Por Aymen Bessalah para TIMEP
El 25 de julio de 2021, y aprovechando las protestas por la gestión fallida de la pandemia y la economía debilitada, el presidente Kais Saied activó el artículo 80 e invocó un estado de excepción que le otorgó poderes excepcionales. Sin embargo, al hacerlo, Saied también suspendió el Parlamento en una clara violación de dicho artículo, una medida que fue posible en ausencia del Tribunal Constitucional, lo que técnicamente lo dejó como único intérprete de la Constitución.
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Semanas después, el 22 de septiembre de 2021, Saied promulgó el Decreto Presidencial nº 2021-117 con el que monopolizó los poderes ejecutivo y legislativo y eliminó cualquier contrapoder. Sin embargo, no fue hasta el 13 de diciembre de 2021 cuando el Presidente anunció su hoja de ruta de un año para la ‘vuelta a la normalidad’. Este plan incluía una consulta nacional en línea, un referéndum sobre las reformas políticas previsto para el 25 de julio y elecciones legislativas para diciembre del mismo año.
A pocos días del referéndum del 25 de julio, es imperativo hacer hincapié en las transgresiones y los fallos en la organización del mismo. Este artículo ofrecerá una visión general de estas cuestiones para señalar las deficiencias democráticas de este momento crítico en la transición democrática de Túnez.
Un proceso opaco, no inclusivo y de hechos consumados
Tras el anuncio de la hoja de ruta, poco se supo sobre el contenido del referéndum. Sólo el 1 de mayo, durante un discurso de Saied, se reveló que sería para una nueva Constitución. La Comisión Consultiva Nacional para una Nueva República fue creada por Saied para preparar un primer proyecto de Constitución. La comisión debía atenerse a los resultados de la consulta nacional que tuvo lugar entre el 15 de enero y el 30 de marzo, y que contó con menos de 600.000 participantes. Sin embargo, de ellos, sólo el 36% votó a favor de tener una nueva Constitución, mientras que el 38% estaba a favor de las enmiendas constitucionales.
La composición, la estructura y las deliberaciones de esta comisión no cumplían los requisitos mínimos para un diálogo democrático e inclusivo, y sus resultados también fueron descartados por Saied. Cuando se compartió el proyecto oficial de Constitución el 30 de junio, el presidente de la comisión de redacción, Sadok Belaid, lo denunció, y posteriormente publicó en un periódico el proyecto que la comisión presentó al Presidente.
En pocas palabras, el Presidente Saied esperó cinco meses después de anunciar el referéndum para aclarar que sería sobre una nueva Constitución, creó una comisión de diálogo restringida para redactarla, concedió a dicha comisión un plazo muy corto para redactarla, para luego aprobar sus propias opiniones en el proyecto oficial que se sometería a votación.
Y lo que es más importante, antes de decidir unilateralmente el referéndum y su contenido, el Presidente Saied también había socavado la parcialidad de la Alta Autoridad Independiente para las Elecciones (AAIE), el organismo encargado de supervisar las elecciones. El 21 de abril de 2022, y en virtud del Decreto nº 2022-22 que modificaba su ley reguladora, Saied se otorgó a sí mismo la facultad de cambiar la composición de la Autoridad Electoral. El dictamen de la Comisión de Venecia, compartido el 27 de mayo de 2022, se refería a este cambio y concluía que la derogación del Decreto 22 era “esencial para la legitimidad y credibilidad de cualquier proceso electoral o de referéndum”. A pesar de ello, Saied y el nuevo AAIE siguen adelante según lo previsto.
La carrera hacia el día del referéndum
Al igual que todo lo demás, el calendario para la celebración del referéndum fue impuesto por Saied a sus oponentes políticos y también a la Autoridad Electoral. Una vez que promulgó con retraso el decreto de invitación a votar en el boletín oficial, publicado el 25 de mayo de 2022, el AAIE se adelantó y publicó el calendario oficial del referéndum el 3 de junio de 2022, declarando que el periodo del referéndum había comenzado el 3 de mayo de 2022. Esto fue criticado por el presidente de la Red Mourakiboun, un organismo de vigilancia electoral, así como el hecho de que la fecha del referéndum se fijó antes de que el proyecto de constitución estuviera siquiera listo, no permitiendo a la comisión de redacción un plazo razonable. Esto llevó a la organización a considerar que este proceso adoptado por el Presidente “torció todas las normas para unas elecciones justas”.
