Por Beesan Kassab para Mada Masr
Entrevista con la profesora de antropología Hania Sholkamy sobre la necesidad de repensar el gasto social como respuesta a la crisis tras el COVID-19. Con la severa recesión económica mundial provocada por la pandemia de COVID-19, el gobierno de Egipto intervino para tratar de mantener su economía a flote.
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Llegó un amplio paquete de medidas dirigidas a los inversionistas y la industria, y también se anunciaron los subsidios a la energía que costaron al gobierno hasta 6 mil millones de liras egipcias, mientras que también se ofrecen importantes dádivas de impuestos y apoyo en efectivo.
Para apoyar a los trabajadores informales que luchan por encontrar trabajo en medio de la recesión, el Ministerio de Mano de Obra dispersó tres pagos de 500 liras egipcias como medida de alivio especial durante el cierre. Sin embargo, el programa tuvo un alcance limitado y experimentó retrasos sustanciales, que se extendieron de mayo a agosto, aunque inicialmente debía pagarse tres veces durante meses consecutivos.
A pesar de estas medidas, la pandemia de coronavirus puso al descubierto las lagunas en las políticas de protección social de Egipto.
Para hablar sobre la necesidad de imaginar un nuevo programa de protección social que se base en la inclusión y que pueda ser una propulsora para el crecimiento, Mada Masr se sentó con Hania Sholkamy, profesora de antropología y miembro del Centro de Investigación Social de la Universidad Americana de El Cairo, luego de un panel organizado por el Centro Phenix para Estudios de Economía e Informática y la Iniciativa de Reforma Árabe sobre las políticas de protección social implementadas para el sector laboral informal durante la pandemia. Sholkamy, quien ayudó a diseñar los programas de transferencia de efectivo Takaful y Karama que estuvieron vigentes desde 2014, nos habló sobre cómo se usaron los dos programas y las subvenciones a los trabajadores informales durante la pandemia.
– ¿Qué reveló la COVID-19 sobre las políticas de protección social de Egipto?
– En mi opinión, la pandemia expuso variadas falencias en la forma de pensar la protección social. De lo que estoy hablando es de una deficiencia en el pensamiento, no en la ejecución. La protección social se percibe como una necesidad temporal, no como un sistema de seguridad social que pueda brindar una protección real contra problemas inevitables. La visión predominante de la protección social es que debe ser temporal y, a veces, también se considera un desperdicio. Por otro lado, tanto el programa Takaful como el Karama representaron un modelo exitoso de protección social continua, ya que ayudaron a aliviar las repercusiones de la pandemia. Actualmente, existen 15 millones de personas que reciben transferencias de efectivo que antes no tenían acceso a los programas. La pandemia reveló que este tipo de protección social es sin duda necesaria.
– ¿Qué pasa con el programa temporal de apoyo a los trabajadores informales?
– Primero, me gustaría señalar que el trabajo informal en sí mismo no es el problema. De hecho, es altamente productivo y disfruta de un nivel de flexibilidad que le permite capitalizar diferentes oportunidades en el mercado egipcio. No podemos mirar el trabajo informal como un problema dada su gran adaptabilidad, hasta el punto de que alguien puede trabajar día y noche como asistente de estacionamiento informal porque encuentra una oportunidad en este trabajo. En realidad, el problema está en la economía egipcia en su forma actual, que no brinda suficientes oportunidades para absorber las capacidades productivas de las personas. A pesar de esto, he notado que muchas personas piensan que la prioridad ahora debe ser regular el trabajo informal. En mi opinión, esta es una forma inútil de pensar. El trabajo informal es un sector vasto y en expansión. Por ejemplo, el sector privado formal incluso depende de él a través de empresas de empleo. La prioridad en este momento debería ser proteger a los trabajadores. Esto solo se puede lograr si dejamos de pensar en mercantilizar la protección social. Tal mercantilización ocurre al vincular la protección social al monto de las tarifas de suscripción pagadas por los trabajadores y al hecho de que, para empezar, tienen que pagar esas tarifas.
– ¿Qué debemos hacer entonces con el trabajo informal?
– De hecho, es de interés del Estado compensar a los trabajadores informales por sus cuotas de suscripción a través de un mecanismo específicamente establecido para tal fin. Y también es de interés del Estado brindar mecanismos de financiamiento y protección del ahorro, lo que incentivaría a los trabajadores a ahorrar. Por ejemplo, los trabajadores temporales deben tener acceso a un mecanismo de ahorro flexible siempre que sea posible, porque su trabajo es temporal. También se les puede incentivar a pagar las cuotas de suscripción si el gobierno acepta contribuir tanto como ahorro a cada trabajador (con un límite máximo) como parte de un sistema de protección social. Siguiendo este enfoque, el estado no debe considerar el sistema de protección como una pérdida de dinero porque podemos fomentar el ahorro de una manera que se alinee con las necesidades de los trabajadores informales y temporales a través de incentivos. Sus ahorros podrían ascender a seguro social, cuotas de suscripción pagadas por el gobierno, atención médica y seguro médico. De ahí que, es de interés del estado que todos trabajen, por lo que se debe incentivar a las personas a trabajar y no permanecer dependientes de sus familias o de la sociedad.
También me gustaría señalar que este sistema podría ser una propulsora para el crecimiento. El gobierno pagará mucho más dinero si se basa en programas de protección improvisados durante tiempos de crisis en lugar de construir este sistema de protección. Todos aquellos niños cuyos padres los sacarán de las escuelas para ayudar a mantener a la familia eventualmente representarán una carga de desarrollo de la que el gobierno no podrá escapar. Tarde o temprano enfrentará un marcado deterioro de los indicadores de pobreza y desarrollo humano porque no prestó atención a la importancia de construir un sistema de protección social en el momento adecuado.
