. Si bien ya no está en la agenda legislativa, esto no significa que el proyecto de ley no se revisará nuevamente, especialmente tras cualquier futuro ataque terrorista.
Estas leyes represivas deberían dejar de existir o justificarse, especialmente a la luz de la transformación democrática, social y política que vive el país. Además, las fuerzas de seguridad se benefician de un amplio arsenal legal. El proyecto de ley de protección policial aborda una serie de cuestiones que ya están contempladas en otras regulaciones del Código Penal, los estatutos generales de las fuerzas de seguridad internas y la Ley Antiterrorista.
Ante la ausencia de estabilidad política en Túnez, permitir la impunidad de las fuerzas de seguridad podría facilitar la represión de activistas y opositores en un país donde la libertad de expresión fue uno de los logros posrevolucionarios más tangibles tras la caída del régimen de Ben Ali. Asimismo, a la luz de los juicios en curso y la detención arbitraria de activistas, el futuro del derecho a la libertad de reunión y circulación bajo el proyecto de ley y la inmunidad que ofrece a las fuerzas de seguridad, puede conducir a la reducción del espacio cívico —dentro y fuera de las redes—,vaciar la democracia y reducir la oposición en el país.
En lugar de discutir y promulgar leyes represivas utilizadas para suprimir la libertad de expresión y profundizar una brecha de desconfianza entre las fuerzas de seguridad y los ciudadanos, el gobierno tunecino debería seguir aspirando a reformas legales y políticas, con especial atención al sector de la seguridad y a la reforma policial. En este sentido, se deberían reforzar la rendición de cuentas y rechazar las políticas y regulaciones represivas que protegerían a las fuerzas de seguridad, como el proyecto de ley de protección policial. A su vez, las autoridades tunecinas deben garantizar que cualquier nueva legislación mantenga la capacidad de la sociedad civil para funcionar libremente, incorporando protecciones sólidas a los derechos humanos, especialmente en tiempos de crisis sanitaria y estado de emergencia. Esto debe incluir no sólo el derecho a la libertad de expresión, reunión, asociación y circulación, sino también el derecho a la vida y el derecho a no ser objeto de arresto o detención arbitrarios.
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Dima Samaro es Licenciada en Derecho por la Universidad An Najah, Palestina, e investigadora visitante en el King’s College de Londres. Además, es abogada y analista política en Access Now, y participó como investigadora legal en la Comisión Internacional de Juristas para Túnez.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por TIMEP el 17 de diciembre de 2020.