Según el calendario electoral oficial, los individuos, las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos que desearan hacer campaña a favor o en contra del proyecto de constitución debían registrarse en la Autoridad Electoral entre el 21 y el 27 de junio. Una vez confirmada su inscripción, los promotores de la campaña debían comunicar antes del 2 de julio si iban a hacer campaña a favor del sí o del no, sólo dos días después de que el proyecto de constitución se diera a conocer al público. Esto se amplió primero al 4 de julio y luego al 12 de julio, después de que el Presidente compartiera una enmienda al proyecto de constitución el 8 de julio para corregir errores que se habían ‘filtrado’ en el texto inicial, en un flagrante desprecio por el debido proceso y por sus propios decretos. En múltiples ocasiones se exigió al AAIE que retrasara el referéndum para que, al menos, respete el calendario, y algunos esperaban que aproveche la oportunidad para enmendar el calendario en su totalidad y defender los principios de neutralidad y autoridad, pero estos llamamientos quedaron sin respuesta.
Al mismo tiempo, el Presidente Saied declaró en múltiples ocasiones que el sitio en línea creado por la AAIE para permitir a los votantes cambiar sus centros de votación había sido pirateada o intentado piratear 1.700 veces, con el fin, según él, de crear confusión el día del referéndum, cambiando los centros de votación sin que los votantes lo supieran. Esto se hizo eco de un comunicado del AAIE en el que se pedía a los votantes que comprobaran sus centros de votación después de que “advirtiera intentos” de cambiarlos. De hecho, los votantes que no se registraron antes del 15 de junio, fueron inscritos automáticamente en el centro de votación más cercano a la dirección que figuraba en sus documentos de identidad, con la posibilidad de cambiar el centro de votación por teléfono o por Internet hasta el 14 de julio. Para esa fecha, se habían registrado más de 9 millones de votantes, pero no se fijó un umbral mínimo de participación.
¿Votar o no votar?
Antes del lanzamiento de la campaña, hubo declaraciones contradictorias por parte de los miembros de la AAIE sobre el control de los boicoteadores, considerando sus declaraciones y acciones como propias de la campaña. Un miembro de la AAIE llegó a afirmar que los boicoteadores deberían registrarse para hacer campaña, mientras que registrarse significaría reconocer de facto la legitimidad del proceso contra el que se pronunciaron los partidos. Aunque estas declaraciones fueron criticadas por muchos, no se informó de ningún caso de acción legal por parte de la AAIE contra los boicoteadores cuando la campaña se acerca a su fin.
La campaña para el referéndum comenzó oficialmente el 3 de julio, y los llamamientos al boicot se lanzaron incluso antes de que comenzara. Varios actores políticos y cívicos afirman que la participación legitimaría este proceso anticonstitucional, y otros llegaron a expresar su certeza de que las papeletas serían manipuladas incluso si triunfa el no-voto. Esto creó una división entre la oposición del Presidente Saied, especialmente los partidos políticos, que en su mayoría optaron por el boicot. Esto es visible en la comunicación oficial de la AAIE sobre los participantes en la campaña, con sólo 153 participaciones: 22 partidos, 23 organizaciones de la sociedad civil, 1 coalición de partidos, 1 red de organizaciones de la sociedad civil y 106 individuos. El hecho que sólo 22 de los más de 200 partidos —la mayoría de los cuales son relativamente desconocidos— participaran en la campaña, es problemático, y lo mismo ocurre con las organizaciones de la sociedad civil. Si bien se puede argumentar que este hecho está en consonancia con la desilusión de los ciudadanos con los partidos ‘grandes’ o ‘establecidos’, esto no significa necesariamente que estos partidos emergentes representen a un amplio sector de la sociedad o tengan una gran base de miembros. De estos 22 partidos, sólo seis hacieron campaña por el no, entre ellos el partido Afek Tounes, un partido liberal de centro derecha. Esta desproporción empujó a la Alta Autoridad Independiente de Comunicación Audiovisual, organismo de control independiente que regula los medios de comunicación, a recomendar la cancelación de las sesiones de expresión directa y la emisión de vídeos cortos para que los militantes transmitan su posición, a lo que el AAIE no hizo caso.
Entre los partidos políticos que boicotearon el referéndum, se destacan dos coaliciones partidistas y un partido. Se trata del Frente de Salvación Nacional, en el que participan Ciudadanos contra el Golpe y el Partido Ennahdha, la Campaña Nacional para la Abolición del Referéndum, compuesta por cinco partidos de centro, socialdemócratas y de izquierdas, y el Partido Libre Destourian, negacionista de la revolución y apologista de la época de Ben Ali. Por otro lado, la mayoría de los partidos a favor del sí son desconocidos para el público, con la excepción de dos partidos nacionalistas panarabistas: el Movimiento Achaab —parte del Bloque Democrático en el último Parlamento— y la Corriente Popular, parte del bloque de izquierdas en el Parlamento de 2014-2019.