Además de todo eso, existe un problema que a menudo se pasa por alto. Construir la infraestructura que permita que exista un mecanismo de protección social es un asunto costoso y lento. Un ejemplo de ello es la infraestructura de la información. En el caso de Takaful y Karama, teníamos bases de datos sobre la pobreza y quién se considera pobre según ciertos criterios que tomó mucho tiempo definir. Pero cuando se completó esta base de datos, el gobierno pudo usarla para mitigar los efectos de la pandemia al agregar más familias al programa, focalizándose correctamente y ajustando los criterios de pobreza a la luz de la situación. Creo que sucedió lo contrario con el programa temporal dirigido a los trabajadores informales, porque la infraestructura de información en realidad es inexistente.
Para apuntar a esos trabajadores, el gobierno se basó en los registros del Ministerio de Mano de Obra en cada gobernación, que son insuficientes. Luego se abrió el registro en las oficinas laborales y las oficinas de correos, creando un gran tráfico en un momento en que el hacinamiento era un peligro para el COVID-19. Después de eso, se permitió a las personas registrarse a través de una oficina de quejas afiliada a la oficina del presidente. Por supuesto, muchas personas no pudieron registrarse. Entonces, el gobierno decidió acudir a las grandes empresas contratistas que emplean trabajadores informales para jornaleros y utilizan sus bases de datos. Pero confiar en las bases de datos de esas empresas significa que casi todos los trabajadores informales que son mujeres fueron excluidos, ya que esas empresas contratan principalmente a hombres. Creo que las mujeres beneficiarias de esta ayuda son muy pocas porque no existe información oficial sobre ellas. Todo esto demuestra que la construcción de un sistema de protección social debe ocurrir antes de que ocurra una crisis, no en respuesta a una. Y en realidad, el concepto de protección social debe ir más allá de la “suficiencia” y hacia la inclusión social.
– ¿Puede dar una definición de inclusión social?
– La inclusión social tiene que ver con necesidades tanto inmediatas como futuras. Supera la idea de proporcionar el mínimo indispensable para la suficiencia. A la larga, cuando dejamos de tratar la educación como una mercancía, eso es inclusión social. Lo mismo ocurre con la asistencia sanitaria. Proporcionar vacunas contra el COVID-19 de forma gratuita para todos es un patrón de inclusión social. Cuando los derechos básicos se brindan de forma no mercantilizada, esto es inclusión social. Por ejemplo, si existen discriminación entre los beneficiarios, o si existe una gran brecha entre las capacidades de las personas para acceder a los derechos básicos porque están mercantilizados, entonces los más ricos y los más pobres estarán tan lejos unos de otros que ninguno de los dos participará en eventos electorales. Entonces, incluso el sistema político, en mi opinión, necesita inclusión social.
– ¿Podemos decir que la inclusión social es parte de un patrón más amplio de apoyo público que allana el camino para la igualdad entre los ciudadanos cuando se trata de acceder a derechos que van más allá de la mera supervivencia?
– Una definición más precisa es una provisión real de derechos básicos. Por ejemplo, a medida que el gobierno invierte en innovación, también debe invertir en educar a los menos afortunados y en tender puentes entre los centros de innovación y las áreas marginadas, porque el trabajo del gobierno es más que simplemente proporcionar lo mínimo para sobrevivir. También debe trabajar hacia la inclusión. De hecho, esto sucedió con el programa Takaful, ya que los beneficiarios también están exentos de las tasas escolares. Este es un ejemplo de inclusión social para familias que de otro modo no se habrían preocupado por la educación. Califica como inclusión porque el programa enfoca la protección como algo más que mejorar la situación financiera de esas familias. Este enfoque tuvo un impacto positivo en esas familias durante la pandemia, porque a pesar de que están catalogadas como familias pobres, su situación era mejor que la de otras familias que se consideran económicamente más cómodas. Debido a que este último grupo no recibió apoyo social, sufrió más cuando perdió sus fuentes de ingresos durante la pandemia y tuvo que lidiar con la carga de las cuotas escolares. Las familias inscritas en los programas de transferencia de efectivo no experimentaron esto, por lo que todo sistema de protección social debe incluir beneficios no monetarios.
El sistema integral de seguro de salud debe desempeñar ese rol inclusivo cuando se trata de atención médica. Tampoco debemos olvidar que los programas de subsidios tienen un elemento de inclusión social porque llegan a un sector más amplio de personas más allá de aquellas que necesitan asistencia para sobrevivir. Este sistema resultó vital durante la pandemia, pero en lugar de percibirlo así, muchas personas lo critican por ser una carga. Por ejemplo, nunca escuchamos voces que piden que se reforme para incluir alimentos necesarios para los niños.
En realidad, desarrollar sistemas de inclusión social y acabar con la percepción común que son una carga solo se dará si existe un sistema tributario progresivo justo que pueda financiar continuamente estos programas. De lo contrario, siempre estaremos atrapados en bucles hablando de cómo financiar la protección social y la inclusión social.
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Beesan Kassab es periodista e investigadora en varios periódicos en Egipto, enfocada en problemas sociales y laborales en Egipto, actualmente trabaja para Mada Masr.
N.d.T.: El artículo original fue publicado por Mada Masr el 26 de agosto de 2021.
