En octubre, el Parlamento tunecino retiró la versión más reciente de una ley de protección policial que había intentado aprobar en repetidas ocasiones a pesar de la fuerte oposición. De haber sido aprobado, el nuevo proyecto de ley sobre la “protección de las fuerzas de seguridad” impondría sanciones penales desproporcionadas por diversos actos que ponen en peligro la seguridad, eximiría a las fuerzas de seguridad de responsabilidad penal cuando utilizaran la fuerza letal, y reforzaría la impunidad que podría allanar el camino para que los efectivos no rindan cuentas.