La sociedad civil tunecina también se manifestó en contra de la Constitución. Sin embargo, ante la misma división que los actores políticos entre boicotear o votar por el no, las organizaciones de la sociedad civil optaron por expresar una posición unida contra la Constitución y el proceso de referéndum sin dar una directiva de voto. Esto no impidió que algunas organizaciones llamaran explícitamente al boicot o al voto negativo. Algunas organizaciones pasaron a la acción y presentaron demandas contra el AAIE, algo que también hicieron varios partidos. En un último intento de mostrar un frente unido, con la esperanza de movilizar en la calle, una gran coalición de organizaciones de la sociedad civil convocó a una protesta contra la Constitución y el proceso de referéndum el viernes 22 de julio, último día de la campaña electoral y justo tres días antes del referéndum.
Mientras tanto, el Presidente Saied y su gobierno continúan con su actividad habitual, aunque movilizándose para que el referéndum sea un éxito. En las primeras horas del 5 de julio, las cuentas de las redes sociales de la presidencia publicaron una carta manuscrita en la que Saied pidió con emoción que se vote por el sí. El decreto 2022-34, que modifica la ley electoral, estipula que la parte interesada que convoca el referéndum debe preparar una exposición de motivos en la que se detallen el contenido y los objetivos del texto que se va a votar. También especifica que esta carta debe ser compartida antes de que se inicie el periodo de campaña, lo que no sucedió y produjo que la organización I-Watch denuncie y presente una demanda contra Saied. El lenguaje tendencioso de la carta también suscitó la polémica al impugnar que pudiera considerarse un memorando explicativo. Además, tras una reunión con la Jefa de Gobierno, Najla Bouden, Saied subrayó la necesidad de “garantizar tanto las mejores condiciones para la campaña de explicación como la neutralidad de las instituciones públicas”, lo que creó confusión sobre si se refería a la campaña en general o a la del sí. Después de que los promotores del ‘sí’ hayan utilizado vallas publicitarias y la bandera de Túnez para animar a los electores a votar por la nueva Constitución, lo que se considera ilegal en la ley electoral, Mourakiboun condenó que la AAIE se limite a compartir un recordatorio contra esto y no lo sancione.
Un plebiscito sobre Saied
Últimamente reaparecieron en las redes sociales algunas citas reveladoras sobre los referendos, extraídas de unas declaraciones realizadas hace unos años por Kais Saied cuando aún era profesor de derecho constitucional. En una de ellas, Saied afirmó que “un referéndum constitucional requiere de una serie de condiciones, como una campaña previa y un umbral mínimo de participación”. Como Presidente del país, parece haber olvidado lo que predicaba, sometiendo a votación un proyecto de Constitución tras un gobierno unipersonal durante todo un año, en el que desmanteló el puñado de instituciones que el país consiguió poner en marcha sin un umbral mínimo de participación.
Otra de sus citas afirma que el riesgo de celebrar referendos es que la votación se convierta en algo comparable a un ‘voto de confianza’ al partido que lo propuso. Es muy probable que se acuerde de éste y que, de hecho, cuente con él para aumentar los votos a favor. Tras su autogolpe del 25 de julio de 2021, la mejor defensa de Saied fue el complejo mosaico de crisis políticas y económicas que asolaron el país durante años, junto con la mala gestión de la pandemia, todo lo cual provocó las protestas en primer lugar. Se está erigiendo como el salvador que conduce al país a una “nueva fase de la Historia, corrigiendo el camino de la Revolución”, como afirma repetidamente y que logró consagrar en el preámbulo de su proyecto de Constitución.
La última cita que salió a la luz hace que Kais exprese su pesar por el hecho de que “no hubo ni un solo referéndum en los países árabes en el que el pueblo no haya votado ‘sí'”, y que desea que el referéndum termine con un no. Por el bien de todos los tunecinos, estén a favor o en contra de las medidas de Saied, lo consideren un golpe o una corrección, voten sí o no, o no voten, ojalá su deseo se haga realidad.
Todos los indicadores, sin embargo, apuntan a una victoria del sí, aunque queda la duda de qué índice de participación tendrá el referéndum y el porcentaje de partidarios entre ellos. Es probable que estas cifras sean los principales temas de conversación de la oposición política y cívica en las próximas batallas.
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Aymen Bessalah es becario no residente en TIMEP y se centra en la gobernanza y el Estado de Derecho en Túnez.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por TIMEP el 21 de julio de 2022.
